Relaciones del gobierno Abelardo con la descentralización y la autonomía de los alcaldes

Hay una intención clara de acercar la gestión presidencial a las regiones, lo cual contrasta con la sensación de abandono que se tiene respecto al gobierno anterior. Esta situación implica plantear una reflexión acerca de la manera como se están configurando las relaciones nación-territorio en el marco de la descentralización.

El gobierno de Abelardo de la Espriella (2026-2030) afianzó, como parte de los ejes de su campaña, la idea de devolver la autonomía a las regiones y de gobernar desde ellas. Una vez electo, ha hecho manifestaciones sobre la implementación de este eje. Algunas han sido de corte simbólico, como lo fue el realizar su posesión desde Cali (en su momento se reportó que la idea original era hacerlo desde Cauca) y la idea de no despachar desde Bogotá y hacerlo desde Barranquilla, donde ha reutilizado una sede militar para construir una sede de la Presidencia de la República (con aspectos de su financiación aún poco claros). Hace un par de semanas el presidente recibió allí al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. 

Otras de corte más ejecutivo como los diferentes consejos de seguridad que ha realizado semanalmente (en Cali, Cúcuta, Medellín, Riohacha, más recientemente, Cartagena) ponen de presente un mandato del presidente de construir su estrategia de seguridad de la mano de los alcaldes y gobernadores que no ha estado exenta de tensiones, como la ocurrida con el gobernador de Nariño con ocasión del cierre de las mesas de negociación que estaban cobijadas bajo la llamada “Paz Total”.     

De igual manera, se resalta la creación de gerencias para las ciudades, como se observa con el nombramiento de Clara Lucía Sandoval para la ciudad de Bogotá, en busca de un rol de articulación entre la capital y la Nación. Excluyo aquí las gestiones relativas a la reconstrucción tras el terremoto que afectó el occidente del país. 

En síntesis, existe una intención clara de acercar la gestión presidencial a las regiones, lo cual contrasta con la sensación de abandono que algunos gobernadores expresaron respecto al gobierno anterior. Esta situación implica plantear una reflexión acerca de la manera como se están configurando las relaciones nación-territorio en el marco de la descentralización. 

1 Un contexto histórico

La descentralización en Colombia es un proceso de más de cuarenta años que, de manera general, se concentra en tres grandes tipos: administrativa, fiscal y política. El diseño institucional de la descentralización en Colombia tuvo un fuerte énfasis municipalista que ha mostrado la existencia de disparidades territoriales y vacíos, como, por ejemplo, el papel que juegan los departamentos en ciertas competencias (seguridad una de ellas). 

Se sabe que el esquema del Sistema General de Participaciones (SGP) definió unas competencias y una asignación de recursos cuya eficiencia y efectividad han sido analizadas y escapan a los propósitos de esta pieza. Basta señalar que en los últimos años la ventana de oportunidad que abrieron la misión de descentralización del DNP y la discusión sobre el SGP, producto de la gestión del ministro Juan Fernando Cristo en el anterior gobierno, al parecer, se ha cerrado, pues no aparece en las prioridades legislativas del nuevo gobierno, ni tampoco parece prudente en el marco de las discusiones de sostenibilidad fiscal.     

Al mismo tiempo, académicos han alertado de los procesos de recentralización adelantados por los presidentes en el siglo XXI, que recortan la autonomía territorial de las entidades territoriales mediante reformas institucionales. 

Otra historia se cuenta desde la descentralización política. Siguiendo a Juan Federico Pino, podemos sugerir que Colombia ha vivido por trayectorias de democratización que narran momentos de apertura o cierre de la competencia política en las entidades territoriales, expresados en la emergencia de nuevos actores políticos o en la consolidación de dinastías políticas, como ha mostrado Laura Ardila en el caso de Barranquilla. 

2 Las fricciones inevitables entre la directriz central y la autonomía territorial

La pretensión del gobierno de Abelardo de la Espriella de gobernar desde las regiones y articularse con los mandatarios locales lamentablemente choca con la realidad de un Estado que mantiene una estructura de poder vertical. Aunque los consejos de seguridad itinerantes y las gerencias urbanas (como la de Bogotá) se presenten como mecanismos de concertación, en la práctica suelen funcionar como instrumentos de subordinación política.

Las tensiones vividas con las autoridades territoriales —observadas en el choque con el gobernador de Nariño a raíz de las mesas de negociación de la “Paz Total”— demuestran que la autonomía planteada tiene un límite estricto: la aceptación de las líneas rojas del Ejecutivo central. Cuando un alcalde o gobernador discrepa en asuntos cruciales de orden público o en directrices nacionales, la autonomía regional se diluye. Esto revela que si bien el gobierno nacional está dispuesto a descentralizar la presencia física y la ejecución operativa, las decisiones estratégicas se mantendrán en cabeza del Ejecutivo.

3. El horizonte de 2027

Este nuevo esquema de relaciones nación-territorio adquiere una dimensión distinta de cara al ciclo electoral regional de 2027. La estrategia de “despachar desde las regiones” y hacer presencia constante en los territorios puede leerse bajo una doble óptica electoral:

La presencia directa del presidente en plazas clave (Cali, Cúcuta, Medellín, Barranquilla) le permite a la Administración posicionar su narrativa de seguridad, autoridad y “mano firme” de manera anticipada. Al liderar la agenda local y mostrarse resolutivo frente al descontento de algunos mandatarios regionales, el Gobierno capitaliza políticamente el descontento ciudadano, oxigena a sus aliados locales y construye plataformas de influencia de cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores de 2027. Es un intento de alinear los poderes locales con el proyecto político de la Casa de Nariño.

Por otro lado, la presencia regional del presidente conlleva un riesgo elevado. Al centralizar los reflectores en la gestión territorial de la seguridad y el desarrollo, el gobierno nacional asume directamente el costo político de cualquier fracaso o deterioro local en estas materias. De nuevo, dejo de lado una variable clave en esta ecuación: el liderazgo y la gestión de la reconstrucción tras el terremoto de agosto de 2026. 

Si las promesas de seguridad en las regiones no se traducen en resultados tangibles antes de 2027, la ciudadanía y los electores le pasarán factura al Ejecutivo central por su incapacidad para solucionar problemas que él mismo prometió resolver desde las regiones. Asimismo, podría dar lugar a una oposición regional unida en defensa de la verdadera autonomía territorial. No obstante, esta opción parece menos factible en la coyuntura actual. 

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