Jorge Arango Díaz, autor en Razón Pública
Foto: Alcaldía de Bogotá

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Durante más de veinte años los gobiernos ignoraron la importancia del Hospital San Juan de Dios para la salud de los colombianos. Hoy un decreto revive la esperanza.

Jorge Arango Díaz*

Un hospital que agoniza

En 1978 los colombianos recibieron una noticia desalentadora: el gobierno  privatizó el Hospital San Juan de Dios y creó una Fundación con delegados públicos y el arzobispo de Bogotá para su administración. En 2005 el Consejo de Estado declaró inexequibles los decretos presidenciales de 1978.

Los colombianos no salían de su asombro. Desde entonces las personas más empobrecidas padecen gran incertidumbre porque mantenían la esperanza de que ellos y sus familias fueran atendidos dignamente en ese hospital. Ésa era la fama de los médicos de la Nacional: su talante. Dolorosamente, esas personas tuvieron que aceptar que la salud era una mercancía costosa y lejana que excedía sus posibilidades.

El dolor psicológico comenzó a hacer parte de la vida de las personas que se relacionaban con el San Juan de Dios. Los trabajadores fueron trasladados a la fundación privada y creyeron que el cambio implicaría ventajas laborales, pero en realidad fueron promesas que jamás serían cumplidas. Veinte años después demandaron los decretos y lograron revertir dicho infundio con la ayuda y firma de muchos colombianos y movilizaciones ante el Consejo de Estado.

Lo que se debe humanizar no es la salud sino la vida misma que paulatinamente ha hecho que los trabajadores del sector no vean en la enfermedad un reto profesional sino su forma de subsistencia.

En vez de revertir las acciones que causaron el entuerto, el presidente de entonces—con apoyo del alcalde de Bogotá, el gobernador de Cundinamarca y el procurador— llegó a un acuerdo que impidió recuperar su condición de hospital público nacional y acabó siendo un hospital en liquidación.
Hospital San Juan de Dios
Foto: Boyacá 95.6. - La Ley 735 obliga al Hospital San Juan de Dios a prestar un servicio de carácter universitario: investigación, promoción en salud, prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.

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Salud para los muy pobres

De esta manera, el hospital incumplió la función de subsidiar a lo más pobres al prestarles sus servicios, como le ordenaba la Ley 735 de 2002 —precisamente para contrarrestar el subsidio a la demanda de las empresas privadas que todavía disfrutan de esta gabela (hoy por hoy el 80% de la oferta de salud en Colombia)—.

Esta enfermedad ya había contagiado a la red pública porque los hospitales se convirtieron en empresas sociales del Estado que también funcionan bajo la modalidad de vender sus servicios.

Ante la objeción del presidente a la Ley 735 de 2002, la Corte Constitucional le recordó que no es posible condenar a los colombianos de bajos recursos a que su salud dependa de empresas comerciales.

Además, la Ley 735 obliga al Hospital a prestar un servicio de carácter universitario, es decir que dé prioridad a la investigación, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y preste servicios de tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos a los pacientes incurables.

Hasta el día de hoy, esa ley ha sido incumplida por los gobiernos y funcionarios de salud en detrimento del bienestar de todos los colombianos.

En defensa de un activo del país

En 2007 se presentó una acción popular para mantener en buenas condiciones el monumento nacional y cultural que representa el Hospital, y en el 2009 se presentó otra para que se le permitiese cumplir sus obligaciones legales en salubridad pública. Dicha acción fue un recurso fundamental respaldado, desde 2008, por entidades como De Justicia, la Comisión Colombiana de Juristas, Ilsa, el Colectivo José Alvear Restrepo y colectivos de abogados independientes.

La acción popular presentada en 2008 significó un quiebre a favor de la salud nacional. Después de 7 años, el Juzgado 41 Administrativo del Circuito de Bogotá negó en su totalidad y de un solo plumazo aquella acción popular. La decisión fue apelada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en noviembre de 2017 dio la razón a los accionantes y obligó al Juzgado 41 a encargase de que el gobierno cumpliera la ley.

Hasta este momento el Juzgado 41 ha citado tres sesiones de verificación y decidió crear una mesa de negociación a la cual no ha concurrido el vocero de los accionantes por considerarla una burla al fallo del Tribual.

Un acto de justicia

Por todo lo anterior, el Decreto 1959 del 15 de noviembre de 2023 es un acto de justicia en salud para todos los colombianos, porque desde 2002 ningún gobierno había cumplido sus deberes en un Estado Social de Derecho.

Esos gobiernos prolongaron la agonía de los colombianos ante el abandono asistencial que les obliga a presentar una acción de tutela cada dos minutos para hacer cumplir sus derechos. Esta es una de las aristas actuales del debate nacional.

El Decreto crea el mecanismo, el organigrama y la financiación para que el Centro Hospitalario San Juan de Dios funcione como un centro especial universitario para el estudio de la enfermedad, su terapéutica, la promoción de la salud, el desarrollo del talento humano y las condiciones para convertirse en ente asesor del gobierno y de toda la red hospitalaria nacional, especialmente en territorios alejados gracias a la Tecnología en Medicina remota.

Este decreto también tendrá que enfrentar dificultades frente a la atención con lucro, que desde hace treinta años es hegemónica en Colombia y donde el único incentivo que defiende la salud es económico.

Otro aspecto importante en la crisis de la atención de enfermos o de personas en riesgo de enfermar o morir es la formación del talento humano, desde entidades privadas que también buscan el lucro y las condiciones de contratación onerosas que impiden un tratamiento humanizado en salud.

Lo que se debe humanizar no es la salud sino la vida misma que paulatinamente ha hecho que los trabajadores del sector no vean en la enfermedad un reto profesional sino su forma de subsistencia.

Lo que falta por hacer

Falta aquello que solo la ciudadanía debe hacer por sí misma:  construir una ética comunitaria en salud que enfrente a una sociedad de lucro que no respeta los hábitos saludables en lo físico, mental y social. Esa ética no se puede imponer mediante leyes ni mediante la fuerza, sino a través de una forma de vida que privilegie la conversación familiar y ciudadana alrededor de sus necesidades esenciales, construyendo y fomentando, de esta forma, su inteligencia colectiva.

Ante la objeción del presidente a la Ley 735 de 2002, la Corte Constitucional le recordó que no es posible condenar a los colombianos de bajos recursos a que su salud dependa de empresas comerciales.

Esto es lo que la humanidad entera debe hacer después de la pandemia del Covid19, que nos hizo entender a todos que el poder o su búsqueda tampoco resuelven problemas, sino que los agrava considerablemente (léase Palestina e Israel y todos los conflictos del mundo).

Si después de la peste bubónica, por ejemplo, aprendimos que las fuerzas sobrenaturales no resuelven nuestros problemas, la pandemia pasada nos enseñó que la ambición y la voracidad no son los soportes de la vida misma. El turno es de la inteligencia colectiva que es la que es la única que puede salvarnos de la próxima extinción.

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Jorge Arango Díaz

Médico de la Universidad Nacional de Colombia y promotor de los deberes
comunitarios en salud.

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La historia de abandono y corrupción de este simbólico complejo hospitalario es una advertencia sobre los límites y los defectos de nuestro sistema de salud.

Jorge Arango Díaz* Continue reading «El San Juan de Dios: la oportunidad que no tendremos para contener la COVID-19»

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Jorge Arango Díaz

Médico de la Universidad Nacional de Colombia y promotor de los deberes
comunitarios en salud.

ISSN 2145-0439

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