Para reducir la inflación es necesario fomentar la competencia entre las empresas productoras. Y aunque en Colombia no falte la legislación, todavía hace falta trabajo del Estado para garantizar la libre competencia económica.
Juan Camilo Villar Otálora* y Jacobo Campo Robledo**
Cómo está regulada la competencia en Colombia
El buen funcionamiento de una economía de mercado implica que Estado sea garante de una serie de derechos fundamentales. Por ejemplo, los derechos de propiedad e iniciativa privadas, la libertad de empresa, la libertad para escoger profesión, oficio y asociarse, y de manera principal, la libre competencia económica.
Por eso el artículo 333 de la Constitución de 1991 (CP-91) establece que la libre competencia es un derecho de todos que conlleva responsabilidades, así que para garantizar su cumplimiento, el Estado dispone de un marco jurídico compuesto, principalmente, por la Ley 115 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, la Ley 246 de 1996 y la Ley 1340 de 2009.
Así las cosas, la expedición de la Ley 1340 de 2009, además de actualizar la legislación y añadir una serie de disposiciones relacionadas con el régimen de protección de la competencia, establece los procedimientos en materia de integraciones empresariales, prácticas restrictivas de la competencia y régimen de sanciones.
En ese orden de ideas, la competencia entre empresas promueve la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios mediante la inversión en nuevas tecnologías y procesos de producción, porque cada empresa trata de mejorar su competitividad para mantenerse en el mercado y satisfacer las necesidades de los consumidores.
En la misma dirección, esta Ley establece que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) cumplirá sus funciones como Autoridad Nacional en materia de Protección de la Competencia.
La influencia sobre la inflación
Según el DANE , la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 13,28 %, entre febrero del año pasado y el mimo mes de 2023. Esta es la cifra más alta desde 1999.
Por eso, desde distintas orillas se ha analizado la influencia a largo plazo de la política de competencia sobre obre los procesos inflacionarios. Ya en 1971 el Comité de Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) había recomendado dedicar esfuerzos a fortalecer el derecho y a las políticas de competencia con el propósito de reducir la inflación. También por eso, según May y Capobianco, desde la economía y el derecho existe pleno consenso en el sentido de que mercados competitivos ayudan a reducir la inflación.
Asimismo, y de acuerdo con Massimo Motta, aunque las prioridades de la política de competencia pueden variar según la legislación de cada país y las necesidades propias de cada coyuntura, los objetivos fundamentales siguen siendo el fomento de la libertad económica, el bienestar de los consumidores y la lucha contra la inflación.
En resumen: en condiciones normales, la competencia entre empresas disminuye los precios al consumidor de los precios de los bienes y servicios, o sea que aumenta su poder adquisitivo y de esto modo les permite adquirir más bienes y servicios, lo que otra vez estimula el crecimiento de la economía.
Efectos sobre el crecimiento económico
Las proyecciones realizadas por organismos nacionales y entes multilaterales sitúan en un rango entre 0,2 % y 2,2 %, el crecimiento de la economía colombiana en 2023.
Como dijimos atrás, hay suficiente evidencia teórica y empírica sobre los efectos de la competencia sobre el crecimiento económico, tanto a corto como a largo plazo, aunque sus efectos inmediatos pueden ser de mayor complejidad.
Entre los efectos más comunes se destacan el estímulo a la innovación, la reducción de los precios, el aumento de la eficiencia empresarial y del comercio.
En ese orden de ideas, la competencia entre empresas promueve la innovación y el desarrollo de nuevos productos y servicios mediante la inversión en nuevas tecnologías y procesos de producción, porque cada empresa trata de mejorar su competitividad para mantenerse en el mercado y satisfacer las necesidades de los consumidores.
Entonces, las empresas que compiten en un contexto nacional tienen que desarrollar formas más eficientes de producir y de vender, lo que a su vez aumenta la eficiencia de la economía en general. Y cuando este fenómeno ocurre en el plano internacional, se estimula el comercio exterior en beneficio de todas las partes involucradas.
Pero importa recordar que la competencia puede tener algunos efectos negativos para el mercado y para el crecimiento económico, especialmente a corto plazo. Por ejemplo, puede llevar a la quiebra de las empresas menos eficientes, aumentando con eso el nivel de desempleo.
Asimismo, y con el fin de eliminar la presión de competir, puede llevar a prácticas y acuerdos restrictivos que afectan negativamente a los consumidores y a la economía en general.
La Superintendencia de Industria y Comercio
Mediante el ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales, la SIC se encarga, entre otras cosas, de regular y vigilar el cumplimiento de las normas de protección de la competencia.
Así las cosas, si bien es necesario que el gobierno nacional continúe estableciendo mecanismos para enfrentar las presiones inflacionarias y respalden la mejora en los indicadores que miden el crecimiento, también es fundamental garantizar la independencia de una de las superintendencias más importantes del país.
Su papel es esencial para la economía colombiana, ya que al proteger y promover la libre competencia, garantiza que los consumidores no sean sujeto de abusos por parte de empresas o comerciantes.
Para cumplir esa labor, la SIC tiene la autoridad de investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas y/o restrictivas de la competencia consistentes en actos y conductas abusivas de posición de dominio por parte de una empresa, acuerdos entre dos o más empresas que limiten o distorsionen la competencia y la respectiva determinación de precios.
Así las cosas, si bien es necesario que el gobierno nacional continúe estableciendo mecanismos para enfrentar las presiones inflacionarias y respalden la mejora en los indicadores que miden el crecimiento, también es fundamental garantizar la independencia de una de las superintendencias más importantes del país.
Una primera y obvia recomendación derivada del análisis anterior consiste en designar un, o una, superintendente en propiedad del cargo y de sus funciones. También y por supuesto hay que garantizar la continuidad, transparencia y eficiencia de las investigaciones que la entidad adelanta en el momento. No menos importante, habrá que mantener la tecnocracia en las diferentes áreas misionales.
Finalmente, y en función de los ya mencionados efectos sobre inflación y crecimiento económico, es vital que se haga cumplir lo dispuesto por la política de competencia.
* Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.
