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Educación superior: los malos pasos

Escrito por Francisco Cajiao
Francisco Cajiao

Francisco Cajiao

El intenso debate sobre la propuesta de reforma de la educación superior se concentró en un despropósito, pero distrajo la atención de lo esencial: Colombia necesita una educación superior que promueva la movilidad social en lugar de reproducir la vieja sociedad estratificada y premoderna.

Francisco Cajiao*

Otro articulito que se cae

Después de un año, el país tuvo la impresión de que la gran apuesta del nuevo gobierno en materia de educación iba a ser la reforma de la Ley 30 de Educación Superior. El presidente de la República anunció recientemente, sin embargo, que uno de sus puntos más polémicos sería eliminado del articulado para salvar la posibilidad de consenso entre el gobierno, las universidades y la propia mesa de la Unidad Nacional, es decir, el Congreso.

El tal articulito abría la compuerta para crear instituciones de educación superior con ánimo de lucro. La propuesta, desde luego, era inoportuna, inconveniente y muy poco sustentada en estudios serios que pudieran demostrar que efectivamente por este mecanismo lograría ampliarse la cobertura con estándares aceptables de calidad.

Sin embargo, todos los esfuerzos del ministerio se volcaron a convencer a rectores, estudiantes y profesores de que se trataba de una puesta al día en las tendencias más avanzadas de América Latina.

Se han hecho no sé cuántos foros, acuerdos para la prosperidad, comunicados y documentos, amén de un rosario de invitados de Chile y Brasil convocados para contar la experiencia de sus países en este tipo de instituciones. Lo interesante es que algunos de ellos aconsejaron no seguir su ejemplo, pues los resultados obtenidos distaban mucho de ser los deseables.

Que el mal ejemplo no cunda

En el caso de Chile toda la educación básica y superior se fue convirtiendo desde tiempos de Pinochet en un negocio muy lucrativo para empresarios que pusieron su empeño en este particular emprendimiento.

Sin duda consiguieron resultados importantes en términos de cobertura, pero la sensación de la opinión pública sobre la calidad comenzó a expresarse en las calles desde el inicio del gobierno de Bachelet y tiene ahora contra las cuerdas al gobierno de Piñera, obligado a enfrentar una gran crisis social.

Lo que se reclamó inicialmente fue calidad en la educación básica, ahora se pide el fortalecimiento de la educación pública y ya se pegaron al tema los sindicatos y muchos otros sectores sociales.

En síntesis, el éxito aparente de meter la educación de la población de un país entero en la lógica mercantil pasa ahora la cuenta política al más próspero de América Latina. Los resultados de las pruebas PISA en Chile son similares a los de Colombia (ver documento al final de este artículo), si puede servir como parámetro de referencia estar en los últimos lugares de los 65 países evaluados (ver gráfica).

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En el caso de Brasil es claro que estas instituciones lucrativas no han tenido demasiado impacto en la cobertura, ya que el gobierno Lula creó varias universidades estatales que asumieron la mayor parte del aumento en la oferta universitaria. Adicionalmente, según dijo alguno de los visitantes, se había constatado la pobre calidad de esos centros educativos.

Educación desigual

En el caso colombiano hay otras consideraciones que han aflorado en el debate. En primer lugar estamos en el país más inequitativo del continente. Esto se traduce en una gran limitación de más de la mitad de la población para ingresar a la universidad, así esta sea gratuita, pues los jóvenes y sus familias no disponen de los recursos suficientes para el sostenimiento durante cinco o más años que puede durar una educación superior seria y exigente. Esto lo corroboran hasta la saciedad las altas tasas de deserción, cercanas al 50 por ciento.

Las universidades públicas son la única alternativa posible para acceder a una formación profesional avanzada y ellas ya no pueden admitir más estudiantes, con las actuales condiciones financieras y de infraestructura.

Por otra parte, no pueden meterse todas las universidades privadas en el mismo saco. Hay unas cuantas -que probablemente no son más de veinte en todo el país- con altos estándares académicos y competitivas a nivel internacional, así ninguna esté en los primeros 400 lugares de los rankings más reconocidos.

Estas realmente son sin ánimo de lucro, tienen una institucionalidad y un compromiso con el conocimiento y los muy altos costos que pagan los estudiantes por asistir a sus clases se revierten en infraestructura, laboratorios, profesores calificados y algo de investigación. Pero naturalmente son centros absolutamente elitistas, ya que el valor de las matrículas y los gastos que exige la calidad académica que imponen sólo son accesibles a un porcentaje ínfimo de la población.

A pesar de su indudable contribución en la formación de una clase dirigente, son incapaces de hacer impacto en la distribución de la riqueza, si por ella entendemos no sólo el ingreso económico, sino antes que nada la movilidad social que puede emanar de una preparación de primera calidad.

Luego aparecen una multitud de centros de formación superior que no merecen ser denominados universidades y salen dos veces al año a capturar estudiantes, que ya no provienen de familias pudientes de estratos 5 y 6, sino de un poquito más abajo. Y ese abajo no es sólo socioeconómico, sino de preparación básica.

Hay demasiadas fundaciones universitarias que se disfrazan de entidades sin ánimo de lucro, pero cuyos verdaderos dueños son bien conocidos por todo el mundo. Muchas de ellas son más económicas, pero sólo invierten en la medida en que pueda beneficiar a sus directivos, que se fijan sueldos astronómicos, vehículos y otras prebendas, que a la hora de declarar renta resultan bienes fundacionales.

Eso para no hablar de aquellas que, además, sirven de trampolín político a unos de esos personajes que al final llegan al Congreso o se postulan de candidatos a jugosos cargos públicos.P or cuenta de los recursos difícilmente obtenidos por muchas familias modestas, pero que no son las más pobres, ocurren todo tipo de despropósitos y se reparten a granel diplomas de estudiantes que saben todo el tiempo que no podrán competir en igualdad de condiciones con los egresados de buenas universidades públicas y privadas.

Parte de la argumentación del gobierno para sustentar su exótica propuesta era que toda esa colección de huecos (como los llaman los estudiantes) había que legitimarla en una figura más transparente, que hiciera explícito su ánimo de ganancia y, de paso, pagaran impuestos.

Lo que en realidad debe hacerse es un control serio y una exigencia de cumplimiento de unos fines y objetivos de calidad que ampare a quienes hacen el esfuerzo de acudir a estudiar. O, claro, cerrarlas, como comienza a hacerse con las EPS. Lo cierto es que los periódicos reciben un dineral por el sólo concepto de publicidad universitaria: avisos de cuarto y media página tratando de conseguir clientela con ofertas de carreras cuyos nombres nadie imaginaría.

Entonces, para cerrar este tema, nuevas universidades con ánimo de lucro a qué nicho de mercado podrían capturar:

  • ¿a los peores estudiantes que no son admitidos en ninguna parte?
  • ¿a los más pobres que no pueden sostenerse ni con matrícula gratis?

Faltó lo esencial

En fin, esta idea peregrina se desechó, pero el resto del proyecto quedó en pie. Desafortunadamente, todo el debate se centró en ese despropósito. Lo que hay que comenzar a discutir seriamente ahora es otra cosa: ¿Cuál es el valor estratégico que el gobierno le asigna a la educación superior?

Eso no está claro. En el lenguaje metafórico del Plan de Desarrollo, la educación no es una locomotora. El tema de la Universidad no quedó explícito en la Ley del Plan, pues sólo se incluyó un parágrafo indicando que ésta sería una discusión independiente, pero, por lo mismo, tampoco quedó presupuesto distinto del previsto en la Ley 30.

El asunto central del debate parece ser otro muy distinto del que suscitó las reacciones en el mundo universitario y en la opinión pública. Creo que lo básico es comenzar a discutir una política que está basada exclusivamente en la cobertura y la eficiencia.

Todos los argumentos y justificaciones apuntan a crear cupos al menor costo posible para el Estado: que las familias paguen más, que los estudiantes se endeuden, que los empresarios obtengan lucro, que las asignaciones presupuestales para las universidades públicas se otorguen sobre matrícula efectiva.

Pero por ninguna parte aparece la necesidad de avanzar en un aumento efectivo de la oferta educativa de alta calidad en universidades públicas que merezcan ese título.

No es sano seguir pensando que la Universidad Pública es para los pobres y que los demás se distribuyan donde quieran y puedan pagar. Si algo es esencial a la Universidad es su carácter policlasista.

Esta es la única garantía de que el conocimiento se distribuya de manera equitativa y ofrezca oportunidades similares a los jóvenes en el mismo espacio y con los mismos profesores. La universidad, además de formar profesionales, investigadores, líderes sociales, tiene la función de articular en torno al conocimiento y la ciencia a todos los sectores de la sociedad.

No habrá un futuro democrático para una nación que estratifica a su población no sólo por su nivel socioeconómico, sino que perpetúa las distancias sociales en el aparato educativo.

Pero conseguir este propósito no es asunto de cuatro años. Es necesario pensar en el largo plazo y comenzar a poner bases sólidas para desarrollos que pueden durar varias décadas. Esto es claramente un asunto de políticas de Estado y no de programas de gobierno.

Universidades de verdad

Sentar las bases significa fortalecer de verdad unas cuantas universidades grandes, serias, capaces de hacer investigación y de generar dinámicas culturales. Y para ello hay que comenzar por decir en la ley qué es una Universidad de verdad y diferenciarla de todo el espectro de educación post secundaria que no es universidad, sino instituto técnico o tecnológico, centro de formación profesional, centro de educación para el trabajo…

Basta mirar un poco más allá de las fronteras para constatar qué es una universidad en Europa, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Singapur y averiguar qué denominaciones reciben otros centros de educación post secundaria.

La obsesión por la cobertura conduce a denominar universidad al Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), o a incorporar como educación superior todos los institutos de formación para el trabajo que hasta hace poco se llamaban centros de educación no formal.

Naturalmente este recurso mejora las estadísticas, como se hizo en el gobierno anterior, pero no mejora para nada la formación real de los jóvenes ni su incorporación al mercado de trabajo.

La verdadera diferencia entre países desarrollados y países sin esperanza de desarrollo real es justamente la capacidad de la educación para reducir las distancias sociales, y eso no se está haciendo ni hace parte de la política del actual gobierno.

Lo que podría considerarse positivo, a pesar de lo improcedente del método, es que se ha abierto un debate importante en el cual comienzan a participar actores sociales usualmente indiferentes al tema de la educación.

Lo malo es que los aumentos presupuestales prometidos al sistema público de educación superior para los próximos años dependen de la aprobación de la nueva ley, así por el camino haya que tragarse unos cuantos sapos de esos que una vez ingeridos se irán inflando hasta que dentro de cuatro o cinco años comiencen a reventar desde el interior del propio sistema.

 

*Filósofo, magister en Economía. Consultor en educación, ex Secretario de Educación de Bogotá y columnista de El Tiempo.

 

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