Dicen unos que fue la suspensión del glifosato, otros dicen que es obra de las FARC. Pero las dos hipótesis están equivocadas, y no podremos conocer las causas mientras no exista una entidad independiente y seria que produzca las cifras respectivas.
Sergio Uribe Ramírez*
La controversia
Hace pocos días un artículo en el Washington Post volvió a poner sobre la mesa el tema de los cultivos ilícitos en Colombia. Por primera vez en varios años, hoy se está dando un debate sobre la eficiencia de la política antinarcóticos en medio del proceso de paz del presidente Santos.
Desafortunadamente quienes difundieron el artículo en Colombia, así como quien lo escribió originalmente, omitieron contextualizar las cifras: por una parte los datos corresponden al año 2013-2014, y por la otra parte dichas cifras son las emitidas por el propio gobierno de Colombia vía el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI).
Al ver las cifras varios analistas se apresuraron a decir que la prohibición de las fumigaciones aéreas había sido la causa del aumento de los cultivos de coca, mientras que otros aprovecharon la coyuntura para alegar que el problema se origina en las conversaciones de la Habana.
“Los productos cárnicos procesados se catalogaron dentro del grupo 1 de factores cancerígenos para el ser humano,…(para)
De esta manera la miopía se sumó al astigmatismo y a la presbicia, y nadie examinó ni puso en tela de juicio la procedencia misma de las cifras.
En los párrafos que siguen analizo los tres puntos en debate: las fumigaciones, el impacto de las negociaciones de paz, y las propias cifras que existen sobre le cultivo de coca en Colombia.
Suspensión del glifosato
 Venta libre de glifosato en el mercado norteamericano. Foto: Mike Mozart |
Comienzo por el glifosato y la prohibición de su uso por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes. Esta decisión fue producto de un informe que clasificó el glifosato dentro del categoría 2A lo cual, según la Organización Mundial de la Salud (0MS) significa que esta sustancia tiene la “… posibilidad de causar carcinogenicidad en humanos. En otras palabras,… que el agente puede causar cáncer. La evaluación se basa generalmente en estudios epidemiológicos que muestran el desarrollo de cáncer en humanos expuestos… “.
En Colombia la orden de suspender las fumigaciones se produjo el 15 de mayo del 2015 es decir, casi un mes antes de publicarse el informe SIMCI donde el mismo gobierno admitía el aumento de los cultivos. Y además esta orden de suspensión comenzó a regir apenas el 1 de octubre pasado. Cabe agregar que en el mundo se utilizan más de 65 millones de litros anuales de este químico, uno de los pocos herbicidas cuya venta se permite hasta en supermercados en Estado Unidos, Canadá y Europa.
Y en todo caso la prohibición del glifosato resulta ser criticable porque hoy también hay evidencia sobre otras sustancias que pueden producir cáncer y sobre las cuales el gobierno de Colombia no ha procedido con el mismo rigor. De esta manera el 27 de octubre nos despertamos para encontrar que un estudio epidemiológico de la OMS había concluido que “los productos cárnicos procesados se catalogaron dentro del grupo 1 de factores cancerígenos para el ser humano,…(para) la carne procesada, esta clasificación está basada en evidencia suficiente a partir de estudios epidemiológicos que muestran que el consumo de carne procesada provoca cáncer colorrectal….”. Es por decir lo menos, interesante que el gobierno no haya prohibido la producción y venta de cárnicos procesados aunque – según la lógica del ministro de Justicia – la instrucción de las Cortes colombianas obliga a prohibir las sustancias que pongan en riesgo la salud humana.
En conclusión puede decirse que el aumento en la superficie cultivada no tiene nada que ver con la suspensión de las fumigaciones, que la decisión de suspender la erradicación aérea y el uso del glifosato obedeció a intereses netamente políticos que no tienen nada que ver con evidencias científicas, y que es curioso ver que el único glifosato que posiblemente causa cáncer esta en Colombia pero no en los demás países.
Maniobras de las FARC
Hace ya muchos meses que el gobierno llego a un acuerdo con las FARC sobre el tema de las zonas de economía campesina y los cultivos ilícitos. Nuevamente tenemos el problema de los tiempos: las cifras se refieren a un periodo anterior a los acuerdos.
Es evidente que Maquiavelo reina en la mente de algunos “analistas” que alegremente afirman que las FARC dieron la orden de aumentar los cultivos para chantajear al gobierno en las conversaciones de La Habana. Una teoría interesante pero difícil de aceptar, si además se tienen en cuenta que los aumentos se dieron tanto en regiones controladas por las FARC como por las BACRIM, y que un cultivo de coca tarda no menos de 18 meses para entrar en producción plena. De esta manera, cuando se llevó a cabo el censo 2013-2014 ya existían muchos de los cultivos identificados en el de 2014-2015.
De lo anterior se infiere que el aumento de las siembras debe tener otros orígenes, que podrían estar relacionados con factores externos, como los mercados.
Quien produce las cifras
 Laboratorio de coca en medio de la selva. Foto: we_free |
La noticia especificaba un aumento que ponía al país en el primer lugar de los productores, y aunque no lo decía todo los analistas supusieron que la cifra provenía del gobierno de Estados Unidos. Esta supuesto es falso, pues el artículo del Washington Post se basa en el informe de julio del 2015 del SIMCI manejado desde la Oficina de las Naciones Unidad Contra la Droga y el Delito (UNOCD por su nombre en inglés).
La mayoría de los colombianos saben poco acerca del SIMCI: se trata de un programa administrado por la ONU pero financiado en un cien por ciento por el gobierno de Colombia. El programa ya lleva más de 15 años, opera desde la sede de la UNODC, y nació con una donación de la Unión Europea bajo la premisa de que cuando el sistema estuviese funcionando la administración pasaría directamente a manos del gobierno colombiano- una cosa que nunca ocurrió-.
Ninguna de las dos partes tiene interés en trasladar el programa de la oficina del edifico Lara Bonilla (calle 104 con carrera 18 en Bogotá): para la UNOCD, el SIMCI representa un ingreso sustancial (aunque desconozco la cifra actual, bajo la administración Uribe las trasferencias del gobierno a UNODC para asuntos relacionados con narcóticos que incluían el SIMCI llegaron a superar los 100 millones de dólares (2009-2010), muy por encima del presupuesto total de la Dirección Nacional de Estupefacientes de la época). El 20 por ciento de estos dineros se consideraban como gastos administrativos y con el resto se financiaban el SIMCI, la erradicación manual, numerosos consultores muy bien pagos y se compraba legitimidad, pues las cifras salían de la UNODC y el gobierno las respalda porque siempre han sido inferiores a las de la Casa Blanca.
Para la muestra un botón. Para el 2014 el SIMCI, con beneplácito del gobierno Santos, habla de 69.000 hectáreas de coca, pero la Casa blanca presentó una cifra de 112.000 hectáreas, o sea 62 por ciento más que lo estimado por Colombia.
Y semejante diferencia es apenas el principio del problema, puesto que curiosamente la producción de clorhidrato de cocaína a partir de las 122 mil hectáreas americanas es de sólo 245 toneladas, mientras que el SIMCI -y por ende el gobierno colombiano- manifiesta que con solo 69.000 hectáreas, los grupos criminales ponen en el mercado 442 toneladas métricas de clorhidratos de cocaína, 80 por más de lo que estima Washington.
Qué hacer
Desafortunadamente se dispone de muy poca información para analizar y explicar el aumento de las hectáreas de coca cultivada en Colombia durante los últimos años. Hay pocas cosas claras: el aumento no se explica por el cambio en la política de erradicación y tampoco parece lógico culpar al proceso de paz.
El aumento no se explica por el cambio en la política de erradicación y tampoco parece lógico culpar al proceso de paz.
La otra cosa clara es el carácter problemático de la información, puesto que falta un ente independiente que examine la evolución del problema (sin problemas de visión ni interés pecuniario de por medio). El SIMCI que le sirve a Colombia no debe ser un apéndice de la oficina de UNODC, sino un organismo verdaderamente técnico que analice las imágenes de satélite, haga investigación de campo de calidad, evalúe los mercados mundiales, examine las fuentes de ingreso de las organizaciones alzadas en armas, y así sucesivamente.
Pero además necesitamos mirar el problema desde una perspectiva global, no defendiendo nacionalismos falsos. El asunto no es si Colombia ocupa el primer lugar, el segundo o el tercero entre los países cultivadores de hoja de coca. El asunto es aceptar que las políticas públicas (tanto de interdicción como de desarrollo alternativo) no han funcionado bajo la administración del presidente Santos. Está claro que entre 2002 (cuando desparece la zona de distensión en El Caguán) y el 2013, el área cultivada en coca en Colombia descendió de manera permanente hasta llegar a las 48.000 hectáreas, y que hoy por hoy el cultivo esta otra vez en crecimiento.
El cumplimento de los preacuerdos de La Habana en materia antinarcóticos no es una prioridad para el gobierno nacional, que prefiere jugar al avestruz apelando de manera selectiva a las cifras que le convienen para darle soporte a su política de paz.
En estas materias hay necesidad de que el gobierno asuma la responsabilidad de producir las cifras sin escudarse detrás de una entidad transnacional que se lucra de las transferencias del Estado colombiano, lo cual la induce a ser condescendiente ante el gobierno de turno. Desafortunadamente, también está claro que el informe de 150 páginas correspondiente a 2014 no resiste escrutinio al compararse con las demás fuentes, y que engañan al lector porque lo dicen todo pero no explican nada.
* Licenciado en Ciencia Política de la Universidad los Andes, Master en Economía y Política Internacional de Johns Hopkins University, profesor de la Universidad del Rosario y consultor internacional.
