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El fracaso del modelo económico de la Venezuela de Maduro

Escrito por 1r1cx

Consecuencias de la crisis económica en Venezuela bajo el mandato de Nicolás Maduro.

Sergio_AngelAnibal GranadaEl gobierno insiste en que es víctima de una guerra de la burguesía nacional e internacional. Pero las varias y desesperadas medidas que ha tomado este año sencillamente demuestran que la crisis del modelo bolivariano está tocando fondo.

Sergio Ángel* – Aníbal Granada**

Medidas de emergencia

2016 fue un punto de quiebre para la economía de la República Bolivariana de Venezuela. Si la inflación había superado barreras históricas y la escasez llegó a extremos alarmantes en 2015, este último año superó todas las expectativas y se auguran peores comportamientos para el año que viene.

El 14 de enero de 2016 el gobierno Maduro declaró el estado de emergencia económica para hacer frente a la disminución del ingreso petrolero y a la “desestabilización económica”.

Entre las medidas propuestas estaban las facultades excepcionales del Ejecutivo para requerir a personas naturales y jurídicas, con el fin de garantizar el acceso a alimentos, medicinas y demás productos de primera necesidad. La ley propuesta por Maduro  permitía la intervención de cualquier empresa transportadora, distribuidora o productora, con el fin de garantizar el abastecimiento. Pero en lugar de contribuir a la solución, esta medida agravó el problema debido a que desalentó la producción y distribución de productos básicos.

Dado que las medidas de enero no fueron suficientes, el gobierno firmó el 13 de mayo una extensión del Decreto que le había concedido facultades excepcionales para combatir la “guerra económica”.

Entre las nuevas medidas se destacan los poderes plenos a los Comités Locales de Abastecimiento Popular (CLAP) para que junto con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) hagan cuanto sea necesario para confrontar el “bachaqueo” (reventa de productos subsidiados), garantizar el acceso a productos básicos de la canasta y disminuir la congestión en las filas de venezolanos que intentan acceder a los productos. 

Pero  las nuevas medidas no tuvieron tampoco los efectos esperados y dieron pie a nuevos choques políticos:

  • La Asamblea Nacional rechazó el Decreto de Emergencia Económica y sus prórrogas aduciendo que el gobierno había agravado la situación en lugar de mejorarla. Pero el Tribunal Supremo de Justicia lo declaró vigente,  profundizando el choque entre un Legislativo opositor y un Tribunal alineado con el gobierno.  
  • Teniendo en cuenta que los CLAP son elegidos por los consejos comunales y están engranados con el chavismo, la asignación de los alimentos se da a discreción de los voceros de cada uno de los Comités. Aunque no hay directrices claras para excluir a ciudadanos opositores, en la práctica quienes reciben las bolsas de mercado son aquellos que se encuentran registrados en el consejo y participan activamente del “proceso revolucionario”. De esta manera y en un contexto electoral complicado por la pérdida de electores del chavismo, la distribución de alimentos se ha convertido en una herramienta de chantaje para que el gobierno se mantenga en el poder.

Venezolanos empobrecidos

Crisis económica en Venezuela se ve reflejada en escasez de productos en tiendas
Crisis económica en Venezuela se ve reflejada en escasez de productos en tiendas
Foto: Wikimedia Commons

Los sectores oficialistas y opositores pueden ponerse de acuerdo en que hay una crisis económica derivada de los bajos precios del petróleo. Pero los dos bandos tienen  explicaciones diametralmente opuestas sobre la lógica interna de esta crisis y sobre sus posibles soluciones.

Los efectos del control directo de los precios son un tema común en el debate económico venezolano, puesto que precios inferiores a los del mercado llevan a que las personas compren mucho más de lo acostumbrado, de manera que el exceso de demanda eventualmente agota los inventarios. Además los límites a los precios finales desincentivan a los productores para reinvertir o para utilizar a plenitud la capacidad que ya tienen instalada.

Pero si la escasez y la devaluación siguen existiendo, los incentivos negativos pueden ser contrarrestados por la posibilidad de costos decrecientes derivados de mayores volúmenes de producción. En términos simples: si los productos importados (insumos y bienes terminados) no son más costosos, los empresarios pueden aumentar sus ganancias produciendo más, aun si no pueden aumentar su ganancia al aumentar los precios.

La distribución de alimentos se ha convertido en una herramienta de chantaje para que el gobierno se mantenga.

El grafico siguiente presenta las series de variación porcentual en el salario mínimo,  la tasa de inflación y la canasta alimentaria normativa (CAN) entre 2010 y 2016,  así como el programa de subsidio alimentario a trabajadores “Cesta Ticket” (bono alimentario). Allí se observa un incremento dramático para los cuatro indicadores a partir del comienzo de  2014.

Fuente: Venelogía (2016), Banco Central de Venezuela e Instituto Nacional de Estadística.

Los aumentos sistemáticos de la CAN llevan a suponer que el gobierno se ha visto obligado a amortiguar el impacto sobre los productores mediante aumentos sucesivos de los precios que pagan los consumidores de productos regulados: en 2013, la variación porcentual del índice de precios al productor fue de 32 por ciento, aproximadamente el doble de la del año inmediatamente anterior.

Y esta alza de los precios para los productores es un reconocimiento del efecto que han tenido la caída de los precios del petróleo y el control de las divisas por parte del gobierno sobre los costos de la industria y el comercio a lo largo de los últimos cinco años. Y esta presión ha sido exacerbada por la continua monetización del déficit fiscal.

En la práctica, y en contra de lo que manda la ortodoxia económica, el gobierno ha tratado de lograr objetivos simultáneos de política cambiaria y de control de la inflación.

La gráfica también muestra que el poder adquisitivo de la población asalariada se ha deteriorado de manera ostensible, puesto que el aumento del salario mínimo en noviembre de 2016 estuvo muy por debajo del aumento en el índice de precios de la primera mitad del mismo año: 280,8 por ciento en el primero contra 487,6 por ciento en el segundo.

La causa principal de la crisis es la intervención de las empresas privadas.

Los aumentos en el valor nominal del subsidio Cesta Ticket muestran un intento de compensar la caída del poder adquisitivo. El subsidio aumentó un 529,3 por ciento entre 2015 y lo que va corrido de 2016. En términos porcentuales, el aumento del Cesta Ticket casi ha duplicado el del salario mínimo, lo cual da cuenta de la intención de compensar mediante la política social el impacto adverso de la desvalorización de la moneda.

La guerra económica

Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. 
Foto: Wikimedia Commons

La tesis oficial para explicar el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos es “la guerra económica”. A juicio de Luis Salas, exministro de Economía Productiva, esta guerra es emprendida por la “burguesía parásita” que busca derrotar al gobierno y aplastar las iniciativas populares. Según Salas:

  • El fin último de la guerra económica es imponer peores condiciones para acelerar la privatización y concentrar la riqueza en pocas manos.
  • La estrategia es llevar a la clase trabajadora a la desesperación, desmotivándola y atizando el odio para que cambie el ideal socialista por la “rapiña fascista especulativa”.
  • Los empresarios son como los “pranes” (líderes) de las cárceles, pues intimidan e imponen las reglas del juego económico.

De acuerdo con esta visión, el aumento de los precios, la especulación, el bachaqueo y el desabastecimiento son el fruto de una acción coordinada entre el empresariado, los intereses transnacionales y la “derecha fascista”. Con esto se descarta la incidencia de los errores de manejo por parte del gobierno, se reduce el problema a un asunto ideológico y se hace más intensa la polarización que existe en Venezuela.

El fracaso del modelo económico

Desde la otra orilla se cree que la causa principal de la crisis es la intervención de las empresas privadas por la pérdida de productividad y la creciente dependencia de las importaciones de productos básicos.

La expropiación se convirtió en una de las armas más temidas por los empresarios debido a las amenazas del presidente Chávez desde el 2002. 2009 fue el año de más expropiaciones: 374 empresas dedicadas a la producción de bienes de primera necesidad fueron estatizadas.

Pero esta medida no ha producido beneficios económicos. Según Eduardo Garmendia, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), las expropiaciones no aumentaron el rendimiento de las empresas sino que en muchos casos disminuyeron su producción. Además, la expropiación implica una indemnización “justa” por los bienes estatizados y hasta el momento solo se ha cancelado el 48 por ciento de la deuda con los empresarios.

Aunque Maduro disminuyó la estatización de empresas privadas, la Ley Orgánica de Precios Justos, de enero de 2014, dio al poder Ejecutivo la facultar de iniciar un proceso expropiatorio cuando considere que exista una acción “orientada a desestabilizar la economía”. Así que en vez de dialogar con el empresariado, el gobierno sigue coaccionando a las empresas y amenazando con la intervención.

¿Esperanzas  de cambio?

Es difícil que el gobierno Maduro abandone la tesis de la guerra económica y reconozca los problemas del enfoque chavista.

Sin embargo la liberalización de precios de algunos productos y el aumento del Cesta Ticket como compensación dejan ver un reconocimiento implícito del fracaso del modelo económico.

El pasado 7 de diciembre el Banco Central de Venezuela (BCV) presentó el nuevo conjunto de billetes (cono monetario) que entrarán en circulación progresivamente desde el 15 de diciembre y que sacarán de circulación las piezas que fueron emitidas en 2008 cuando se aplicó la reconversión monetaria y se creó el bolívar fuerte.

La incorporación del nuevo cono monetario pone en evidencia el fracaso de las medidas de los últimos años que buscaban controlar la inflación atendiendo los síntomas (quitarle los tres ceros a la moneda). Aunque el aumento del salario mínimo y el Cesta Ticket compensan de alguna manera el poder adquisitivo, siguen sin resolver el problema porque el desabastecimiento y el bachaqueo se mantienen.

Pero mientras las decisiones las sigan tomando quienes se quieren mantener en el poder a través de mecanismos como los CLAP, será difícil controlar la inflación. El mayor reto consistirá en encontrar los mecanismos que permitan avanzar hacia la supresión del control de los precios y de las divisas, sin agravar el descalabro que implica la super-inflación.

 

* Profesor investigador de la Universidad Sergio Arboleda, catedrático de la  Universidad Javeriana y Universidad Externado de Colombia.  sergio.angel.baquero@gmail.com

** Economista de la Universidad Nacional y catedrático de la Universidad Javeriana. anibalgranadagonzalez@gmail.com

 

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