Gestión ambiental y sostenibilidad para un nuevo país en 2017 - Razón Pública
Inicio TemasEconomía y Sociedad Gestión ambiental y sostenibilidad para un nuevo país en 2017

Gestión ambiental y sostenibilidad para un nuevo país en 2017

Escrito por Ernesto Guhl

Colombia deberá enfrentar un gran reto en la preservación de su biodiversidad.

Ernesto GuhlEl posconflicto, las necesidades energéticas y el desarrollo pueden ser fuentes de peligros para el medio ambiente, pero también pueden aprovecharse para construir un país que saque ventaja de su biodiversidad y su riqueza natural. 

Ernesto Guhl Nannetti*

País grande con grandes problemas

Los problemas ambientales de Colombia son tan grandes y variados como lo es su territorio de difícil geografía y enorme diversidad cultural y biótica. Y si nos enfrentamos a estos problemas con capacidades técnicas limitadas y recursos financieros decrecientes, la tarea es poco menos que imposible.

Por ello hay que darles prioridad a los factores que en este momento inciden con más fuerza sobre la relación entre la sociedad y la naturaleza, y actuar sobre los principales problemas y amenazas para los territorios sostenibles. Hay que aprovechar el potencial natural, manteniendo el flujo de bienes y servicios ecosistémicos que hacen posible la vida y el bienestar mediante un esfuerzo colectivo de largo plazo.

Estos son algunos de los problemas más importantes que enfrentará la gestión ambiental en Colombia en el año que empieza.

El posconflicto

Para el ambiente el posconflicto ofrece un panorama de luces y sombras. Por una parte se espera que las presiones sobre el bosque natural y otros ecosistemas disminuyan con la reducción de los cultivos para uso ilícito, así como la contaminación del agua y el suelo con los químicos usados para procesar la pasta de coca.

Igualmente se puede esperar una disminución de los derrames de hidrocarburos causados por la voladura de oleoductos, que han sido una monstruosa fuente de contaminación del agua y del suelo. Por ejemplo, en la última voladura del oleoducto Transandino por parte de las FARC en 2015 se contaminaron gravemente el río Mira y los ecosistemas marino-costeros cercanos a Tumaco con el derrame de 40.000 barriles de crudo. Hasta el momento las FARC no han pedido perdón por este crimen en contra de la población y la naturaleza.

Sin embargo también es posible que se imponga (como ha sucedido en otros países) una tendencia a la expansión incontrolada de la frontera agrícola sobre los bosques y ecosistemas naturales que antes estaban “protegidos” por la frontera del miedo, para dedicar esas nuevas áreas a la ganadería extensiva y formalizar así la propiedad de la tierra. Esta tendencia ya se insinúa en el nororiente de la Amazonia, en el sur de la Orinoquia y en otras zonas como las serranías de San Lucas y Perijá o la Costa Pacífica.

La transición energética

Contaminación generada dentro del país por industrias y otros medios.
Contaminación generada dentro del país por industrias y otros medios. 
Foto: Área Metropolitana del Valle de Aburra

Colombia se comprometió en la Cumbre de Paris de 2015 a lograr una reducción en las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) de 20 por ciento para 2030. Para lograr esto hay que actuar principalmente sobre los mayores generadores de estos gases: la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Por eso se propuso llegar a una tasa neta de deforestación cero, partiendo de las actuales 124.000 hectáreas cada año.

En muchos países se ha reconocido que la era del carbono está llegando a su fin y que es esencial iniciar una transición hacía una economía baja en carbono y sustituir los combustibles tradicionales por energías limpias y renovables, principalmente la eólica y solar, para la producción de electricidad. Aunque el gobierno ha producido la información básica y se han preparado algunos planes sectoriales para reducir las emisiones, la ausencia de una política de transición energética es notable. El documento del gobierno para buscar este objetivo es muy general y, como su nombre lo indica, no pasa de ser un “ideario” para una política energética 2014 – 2050 que sigue centrado en la explotación de hidrocarburos y carbón e ignora el potencial del país para las energías renovables.

El afán de encontrar los hidrocarburos de los que dependen en buena medida los ingresos estatales ha llevado a poner los ojos en el mar. Por este motivo ha empezado una intensa actividad de concesiones submarinas para buscar petróleo que puede producir daños en ecosistemas irremplazables. Las experiencias con los desastres ocurridos en el golfo de México, el mar del Norte, Brasil y el mar Caspio (para citar solo algunos casos) han demostrado el alto peligro de esta actividad.  

Una de las grandes e inexplotadas fortalezas de nuestro territorio es la elevada radiación solar, la cual podría aprovecharse haciendo uso de los extensos espacios escasamente ocupados del país para instalar parques solares de gran tamaño. También podrían usarse tecnologías y prácticas ahorradoras como los calentadores solares.

Otra gran fortaleza de Colombia es la combinación de nuestra riqueza hídrica con el marcado relieve, algo que podríamos aprovechar para la generación hidráulica de energía para regiones y localidades. Y no olvidemos que contamos con un alto potencial de “energía azul” es decir, obtenida por la diferencia de concentración de sal entre el mar y los ríos en su desembocadura.

En síntesis, debemos iniciar urgentemente un giro radical en la composición de nuestra canasta energética, sustituyendo paulatina pero eficazmente los recursos no renovables por otros renovables.

Explotación minera

La explotación minera es una de las mayores productoras de contaminación en el país.
La explotación minera es una de las mayores productoras de contaminación en el país. 
Foto: Wikimedia Commons

Para el país son claros los demoledores impactos socioambientales de la minería ilegal: violencia y ruptura del tejido social, corrupción, ríos y suelos destruidos o contaminados con sustancias tóxicas, destrucción de la biodiversidad y erosión.

Esta actividad se concentra en zonas de difícil acceso como los ríos de la Amazonia y la costa del Pacífico, pero abarca toda la geografía nacional y alimenta la guerra y los desplazamientos de población, lo que la convierte en un gran problema de orden público. Y hasta ahora los esfuerzos del Estado han sido insuficientes para frenarla, mientras los precios de minerales como el oro y el coltán mantengan los niveles que tienen en el mercado internacional. En cierta forma, este negocio guarda similitudes con la producción de narcóticos, cuya solución también es necesario replantear por completo.

La minería legal está más controlada por el Estado y corresponde a proyectos de gran escala, pero no por ello está exenta de severos impactos socio-ambientales. Las zonas con títulos mineros, sobre todo los otorgados entre 2002 y 2010, llegan a cubrir buena parte del territorio nacional, sin respetar ecosistemas frágiles, áreas protegidas o usos del suelo y formas de vida.

Como consecuencia, hemos visto a lo largo y ancho del país el surgimiento de diversos conflictos entre el centro y la periferia, es decir, entre el gobierno central y las regiones por este tema. Esto nos ha llevado a que Colombia sea el país con el mayor número de conflictos socioambientales en América Latina y el segundo a escala mundial, según el Atlas de Justicia Ambiental.

Esta situación se presenta especialmente en zonas valiosas en términos ecológicos y sociales, pero frágiles y con habitantes que tienen visiones de su territorio muy diferentes de las que propone el modelo económico dominante. Esto crea grandes tensiones entre los intereses del gobierno nacional que percibe los beneficios y las regiones que reciben los impactos.  Estos conflictos son muy comunes, aunque no exclusivos, en las explotaciones mineras y de hidrocarburos de alto impacto, como en los casos de los páramos de Santurbán y de Pisba, o en la explotación de oro de la mina La Colosa en el Tolima, o la frustrada explotación petrolera en La Macarena, para citar algunos ejemplos.

Sin embargo es importante aclarar que los impactos socioambientales de proyectos de infraestructura, industriales y agroindustriales de gran escala (como los pensados para la altillanura orinocense) son también fuente importante de conflictos y desacuerdos.

¿Qué hacer?

No se trata de frenar el desarrollo nacional. Lo que se busca es lograrlo mediante formas de desarrollo novedosas, limpias y justas, que respondan a nuestra realidad y que estén basadas en el aprovechamiento sostenible y en el pago de los bienes y servicios ecosistémicos. También se debe buscar la utilización de nuestras ventajas comparativas en materia de recursos renovables, entendiendo el medio ambiente como un patrimonio común y una responsabilidad colectiva.

Construir este nuevo país es el proyecto más importante y urgente de la sociedad colombiana e implica replantear el ordenamiento territorial y el uso racional del suelo, para crear territorios sostenibles que sean una creación social que integre lo natural y lo humano, y articulen lo ético, lo social, lo económico y lo ecológico. Hacer esto implica un cambio profundo en la concepción del país y en la relación entre el desarrollo y el medio ambiente, de manera que las variables, limitaciones y regulaciones ambientales dejen de entenderse como un freno al desarrollo y se incorporen al diseño y operación a los proyectos y actividades públicos y privados.

En síntesis, hay que comprender que para que el desarrollo sea sostenible la condición necesaria es que el territorio donde se aloja también lo sea.

Como los descritos aquí son interdependientes hay que tener una nueva gobernanza articuladora, que incluya a todos los sectores sociales y esté basada en la educación y el conocimiento, que ponga el bien público por encima del interés privado y haga posible ejercer un control territorial efectivo y la prestación eficaz de los servicios del Estado en todo el país.  Solo así se puede mejorar la calidad de vida de la toda la población y ofrecer la posibilidad real de construir colectivamente territorios sostenibles en los cuales se pueda vivir bien, con seguridad, equidad y solidaridad.

 

* Miembro de la Academia colombiana de ciencias exactas, físicas y naturales.

 

Artículos Relacionados

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies