Luz roja al arte y al conocimiento

La suspensión de los premios del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura, sumada al bloqueo de parte del presupuesto del SENA, reabre una pregunta de fondo: qué pierde una sociedad cuando la cultura y el conocimiento dejan de ocupar un lugar central entre las prioridades del Estado.

Por primera vez en 27 años, el Ministerio de las Culturas suspendió la entrega de los premios nacionales y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos y dejó sin evaluar 1.308 postulaciones ya habilitadas. A esto se sumó la decisión de bloquear $719.913 millones del presupuesto del SENA, que finalmente no financiarán los programas a los que estaban destinados. Ambas decisiones ponen sobre la mesa una discusión siempre oportuna sobre el lugar que ocupan la cultura, la educación, la investigación y, sobre todo, la creación entre las prioridades de un Estado. También dejan al descubierto el problema de juzgar con criterios de rentabilidad inmediata aquello cuyo valor se gesta paulatinamente desde procesos de creación y conocimiento amparados por la inversión sostenida del Estado.

Por mucho que quiera ocultarse bajo la retórica de la austeridad, hay una falla de fondo difícil de disimular en una visión de la cultura y la educación subordinada a criterios de rentabilidad: creer que el mercado basta para sostenerlas. Un país necesita una base pública fuerte y generosa para que su vida cultural y educativa pueda desarrollarse. De ahí la importancia de los premios y las becas, los estímulos y reconocimientos, las pasantías, la formación, la investigación, la circulación y el apoyo sostenido a la creación. También de los programas que permiten preservar el patrimonio, fortalecer organizaciones culturales o darle tiempo a un creador para hacer aquello que el mercado difícilmente financiaría mientras todavía no sabe si será rentable. El mercado, por sí solo, tiende a financiar aquello que ya ha demostrado que puede serlo y deja por fuera buena parte de la creación nueva, experimental, minoritaria o menos comercial.

Pero incluso la creación más comercial necesita primero encontrar y formar a su público, darle tiempo y espacio para que pueda crecer. Cualquier empresario que alguna vez haya pensado en apoyar a jóvenes con buenas ideas reconoce, aunque sea intuitivamente, este principio: sin ese impulso inicial, muchas de esas ideas difícilmente llegan a desarrollarse. Si solo se apoya lo que ya tiene público y mercado, se condena la cultura a reproducir lo que ya funciona y se cierra el espectro para que pueda surgir la innovación y la originalidad. Es como si un país solo conociera el pan y el agua para comer y beber: nadie tendría siquiera la posibilidad de desarrollar el paladar para el vino, el queso o cualquier otra cosa. La política cultural pública existe precisamente para romper ese círculo: para ampliar lo que una sociedad conoce, desea y es capaz de crear.

La misma lógica vale para la investigación. Decir que toda la riqueza la produce el sector privado supone olvidar las condiciones que hacen posible esa riqueza. Las empresas producen bienes y servicios sobre una infraestructura construida durante décadas por profesionales formados dentro de un sistema educativo que también depende de inversión pública; además, se benefician de conocimientos científicos cuya investigación inicial difícilmente habría financiado una empresa. Un maestro de escuela pública, un investigador universitario o un médico de un hospital público no producen una utilidad empresarial inmediata, pero generan capacidades sin las cuales tampoco existiría una economía privada próspera. La educación y la salud son, precisamente, componentes centrales de lo que los economistas denominan capital humano y están estrechamente vinculadas con la productividad futura.

La historia tecnológica está llena de ejemplos. Internet, el GPS y parte de la investigación que hizo posibles las pantallas táctiles recibieron financiación pública antes de convertirse en piezas fundamentales de industrias privadas enormemente rentables. La propia National Science Foundation reconoce el papel de la investigación federal en tecnologías que terminaron incorporadas a los teléfonos inteligentes, y DAROA incluye entre los desarrollos surgidos de su financiación tecnologías que después transformaron la vida civil. Todo esto muestra que oponer el Estado a la empresa privada parte de una falsa disyuntiva: sin una inversión pública capaz de asumir la incertidumbre y los largos tiempos de maduración de la investigación, buena parte del desarrollo tecnológico y de la producción privada no sería posible.

La suspensión de los premios y reconocimientos del Ministerio de Cultura y la decisión de bloquear $719.913 millones del presupuesto del SENA no son asuntos aislados: forman parte de una manera de ordenar las prioridades públicas. En este gobierno, ese desequilibrio se hace especialmente visible en una paradoja muy actual que lo condensa con crudeza: mientras se cierran los caminos de apoyo al arte y la creación, se levantan las restricciones al porte de armas.

Por eso, cuando un gobierno reduce esa responsabilidad y deja la cultura a merced del mercado, no está tomando una decisión económica como cualquier otra. Está reduciendo el campo de posibilidades culturales de toda una sociedad. El error está en convertir el dinero en un fin absoluto y exigir que toda manifestación cultural sea rentable, como si el dinero no fuera también un medio para producir cultura, conocimiento, educación y salud. Una sociedad no se enriquece únicamente cuando aumenta una utilidad privada: también es rica cuando sabe más, cuando crea algo que antes no existía o cuando desarrolla capacidades que solo mostrarán su valor muchos años después. Cuando la riqueza de una sociedad se mide solo por su rentabilidad inmediata, se debilitan las condiciones que permiten una vida cultural crítica y diversa, y la cultura corre el riesgo de quedar reducida a puro espectáculo y consumo.

No estoy diciendo que toda iniciativa cultural deba financiarse con recursos del Estado ni que la creación tenga que depender exclusivamente de lo público. El problema comienza cuando cualquiera de los dos extremos pretende bastarse a sí mismo. Una sociedad compleja necesita ese tejido social y cultural que la inversión pública construye y sostiene en el tiempo, y sobre el cual puede asentarse un desarrollo colectivo que no dependa únicamente de lo que produce una ganancia inmediata ni de los vaivenes imprevisibles de la economía.

La suspensión de los premios y reconocimientos del Ministerio de Cultura y la decisión de bloquear $719.913 millones del presupuesto del SENA no son, entonces, asuntos aislados: forman parte de una manera de ordenar las prioridades públicas. En este gobierno, ese desequilibrio se hace especialmente visible en una paradoja muy actual que lo condensa con crudeza: mientras se cierran los caminos de apoyo al arte y la creación, se levantan las restricciones al porte de armas. Apenas unos días atrás, mediante el Decreto 1368 del 8 de septiembre, el Gobierno había levantado la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego que regía desde 2015. Luz verde al plomo y luz roja al pensamiento.

Ese orden de prioridades puede terminar arrasando el suelo fértil donde germinan los creadores de un país, truncar los incipientes talentos de sus nuevas generaciones y empobrecer gravemente su reserva sensible. Y, de ese modo, llevarlo a perder buena parte de su capacidad para pensarse y transformarse, y su facultad profundamente humana de imaginarse un futuro más rico en matices y posibilidades.

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*Una versión de este texto se publicó en Contexto Media el 17 de septiembre de 2026.