A propósito de las curules usurpadas: ¿quiénes somos “afrodescendientes”? - Razón Pública
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A propósito de las curules usurpadas: ¿quiénes somos “afrodescendientes”?

Escrito por Pastor Murillo

No es una afirmación gratuita, ni es el color de la piel. Es una construcción social basada en el racismo y en  la lucha contra la discriminación que viene desde la esclavitud. ¿Qué pasó y qué pasará con nuestras dos curules a la Cámara?

Pastor Murillo*

Auto-identificación

Mientras degustaba un plato de piangua con arroz de coco y pargo frito en compañía de algunos visitantes y lugareños a orillas del Consejo Comunitario La Plata, en Bahía Málaga, oí decir a la viceministra de las Tecnologías y la Comunicación, María Carolina Hoyos Turbay, que ella era “una mujer negra nacida en una piel blanca”.

No buscaba congraciarse con los presentes. Sus palabras sonaron tan naturales que no me quedó duda de su sinceridad, de modo que reafirmé mi convicción de que la identidad no es la apariencia, sino el yo que se porta en la conciencia.

Ya en otras ocasiones había oído a María Isabel Nieto, actual secretaria privada del presidente Santos, y a Alicia Arango, ex directora del  Centro Democrático, manifestar su solidaridad personal con la población negra/afrocolombiana por razones que, según ellas, hunden sus raíces en la infancia.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio del derecho que tiene cada persona a tener  múltiples identidades, la auto-adscripción a un grupo étnico tiene consecuencias importantes, como paso a constatar.


El Magistrado Wilson Díaz (der.) 
Foto: Rama Judicial del Poder Público

¿Reconocimiento o auto-reconocimiento?

En la conferencia regional que sesionó el año 2000 en Santiago de Chile, preparatoria de la Tercera Cumbre Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, que tuvo lugar en Durban, Sudáfrica, en 2001, y en respuesta a las demandas de los líderes sociales negros, los Estados definieron al afrodescendiente “…como aquella persona de origen africano que vive en las Américas y en todas las zonas de la diáspora africana por consecuencia de la esclavitud, habiéndoseles denegado históricamente el ejercicio de sus derechos fundamentales”.

En dicha conferencia les fue reconocida a los afro-descendientes su condición de “víctimas de la trata trasatlántica y la esclavitud”, lo que se consideró un crimen de lesa humanidad, cuyas consecuencias aún afectan a sus descendientes. Por lo tanto, estos deben ser sujetos (entre otras acciones) de medidas especiales de reparación o de acción afirmativa, incluidas cuotas para el acceso a cargos públicos y a los parlamentos.

A la definición anterior se llegó tras concluir que, si bien el origen de todos los seres humanos se encuentra en África, el concepto “afrodescendiente” es una construcción social que hoy aglutina a los afrocolombianos, los afrobrasileños, los afroecuatorianos, los afroperuanos, los afrochilenos, los afroargentinos, etc.

Sin perjuicio del derecho que tiene cada persona a tener  múltiples identidades, la auto-adscripción a un grupo étnico tiene consecuencias importantes.

En palabras de Agustín Lao, el movimiento negro acuñó el término afrodescendiente como una nueva identidad política. La adopción del etnonimo “afrodescendiente” le significó a dicha población el reconocimiento como sujeto colectivo de derecho internacional, considerado en su sentido más amplio.

Por eso, los datos que dan cuenta del tamaño de la población afrodescendiente en América y de la dimensión del racismo y la discriminación estructural que los afecta han sido obtenidos con la incorporación de la variable negro/afro en más de 15 países en  las rondas censales de 2000 y de 2010.

En general, en los censos ha primado el criterio del autoreconocimiento. Con ello se busca fomentar la identidad colectiva de los grupos étnicos, entendida como el estado de conciencia implícitamente compartido por unos individuos que reconocen y expresan su pertenencia a una categoría de personas, o a una comunidad que los acoge.

Para los negros/afrodescendientes,  víctimas cotidianas del racismo, el asunto trasciende el ámbito subjetivo, por cuanto dicha practica “… consiste en cualquier teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas que enuncian un vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de individuos o grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso concepto de la superioridad racial”.

Así, no cabe duda que si bien el ser negro o afrodescendiente va más allá del color de la piel, el racismo se predica y se practica en contra de las personas de piel oscura, en tanto “categoría sospechosa”.

Por eso, más allá del estatus social de María Carolina Hoyos Turbay, por muy profundo que sea su sentimiento de pertenencia a la población negra, es evidente que nunca estará expuesta a las circunstancias de exclusión, distinción o preferencia, tendientes a menoscabar o anular el goce de sus derechos, a diferencia de, por ejemplo, la exministra Paula Moreno.

Tampoco me cabe la menor duda de que María Carolina Hoyos, María Isabel Nieto o Alicia Arango, quienes quizás guarden en su interior un sentimiento similar al que se predicaba de Simón Bolívar hacia “la Negra Matea”, debido al papel que jugó en su infancia, jamás se sentirían autorizadas  para inscribirse como candidatas a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial de Comunidades Negras.

Lo propio podría concluirse de los cientos de miles de colombianos de piel blanca que habiendo nacido y crecido en comunidades con predominio de personas de piel negra o que tras haber sido educados por maestras y maestros afrocolombianos a lo largo y ancho del país, poseen un sentimiento de identidad con el pueblo negro de Colombia.


La Viceministra de las Tecnologías y la
Comunicación, María Carolina Hoyos, en una visita
a Santa Marta. 
Foto: Ministerio TIC Colombia

Las curules de la discordia

Tras la indignación nacional por la elección de María del Socorro Bustamante y Moisés Orozco Vicuña (dos personas blancas y ajenas al colectivo negro/afrocolombiano) a la Cámara de Representantes por las curules asignadas por Circunscripción Especial a las comunidades negras, y en medio de la campaña electoral, el presidente Santos asumió el compromiso de adelantar las acciones legales para recuperar dichas curules a favor de sus legítimos destinatarios.

Este compromiso puso al gobierno en una situación compleja pues, por un lado, defender los intereses de los negros/afrocolombianos implicaría irse en contravía de algunos aliados que le sumaron votos a la reelección. Pero, por otro lado, asumir una posición contraria sería quedar expuesto a las implicaciones colaterales que tendría el “expediente Bustamante y Orozco” sobre otros ámbitos institucionales de gran sensibilidad, en especial la consulta previa.

En efecto, el gobierno ya ha tenido que lidiar con personas y comunidades que, ante los “beneficios” derivados de la consulta previa, han pretendido hacerse pasar por negros/afrocolombianos, y han reclamado que se les haga efectivo dicho derecho en áreas de influencia de proyectos de transporte y de expansión portuaria, incluso jalonados por líderes negros que en la búsqueda de intereses personales han distorsionado el sentido de ese derecho fundamental.

El Ministerio del Interior ha hecho saber que espera que la controversia por las curules afro llegue al Consejo de Estado para asegurar la defensa de los derechos de los afrodescendientes.

Bustamante y Orozco no pudieron tomar posesión el 20 de julio, en virtud de una medida cautelar dentro de un fallo de tutela proferido por el magistrado Wilson Ruiz del Consejo Superior de la Judicatura, que fue revocada por la plenaria, pero aún no están inhabilitados para ocupar las curules.

Se prevé que el caso será examinado por el Consejo de Estado, el cual, sin perjuicio de una medida cautelar, al fallar de fondo el asunto podría unificar su jurisprudencia con respecto a la Sentencia 530 del 5 de agosto de 2010, mediante la cual declaró nulas algunas de las disposiciones del Decreto 2248 de 1995, relativo a las comisiones consultivas y al registro de organizaciones de base de comunidades negras.

Si bien el ser negro o afrodescendiente va más allá del color de la piel, el racismo se predica y se practica en contra de las personas de piel oscura, en tanto “categoría sospechosa”.

El fallo le ordenó al Ministerio del Interior conformar dicho registro únicamente con los Consejos Comunitarios, con lo cual, a la luz de ese pronunciamiento (así nos parezca restrictivo) las más de 1.500 organizaciones de comunidades negras inscritas en el Ministerio del Interior (en su mayoría unipersonales) habrían salido de la vida jurídica desde 2010 y, por tanto, ninguna de ellas estuvo habilitada para otorgar avales a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial de Comunidades Negras en las elecciones de marzo de 2014, incluida la Fundación Ebano que avaló a Bustamante y a Orozco.

Esto podría derivar en la anulación de su votación, con lo cual se impondría el voto en blanco y las dos sillas quedarían vacías, un hecho que podría favorecer la cohesión del movimiento afro de cara a 2018.

Las curules afro son muy codiciadas porque además de que a ellas se accede por votación nacional, las organizaciones ganadoras pueden hacer “mitósis” y crear sus propios partidos políticos con financiación del Estado y potestad para otorgar avales para cargos de elección a otras corporaciones públicas.

En su razonamiento, el Consejo de Estado también deberá discernir el sentido y los alcances del concepto de comunidades negras, que a tenor de la Ley 70 de 1993 son el “…conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos”.

Allí está la clave para descifrar quiénes son sus representantes plenos de legitimidad. Una legitimidad que ha estado en cuestión por mucho tiempo, por cuanto, por sí solo, el hecho de tener la piel negra no la otorga.

 

Miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD, de las Naciones Unidas, consultor internacional en asuntos de derechos étnicos y  ex director de Asuntos de las Comunidades Negras del Ministerio del Interior.

 

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