Aunque tiene buenas intenciones, el Plan Nacional de Desarrollo no trata los conflictos ambientales más urgentes, ni explica cómo lograr sus objetivos.
Ernesto Guhl Nannetti*
PND y medio ambiente
Antes de posesionarse el presidente Duque, escribí un artículo sobre los retos ambientales que tendría el próximo gobierno y que debían ser incluidos prioritariamente en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (PND).
En el artículo subrayé la necesidad de atender situaciones urgentes que podían afectar gravemente a grandes grupos de personas, como el patético caso de Hidroituango y la desbocada deforestación en la región amazónica.
El pasado 3 de mayo, la plenaria del Senado aprobó el PND a toda prisa y a pupitrazo limpio, como si se tratara de un asunto menor. Estas son las consecuencias ambientales de esa decisión.
Cambios sociales e indiferencia política
La crisis ambiental global, que incluye el cambio climático y la galopante pérdida de biodiversidad, amenaza gravemente a todo el planeta y a los seres que lo habitamos.
Los problemas ambientales han dejado de ser asuntos secundarios y se han convertido en variables esenciales de las políticas públicas en todos los ámbitos, en particular los asociados con la seguridad, el bienestar social y el progreso.
Los informes científicos recientes de grupos calificados como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) y la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) reiteran que no puede haber sostenibilidad ni progreso sin un medio ambiente funcional y sano.
El PND que recientemente fue aprobado por el Congreso muestra la dificultad de que los gobiernos adopten soluciones ambientales completas.
Hoy, los medios de comunicación le dan más y más importancia a la información relacionada con el medio ambiente e incluso le dedican secciones especiales, lo cual era una verdadera rareza hace algunos años.
Y ni qué decir de las redes sociales, donde el medio ambiente es uno de los temas más frecuentes. Los ciudadanos se interesan cada vez más por los problemas ambientales y son capaces de relacionarlos directamente con su bienestar y su futuro.
Sin embargo, la gran mayoría de los gobiernos del mundo aún ignora sistemáticamente los conflictos ambientales, y omite abordarlos con la urgencia y la fortaleza que merecen. Lamentablemente, los políticos no han percibido los cambios en los intereses y necesidades ciudadanas relacionadas con el medio ambiente y, por lo tanto, han sido incapaces de actualizar sus ideas.
¿Para qué sirve el PND?
Colombia no es la excepción, y el PND que recientemente fue aprobado por el Congreso muestra la dificultad de que los gobiernos adopten soluciones ambientales completas, concretas y bien planeadas.
Un plan de desarrollo es un instrumento para dirigir las acciones del gobierno durante cuatro años. El plan debe contener unas bases conceptuales sobre las que se cimiente la visión del país que queremos, así como una serie de proyectos y un plan de inversiones para tratar de volverlos realidad.
Y aunque por su alcance temporal, los planes de desarrollo no son suficientes para establecer políticas de Estado profundas, sí son determinantes para decidir lo que se hará en los próximos años.
Foto: Ministerio de ambiente |
Sin embargo, tampoco basta con incluir un tema en el PND. No todo lo que allí quede incluido en efecto se cumple: todo depende de las asignaciones presupuestales reales, de la capacidad de ejecución del gobierno, de la corrupción y de otras situaciones sobrevinientes.
Estos factores introducen incertidumbre sobre los alcances concretos del Plan y lo convierten en un instrumento apenas indicativo. No olvidemos que desde la época colonial se ha afirmado que “la ley se obedece pero no se cumple”.
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¿Pacto por la sostenibilidad?
Al analizar el capítulo ambiental del PND 2018-2022, lo primero que llama la atención es su nombre: “Pacto por la Sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo”. Ese nombre contiene dos componentes:(1) un pacto, lo que implica participación, y (2) la relación entre conservación y producción.
- Sobre el primer punto, no queda claro con quién ni cómo se hará ese pacto. Aunque el nombre sea bienintencionado, no es fácil entender cómo garantizar la participación en un país caracterizado por el centralismo y la insularidad institucional.
- En cuanto a la relación entre producción y conservación, no queda claro qué se pretende producir, ni qué conservar. ¿Se trata de incentivar la explotación de minerales metálicos e hidrocarburos, como parece quererlo el Gobierno? ¿O más bien de impulsarla innovación energética para aprovechar los recursos renovables como el sol y el viento?
Los recursos asignados a proyectos ambientales en otros sectores a menudo se desvían.
¿Será que se quiere conservar la capacidad de nuestros ecosistemas para generar bienes y servicios ambientales? ¿Al hablar de conservación, será que el Gobierno piensa en los ecosistemas estratégicos y páramos, nuestros “bancos genéticos” donde se produce el agua? ¿Esa conservación no implica controlar efectivamente los usos insostenibles del ambiente, como la minería y la deforestación?
En el PND también se afirma que el componente ambiental es transversal a todo el proyecto. Desde luego es deseable que esto sea así, y que en todo el Plan se incorporen las variables socioambientales.
Sin embargo, hay que cuidar que esto suceda efectivamente, pues la experiencia muestra que los recursos asignados a proyectos ambientales en otros sectores a menudo se desvían, y se aplican a proyectos convencionales “maquillados de verde”.
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Los temas ausentes
A esa ambigüedad se suman los temas que, a pesar de ser de vital importancia para que Colombia sea un territorio sostenible, brillan por su ausencia en el PND:
- Educación: los programas en el campo de la formación y la educación ambiental deberían ser la base para la transformación cultural que nos lleve a la sostenibilidad. Además, un programa de educación ambiental sólido fortalecería la participación social informada.
- Ordenamiento territorial: el cambio desordenado en los usos del suelo —como la deforestación impulsada por intereses económicos— es la principal causa del cambio climático y del deterioro de la biodiversidad.
No aprovechar la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para contribuir a la sostenibilidad es una grave falencia. La regionalización del país que se propone merece un debate público informado y amplio, en lugar de ser una decisión unilateral del Gobierno.
- Contaminación: una de las mayores amenazas a la salud y el bienestar de la población es la contaminación del aire y el agua. Los habitantes de Bogotá y Medellín, las dos mayores ciudades del país, han vivido recientemente situaciones de emergencia por la calidad del aire. Se trata de un problema nacional que debería enmarcarse en los planes para el cumplimiento de lo ofrecido en el Acuerdo de París.
Foto: Alcaldía de Santiago de Cali |
En cuanto a la contaminación del agua, es necesario recordar que las enfermedades de origen hídrico son la primera causa de morbilidad en Colombia. Contar con agua de buena calidad y suficiente debe ser un derecho humano. Dado que la minería ilegal es otra fuente gravísima de contaminación del agua con sustancias tóxicas, acabar con ella es un imperativo desde el punto de vista de la salud y de la sostenibilidad.
- Institucionalidad y descentralización: en esta época de crisis ambiental, la gestión de los recursos debe llevarse a cabo sobre la base de los resultados de la ciencia y la aplicación de la tecnología, en la escala adecuada para cada nivel territorial.
Los institutos de investigación y las autoridades ambientales deben fortalecerse para contar con la capacidad científica que permita orientar sus políticas, así como tener mecanismos claros y eficaces para la cooperación interinstitucional. En algunos casos, como en el licenciamiento de Hidroituango, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha fallado por la ausencia de institucionalidad y rigor científico. El objetivo es que este tipo de casos no se vuelvan a repetir.
- Recursos económicos: en el PND se afirma que la biodiversidad y la riqueza natural son “activos estratégicos de la Nación”. Para que esa frase se haga realidad, es necesario que las asignaciones presupuestales al sector ambiental sean suficientes y exclusivas y no, como ha sucedido en el pasado, que los recursos económicos para el medio ambiente se transfieran a otros sectores, como el de defensa.
Este año, el sector ambiental participa en el Presupuesto General de la Nación apenas con el 0,2168 por ciento, una de las asignaciones más bajas, si no la menor, en los últimos años.
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Tareas pendientes
Para orientar las decisiones de los empresarios y consumidores hacia la ecoeficiencia y la sostenibilidad, es indispensable revivir instrumentos económicos prácticamente desaparecidos, como las tasas de uso y las retributivas y compensatorias.
Además, es imperativo que los recursos recolectados por el impuesto al carbono sean destinados de nuevo para desarrollar energías limpias y otros programas ambientales: ese es su propósito y su justificación.
Como puede verse, el capítulo ambiental del PND está bien orientado, pero no es preciso en establecer un camino a la sostenibilidad, y tampoco da prioridad clara a temas muy urgentes. Las importantes omisiones que se señalaron harán más difícil que de ese Plan se deriven acciones que marquen una verdadera diferencia.
*Ingeniero civil y ambientalista. Exviceministro del medio ambiente. Ex Vicerrector, exdecano de ingeniería y profesor de la Universidad de los Andes. Miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Director del Instituto Quinaxi. Investigador y autor.
