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El trilema minero: la gran minería sostenible y socialmente responsable es una falacia

Escrito por Ernesto Guhl
Ernesto Guhl Nannetti

Ernesto Guhl Nannetti¿Es posible equilibrar las tres dimensiones de la gran minería: la social, la ambiental y la económica? El gobierno ya optó por acentuar la dimensión económica sobre las otras dos. Los efectos negativos comienzan a verse. ¿Tendrá control la locomotora minera?

Ernesto Guhl Nannetti *

Equilibrios inestables y subóptimos

Un trilema es una situación con tres opciones de resultado incompatibles entre sí, cuyo desarrollo obliga a renunciar, o al menos a relajar, una o más de ellas porque las tres no pueden coexistir, satisfaciendo totalmente sus exigencias.

Es decir que la solución a un trilema implica buscar un equilibrio entre las tres opciones posibles, reduciendo los planteamientos o exigencias que las hacen incompatibles.

La gran minería, en especial la que se realiza a cielo abierto y en zonas de ladera, conforma un trilema, cuyas opciones de resultados deseables abarcan tres dimensiones:

  1. La dimensión social, que permitiría lograr importantes beneficios socioeconómicos regionales, locales y comunitarios en las zonas donde se desarrollan los proyectos.
  2. La dimensión ambiental, que evitaría los severos e irreversibles impactos ambientales que causa esta actividad sobre el agua, la biodiversidad, el aire y el suelo principalmente.
  3. La dimensión económica, que permitiría obtener importantes beneficios macroeconómicos de corto plazo, sobre todo en lo que se refiere al aumento de la inversión extranjera, de las exportaciones y de los ingresos del gobierno.

El gráfico indica cómo el “espacio para la sostenibilidad” tiene su mayor tamaño cuando las opciones de resultado poseen una importancia similar, es decir cuando el peso de las opciones en un proyecto está balanceado. En la práctica el logro de esta situación ideal es muy poco probable, ya que la mayoría de las veces predomina alguna de las opciones, generalmente la económica, reduciendo el espacio disponible para las otras dos.

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A continuación se exploran estas opciones para entender por qué la bonanza minera que vive el país ha privilegiado la tercera dimensión, es decir la económica, ante la imposibilidad práctica de que pueda coexistir con las otras dos de manera equilibrada y armónica.

Una tendencia global

El auge de la gran minería en Colombia es parte de una estrategia transnacional que busca aprovechar la alta demanda internacional por minerales, explotándolos en los países del tercer mundo para alimentar la industria de los países centrales o de la grandes economías emergentes, que producen bienes manufacturados de alto valor agregado, primarizando las economías de los países mineros y ocasionando en ellos un fenómeno de “desindustrialización”.

Esta estrategia se ha extendido por el globo y en el caso de América Latina se ha expresado con fuerza en Argentina, Perú, Panamá, República Dominicana, Guatemala, Nicaragua –y por supuesto Colombia– entre otros.

Esta situación se enmarca dentro de la llamada maldición de los recursos naturales, según la cual los países que disponen de abundantes recursos naturales, en especial mineros y petroleros, se caracterizan por tener poblaciones pobres, gobiernos corruptos y poco democráticos, situaciones de violencia endémica y pérdida de su capacidad productiva.

Si bien es cierto que muchos países africanos, asiáticos y latinoamericanos sufren de esta maldición, excepcionalmente algunos pocos como Noruega, Botswana y Chile, han escapado de ella, controlando la entrada al país de las divisas abundantes que produce la minería y restringiendo su uso a la atención de problemas y proyectos sociales prioritarios. 

En el caso de Colombia el gran interés de las multinacionales mineras se centra en el carbón, el ferroniquel, el coltán y el oro. El país es un productor importante en el caso de los dos primeros: la producción anual de carbón llega a 75 millones de toneladas y en níquel es del orden de 50 millones de toneladas al año. En ambos casos estas cantidades tienden a aumentar significativamente.

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El coltán es un mineral estratégico de alto valor empleado en la industria electrónica, del cual parecen existir yacimientos importantes en la Orinoquia y la Amazonia.

En cuanto al oro la riqueza nacional es grande todavía, a pesar de que Colombia fue el primer productor mundial durante largos períodos en la época colonial. Los primitivos métodos de explotación de los españoles llevaron a la extinción de grandes grupos de población indígena, a la importación de mano de obra del Africa Occidental, a la consolidación de una economía esclavista, con el consiguiente desarraigo de los ancestros de nuestros afrodescendientes, que hoy han logrado limitar la pérdida de sus valores culturales.

El carbón, el níquel y el coltán se clasifican como materias primas. El oro tiene una naturaleza diferente: es más un instrumento financiero que una materia prima y no tiene usos sociales o industriales indispensables. Su gran demanda global obedece a la crisis de los mercados financieros. Su precio ha llegado a máximos históricos y lo convierte en un negocio fabuloso.

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Dimensión social

Es evidente que en Colombia las zonas mineras han sido focos de violencia y de pobreza, de pérdida de identidad cultural y de corrupción. Dinámicas como el súbito aumento de la población atraída por la posibilidad de encontrar empleo y oportunidades mejores, han causado problemas como la inflación, el aumento de la prostitución y la violencia y déficits en la calidad y cobertura de los servicios públicos en los municipios mineros.

A estos impactos negativos se agrega el rompimiento del tejido social por la segregación de la población y sus actividades entre recién llegados y nativos, y entre aquellos que se benefician de la minería dando origen a los llamados “company towns” y aquellos que pierden sus tradiciones culturales, formas de vida, costumbres y economía por la llegada de la minería a la zona como actividad dominante.

En América Latina se vive un momento de fuertes protestas de pobladores, comunidades campesinas e indígenas en zonas mineras, que se sienten gravemente amenazados por la gran minería. Los movimientos sociales en contra de la minería han existido desde siempre, pero se han exacerbado con su reciente expansión, lo que incluso ha llevado a que empresas mineras desistan de sus proyectos, como acaba de suceder con la mina de hierro de Cerro Chato en Uruguay.

Esta realidad también se ha reflejado en movimientos sociales recientes en contra de la gran minería en Colombia, como el que se ha presentado en Santander a raíz de la explotación de oro en el Páramo de Santurbán y en el Tolima, en el caso de La Colosa.

Las poblaciones locales temen, con razón, los impactos ambientales y sociales que van asociados con estos proyectos. La asamblea departamental de Santander aprobó realizar una consulta pública sobre la declaratoria como “bienes públicos” de los ecosistemas esenciales para el funcionamiento del ciclo hidrológico como los páramos, que deberá llevarse a cabo junto con las elecciones de octubre próximo.

Los ambientalistas, académicos y organizaciones sociales del Tolima han realizado numerosos actos para difundir información sobre los efectos negativos de la minería de oro, pero no han logrado que las autoridades departamentales sigan el ejemplo de la asamblea de Santander.

El papel de los medios escritos ha sido fundamental en estos debates, tanto a nivel nacional como regional, y las comunicaciones electrónicas han difundido ejemplos de los perversos efectos de la minería a gran escala en otros países y sobre los incumplimientos de las obligaciones y compromisos adquiridos por parte de las grandes compañías mineras.

Esta protesta social ha llevado a los órganos de control del Estado a manifestarse contra esta actividad:

  • La Contraloría General ha hecho un Control de Advertencia al Ministerio de Medio Ambiente y a Cortolima sobre sus futuras actuaciones en el Caso de La Colosa, en lo que respecta a su impacto sobre la cantidad y calidad del agua.
  • Por su parte la Procuraduría ha pedido la revocatoria del título minero para la explotación de oro en el Parque Yaigoje-Apaporis en la Amazonia.

El gobierno nacional no ha otorgado la debida importancia a estas inquietudes y acciones populares e institucionales y continúa adelante a toda máquina con la “locomotora” minera, uno de los motores de su propuesta económica.

Llama la atención otro conflicto muy frecuente en los denominados macroproyectos propiciados por los gobiernos nacionales y presente en las cinco “locomotoras” del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: la incompatibilidad y las divergencias entre los intereses del nivel nacional y los de los niveles regionales y locales.

Las decisiones que se toman sobre estos proyectos de gran escala en el nivel nacional muchas veces no se concertan con los gobiernos y las comunidades de los territorios donde se ejecutarán, ni tienen en cuenta los efectos nocivos que producen sobre ellos.

Los procesos de consulta previa y de concertación, limpios y democráticos, son complejos y lentos, pero no pueden ni deben obviarse puesto que además de ser un derecho constitucional celosamente vigilado, constituye la única manera de legitimar y hacer sostenibles los macroproyectos, al lograr que los intereses regionales y locales entren en juego y puedan armonizarse con los grandes intereses económicos y con los objetivos de desarrollo de la Nación.

Dimensión ambiental

No existe actividad con mayor impacto ambiental que la gran minería, en especial si es a cielo abierto, en ladera y de metales.

De la larga lista de impactos ambientales que producen las acciones humanas sobre el agua, la biodiversidad, el aire y el suelo, no hay ninguno que esté ausente en esta actividad extractiva. Por esta razón varios países han tratando de aminorar sus impactos, bien sea prohibiendo completamente la actividad minera de gran escala y reemplazándola por otras formas sostenibles de desarrollo como en Costa Rica, o mediante decisiones menos drásticas, negando la licencia de algunos proyectos por sus grandes impactos previsibles. También se han vetado técnicas muy peligrosas para los ecosistemas y la salud pública, como lo hizo recientemente la Unión Europea al prohibir el uso del cianuro para el beneficio del oro en su territorio.

La cantidad de agua que requiere un macroproyecto minero es enorme y esto también conlleva conflictos con otros usos del agua, como el consumo humano y el uso agrícola, que tienen una prioridad mucho mayor. Esta inquietud llevó a la Contraloría a advertir a las autoridades ambientales sobre el conflicto que afectaría la disponibilidad y la calidad del agua para la zona arrocera del Tolima, en particular en el distrito de riego Uso-Coello. Situación que se vería agravada por la severa contaminación que produce la minería de oro.

Los impactos de la gran minería sobre el agua no paran ahí. Las aguas subterráneas también se afectan por la infiltración de aguas contaminadas y por la alteración de los acuíferos, con excavaciones, perforaciones, explosiones y otras intervenciones propias de esta actividad. Los reservorios de aguas residuales altamente contaminadas con materiales tóxicos y sedimentos, presentan un alto riesgo para la población, en especial en zonas potencialmente sísmicas de alta montaña, por el severo impacto que pueden tener aguas abajo en caso de un derramamiento o rotura por fallas humanas o naturales.

El cambio climático puede aumentar la vulnerabilidad a desastres originados por estos impactos, debido a los efectos sobre los caudales y los suelos, derivados de los aumentos en la intensidad y la cantidad de precipitación que puede generar.

Los impactos sobre los cursos de agua y sus rondas también son muy fuertes y a menudo irreversibles, al dragarlos alterando sus características hidráulicas y aumentando la cantidad de sedimentos que arrastran. Los materiales estériles que depositan las dragas en los cauces y rondas hidráulicas también afectan gravemente el funcionamiento hidráulico de los ríos y la biodiversidad acuática y terrestre.

El país ha tenido un ejemplo dramático de esta situación, con el caso del río Dagua, donde en forma incontrolada grupos ilegales arremeten con dragas de gran capacidad contra el río para extraer oro destruyendo su ecosistema de manera salvaje y muy probablemente irreversible.

Algo similar ocurre en la Amazonia donde grupos ilegales, muchos de ellos extranjeros, extraen de manera incontrolada y primitiva oro de los ríos como el Inírida, o de los montes como ocurre desde hace varias décadas en la Serranía de Taraira.

Además de los impactos sobre el agua, la gran minería en alta montaña produce impactos muy fuertes sobre el aire, la biodiversidad y el suelo, en especial en zonas de alta pendiente, en páramos, en nacimientos de agua y zonas de recarga de acuíferos.

La remoción y disposición final de grandes cantidades de suelo, roca y otros materiales, produce grandes emisiones de partículas que producen afecciones pulmonares a los mineros y a los habitantes de las zonas, en especial los niños y los de tercera edad.

Toda esta compleja gama de posibles impactos ambientales interrelacionados, hace extremadamente incierta y difícil la tarea de prever los riesgos de un gran proyecto minero pues la zona de impacto puede extenderse mucho más allá de los límites del proyecto.

La actitud arrogante, tecnocrática y poco respetuosa con las autoridades ambientales que asumen algunos representantes de grandes empresas mineras, que consideran que el Estado tiene la obligación de otorgar licencia a sus proyectos argumentando que no hay la suficiente evidencia científica para no permitirlos, debe responderse por parte de estas como guardianas y defensoras del interés público, haciendo uso del Principio de Precaución conforme al cual “ …cuando exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente”.

En el escenario institucional no dejan de presentarse conflictos entre las posiciones de las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) como autoridades regionales de orden departamental y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT).

En el caso de La Colosa, por ejemplo, ha sido notoria la diferencia entre los enfoques y las posturas del ministerio y de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) o, en otros campos, como en el caso del Puerto Brisa donde el ministerio otorgó la licencia, desconociendo los conceptos negativos de los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental (SINA) sobre el proyecto y los derechos de las comunidades.

Existen otros casos de conflictos similares donde está involucrada la Unidad de Parques y el ministerio, como el del Puerto de Palermo que obtuvo la licencia ambiental, haciendo una sustracción al área del Parque Nacional de Salamanca.

Son recurrentes los conflictos de las autoridades ambientales con otras instituciones del gobierno por la concesión de permisos mineros en páramos y reservas forestales, como en los casos ya citados de Santurbán y La Colosa o áreas protegidas. En los parques nacionales se han otorgado 37 permisos mineros, principalmente durante el gobierno anterior.

Como se ha denunciado repetidamente, el área concesionada con permisos mineros ha crecido de forma desmedida en los últimos años, pasando de 1.047 millones de has en 2002, a 4.771 en mayo de 2009 y a 8.444 en octubre del mismo año. Este crecimiento se realizó sin consideración a las características y condiciones biogeográficas de las zonas concesionadas, ni a los planes de ordenamiento territorial y ha dado origen a un mercado especulativo de estos títulos que deforma su sentido original. Como consecuencia afortunadamente el gobierno ha congelado este irracional “carrusel”.

Dimensión económica

Esta dimensión de la gran minería es la más divulgada, pues crea una imagen que el público en general asocia con el desarrollo. Es también la más fácil de cuantificar, aunque muchas cifras son poco claras y a veces contradictorias.

Los datos que se presentan como bondades de la actividad incluyen rubros como el aumento de la inversión extranjera directa en minería, que según Guillermo Rudas pasó del 20 por ciento del total en 2001, al 40 por ciento en 2009 [1]. En 2010 se redujo al 30 por ciento. También señala el mismo investigador cómo la participación del sector minería e hidrocarburos en el PIB pasará del 6 por ciento en 2007 al 8,9 por ciento en 2014.

Por el contrario la participación del presupuesto ambiental bajó del 0,31 por ciento del PIB en 2005 a 0,27 por ciento en 2008, y aún no se conoce la asignación para el nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que debe iniciar operaciones antes del fin del año.

La compensación que reciben los entes territoriales de las zonas con actividad minera mediante regalías ha sido ineficaz para mejorar las condiciones y la calidad de vida. Muy por el contrario, presentan elevados índices de necesidades básicas insatisfechas y las regalías que reciben se han usado con frecuencia de manera ineficiente y corrupta, como lo demostró Mauricio Gómez en sus recientes crónicas para el Noticiero CM&.

El caso de los municipios de la zona carbonífera del Cesar es un ejemplo dramático de pobreza y bajísima calidad de vida, en medio de una multimillonaria explotación minera para la exportación.

El mal manejo de las regalías y las prácticas corruptas llevaron al gobierno a reformar el Fondo Nacional de Regalías para que estos cuantiosos recursos, que serán mayores cada año, se apliquen con mayor eficacia y transparencia y se irriguen sobre todo el territorio nacional, aminorando las diferencias regionales.

Adicionalmente, la aparente magnitud de las regalías pagadas por las multinacionales de la minería es un espejismo [2]: así por ejemplo, en 2009 se recibieron por concepto de regalías 1,93 billones de pesos, pero el gobierno otorgó a las compañías exenciones tributarias por valor de 1,44 billones, con lo que el saldo neto llega apenas a 0.44 billones, algo menos de una cuarta parte del total.

Conclusión

Resulta evidente que para resolver el trilema que conforman las opciones de resultado de la gran minería legal en el país, el gobierno nacional ya hizo su elección: privilegiar la dimensión económica de corto plazo, recortando, reduciendo o sacrificando las expectativas y exigencias de las dimensiones social y ambiental, con lo cual la gran minería sostenible se confirma como una falacia.

* Ambientalista, profesor universitario, autor de libros y artículos y conferencista sobre temas ambientales, exviceministro del medio ambiente, consultor internacional, actualmente director del Instituto Quinaxi.
 

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