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Territorios sostenibles: una opción frente a la crisis ambiental

Escrito por Ernesto Guhl

​Pese a algunos avances, la situación ambiental de Colombia retrocede y buena parte de la gestión ambiental se ha venido delegando en el sector privado. Urge hacer que la carga de la prueba no sea del Estado sino de las empresas que proponen los proyectos productivos.

Ernesto Guhl Nannetti*

El mundo no pudo

Pese a los intentos de amortiguar la crisis ambiental global, de las muchas conferencias y  reuniones internacionales y de la formulación de nuevas políticas que anuncian ser salvadoras, los indicadores ambientales planetarios empeoran día tras día.

El calentamiento global acarrea riesgos insospechados, al igual que la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua, el aire y el suelo, y la disminución de los servicios de los ecosistemas que soportan la vida y la actividad humanas.

Hacerle frente a esta situación y cambiar el modelo económico actual tiene unos altos costos que no todos están dispuestos a asumir. Probablemente algunos líderes han carecido de la entereza para defender el interés público y la sostenibilidad, por los costos  políticos que implicaría cambiar un modelo económico equivocado, basado en el carbono y el consumo, y las transformaciones culturales que supone crear una relación sostenible y ética entre la sociedad y la naturaleza.

Esta situación global se refleja claramente en la continua desmejora de la situación ambiental del país.


Proyección de Nueva York ante un escenario de
desaparición de los polos ártico y antártico.
Foto: Andrea Della Adriano 

Colombia, algunos avances y gran retroceso

El medio ambiente en Colombia se ha convertido en un motivo legítimo de alarma, así en cierta medida se haya tratado de contener los daños que trae, por ejemplo, el cambio climático. 

No es un hecho reciente. Hace cuarenta años se escribió el Código de los Recursos Naturales y hace veinte iniciaron labores el Ministerio del Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental (SINA), hechos estos que ya mostraban la importancia de incluir temas ambientales en los procesos de desarrollo y de adoptar el concepto de sostenibilidad en las actividades socioeconómicas.

Es indudable que las instituciones ambientales han logrado en las dos décadas pasadas que la opinión pública colombiana reconozca la importancia de la ecología, que no pase un día sin que en los medios se haga referencia a los problemas ambientales, y que la gente sea cada vez más consciente de su derecho a disfrutar de un medio ambiente sano.

La extensión de las áreas protegidas ha aumentado, al menos sobre el papel, y la  conciencia ambiental entre los más jóvenes se ha fortalecido. Es claro que si estas instituciones no existieran, la situación sería aún más grave.

Y sin embargo, según el Índice de Desempeño Ambiental, medido por las Universidades de Yale y de Columbia,  Colombia retrocedió 76 lugares durante los últimos 8 años,  pasando del puesto 9  al puesto 85.

Inestabilidad y debilidad técnica

El deterioro ambiental se debe en mucho a las deficiencias en la gestión ambiental por parte del Estado.

En efecto, el Ministerio del Medio Ambiente – el órgano rector de la política y la gestión ambiental- ha estado sujeto a cambios permanentes. Trece ministros en sus veinte años, y cambios repetidos en  sus competencias y funciones han impedido la visión de largo plazo para tener una Colombia sostenible, como requiere la Constitución. Tampoco ha sido posible consolidar un equipo interdisciplinario y de alta calidad que oriente la gestión ambiental.

La falta de continuidad y de capacidad técnica y política no ha permitido formular y expedir herramientas tan básicas como el Estatuto de Usos del Suelo y la Política de Poblamiento, que estableció la Ley 99 de 1993.

El Sistema Nacional Ambiental (SINA) que el Ministerio debe orientar y coordinar no ha logrado operar de manera articulada y varias de las Corporaciones Autónomas Regionales, responsables del cuidado y administración del ambiente, se han convertido en fortines de intereses politiqueros.  El sistema opera como una serie de entidades aisladas en lugar de hacerlo como un rodo coordinado y eficaz.


Colombia es uno de los países que más contribuye
a la pérdida de cobertura natural vegetal en el mundo.

Foto: Lowfill Tarnak

La razón de fondo

Las deficiencias anteriores resultan de una causa de mucho mayor calado: en el mundo y en Colombia, la responsabilidad en el tema ambiental ha sido sustancialmente  delegada  al sector privado. Esto ha hecho que el tema pierda visibilidad política y que se desactiven los instrumentos de gestión ambiental previstos por el Código de los Recursos Naturales y por la Ley 99 de 1993.

Se trata así de “favorecer” los proyectos y actividades socioeconómicas, para lo cual hay  que atraer la inversión extranjera directa, reducir los estándares y las normas de planificación y control ambiental:

· El licenciamiento ambiental se ha flexibilizado y ha perdido rigor; se ha convertido en un requisito administrativo y ha dejado de ser un instrumento de planificación y control.

· Los instrumentos económicos como las tasas de uso de agua y las que se deberían pagar siguiendo el principio de que “el que contamina paga”, se han reducido a unos niveles tan bajos, por la presión de diversos gremios, que han anulado su efectividad.

Centro versus región

Si bien es cierto que los objetivos y líneas generales de la política deben abarcar todo el territorio nacional, también lo es que sus expresiones regionales deben reflejar las diferencias que existen entre ellas. Peo en Colombia la política ambiental ha estado condicionada por las tendencias globales, lo que ha impedido que responda a las características propias del territorio y a las necesidades de su población.

Las políticas han sido formuladas desde el centro, dando prioridad a los intereses y orientaciones de las entidades internacionales y a las metas de corto plazo del gobierno nacional, olvidando una característica fundamental de Colombia; la diversidad natural y cultural de sus regiones. Además la política ambiental no siempre cuenta con la legitimidad que le imparte la participación de los interesados en su formulación.

Nuestras formas de participación ciudadana  en la planificación y la gestión ambiental son muy débiles y usualmente poco efectivas y poco democráticas. Pero los gobiernos, en lugar de mejorarlas y hacerlas más eficaces, las han visto como un freno al “desarrollo”.

Esta situación ha dado pie al aumento de conflictos entre los intereses nacionales y los regionales, cuando se imponen desde el centro grandes proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales, como las explotaciones minero energéticas de gran escala y la agricultura industrial, actividades que afectan seriamente el ambiente, las condiciones de vida y las actividades de la población local.

Ejemplos de estos conflictos son los surgidos por la explotación de oro en el Tolima y Santander, rechazada por la opinión pública local por sus efectos sobre el agua y la biodiversidad.

La carga de la prueba

El predominio de los resultados económicos a corto plazo sobre las consideraciones socioambientales, unido a la falta de claridad sobre los usos del suelo, ha dado origen a una situación que podría describirse como la de un territorio sitiado por ambiciosos proyectos de “desarrollo”.

Según la Ley 99 de 1993, los particulares interesados en un determinado proyecto o actividad deberían presentar su propuesta al Estado, para que éste -en condición de administrador del patrimonio público y responsable del bienestar de la población- concediera discrecionalmente la licencia ambiental, estableciendo las condiciones para llevarlo a cabo, y evitando, mitigando o compensando su impacto socioambiental.

Hoy, la situación se ha invertido: la  “carga de la prueba” se ha trasladado al Estado. Los interesados en explotar los recursos naturales han pedido al gobierno nacional que se definan los ecosistemas y las áreas de interés ambiental donde no pueden llevar a cabo sus  proyectos, como páramos y humedales, para delimitarlos y así poder desarrollar sus actividades con mayor facilidad en todo el resto del territorio.

El reto

Si este enfoque no se limita apropiadamente, puede acabar creando un territorio fragmentado y discontinuo, donde una serie de islas delimitadas como espacios para la conservación se hallan inmersas en un espacio enorme empobrecido por los efectos  de  actividades socioeconómicas de alto impacto sobre la naturaleza y la sociedad.

La Ley de Ordenamiento Territorial permitiría evitar esta fragmentación territorial, al ofrecer nuevas posibilidades de asociación entre los entes territoriales para manejar el territorio como una construcción social con visión regional, que permita por ejemplo, gestionar los ecosistemas y el agua como determinantes ambientales con alcance supramunicipal, que constituyan la columna vertebral de la planificación y la gestión sostenible de territorios sanos y seguros.   

Así, el reto del próximo gobierno debe ser la creación de condiciones políticas e institucionales que  generen regiones y territorios sostenibles, donde sea posible la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos humanos entre sí y con el medio ambiente, que desarrollen actividades que aprovechen y transformen los recursos naturales de forma equitativa, bajo la vigilancia efectiva del Estado y la sociedad, para que las desarrollen respetando las dimensiones sociales y ambientales del territorio.

Esto supone una visión de largo plazo, necesaria para el desarrollo sostenible.    

 

* Ambientalista, profesor universitario, autor de libros y artículos y conferencista sobre temas ambientales, exviceministro del medio ambiente, consultor internacional, actualmente director del Instituto Quinaxi.

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