El asesinato de líderes sociales: un laberinto de difícil solución
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El asesinato de líderes sociales: un laberinto de difícil solución

Escrito por Carlos Guevara

Vamos para otro año récord en los homicidios de activistas, líderes sociales, activistas y defensores de derechos humanos. Qué sabemos sobre las causas del problema y qué sabemos sobre sus soluciones.

Carlos Guevara*

La muerte no para

En los primeros diez meses del año se reportaron 171 homicidios de activistas o  líderes sociales, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y Human Rigth Watch. Este año la cifra aumentó exponencialmente, y ya está a punto de superar el total de 2021, según el mismo INDEPAZ.

Los casos ya no se limitan a las zonas de conflicto; en las grandes ciudades caen líderes como Jesusita Moreno y Mauricio Fory Balanta, en Cali; Oscar Parada, en Bogotá; Luz Angelina Quijano, en Bucaramanga; Frank Ahumada Padilla, en Cartagena; y Jeison Andrés Vásquez, en Medellín, por mencionar algunos casos del 2022. Este cáncer parece no tener fronteras.

Durante el año 2016, cuando estos homicidios se hicieron visibles gracias a la disminución de la violencia masiva, se hicieron comunes los titulares de prensa sobre el agravamiento de la situación y la preocupación de las comunidades.

El fin de año y el comienzo del siguiente suelen ser temporadas de aumento de estos crímenes, por el relajamiento de muchos de los mecanismos de protección y autoprotección.

Foto: Alcaldía Distrital de Cartagena - Ante las desigualdades, las personas toman la vocería y se convierten en líderes sociales para exigir cambios y poder satisfacer sus necesidades básicas.

Pues esos asesinatos ahora son parte del paisaje noticioso, pues tememos al menos tres o cuatro reportes semanales de asesinatos de líderes sociales, al igual que las declaraciones de los gobernantes de turno, anunciando planes y estrategias para “acabar” los homicidios.

Pero ya van tres presidentes y no logramos controlar la enfermedad. ¿Cuáles son las razones? Las causas, al parecer, son todo un laberinto, pero también lo es la aparente solución.

Tenemos muchos luchadores sociales  

Colombia es el séptimo país más desigual del mundo según el índice de Gini. Esta desigualdad se desdobla en la necesidad imperiosa para los habitantes de cambiar la realidad y tener un acceso más equilibrado a las garantías para vivir. Por eso se levantan muchas voces de protesta y exigencia de cambio y de acceso a lo fundamental.

De allí el gran número de activistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia; a la hora de hablar de cuántas personas podrían considerarse parte de estas categorías, las cuentas se hacen por millones.

En 2019, durante una desafortunada intervención, el hoy ex presidente Duque señaló que “es imposible para el Gobierno Nacional garantizar vehículos blindados dentro de una estrategia de protección a más de 8 millones de líderes sociales que se encuentran acreditados en Colombia”, haciendo alusión a las 8 millones de personas pertenecientes a las aproximadamente 1300 Juntas de Acción Comunal (JAC).

Este cálculo deja por fuera a muchos sectores que también pueden considerarse defensores o activistas   sociales que no pertenecen a las JAC, o que también tienen otros ejercicios de liderazgo y exigencias de derechos (líderes indígenas, afros, comunitarios, campesinos, ambientalistas, de víctimas, feministas, LGBTI…).  La conclusión es que, dada la desigualdad del país, hay muchísimos defensores y líderes sociales, aunque ellos mismos no se reconozcan.

El conflicto que trae muerte

El segundo elemento es el conflicto armado, el narcotráfico y la violencia causada por grupos criminales. Esta semana INDEPAZ  publicó su informe “Desafío a la paz total”, donde identificó un aumento en la presencia territorial de los grupos armados ilegales, narcoparamilitares, pos FARC y el ELN, entre 2021 y 2022, tendencia que se mantendría y sería un duro obstáculo para la seguridad misma de los líderes sociales.

En la misma vía, la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), en su boletín de noviembre de 2022 observó que “Tras las declaraciones del gobierno nacional en agosto sobre posibles escenarios de diálogo con diversos grupos armados no estatales (GANE), y las disposiciones posteriores sobre ceses multilaterales al fuego, en los meses de septiembre y octubre se ha observado una disminución en el número de emergencias humanitarias y víctimas por desplazamiento masivo y confinamiento respecto a la tendencia incremental del año; mientras se ha elevado el número de personas damnificadas por desastres producto de la variabilidad climática siendo octubre el mes que recoge el 40 por ciento de las personas damnificadas por los efectos de la ola invernal de todo el año”.

Esto permitiría concluir que estamos lejos de neutralizar a los grupos armados ilegales, a pesar de la ambiciosa apuesta de paz total. Esta presencia violenta representa un desafío para garantizar la vida de quienes encabezan o promueven las luchas sociales.

La debilidad del Estado

Otro elemento importante es el lío que significa la infraestructura estatal para proteger la vida y garantizar el trabajo de estos activistas.

Al finalizar noviembre la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) junto con el Management Sciences for Development Consulting (MSD) lanzó el informe “Garantías de Papel” donde analiza los numerosos programas de supuesta  protección por parte del Estado colombiano.  Estos programas fueron diseñados por gobiernos anteriores y han resultado en una multiplicidad de espacios para discutir la protección de los líderes sociales y tomar decisiones al respecto; pero los malos   resultados siguen a la vista.

Estas cuestiones también habían sido advertidas por el Programa Somos Defensores, mediante el informe “Garantías para el cambio”, de septiembre pasado.

Tal situación ha causado un caos en la respuesta por parte del Estado central.  Y ni qué decir de las autoridades territoriales, que muchas veces carecen de voluntad para cumplir sus obligaciones de protección.

A este extenso paquete de programas se le suma el esfuerzo del actual gobierno mediante su Plan de Emergencia, que examiné en un artículo anterior de Razón Publica. Este plan fue puesto en marcha desde septiembre, pero está en desarrollo y pendiente de verificación de resultados.

Los principales desafíos para el plan son rediseñar la Unidad Nacional de Protección (UNP), mejorar la respuesta estatal desde todos los frentes (prevención, investigación judicial), y combatir la estigmatización de los luchadores sociales.   Pero el camino no es fácil, y los 100 días iniciales que señalo el Plan no son suficientes para encontrar soluciones eficaces.

Colombia es el séptimo país más desigual del mundo según el índice de Gini. Esta desigualdad se desdobla en la necesidad imperiosa para los habitantes de cambiar la realidad y tener un acceso más equilibrado a las garantías para vivir. Por eso se levantan muchas voces de protesta y exigencia de cambio y de acceso a lo fundamental.

A este escenario se suma la continuada estigmatización de los  líderes sociales por parte de sectores influyentes en la opinión nacional, como fue el caso de la senadora Maria Fernanda Cabal, quien acusó a la senadora Gloria Flórez (ex directora de la Asociación Minga) y al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, de ser fichas del ELN. Estas declaraciones atizan la estigmatización y dan validez al uso de la violencia contra estos activistas y líderes sociales que hoy hacen parte del gobierno nacional y del poder legislativo.

Nada que celebrar

Llega diciembre una vez más y Colombia se viste de colores navideños, pero en las sombras se cierne el riesgo de un año récord en homicidios de activistas, líderes y defensores, según muestra el Programa Somos Defensores. Estamos muy cerca a cerrar el año con un poco menos de 200 homicidios, cifra jamás registrada y un escenario convulso pero silencioso.

El fin de año y el comienzo del siguiente suelen ser temporadas de aumento de estos crímenes, por el relajamiento de muchos de los mecanismos de protección y autoprotección.

Para salir de esta tragedia, debemos recorrer un verdadero laberinto de causas y posibles soluciones. No tememos hoy un mapa claro para detener este flagelo que ha dejado hasta ahora, en 2022, 171 familias sin motivos para celebrar la navidad y que lleva arrebatándole la voz a más de 1000 líderes y a sus comunidades desde 2016.

Parece que el país, como el general del libro de García Márquez, clama por respuestas: “Carajo… ¡Cómo voy a salir de este laberinto!”

Puede leer: Masacres y asesinato de líderes: ¿la política por otros medios?

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