La paz total

El presidente electo Gustavo Petro ha propuesto alcanzar una paz total, incluyendo a organizaciones armadas asociadas con el narcotráfico y sucesoras del paramilitarismo.

El Clan del Golfo, o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los Caparrapos y Los Rastrojos, entre otros grupos, enviaron una carta al gobierno entrante donde proponen beneficios judiciales a cambio de un cese al fuego, el desarme y la voluntad de proveer verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Otra carta, sin embargo, negó que las AGC hubiesen firmado ese documento.

La paz no será total si no se consideran los múltiples grupos armados criminales que existen y sus distintas motivaciones. Pero dialogar con ellos es una tarea llena de desafíos. La construcción de paz es algo más que desmantelar un grupo o desmovilizar a un cabecilla.

Cada proceso de paz en Colombia ha disminuido los índices de violencia, pero las guerras han tenido una capacidad enorme de reinventarse, tanto por las desigualdades socioeconómicas y políticas, como por los incentivos que proveen las economías ilícitas, que siguen articuladas al narcotráfico, pero van mucho más allá del mismo.

Criminales o políticos

Los principios de construcción de paz son necesarios para abordar el problema de los grupos criminales, dadas las múltiples afectaciones humanitarias que causan.

El gobierno de El Salvador promovió una tregua en 2012 entre las pandillas MS-13 y facciones del Barrio 18 que llevó a una reducción del 50 % en los homicidios en un año. Esta tregua avivó el debate sobre si es posible usar principios de negociación con grupos criminales.

Muchos grupos armados actuales, si bien no tienen agendas ideológicas, sí tienen conexiones políticas y ejercen control y gobernanza en los territorios donde operan. Además, cumplen distintas funciones que le corresponden al Estado.

El desafío es reconocer estas dimensiones políticas, sociales y económicas sin ignorar las diferencias que separan a bandas criminales y pandillas de insurgencias, por ejemplo. El desafío es más grande en el caso colombiano porque los límites entre unos y otros son más grises de lo quisiéramos y es más difícil proponer políticas diferenciadas.

Las dificultades

La propuesta de Petro consiste en un sometimiento colectivo que introduzca mayores garantías a las víctimas e introduzca principios de verdad, justicia y reparación. Este es un buen comienzo, pero tiene varias dificultades:

• Si bien grupos criminales como las AGC no son lo mismo que las guerrillas o los paramilitares, tienen muchas conexiones históricas con ambos.
• Los grupos criminales operan de maneras distintas en los territorios. Por ejemplo, las AGC tienen liderazgo y control claro en unas zonas, pero no en otras.
• Incluso en lugares donde un cabecilla tiene el control territorial y la capacidad de imponer órdenes sobre sus tropas, el sometimiento del líder no garantiza que los niveles más bajos de los grupos desaparezcan.
• En todo conflicto armado las motivaciones individuales son variadas, incluso en grupos con ideologías claras. Esto ha sido bien documentado en las FARC y en las Autodefensas. Si la motivación es económica, más grande es el riesgo de reincidencia. Hay que prestar mucha atención a quienes constituyen la mano de obra de los grupos criminales.
• Hay muchas organizaciones criminales en Colombia, si bien el Clan del Golfo es la más grande.

Además de los desafíos jurídicos y políticos de iniciar un sometimiento colectivo, existen otros para que la reducción de conflicto sea real en el largo plazo. Las experiencias de sometimiento a la justicia y la negociación con grupos como las milicias urbanas en Medellín en los 90 pueden dar luces sobre las posibilidades y desafíos de reconocer y dialogar con estos grupos.

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Lecciones de otros procesos

Varios países de América Latina han tenido treguas con pandillas, que si bien pertenecen a contextos distintos, pueden darnos claves para pensar en los principios de construcción de paz que pueden ser llevados a cabo.

Los procesos que involucran el diálogo a lo largo de América Latina, y en Colombia, sugieren varias lecciones.

1. El potencial de reducción de violencia letal en el corto plazo, sobre todo de homicidios, depende del nivel de control territorial que tenga un grupo.

En El Salvador a principios de los noventa, por ejemplo, iniciativas de negociación hechas por la sociedad civil, y con algún apoyo del gobierno, no redujeron la violencia porque las pandillas no tenían la capacidad de controlar el comportamiento de sus miembros. Pero, para la tregua de 2012, las pandillas se habían convertido en organizaciones jerárquicas que podían controlar lo que pasaba en la calle desde la cárcel. Por ello, la tregua redujo los homicidios de manera tan clara.

En Medellín, en los noventa, los gobiernos nacional y local apoyaron múltiples negociaciones y pactos apoyados por la Asesoría de Paz y Convivencia de la alcaldía y la Consejería Presidencial para Medellín. Esos procesos redujeron los homicidios, pero no contundentemente, porque en ese momento había muchos actores armados en Medellín.

2. Los procesos de mediación local son más efectivos para transformar las motivaciones complejas que mantienen a los jóvenes en el conflicto, pero no tienen un impacto directo en tasas de violencia macro.

Desde Belice hasta Ecuador, Venezuela y Haití, existen muchas experiencias de mediación local con pandillas y grupos criminales. Muchos procesos son netamente comunitarios, pero en otros participa el Estado.

Cuando estas experiencias involucran las subjetividades de los jóvenes en conflicto, tienen una capacidad mayor de reconocer y transformar los incentivos que hacen de los grupos armados y de las actividades criminales una alternativa para los jóvenes marginalizados.

Cualquier proceso exitoso en el largo plazo requiere involucrar miembros de la sociedad civil con conocimiento, experiencia y capacidad de relacionarse personalmente con estos jóvenes.

En Medellín en los años noventa, los programas de la iglesia como No Matarás o los pactos de agresión promovidos por la alcaldía lograron cambiar la subjetividad de muchos jóvenes a través de un trabajo de acompañamiento constante.

Muchos jóvenes que participaron en esos procesos son hoy gestores de paz en la ciudad. Un efecto similar se ha documentado en Ecuador después de la decisión de legalizar pandillas en el 2007.

3. Los procesos de diálogo más efectivos han sido acompañados por iniciativas socioeconómicas que crean alternativas para jóvenes miembros de esos grupos.

En Belice, por ejemplo, las treguas que han tenido un impacto más claro de largo plazo en reducir violencia, en 1995 y 2011, fueron acompañadas por programas de trabajo y capacitación.

Pero esto requiere un compromiso de recursos sustancial y sostenido, además de un trabajo con la comunidad, por obvias razones, puede percibir esto como una recompensa para los criminales.

En el caso de Medellín, se intentaron articular proyectos económicos para los jóvenes que participaban en bandas o combos a la par de los procesos de negociación. Pero esas iniciativas se abandonaron o no se articularon a los procesos de mediación.

4. Los procesos de negociación pueden politizar a los actores armados y aumentar su poder si no se crean contrapesos, reglas claras y sanciones por violaciones.

Un riesgo importante de negociar o usar diálogo con grupos criminales es que, al reconocer su poder, el mismo puede aumentar y sofisticar. Aunque la corrupción y la represión indiscriminada tienen  el mismo efecto, este es un temor que se debe considerar seriamente.

Desde Medellín hasta El Salvador hay evidencia de que las negociaciones pueden producir procesos de aprendizaje y sofisticación en los grupos armados.

Pero también existe evidencia de que ese poder puede reducirse y dirigirse para construir paz. Para ello es necesario que estos procesos involucren a múltiples sectores de la sociedad civil, sobre todo a organizaciones locales con experiencia y conocimiento en el terreno.

También se requieren reglas claras cuando los compromisos no se mantienen. En El Salvador, la tregua se volvió más impopular después de algunos escándalos sobre fiestas dentro de las cárceles. Nuestro más célebre ejemplo es de la Catedral después del sometimiento de Pablo Escobar.

Por eso, un proceso de diálogo o sometimiento tiene que articularse de manera clara con una política de seguridad bien definida, que respete a quienes mantengan sus compromisos, pero persiga a quienes los violan o no se involucren en el proceso.

5. Coordinación de autoridades

Un sometimiento o diálogo efectivo supone buena coordinación entre autoridades nacionales y locales. Aunque se necesita un proceso nacional, debe coordinarse cuidadosamente en lo local. También requiere coordinarse cuidadosamente con la acción policial y judicial.

Medellín es un ejemplo de muchas iniciativas innovadoras que naufragaron en medio de la descoordinación de estrategias y de conflictos políticos. La tregua en El Salvador se desmanteló cuando las alianzas políticas que la sostenían colapsaron.

Conclusión

Estas son sólo puntadas de los muchos elementos que hay que pensar. Queda en el tintero el espinoso tema de la extradición.

El mayor desafío es que una paz total requiere ir más allá de un sometimiento de líderes, pero sin reconocerlos políticamente ni darles estatus jurídico. En otras palabras, hay que negociar sin negociar. Y hay que tener expectativas realistas.