El proceso para elegir gobernadores, alcaldes, asambleas y concejos está apenas comenzando, y ya se han registrado 41 hechos y 64 víctimas de la violencia.
Daniela Garzón*
Otra vez la pesadilla
“Sentí el impacto en el carro, varias veces, sé que muchos de los impactos que dieron no llegaron al carro porque después nos siguieron disparando”; así relató Aida Quilcué, la congresista del Pacto Histórico (PH), el atentado del que fue víctima el 29 de octubre de 2022, justo el día que arrancó el calendario para las elecciones regionales del próximo 29 de octubre.
Entre ese sábado y el pasado 28 de febrero, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) registró, en su primer informe sobre violencia político-electoral, 41 hechos que hasta el momento dejan 64 víctimas, una de las cuales es la senadora y líder indígena caucana. Esta es la muestra de que la violencia política no está erradicada y de que además afecta a políticos y políticas de las más altas esferas del poder público en Colombia.
Aunque es usual que nombres como los de Quilcué, María José Pizarro, Aida Avella —que volvió al país después del exilio al que tuvo que someterse por la persecución y el exterminio de la Unión Patriótica— aparezcan en panfletos amenazantes firmados bajo diferentes etiquetas de grupos armados ilegales, este atentado —junto con el hallazgo de explosivos cerca de la antigua casa de Suárez, Cauca de la vicepresidenta Francia Márquez, y los once homicidios— son los hechos más graves que han ocurrido hasta el momento. Dos de los liderazgos políticos femeninos más importantes de la actualidad grave y repetidamente amenazados.
Hechos y víctimas
Pares define la violencia político-electoral como aquella ejercida contra un individuo o un colectivo por el ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral. Contabiliza como víctimas a titulares y extitulares de cargos de elección popular, precandidatos, candidatos, militantes de partidos o movimientos políticos, autoridades indígenas, y funcionarios públicos, periodistas o veedores que sean denunciantes de corrupción. La violencia en este contexto puede considerarse como un mecanismo de competencia electoral utilizado por grupos armados ilegales, clanes políticos o por redes políticas clientelistas, entre otros.
Entre ese sábado y el pasado 28 de febrero, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) registró, en su primer informe sobre violencia político-electoral, 41 hechos que hasta el momento dejan 64 víctimas, una de las cuales es la senadora y líder indígena caucana. Esta es la muestra de que la violencia política no está erradicada y de que además afecta a políticos y políticas de las más altas esferas del poder público en Colombia.
De las 64 víctimas que se han contado hasta el momento, 55 han sido hombres y 9 mujeres. El mes que presenta más hechos hasta ahora es noviembre de 2022, con 12, y el mes con más víctimas reportadas fue diciembre, con 25. Durante este mes apareció un panfleto amenazante en Barrancabermeja que incluía al alcalde, a un congresista y a 14 de los 17 concejales del municipio.
Por ese hecho, Santander aparece como el departamento donde más víctimas se reportan hasta el momento, con 20. Le siguen Bogotá con 7, Nariño con 5, Antioquia y Cauca con 4 cada uno. Son estos los departamentos en los que se han registrado más víctimas, y que juntos concentran el 62 % del total.
La situación de Nariño es particularmente preocupante, pues de los 5 hechos registrados, 4 fueron homicidios. Es el departamento donde más se han presentado asesinatos y sus víctimas fueron un periodista, un concejal del Partido Liberal, un miembro y representante legal del partido de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO); y un líder social y militante del PH.
En este primer informe los hechos se registraron en 18 de los 32 departamentos de Colombia, y en Bogotá.
Ahora bien, la mayor parte de las víctimas, el 66%, fueron personas elegidas por voto popular. Los concejales (20) y los alcaldes (11) han sido las principales víctimas, seguidos por los senadores (5) y los representantes a la Cámara (4). Hubo también un diputado y, como ya se dijo, la vicepresidenta, dentro de este grupo.
Los concejales que fueron amenazados participan del concejo en los municipios de Sabanalarga, Atlántico; Neiva, Huila; Sabana de Torres, Santander, y Barrancabermeja. El concejal asesinado fue Oscar Roberto Rodríguez Tobar, que trabajaba en Linares, Nariño.
Los alcaldes amenazados son los mandatarios de Yarumal y Tarazá, Antioquia, zonas de influencia de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, respectivamente; de Nariño, Antioquia; de Sabanalarga, Atlántico; de Solano y Cartagena del Chairá, Caquetá; de Caldono, Cauca; de Sitionuevo, Magdalena; de Girón, Santander y, como se mencionó, de Barrancabermeja.
¿De oposición, independientes o de gobierno?
Treinta y nueve de las víctimas militan o pertenecen a partidos con declaración de gobierno, oposición o independencia según el Estatuto de Oposición en el nivel local o nacional.
De esas 39, el 79% (31) son de partidos que hacen parte de las coaliciones de gobierno. Esto coincide, a juicio de Pares, con el aumento de la participación en espacios de poder de las fuerzas alternativas, que viene dándose desde las elecciones locales de 2019 y que se consolidó con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia y del PH como el movimiento que obtuvo un mayor número de senadores.
A su vez, hubo 6 víctimas que tienen relación con partidos de oposición y 2 víctimas pertenecientes a partidos independientes. De allí que a 25 víctimas no se las identificara con un partido con una declaración según el Estatuto.
Ahora bien, al contar las víctimas por su filiación partidista, que fueron 52 de las 64 (81%), 20 pertenecen a alguna coalición, como la del PH o la del Centro Esperanza, o coaliciones que actuaron localmente en 2019. Les siguen 5 que pertenecen a Movimientos Significativos de Ciudadanos, 4 del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y 4 del liberalismo. Así se configura la lista de los sectores más victimizados.
Aunque no es posible identificar ataques sistemáticos contra un grupo político, preocupa particularmente que cinco de los once homicidios fueron de personas relacionadas con el PH, según fuentes de prensa.
¿Quiénes son los responsables?
Como ha sido constante en los seguimientos de violencia político-electoral, en la mayoría de los casos no hay pista alguna para conocer a los perpetradores de estos hechos. De esta manera, en 25 de los 41 no se identificó un presunto responsable, lo que significa el 61% del total.
En el 39% de hechos donde hay alguna idea de quién los ejecutó, se cuentan al Clan del Golfo —autodenominados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)— en 5 hechos; grupos disidentes posFarc en otros 5; a otro tipo de grupos en 4 y a la guerrilla del ELN en 2.
No hay que olvidar que desde la posesión de Petro ha sido manifiesto el interés del gobierno en el proyecto de la Paz Total, que incluye negociaciones con el ELN y posiblemente con aquellos grupos que tienen orígenes en las antiguas Farc; y el sometimiento de otros grupos armados ilegales.
Aunque no es posible identificar ataques sistemáticos contra un grupo político, preocupa particularmente que cinco de los once homicidios fueron de personas relacionadas con el PH, según fuentes de prensa.
Este es el panorama donde se presenta este primer informe y donde tendrán lugar las campañas electorales de este año. Urge por eso el más serio compromiso del gobierno para garantizar los derechos de quienes hoy ven sus vidas en riesgo. Más todavía cuando algunos de ellos pertenecen al PH.
No es sencillo encontrar la solución a la violencia político-electoral, ni la violencia armada en general, que ha sido el lastre sin fin de Colombia, menos cuando las conexiones entre la política y la criminalidad siguen existiendo y han mutado su naturaleza en el tiempo. La puerta de la Paz Total es un camino novedoso pero que no deja de implicar un alto riesgo para muchas poblaciones si el Estado no las protege, al tiempo que muestra buena voluntad con los grupos armados para que se desmovilicen.
Los resultados de este informe son producto del trabajo de la línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación.
