Los candidatos y el medio ambiente: estos son sus silencios de fondo
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Foto: Radio Nacional - La financiación de este vital rubro de interés nacional se ha desplazado a la inestable y poco flexible fuente de la cooperación internacional.

Los candidatos y el medio ambiente: estos son sus silencios de fondo (Parte 2)

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El próximo gobierno tiene el reto apremiante de fortalecer las instituciones y la gestión ambiental, así como de plantear un modelo económico y político más amigable con el medio ambiente, en busca de iniciar el camino hacía conformar un país sostenible.

Ernesto Guhl Nannetti*

Las capacidades y recursos del Sistema Nacional Ambiental

En la primera parte de este análisis para Razón Pública, abordé algunos de los principales problemas ambientales del país, que los candidatos presidenciales no han incorporado adecuadamente en sus propuestas. En esta segunda parte ahondaré en otros componentes socioambientales igualmente importantes,  que las campañas no han incluido con claridad en sus programas.

Para poner en práctica lo cambios que nos exige la crisis socioambiental se necesita un conjunto de factores habilitadores: capacidad institucional, coordinación entre los distintos niveles de gobierno, disponibilidad de recursos y mejores formas de gobernanza.

Desde 1993, Colombia cuenta con un Sistema Nacional Ambiental (SINA) compuesto por diferentes entidades y organizaciones; pero hoy el SINA se percibe como un conjunto desarticulado, que no está al servicio del ciudadano. Las autoridades ambientales imponen condiciones y sanciones que a menudo se perciben como medidas injustas o arbitrarias y esto disminuye la confianza en las instituciones.

Además, la práctica ha demostrado que la organización, la capacidad de gestión y los recursos humanos, técnicos y financieros de las instituciones que conforman el SINA han sido insuficientes para frenar el empobrecimiento ecológico del país. La participación en el PIB de los recursos asignados al SINA ha oscilado apenas entre 0,22 y 0,33% del total.

La deforestación es el primer y más urgente de los problemas ambientales del país, por su alta incidencia en la pérdida de la biodiversidad y de servicios ecosistémicos vitales.

Por otra parte, la contribución del presupuesto general de la Nación a la administración y gestión de las esenciales áreas protegidas es inferior a un dólar por hectárea por año. Por eso, la financiación de este rubro de alto interés nacional se ha desplazado a la inestable y poco flexible fuente de la cooperación internacional.

Una nueva gobernanza participativa

Pero además de mejores capacidades y más recursos, se necesitan nuevas formas de gobernanza más amplias, que garanticen la participación temprana, abierta, amplia, inclusiva, incidente y significativa de los diversos actores sociales y, en especial, de los grupos más vulnerables.

Solo con una participación adecuada, las políticas estatales pueden ser comprendidas, apropiadas y legitimadas. No contar con suficiente legitimidad social implicará un aumento de los crecientes conflictos entre el centro y la periferia, y una mayor resistencia a los cambios e innovaciones ambientales.

Esto se logra solo con un alto grado de aceptación social, lo cual supone una visión que trascienda a cada gobierno y se convierta en política de Estado. Para ello, es necesario mejorar el acceso a la información, el seguimiento por parte de la ciudadanía y la transparencia en la rendición de cuentas.

Puede leer: Los pueblos indígenas en la lucha contra la deforestación

Deforestación y aprovechamiento sostenible

La deforestación es el primer y más urgente de los problemas ambientales del país, por su alta incidencia en la pérdida de la biodiversidad y de servicios ecosistémicos vitales.

Para detener la deforestación, promover la conservación de los bosques y la biodiversidad, y fomentar su aprovechamiento sostenible, se podría echar mano de la política fiscal y de estímulos similares. A su vez, detener la deforestación reduciría significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lo cual ayudaría a cumplir los compromisos internacionales en esta materia.

Dada la diversidad del país, es indispensable aplicar estrategias diferenciadas según las características culturales y naturales de cada región. Por ejemplo, mientras que en las zonas poco intervenidas debe estimularse la conservación del bosque y su uso sostenible, en aquellas donde se realizan actividades agropecuarias es necesario impulsar transiciones hacia sistemas productivos más justos,  eficientes y limpios.

Es particularmente urgente frenar la expansión de la frontera agropecuaria en la Amazonía y la Costa Pacífica. Para eso es muy importante estabilizar a los colonos para incorporarlos dentro de la frontera actual. Esto podría hacerse mediante incentivos fiscales que impulsen actividades más productivas y ofrezcan empleo y oportunidades y la creación de reservas campesinas.

Adicionalmente, es fundamental prohibir la construcción de vías más allá de la frontera agropecuaria actual, pues son corredores que inducen la apropiación ilegal de grandes extensiones de tierra mediante la deforestación y la colonización espontánea. Estas vías pueden reemplazarse por sistemas de transporte intermodal de bajo impacto, que aprovechen las posibilidades de navegación fluvial, en combinación con otros medios como los cables aéreos y los ferrocarriles.

Los ingresos del país dependen en altísimo grado de la extracción de carbón, petróleo y oro. Por eso es una prioridad encontrar nuevos ingresos provenientes del aprovechamiento sostenible de recursos renovables.

Una recomendación obvia, pero difícil de llevar a la práctica, es aplicar efectivamente la Ley 2111 de 2021, que sanciona la deforestación como un delito. Esta ley ofrece, al menos teóricamente, la posibilidad de perseguir a los criminales que promueven la deforestación, en lugar de sancionar apenas a las personas que son contratadas por ellos para tumbar el bosque.

Por último, es necesario que los trabajadores de la deforestación se conviertan en trabajadores de la conservación, para lo cual se les debe ofrecer educación y remuneración suficiente.

Del extractivismo a la bioeconomía

Actualmente, los ingresos del país dependen en altísimo grado de la extracción de carbón, petróleo y oro. Por eso es una prioridad encontrar nuevos ingresos provenientes del aprovechamiento sostenible de recursos renovables. Esto significa abandonar paulatinamente el extractivismo y transitar hacia la bioeconomía.

Como lo recomienda la Misión de Sabios, Colombia debe transitar hacia formas de desarrollo novedosas, que utilicen soluciones basadas en la naturaleza y pongan en marcha sistemas agropecuarios sostenibles. Esto supone usar la investigación científica y el desarrollo tecnológico para crear modelos que reemplacen gradualmente las actividades extractivas por cadenas de valor de aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, con acceso al mercado nacional e internacional: por ejemplo, productos farmacéuticos, cosméticos, de nutrición, nuevos materiales como textiles y plásticos, y productos artesanales.

Desarrollar una bioeconomía colombiana es una meta ambiciosa, difícil e interesante, que exige contar con recursos humanos de alto nivel, elevadas inversiones en laboratorios y equipos, y largos tiempos de investigación y desarrollo. Pero se trata de un esfuerzo que vale la pena y que contribuiría a reemplazar gradualmente las insostenibles y dañinas fuentes de ingreso de las cuales depende hoy el país.

Contaminación y pérdida del potencial ambiental

La contaminación del aire, el agua y el suelo es otro de los problemas ambientales y de salud pública más graves de Colombia.

El acceso al agua suficiente y de buena calidad debería ser un derecho garantizado por el Estado. Actualmente, el 70 % de la población es urbana y las ciudades son, por lo tanto, las mayores fuentes de contaminación. En las grandes ciudades del país, la calidad del aire es muy deficiente y constituye una amenaza creciente para la salud pública.

Las ciudades son, las principales emisoras de GEI y de vertimientos contaminantes altamente concentrados en los cuerpos hídricos. Además, debe tenerse en cuenta que en Colombia las ciudades se han expandido sobre los mejores suelos agrícolas y han eliminado el cultivo de frutas y cultivos de pancoger.

Para resolver estos problemas se necesitan soluciones preventivas, basadas en la ciencia, y asignar los recursos suficientes mediante la aplicación real, equitativa y universal del principio “el que usa y  contamina paga”.

Además, se debe utilizar el arsenal de instrumentos económicos disponibles, como las tasas de uso de recursos y las compensaciones ambientales, para orientar el comportamiento de los ciudadanos. Esto no ha sido posible hasta el momento, pues la aplicación de estos instrumentos ha sido deformada por presión de los usuarios y los gremios, que no entienden su objetivo vital y distributivo.

También es indispensable aplicar con rigor la nueva ley sobre delitos ambientales, para castigar efectivamente a los contaminadores del agua y el suelo, en especial en los cultivos de uso ilícito y la industria minera, legal e ilegal.

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Foto: Radio Nacional de Colombia - La contaminación del aire, el agua y el suelo es otro de los problemas ambientales y de salud pública más graves del país.

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Liderazgo en la política ambiental internacional

El deterioro de los ecosistemas del planeta es el mayor fracaso de la comunidad internacional y de sus instituciones. Durante miles de años las condiciones biofísicas del planeta se mantuvieron dentro del rango más apropiado para la especie humana. Pero las fallas en la gestión ambiental global nos han llevado hasta los límites de soporte de la tierra.

La gestión ambiental internacional ha estado dominada por los intereses políticos y económicos de los países industriales, por lo que ha sido insuficiente e inadecuada para muchos países, como es el caso de Colombia. Nuestro país es “víctima” del cambio climático que causan otros países, principalmente China, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia e India. Por eso, Colombia podría liderar un reclamo global para exigir compensaciones por el uso y el abuso de los bienes y  espacios comunes, como la atmósfera y los océanos, lo cual podría representar beneficios en términos de financiación y transferencia de tecnología.

También es necesario conformar el bloque de Países Amazónicos, para exigir el pago de los servicios ambientales que produce esta región para el mundo. Finalmente, se podrían establecer acuerdos con los países limítrofes para realizar una gestión armónica del ambiente. Esto permitiría crear espacios técnicos de coordinación para el manejo sostenible de las cuencas compartidas, como las de los ríos Orinoco, Putumayo, Caquetá y Vaupés.

Las  propuestas hechas en éste y el artículo anterior, son esenciales para lograr la meta común e inaplazable de iniciar el camino para Lograr que Colombia sea un Territorio Sostenible.

Es decir que conforme un territorio ordenado, ecológica y económicamente productivo, resiliente al cambio climático, carbono negativo, seguro, pacífico y construido y gestionado participativamente.

Esta y otras propuestas se encuentran de forma detallada en el libro Antropoceno: la huella humana. La frágil senda hacia un mundo y una Colombia sostenibles. Próximamente en librerías.

Acerca del autor

Ernesto Guhl

* Ingeniero civil y ambientalista, exviceministro del medio ambiente, ex Vicerrector, exdecano de ingeniería y profesor de la Universidad de los Andes, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, director del Instituto Quinaxi, investigador y autor.

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Ernesto Guhl

* Ingeniero civil y ambientalista, exviceministro del medio ambiente, ex Vicerrector, exdecano de ingeniería y profesor de la Universidad de los Andes, miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, director del Instituto Quinaxi, investigador y autor.

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