La competencia por esta minoría de pasajeros y una legislación confusa han dado pie a un debate donde no hay que olvidar la prioridad: movilidad fluida, aire limpio y seguridad para todos los habitantes de la ciudad.
Un sismo inesperado
La aplicación Uber, una novedad que en cualquier otro sector habría sido un avance tecnológico para facilitar el acceso a un producto y mejorar la calidad del servicio, ha producido un sismo en el sector del trasporte en Colombia.
Este conflicto ha afectado a todos, incluyendo a aquellas personas que por sus bajos recursos ni siquiera puede acceder a un servicio de taxi, pero que han visto alterada su movilidad por cuenta de paros y operaciones tortuga en diferentes ciudades del país.
Mediante la aplicación para dispositivos móviles llamada Uber, un usuario registrado puede solicitar un servicio de transporte de lujo, lo cual hasta el momento se ha prestado con vehículos blancos de la modalidad de transporte especial.
Esto no ha sucedido solo en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, sino también en muchas de las 150 ciudades de 42 países del mundo donde está operando Uber.
Por un costo considerablemente más alto que el de tomar un taxi, usted será atendido “como un rey”, le ofrecerán una botella de agua, disfrutará de la música que prefiera y será llevado a su destino por un conductor muy decente, que no le dirá que “allá no lo llevo” o “mire a ver, porque no tengo vueltas” porque, además, el costo final del viaje será cargado a su tarjeta de crédito.
Los taxistas han sentido que ese servicio se mete en sus linderos y les hace una competencia desleal, por lo cual han estado moviendo todas sus estrategias, desde la presión mediante sus fichas políticas en el Senado y en los Concejos municipales, hasta la presión sicológica de un posible paro que ocasione un colapso en la ciudad.
También han organizado protestas los propietarios y conductores del transporte especial, quienes consideran que el gobierno está cediendo a la presión de los taxistas y está pasando por encima de sus intereses.
Esto no ha sucedido solo en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, sino también en muchas de las 150 ciudades de 42 países del mundo donde está operando Uber.
 Taxis transitando la Autopista Norte de Bogotá. Foto: Edgar Zuniga Jr. |
El trasporte individual
Para hacerse a una idea más completa sobre esa controversia, hay que analizar los cambios que ha venido registrando el mercado del transporte individual en los últimos años, especialmente en Bogotá.
En primer lugar, parecería que la famosa sobreoferta de taxis en la capital ya no existe, o al menos eso deducen los ciudadanos que infructuosamente intentan conseguir un taxi en diversas zonas y horarios.
Como en cualquier otro mercado, en situaciones de escasez los consumidores están dispuestos a pagar más por el producto. Por eso se ha extendido el pago de ‘propinas’ a los taxistas para lograr conseguir un servicio, especialmente mediante el uso de otra aplicación móvil: Tappsi, que permite ofrecer pagos adicionales de $ 1.000 en adelante para que los taxistas prefieran recoger a ese usuario por encima de otros que los buscan en la vía.
Por otro lado están las crecientes quejas de los usuarios por un servicio deficiente de los taxis. Si bien hay taxistas correctos, que cumplen las normas y atienden bien al cliente, otros son agresivos, no tienen dinero para las devoluciones, escogen las rutas que quieren seguir y tienen sus vehículos en mal estado, además del peligro que sienten los usuarios de sufrir algún ‘paseo millonario’ u otro tipo de agresión dentro de estos vehículos.
El común de los usuarios expresa insatisfacción ante la actitud de los taxistas, y esta podría ser un factor decisivo a la hora de tomar decisiones por parte del gobierno. Si se mezclan estos dos factores (el mal servicio de los taxis y la disponibilidad a pagar más por el servicio de transporte) se encuentra una oportunidad dorada para un servicio como el de Uber.
Legislación con vacíos
Además de lo anterior, el sistema Uber encontró en Colombia un marco legal difuso respecto de las fronteras entre el servicio de taxis y el transporte especial. Algunos representantes de los taxistas y el mismo Ministerio de Transporte han dicho que el servicio de Uber es ilegal, pues la legislación indica que este sería un servicio de transporte público individual, y que este debe ser prestado exclusivamente por taxis.
Pero el Decreto 174 de 2001 (que reglamenta el servicio de transporte especial) dice que este servicio es el que se presta “a un grupo específico de personas ya sean estudiantes, asalariados, turistas o particulares, que requieren de un servicio expreso (…)” (énfasis añadido). Sin ser abogado, interpreto que cuando llamo por Uber o por cualquier medio a un vehículo de transporte especial, yo soy un particular que requiere un servicio expreso, así que cumplo la norma.
Uber estaría prestando un servicio de transporte de lujo que no transgrede las leyes, que responde a las necesidades de un nicho de mercado.
También dice el Decreto que el servicio debe ser prestado por una empresa de transporte habilitada y mediante un contrato escrito entre las partes, pero Uber parece haberse cubierto en ese aspecto en la medida en que el servicio cuenta con el aval de la empresa de transporte a la cual pertenece el vehículo, y Uber solo cobra una comisión por el acercamiento entre el cliente y la empresa. Además, nadie dijo que el contrato escrito no podía hacerse por medio electrónico, como ocurre en el caso de Uber.
Bajo esa óptica, Uber estaría prestando un servicio de transporte de lujo que no transgrede las leyes, que responde a las necesidades de un nicho de mercado y que, de paso, viene a ejercer una presión indirecta para que los taxistas mejoren la calidad de su servicio y recuerden que el usuario es un cliente, y deben cuidarlo si no quieren perderlo.
 La Ministra de Transporte, Cecilia Álvarez-Correa. Foto: Ministerio de Transporte |
¿Qué decide el gobierno?
Las crecientes presiones del poderoso gremio taxista, los propietarios del transporte especial y el gran capital internacional de Uber tomaron al Ministerio de Transporte por sorpresa, razón por la cual ha tenido que correr para expedir nuevas normas que aclaren los linderos entre estas tres posibles modalidades del servicio de transporte público individual.
Hasta el momento, las declaraciones de los funcionarios respectivos apuntan a que el nuevo servicio de transporte de lujo no quedaría en manos del transporte especial, y tanto en opinión de Uber como de algunos funcionarios, tampoco debería ser parte del sector de taxis.
Las prioridades deben centrarse en las condiciones de movilidad, aire limpio y seguridad vial para toda la ciudad.
Ya la ministra Cecilia Álvarez Correa manifestó que se crearía una nueva modalidad, operada con automóviles de alta gama y con un color distinto del blanco del transporte especial y del amarillo de los taxis, insinuando que podría ser el internacionalmente utilizado negro.
Pero esta coyuntura puede ser solo la punta del iceberg, puesto que ya Uber cuenta en el mundo con otro tipo de servicios de transporte (como UberX para vehículos compartidos, UberT para taxis y recientemente Uber for Business para clientes corporativos) y que seguramente muchas otras empresas vendrán con nuevos sistemas de transporte que seguirán complicándoles la vida a las autoridades del sector.
El Ministerio debería entonces plantear una redefinición profunda de la legislación sobre transporte público individual y especial, y preguntarse hasta qué punto este mercado debe ser regulado y en qué medida debe dejarse que las fuerzas de oferta y demanda se encarguen de premiar a los más eficientes y a quienes mejor responden a las necesidades del cliente.
La prioridad
Pero lo más importante es que el gobierno recuerde que el transporte en taxi apenas representa el 4 por ciento de los viajes en la ciudad, en tanto que esta nueva modalidad de transporte de lujo iría dirigida a una pequeñísima minoría con alto poder adquisitivo, razones por las cuales las prioridades deben centrarse en las condiciones de movilidad, aire limpio y seguridad vial para toda la ciudad, por encima de los intereses de los diferentes gremios transportadores.
Abrir una nueva ventana para que ingrese un gran número de vehículos de transporte público puede tener efectos muy graves para la ya complicadísima congestión de nuestras urbes, así que los esfuerzos deben dirigirse a darle la prioridad a los viajes en transporte público colectivo y en modos no motorizados, pues ellos son la única opción sostenible para las ciudades modernas.
* Director del Programa de Tecnología en Gestión del Transporte, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano.
@transportetadeo
