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El acuerdo que entrega a Estados Unidos el control de una quinta parte de las reservas venezolanas no solo busca asegurar barriles en un mercado tensionado, sino también desalojar a Pekín y a Moscú del subsuelo latinoamericano.
El 28 de agosto, Donald Trump anunció lo que llamó “el mayor acuerdo petrolero de la historia”, en el que Estados Unidos obtiene derechos sobre 17 campos venezolanos, lo que representa cerca de una quinta parte de los 303.000 millones de barriles que hacen de Venezuela el país con las mayores reservas probadas del planeta. Leído aisladamente, parece más bien un contrato de inversión. Leído en una dimensión geopolítica, es otra cosa, la culminación de una operación que empezó en enero, cuando un comando estadounidense capturó a Nicolás Maduro y lo trasladó a Nueva York para ser juzgado por narcoterrorismo, dejando en el poder a una presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo el veto implícito de Washington.
De tal manera, usa primero la fuerza y presiona el contrato después, lo que revela que el objetivo del acuerdo no es únicamente asegurar barriles en un mercado bajo gran tensión global. Es algo más ambicioso, sacar a China y a Rusia del subsuelo latinoamericano.
Control, no solo acceso
El diseño jurídico del pacto es elocuente. Estados Unidos no compró petróleo venezolano, se aseguró una posición de mando sobre su extracción. El vehículo es North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa del inversionista venezolano Alejandro Betancourt, en la que la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono recibió una participación accionaria del 35%, mientras que el Departamento de Estado se garantizó la compra del 20% de la producción a precio de costo. Washington obtuvo poder de veto sobre la junta directiva, que debe tener mayoría de ciudadanos estadounidenses, y logró que las operaciones quedaran sujetas a la ley y a los tribunales de Estados Unidos. Sin embargo, la duración no está clara, Trump habla de cien años; Rodríguez, de veinticinco. La Asamblea Nacional aprobó resoluciones de respaldo sin haber visto el texto completo, que ningún gobierno ha publicado íntegro.
Un contrato que blinda el control accionario, jurisdiccional y de gobernanza no está pensado para comprar crudo, está pensado para que nadie más pueda comprarlo.
El verdadero blanco: un hemisferio sin rivales
El propio gobierno estadounidense ha sido explícito. Marco Rubio lo formuló sin rodeos: “Este es el hemisferio occidental. Aquí es donde vivimos. Y no vamos a permitir que el hemisferio occidental sea una base de operaciones para adversarios”, mencionando por su nombre a China, Rusia e Irán. Trump fue más lejos y reivindicó la herencia de 1823 con una vuelta de tuerca personal: “La Doctrina Monroe es algo importante, pero la hemos superado por mucho […] Ahora la llaman la ‘Doctrina Donroe‘”.
No es retórica. Es la definición operativa de una estrategia de negación: en un mundo donde la energía y los minerales críticos volvieron a ser activos de seguridad nacional, Washington no busca solo abastecerse, sino impedir que sus competidores se abastezcan o consoliden posiciones a noventa minutos de vuelo de Miami. El petróleo es el instrumento; la geografía política del hemisferio es el objetivo.
China: de acreedor principal a espectador
Pekín es el gran perdedor material de la jugada. Entre 2000 y 2018 financió a Caracas con cerca de US$105.000 millones, en su mayoría mediante préstamos vinculados al petróleo, y aún le quedan por cobrar unos 10.000 millones. Sinopec, CNPC y China Concord Resources operaban varios de los campos que ahora pasan a la órbita de NABEP. La respuesta oficial fue una advertencia contenida: el portavoz Guo Jiakun sostuvo que “los derechos e intereses legítimos de China en Venezuela deben ser salvaguardados” y que la cooperación con Caracas “está amparada por el derecho internacional”.
Conviene, sin embargo, medir bien la pérdida. El crudo venezolano representó apenas el 4% de las importaciones chinas en 2025: el golpe no es de abastecimiento, sino financiero y, sobre todo, político. China invirtió más de 60.000 millones de dólares en América Latina en dos décadas, construyendo una red de influencia basada en la premisa de que el comercio y el crédito podían sustituir la coerción. Lo que Venezuela demuestra es que esa premisa tiene un límite: cuando un rival decide usar la fuerza, los contratos chinos no tienen quien los defienda sobre el terreno.
Por eso, la reacción de Pekín ante la captura de Maduro fue tan dura, se declaró “profundamente conmocionada” y condenó “el flagrante uso de la fuerza contra un Estado soberano”, y por eso su argumento central fue normativo. Como resumió el analista chino Gao Jian, al extraer por la fuerza a un jefe de Estado en funciones, “Estados Unidos está sustituyendo abiertamente las normas internacionales por una lógica según la cual ’la fuerza es el derecho’”. Es un reclamo de doble filo: Pekín necesita que ese precedente no se consolide, precisamente porque aspira a que su propio vecindario, Taiwán incluido, siga rigiéndose por reglas que Washington acaba de flexibilizar.
Rusia: expulsada del negocio
Moscú perdió menos dinero, pero más rápido. Rosneft colocó al menos US$17.000 millones en préstamos y líneas de crédito desde 2006 y llegó a ser el socio operativo más confiable de PDVSA. En enero, el Kremlin respaldó de inmediato a Delcy Rodríguez y desafió públicamente a Washington; ocho meses después, su lectura es de derrota. Sergéi Lavrov denunció que Estados Unidos “busca dominar los mercados energéticos mundiales expulsando a Lukoil y Rosneft de todos los negocios internacionales, incluida Venezuela” y agregó, con resignación inusual en la diplomacia rusa: “Ahora los estadounidenses quieren apoderarse de esta cooperación. Es poco probable que después de esto siga siendo una cooperación equitativa”.
El gobierno de Rodríguez insiste en que los compromisos con Pekín y Moscú “se seguirán ejecutando”, pero mientras lo dice, firma nuevos contratos con empresas estadounidenses en Anzoátegui, Monagas y Barinas. Como sintetiza el politólogo José Vicente Carrasquero, aunque Venezuela conserve la propiedad formal del crudo, “el control de esos 65.000 millones de barriles lo asume Estados Unidos”. Para una Rusia sobrecargada por la guerra en Ucrania y sancionada en sus propias exportaciones, la pérdida de su plataforma energética en el Caribe es, ante todo, una demostración de sus límites de proyección.
La lógica de la escasez detrás de la jugada
Nada de esto ocurre en el vacío. China controla cerca de dos tercios de la extracción mundial de minerales críticos y más del 90% de su procesamiento, y, cuando restringió las exportaciones de tierras raras en 2025, dejó expuesta la dependencia estadounidense. En paralelo, el conflicto entre Israel e Irán devolvió la volatilidad a Oriente Medio. Venezuela resuelve las dos ansiedades a la vez: reservas colosales, cercanía geográfica y un aparato productivo tan deteriorado, con apenas 921.000 barriles diarios y tres taladros operativos, frente a 589 en Estados Unidos, que ningún actor había logrado destrabar por la vía de la inversión ordinaria. Lo que el mercado no consiguió en dos décadas, la coerción lo obtuvo en semanas.
Lo que está en juego para Colombia
Colombia tiene dos caminos y ya empezó a recorrer uno. El 4 de septiembre, el Grupo Gilinski firmó con PDVSA un contrato a 25 años para que GeoPark opere el bloque Bare, en la Faja del Orinoco: 1.100 pozos que hoy producen 11.000 barriles diarios y que la compañía espera llevar a 95.000, financiando toda la inversión a cambio del 65% de la participación económica neta. Gilinski lo definió como “una declaración de fe compartida en el futuro de Venezuela”, y Delcy Rodríguez aprovechó para invitar al resto del empresariado colombiano a seguirlo. Es el camino que convertiría el país en un “Estado pivote” de la reconstrucción energética venezolana.
Otros avanzan con cautela. Ecopetrol y el Grupo de Energía de Bogotá estudian entrar en la recuperación de la infraestructura energética, pero la memoria de las expropiaciones pesa: “¿Cuál es mi seguridad jurídica si voy allá? Muchos fueron expropiados y algunos aún no han sido compensados”, advierte Javier Díaz, de Analdex. El incentivo es tangible: la producción venezolana subió 34,6% en seis meses, de 830.000 barriles diarios en enero a 1,1 millones en julio.
Pero el riesgo no desaparece con las ganancias. El episodio sienta un precedente, capturar a un gobernante e imponerle condiciones económicas por la fuerza funcionó como vía de acceso a los recursos de un vecino. El capital colombiano que hoy entra a Venezuela lo hace en un país cuyas reglas, en última instancia, define Washington.
La pregunta de fondo trasciende a Venezuela. Durante veinte años, la región asumió que la competencia entre potencias se libraría mediante créditos, contratos e infraestructura, y que su margen consistía en jugar con varios socios a la vez. El pacto petrolero de 2026 sugiere que esa etapa terminó: cuando un recurso se vuelve lo suficientemente escaso, la potencia que puede imponerse deja de competir por él y simplemente lo toma, junto con el derecho a decidir quién más puede tocarlo. Para los países que se sientan sobre reservas que otros consideran vitales, la diversificación de socios ya no es una garantía de autonomía. Puede ser, apenas, la lista de quienes habrá que desalojar.
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1 comentarios
Escrito por:
Henry Cancelado
* Politólogo, Magíster en análisis de problemas contemporáneos, Consultor y profesor en temas de seguridad y defensa.
Estados Unidos estornuda, América Latina se resfría
Por primera vez en 27 años, el Ministerio de las Culturas suspendió la entrega de los premios nacionales y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos y dejó sin evaluar 1.308 postulaciones ya habilitadas. A esto se sumó la decisión de bloquear $719.913 millones del presupuesto del SENA, que finalmente no financiarán los programas a los que estaban destinados. Ambas decisiones ponen sobre la mesa una discusión siempre oportuna sobre el lugar que ocupan la cultura, la educación, la investigación y, sobre todo, la creación entre las prioridades de un Estado. También dejan al descubierto el problema de juzgar con criterios de rentabilidad inmediata aquello cuyo valor se gesta paulatinamente desde procesos de creación y conocimiento amparados por la inversión sostenida del Estado.
