Los biocombustibles: otro capítulo dudoso de la estrategia agro-exportadora - Razón Pública
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Los biocombustibles: otro capítulo dudoso de la estrategia agro-exportadora

Escrito por Darío Fajardo

dario fajardoComo los costos de producción en Colombia no dejan exportar, el gobierno subsidia a los grandes empresarios e impone cuotas de consumo obligatorio a los usuarios nacionales.

Darío Fajardo *

Propósito nacional

En la pasada edición de Razón Pública sostuve que los subsidios directos a los grandes propietarios son apenas la expresión más evidente de la estrategia de desarrollo agro-exportador que comenzó en la década de los 90 y que es la base del proyecto económico del Presidente Uribe.

Pues bien: de la mano de los empresarios y para fortalecer la "vocación exportadora", el Estado colombiano se dedicó desde entonces a explorar las perspectivas de exportación para los agrocombustibles. El gobierno Pastrana inició un programa al respecto con la llamada "Ley de Alcohol" (693 de 2001), pero fue a partir de la primera administración Uribe cuando se acentuó el propósito de estimular esta actividad, según lo expresan el Plan de Desarrollo Visión 2019 y documentos posteriores como la Ley 939 de 2004 y el Plan Nacional de Biocombustibles de 2007. Al tiempo con la intención de producir sustitutos de los combustibles fósiles, el gobierno estableció políticas e instrumentos de apoyo directo e indirecto a este sector, con énfasis sobre las agroindustrias de la caña de azúcar y la palma aceitera o palma africana, fuentes de etanol y biodiesel, respectivamente.

Dos cultivos problemáticos

El cultivo de la palma africana- ya con cierta tradición en Colombia-  ha estado asociado con severos conflictos sociales en buena parte de los países productores[1] y en nuestro caso han sido tema de vivas controversias las condiciones políticas y sociales que rodean su  expansión[2].

Un calificado estudio de la FAO sobre el programa colombiano de agrocombustibles[3] desnuda algunas de sus más protuberantes debilidades. Si bien los analistas señalan las ventajas de los desarrollos productivos y comerciales de esas dos agroindustrias, destacan igualmente sus limitaciones:

– En el caso de la palma, contaría con superficies aptas diez veces mayores que las sembradas actualmente (aproximadamente 300 mil hectáreas) pero no se dispone de suficiente capacidad para su procesamiento y su ampliación requeriría inversiones que no se han efectuado.

– En cuanto a la caña de azúcar existe capacidad instalada suficiente para el área sembrada (cerca de 200 mil hectáreas) pero la expansión del cultivo implicaría poner en riesgo el abastecimientos de alimentos básicos como el azúcar y la panela y las exportaciones de la primera, además de las amenazas contra el agua requerida por los cultivos de las vertientes, particularmente campesinos, las cuales no son tenidos en cuenta por el informe citado.

Costos no competitivos

No obstante, el grueso de las limitaciones para exportar los productos de esas dos agroindustrias se encuentra en los costos de producción. Comparados con los de los principales competidores -Estados Unidos y Brasil, en el caso del etanol; e Indonesia y Malasia en el caso del biodiesel – los costos de Colombia nos sitúan por fuera del mercado. Según el estudio de Infante y Tobón para la FAO, el costo del barril de etanol en Colombia para 2007 era de 63 dólares frente a 47 dólares de Estados Unidos y 36 dólares de Brasil. Con respecto al aceite, el costo del barril en Colombia es de 618 dólares frente a 216 dólares de Malasia y 154 dólares de Indonesia.

Los remedios del gobierno

Con miras a disminuir los costos laborales y las tensiones en la relación de las empresas con los trabajadores de la caña de azúcar se han venido aplicando medidas de "flexibilización laboral" como las llamadas "cooperativas de trabajo". Y el gobierno  además ha propuesto la mecanización del corte de la caña. Ahora bien: tal como lo establece el estudio de la FAO, el corte de una superficie de 200 mil hectáreas de caña de azúcar dedicadas a la producción de etanol requeriría 13,25 millones de jornales, pero esta cifra se reduciría a 4,86 millones de jornales en el caso de mecanizar el cultivo. La fórmula de mecanizar implicaría pues un costo social enorme en términos de desempleo e informalidad.  

Ante la magnitud de las dificultades para exportar los agrocombustibles, la dirigencia empresarial y política ha optado por volcarse hacia el mercado interno, pretendiendo obtener elevados márgenes de ganancia. Para esto han acudido a las medidas sobre propiedad de la tierra, tributación, régimen laboral y crédito subsidiado que reseñé en mi   anterior artículo para esta revista. Pero esta vez se le añadió la decisión, establecida por ley, de hacer obligatorio el consumo de las mezclas que incorporan los biocombustibles,  comenzando por las ciudades con más de 500 mil habitantes, a elevados precios, los cuales, en el caso de la gasolina, triplican el importe de los mismos en los Estados Unidos.

Estas iniciativas empresariales más que inquietudes producen rechazo: beneficiadas del atraso del régimen de la propiedad agraria, de la precariedad del régimen laboral, de exenciones tributarias, de tarifas exorbitantes para la comercialización de sus productos,  requieren además de subsidios que hemos de transferirles a través del Estado a fin de garantizarles "un ingreso seguro".

 *Miembro fundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí. 

Notas de pie de página


[1] F. Mingorance et al., El cultivo de la palma africana en el Chocó. Legalidad ambiental, territorial  y derechos humanos, Human Rights Everywhere-Diócesis de Quibdó, Bogotá, 2004

[2]  Miguel Fadul O., Alianzas por la paz, Banco Mundial, Bogotá, 2002

[3] Arturo Infante V., Santiago Tobón R., Implicaciones de las políticas públicas sobre biocombustibles en la seguridad alimentaria de países seleccionados de América Latina. Colombia, FAO, Roma, abril, 2009

 

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