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La corrupción de la justicia y los organismos de control

Escrito por Felipe Jiménez Ángel

Felipe JimenezEl caso del fiscal es la punta del iceberg. La falta de resultados, la politización y la corrupción en los organismos de control y el aparato de justicia son alarmantes. Estas son las cifras.

Felipe Jiménez Ángel*

Un fiscal en entredicho

Apenas terminado el receso de fin de año, los colombianos salieron a las calles para exigir la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez por las denuncias que lo vinculan con el escándalo de Odebrecht.

Ese mismo día, la Comisión Colombiana de Juristas y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) demandaron la elección de Martínez. Según los demandantes, el candidato conocía las irregularidades relacionadas con la construcción de la obra Ruta del Sol II y las ocultó a la Corte Suprema de Justicia en el momento de ser postulado para el cargo por esa corporación.

Este escándalo es un nuevo y duro golpe a la credibilidad del ente investigador, golpe que viene a sumarse a la cadena de irregularidades de los seis antecesores de Martínez, según recordó Farid Benavides en esta misma revista.

Estas irregularidades son a su vez expresiones de la ineficacia, la politización y la corrupción extendida en los organismos de control y en el aparato de justicia, todo lo cual redunda en insatisfacción y pérdida de confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

Las contralorías y procuradurías regionales

Fiscalía general
Sede de la Fiscalía General de la Nación. 
Foto: Fiscalía General de la Nación 

La politización y el clientelismo reinan en el interior de los organismos de control. Según un informe de Transparencia por Colombia sobre la gestión administrativa de las contralorías regionales entre enero de 2015 y abril de 2016, el 50 % de ellas están en riesgo “alto” o “muy alto” de corrupción:

No nos digamos mentiras: es muy raro encontrar contralores departamentales o municipales que no hagan parte de una red clientelista. La “manguala” entre concejales, diputados, alcaldes y gobernadores para elegir contralores amigos garantiza que haya justicia “a la carta”. Por eso la impunidad es la regla, no la excepción.

Mientras no exista un sistema de carrera que garantice la independencia de estos funcionarios respecto de aquellas personas o grupos a quienes deben vigilar, seguiremos teniendo contralorías permeables a la corrupción y al servicio de los partidos políticos.

Puede leer: Los sobrecostos de las sedes de la Contraloría.

En la Procuraduría pasa algo parecido. Los procuradores delegados, regionales y provinciales, son elegidos a dedo, no en función de sus méritos. Estos funcionarios también hacen parte de redes clientelistas, y en efecto representan a un partido o a un grupo político y al mismo tiempo al ministerio público.

Los corruptos necesitan cooptar la justicia y los organismos de control con el fin de garantizarles impunidad a los suyos y de sancionar a sus contrincantes.

Falta de resultados

¿Qué tan minada está la confianza en la Fiscalía?
Foto: Pixabay 

Según la Contraloría General, las 63 contralorías territoriales le cuestan al país más de 250.00 millones de pesos al año y solo logran recuperar 1.500 millones de pesos.

Pero si en lo regional llueve, en lo nacional no escampa. Un informe publicado por la misma Contraloría General afirma que entre 2014 y 2018 se abrieron procesos de responsabilidad fiscal por valor de 21,6 billones de pesos. De estos, hubo imputaciones por 1,6 billones, pero solo se lograron recuperar 409 mil millones. Es decir que, del total de los procesos de responsabilidad fiscal entre 2014 y 2018, la Contraloría apenas recuperó el 2 %.

La impunidad es la regla, no la excepción.

En materia penal, la eficacia es mayor, pero está lejos de lo que demanda la sociedad colombiana. En 2018, la Fiscalía recibió 1.370.995 denuncias. Los delitos más denunciados fueron: hurto (422.247 denuncias); lesiones personales (186.071 denuncias); violencia intrafamiliar (94.442 denuncias); estupefacientes (80.105 denuncias); inasistencia alimentaria (57.985 denuncias); amenazas (51.318 denuncias); y homicidio (41.577 denuncias).   

Fuente: Censo delictivo 2018. Fiscalía General de la Nación

Pero la gran mayoría de esas denuncias no desembocan en nada. Si tomamos como referente al homicidio—el delito de mayor impacto y con menos subregistro—las estadísticas sobre eficacia de la justicia son desoladoras: solamente en uno de cuatro homicidios el culpable es condenado.

La impunidad, según cifras de la Fiscalía, puede llegar al 95 % en los casos de hurto, violencia intrafamiliar, lesiones personales, amenazas, estafas.

Le recomendamos: La Procuraduría y la Contraloría: ¿para qué sirven y cómo mejorarlas?.

La falta de recursos


Detrimento en obras ¿cuánto logra recuperar la Contraloría?
Foto: Facebook Contraloría General de la República

Pero la ineficacia de la justicia es también el resultado de un enorme déficit presupuestal.

De acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura, el sistema de justicia tiene un déficit histórico de más de 4 billones de pesos. Colombia invierte al año en justicia el 1,2 % del PIB, cifra que está por debajo de las necesidades del país, deberíamos estar por encima del 1,5%.

Si miramos las instituciones locales de justicia, el panorama es mucho más preocupante: las casas de Justicia, las personerías municipales, los inspectores de familia y las comisarías de familia son instituciones vitales que desafortunadamente trabajan con las uñas.

Según la Federación Nacional de Personeros de Colombia (FENALPER), el 90 % de sus entidades afiliadas cuentan apenas con dos trabajadores, el personero y un secretario. Su presupuesto anual oscila entre 80 y 90 millones de pesos, una cifra por supuesto insuficiente para atender las tareas asignadas a estas instituciones.

A esto hay que sumarle la situación de riesgo que suelen afrontar los personeros: según la misma FENALPER, actualmente más de cien están amenazados en distintas regiones.

¿Justicia al servicio de los corruptos?

Todos los días se anuncia la captura de servidores públicos involucrados en redes criminales o al servicio de intereses corruptos. Algunos de ellos hacen parte de los organismos de control y del aparato de justicia colombiano.

Según Transparencia por Colombia, la Fiscalía y la Procuraduría tienen un riesgo de corrupción “medio”, mientras que la Contraloría tiene un riesgo “moderado”.

Solamente en uno de cuatro homicidios el culpable es condenado.

Las redes corruptas necesitan de aparatos de justicia que les garanticen impunidad. Estos fueron los casos de Odebrecht y del Cartel de la Toga.

Según un informe del Consejo Superior de la Judicatura en 2017, actualmente hay 2.280 procesos en curso contra funcionarios judiciales por hechos de corrupción, de los cuales:

  • 568 son contra jueces;
  • 350 contra fiscales y
  • 1.342 contra magistrados.

Además, hasta 2017 se habían sancionado 1.191 jueces por corrupción.

La poca credibilidad en la justicia

La politiquería, la ineficacia y la corrupción explican plenamente la desconfianza de los colombianos en la justicia.

Según Latinobarómetro, apenas el 23 de los encuestados confía en ella. Según la encuesta de Gallup de diciembre de 2018, el 46 % tiene una opinión favorable de la Procuraduría y Contraloría, mientras que apenas el 34 % tiene una buena imagen de la Fiscalía.

Es imposible construir instituciones sólidas, modernas y transparentes sin confianza y mucho menos sin legitimidad.

Para corregir todos esos problemas queda mucho por hacer, por ejemplo:

  • Una verdadera carrera administrativa en los órganos de control;
  • Mejorar los procesos internos;
  • Varias reformas legales sobre los procedimientos judiciales, y
  • Mejorar sustancialmente la financiación de estas instituciones.

Pero si la politiquería, el clientelismo y la corrupción siguen infiltrando los organismos de control y los juzgados será imposible contar con un sistema judicial independiete, eficiente y legítimo.

*Profesor de Ciencia Política de la Universidad Javeriana y coordinador del Área de Asuntos Públicos y Transparencia de Misión de Observación Electoral (MOE). Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.

 

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