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AIS o los frutos de un modelo

Escrito por Darío Fajardo
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dario fajardoLos subsidios directos a los grandes propietarios son apenas la expresión más evidente de la estrategia de desarrollo agro-exportador que comenzó en los 90 y que es la base del proyecto económico del Presidente Uribe.

Darío Fajardo *

Los episodios asociados con el diseño y asignación de los subsidios para el sector  agrícola que creó la ley 1133 de 2007 dentro del programa "Agro Ingreso Seguro" (AIS)  ilustran la naturaleza de la vía de crecimiento agrario"asumida por la dirigencia colombiana

Estos episodios en efecto guardan plena coherencia (1) Con la perspectiva política y con los planes de desarrollo de la actual administración, (2) Con la concepción y tránsito de la Ley de Desarrollo Rural (que fue declarada inconstitucional), (3) Con las políticas laborales del gobierno Uribe, y (4) con las decisiones sobre dotación de tierras para campesinos desplazados por la guerra, como se vio en el caso de la hacienda Carimagua. Éstas son otras tantas evidencias de una cierta vía para el crecimiento; – aunque no de un "modelo" realmente capaz de producir desarrollo

De producir los alimentos a las agro exportaciones

En la década de 1990 Colombia padeció una crisis económica y dentro de ella una severa caída en su producción agrícola, cuando el país perdió más de 700 mil hectáreas de cultivos, principalmente temporales. Algunos argumentaron que esta crisis había sido causada por las condiciones climáticas; no obstante, lo sucedido tuvo relación directa con las decisiones sobre asignación de recursos orientadas a disminuir la participación de la agricultura en el conjunto de la economía nacional.

Los efectos de estas políticas sobre la disponibilidad de alimentos han sido registrados por parte de la FAO: en 1990 Colombia cubría el 90% de su demanda interna pero en 2002 compraba afuera el 51% de las proteínas y calorías vegetales y el 33% de las grasas, lo que totaliza cerca de diez millones de toneladas de alimentos de importaciones anuales[1]. En cuanto al precio de los productos importados y de acuerdo con el investigador Aurelio Suárez, la situación se resume como sigue:                            

Precios importaciones de alimentos (dólares por tonelada)

Producto

2002

2008

Maíz amarillo

96

249

Maíz blanco

148

259

Trigo

172

485

Arroz

242

524

Cebada

133

485

Fuente: Aurelio Suárez, La Tarde, Pereira, abril 28, 2009

En consonancia con esta línea de pensamiento, Colombia se dedicó a fortalecer la "vocación exportadora", y a la par con la caída en la producción de alimentos de consumo directo se produjo el crecimiento de los cultivos permanentes o de "tardío rendimiento" (palma aceitera, plantaciones forestales, frutales)[2], los cuales llegaron a ser la joya de la corona en el plan de desarrollo del presidente Uribe para un eventual gobierno hasta el año 2019 (2019 Visión Colombia II Centenario).

Esta tendencia, ocurrida igualmente en otros países de la "periferia", tradujo las orientaciones del Banco Mundial dirigidas a integrar las economías nacionales en los mercados internacionales, en beneficio de los "sectores competitivos" y en desmedro de la producción de alimentos en los países subdesarrollados.

Subsidios a la gran propiedad

No obstante, las ventas de productos agrícolas en los mercados internacionales se encuentran sometidas a una doble presión: de una parte la competencia con productores altamente subsidiados, como ocurre con la oferta norteamericana; de otra parte, los   costos relativos de la producción colombiana, cuyo aumento ha tendido en general a   reducir la rentabilidad de las exportaciones – y donde la revaluación del peso ha jugado un papel muy destacado.

Ante esta baja en la rentabilidad de las exportaciones, la dirección del Estado compensa a los "agentes económicos" mediante estímulos a la concentración de la propiedad como las exenciones fiscales, los subsidios selectivos, la flexibilización laboral y la dureza frente al movimiento sindical y aún – en el caso de los agrocombustibles – la imposición de una cuota de consumo obligatorio por parte de los usuarios colombianos[3] (en la próxima edición de Razón Pública me ocuparé de este último asunto con algún detalle).    

La  tierra cada vez en menos manos

Un primer tema a este respecto es el de las características y condiciones del acceso a la tierra. Como lo estableció la historiadora Catherine Legrand en su estudio clásico sobre los conflictos agrarios en Colombia[4], la defensa de la gran propiedad fue una de las políticas dirigidas a afianzar la pretendida vocación exportadora del país. Décadas de frustración en torno a un reparto agrario llevaron finalmente al país a exhibir uno de los niveles mas elevados del mundo en  la concentración de la propiedad[5].

En la coyuntura planteada a partir de los años 90 y más específicamente desde la administración del presidente Uribe, el afianzamiento de esta vía para el crecimiento agrario  se ha nutrido con la tendencia sostenida hacia la concentración de la propiedad rural. Según Ana María Ibáñez, la monopolización de la propiedad agraria se ha agudizado en esta década con respecto a su comportamiento en años anteriores: un coeficiente de Gini del 0.85 en 2003 se incrementó al 0.87 en 2009[6].

Esta tendencia reflejaría los efectos de las iniciativas dirigidas hacia la legalización de los bienes usurpados mediante el terror paramilitar, muchas veces acompañada por el del Estado (Ley 975 de 2005, de Justicia y Paz). Este proceso, que ha sido registrado y denunciado de manera sistemática, también habría de fortalecerse con los alcances de la política de titulación de tierras derivados de la ley 1152 de 2007 (declarada inconstitucional), en particular los decretos sobre saneamiento de títulos, cuya vigencia no se ha clarificado. 

Abaratar la mano de obra campesina

Como lo enseña la historia agraria, la tierra se controla para controlar a la gente[7], y así lo reitera el desarrollo reciente de la política laboral colombiana. De manera coherente con la sobreoferta de mano de obra resultante de la usurpación de tierras y el desplazamiento forzado, los estrategas de esta a de crecimiento;pusieron en marcha directrices del Banco Mundial en torno a la flexibilización laboral"para elevar la "competitividad" de la economía colombiana.

Las primeras expresiones de estas políticas fueron las reformas laborales contempladas en las leyes 50 de 1990 y 789 de 2002, encaminadas a poner en marcha la "flexibilización"laboral como condición para una exitosa inserción en los mercados externos. Estas políticas, derivadas del "consenso de Washington", fueron coherentes con el criterio explícito de los hacedores de la política económica oficial de inducir la reducción de los costos laborales evitando incrementos de los salarios, todo ello en beneficio de la estabilidad económica.

Del TLC al AIS

En el marco de este andamiaje político y jurídico habrían de incorporarse, con no pocas dificultades, los efectos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Fue precisamente desde el sector agropecuario desde donde surgieron las mayores críticas a esta adhesión, derivadas de sus debilidades estructurales, ahora agravadas por las amenazas inherentes al desmantelamiento de las protecciones tarifarias y comerciales.

Ante estos riesgos, denunciados por gremios del sector y amplios sectores sociales, el gobierno propuso el paquete de ayudas contemplado en la ley 1133 de 2007, programa "Agro Ingreso Seguro". El propósito de la medida era compensar la vulnerabilidad comercial de la producción nacional ante la competencia de productos extranjeros. Esta vulnerabilidad resulta de sus elevados costos relativos ante una competencia que tampoco es transparente, dados los elevados subsidios con los que los países centrales, tanto Estados Unidos como Japón y Europa, protegen a sus productores de manera selectiva.

Los costos de producción incluyen por supuesto la renta de la tierra, el servicio de  crédito y el pago de los insumos, la mano de obra, el transporte y otros varios conceptos. En el caso colombiano, algunos de estos costos son elevados debido a la existencia de controles monopólicos por parte de los terratenientes, las multinacionales del sector agroquímica y la banca; por eso mismo los costos podrían reducirse mediante  acciones que desmantelen o controlen estos monopolios, como serían la reforma agraria, la fijación de tasas de interés adecuadas al propósito estratégico de la seguridad alimentaria, la innovación tecnológica, la dotación de infraestructuras de transporte y otras medidas similares. No obstante, la convergencia de la dirigencia nacional con estos intereses monopólicos conduce a buscar otros "remedios", y en especial (1) La ya citada reducción del costo de la mano de obra y (2)  Las exenciones fiscales cuantiosas, más los subsidios directos para empresarios dedicados a producir para el mercado externo, como lo estamos viendo en el caso de AIS.     

La piñata

Dentro de esta lógica, los recursos que podrían haber ayudado a disminuir los costos de producción -como los contemplados en la ley 1133 de 2007- acabaron asignándose con propósitos de lucro personal y como pagos por apoyos políticos al gobierno de turno. Y como entre los actores de estas prácticas políticas tradicionales figuran empresarios de distintos tipos, cobijados por la vía para el crecimiento  a toda costa, el gobierno arropó en el mismo saco de subsidios a latifundistas de viejo y nuevo cuño, narcotraficantes, paramilitares, grandes banqueros y multinacionales asociadas con este conjunto variopinto.

Dadas las condiciones de atraso productivo de buena parte de las empresas agrícolas, los subsidios selectivos parecerían haberse convertido en condición sine qua no;para su desempeño, pues tal como lo manifestó el presidente de la SAC en su pasado congreso "sin AIS no habrá confianza inversionista" es una afirmación que plantea serias dudas sobre la capacidad de este "empresariado" y sobre sus convicciones acerca del papel neutral o no intervencionista del  Estado.

 *Miembro fundador de Razón Pública. Para ver el perfil del autor, haga clic aquí. 

Notas de pie de página


[1] Aurelio Suárez, con base en: FAO, Colombia. Perfil Alimentario 2002

[2] Carlos F. Jaramillo, Crisis y transformación de la agricultura colombiana 1990-2000,  FCE, Bogotá, 2002

[3] Ver Arturo Infante V., Santiago Tobón R.,  Implicaciones de la política de biocombustibles en la seguridad alimentaria de países seleccionados de América Latina. Colombia, FAO, Roma, mayo 2009, p.

[4] Catherine LeGrand, Frontier Expansion and Peasant Protest in Colombia 1830-1936, University of New Mexico Press, Albuquerque, 1986 

[5] De acuerdo con el Banco Mundial el coeficiente de Gini para la concentración de la propiedad rural en Colombia alcanzaba el 0.85 hacia 2003 (Colombia. Land Policy in Transition, 2004)

[6] Ana M. Ibáñez, La concentración de la propiedad rural en Colombia: conflicto, desplazamiento forzoso y efectos productivos", Universidad de Los Andes, presentación, mayo 2009 (con base en IGAC, 2009)

[7] Hans Binswanger et al., Power, Distortions, Revolt, and Reform in Agricultural Land relations, The World Bank, WPS 1164, 1993

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