Este gobierno favorece más a las multinacionales que el gobierno anterior. En qué consiste la gabela y qué más dice el Plan Nacional de Desarrollo sobre la conectividad.
Nicola Stornelli García*
Una gabela enorme
Comienzo por decir que hay mucho malestar por la gabela que este gobierno les está entregando a los grandes operadores de telecomunicaciones al aumentar hasta un 90% la posibilidad de cancelar sus deudas con el Estado mediante el cumplimiento de las llamadas obligaciones de hacer.
Este es un mecanismo mediante el cual los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) ejecutan ciertas obras como modo de pagar por el uso del espectro radioeléctrico; se supone que las obras en cuestión deben llegar a regiones lejanas, de población vulnerable, donde los operadores no llegan porque no es rentable.
Sin entrar a especular sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de hacer por parte de los grandes operadores de telecomunicaciones —Movistar, Claro, Tigo y Wom—, debo señalar que no hay evidencia empírica ninguna sobre los supuestos beneficios de utilizar ese mecanismo en Colombia.
Dada la realidad anterior, sería lícito inferir que las obligaciones de hacer se han convertido en la manera de devolverles a los grandes PRST algo del exagerado cobro que hace Colombia por el espectro. Otros analistas sostienen que el mecanismo se ha usado para realizar las actualizaciones tecnológicas de sus infraestructuras, con cargo al bolsillo de los colombianos.
Por el contrario, abundan los rumores sobre las obligaciones de hacer que han servido como formas de pago de los altos costos del espectro, el más caro de América Latina. Alguien se preguntará cuál es el negocio si de todas formas se deben ejecutar unas obras: pues éste es el meollo del asunto.
Ninguno de los cuatro operadores grandes es una empresa colombiana. Son multinacionales con mucho músculo financiero que hacen compras por todo el mundo y cuya escala de operación se traduce en unos márgenes de rentabilidad muchos más altos que los de cualquier firma de ingeniería colombiana dedicada a proyectos de conectividad.
Dada la realidad anterior, sería lícito inferir que las obligaciones de hacer se han convertido en la manera de devolverles a los grandes PRST algo del exagerado cobro que hace Colombia por el espectro. Otros analistas sostienen que el mecanismo se ha usado para realizar las actualizaciones tecnológicas de sus infraestructuras, con cargo al bolsillo de los colombianos.
Ahora bien, si este gobierno le va a bajar al coste del espectro en las próximas subastas ¿por qué subir las obligaciones de hacer al 90 %? ¿Por qué no usarlas para que puedan hacer el apagón del 2G y el 3G brindando unas compensaciones en equipos y cargos a los usuarios? Según los mismos directivos de los tres primeros operadores grandes, todavía hay no menos de 10 millones de usuarios en esas tecnologías. Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no se dice nada del apagón del 2G y 3G.
Los pequeños operadores de Internet
El PND que este gobierno presentó al Congreso no contiene novedades en el sector que parecía de gran importancia durante la campaña electoral. Lo que dice el PND viene de las leyes 1341 de 2009 y 1978 de 2019.
Es simplemente una actualización de fechas para que se formalicen los más de 3000 operadores informales o ilegales desperdigados por toda la geografía colombiana. Pero con este incentivo no se va a conseguir la formalización.
Si queremos transformar la conectividad, debemos pensar en los pequeños operadores de Internet que durante la pandemia crecieron como maleza. Esto se dio en respuesta a la demanda de los hogares y ante el pésimo servicio del internet móvil que prestan los operadores y se atreven a llamarlo Banda Ancha Móvil. ¿O ya no va a haber un Plan Nacional de Banda Ancha Fija (PLANBAF)?
El Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones del Externado explica que “no hay certeza sobre los datos y estadísticas para saber realmente si la población está totalmente desconectada, o si tiene realmente acceso a internet, o a medias conectada. Es muy importante el uso de los recursos del FUTIC para llevar a cabo una de las tareas que la ley le impone, en cuanto a revisar periódicamente la eficiencia, eficacia de los planes, programas y proyectos que financie, pues sin mediciones y realidades cualquier política no va a lograr su cometido”.
Desde hace rato le hemos insistido a la ministra Urrutia sobre de la importancia de saber cuántos son y cómo operan los pequeños operadores de Internet. Cualquier plan de conectividad nacional debe contemplar a estos operadores. Incluso los grandes lo entienden así. Dos presidentes de algunas de estas operadoras lo han expresado en privado.
Durante las últimas semanas, el presidente Petro y la ministra Urrutia han hablado de “Comunidades de Conectividad” como una gran novedad. Como dije en mi columna para Portafolio, “en ninguna parte del Plan Nacional de Desarrollo hablan de Comunidades de Conectividad. Podrían desarrollar la iniciativa en las discusiones en el Congreso. Pero Petro no está planteando nada novedoso ni en el país ni en el mundo”.
Pero la gran verdad es que nuestras comunidades étnicas o las juntas de Acción Comunal (JAC), no tienen las capacidades técnicas ni financieras para desplegar una red de fibra óptica que garantice que llegue la verdadera banda ancha a los más pobres y vulnerables. ¿Qué van a contratar? ¿Con qué capacidad? ¿Van a cambiar la ley de contratación? ¿O adjudicarán contratos a ONG y JAC?”
Telecomunicaciones y TIC, o sólo TIC
El PND incurre en grave error al supeditar las TIC a las telecomunicaciones.
En un estudio del autor en compañía de Julián Cardona Castro para la CAN se explica por qué debe haber una separación: “Las TIC y las Telecomunicaciones se complementan, pero ni una ni la otra está supeditada a la otra. Por tal razón, en las normas se tratan con distinción y separación, excepto en el caso de Colombia que ha denominado al Sector como de las TIC, quedando las Telecomunicaciones como inmersas en las TIC, lo cual no es correcto técnica ni gramaticalmente al denominar Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).”
Muchos de los problemas del ecosistema digital empiezan ahí. Esa imprecisión semántica y técnica crea una confusión y permite muy graves libertades en el manejo de las TIC. Las Telecomunicaciones están claramente reguladas y las TIC no lo están. Por eso se presentan problemas como los de las aplicaciones. Tenemos todo un ordenamiento para regular las Telecomunicaciones, pero no las TIC y las aplicaciones son TIC.
Por ejemplo, ningún país de la CAN denomina así al ministerio del sector. El ministerio debe llamarse de Comunicaciones.
Un PND sin componente digital
De esa manera lo resume Sergio Martínez Medina, excomisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones: “Al estudiar el articulado del Plan Nacional de Desarrollo, no se encuentran nuevas iniciativas de conectividad social que promuevan de manera masiva el despliegue de las redes de comunicaciones en la geografía nacional.”
En varios artículos el año pasado se le propuso al gobierno entrante un Plan Nacional de Banda Ancha Fija con los entes territoriales que reciben regalías directas para avanzar en un modelo que permita llevarle fibra óptica a todos los hogares colombianos.
Como dice Martínez, es importante “analizar el diseño de programas que incluyan subsidios o ayudas a la demanda, de forma similar al programa de conectividad social que tienen los Estados Unidos, en donde el gobierno federal le ha dado una importante prioridad a mantener la conexión permanente a las redes de comunicaciones a los norteamericanos que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad…En este contexto, es el momento de estudiar la posibilidad de un “descuento monetario” en la factura que cancelan los usuarios, para las poblaciones urbanas y rurales que estén plenamente identificadas en el sistema social SISBEN IV”
Es extraño que, incluso con la presencia de expertos de la talla de Saul Kattan, Sandra Urrutia y Sergio Valdés en la primera línea del Estado en los temas de Telecomunicaciones y TIC, el apartado del PND sea tan pobre. Es como si quisieran perpetuar el dominio de las actuales empresas móviles en Colombia.
Se les olvida que sin fibra óptica no podrá haber 5G y que se reducirá a las cinco o seis principales ciudades del país y a algunos sectores industriales específicos en algunas otras regiones. ¿O piensan cumplir la meta de conectar al 85 % con conectividad móvil?
Es extraño que, incluso con la presencia de expertos de la talla de Saul Kattan, Sandra Urrutia y Sergio Valdés en la primera línea del Estado en los temas de Telecomunicaciones y TIC, el apartado del PND sea tan pobre. Es como si quisieran perpetuar el dominio de las actuales empresas móviles en Colombia.
El país necesita un Plan Nacional de Banda Ancha Fija (PLANBAF) que nos permita soñar con fibra óptica en todos los hogares y hacer realidad lo expresado en el estudio citado: “Las telecomunicaciones y las TIC, y en particular la conectividad por banda ancha, son un igualador social ya que habilitan el ejercicio de los derechos humanos y otros derechos como salud, educación, seguridad, movilidad, protección de datos personales, libertad de expresión, de prensa, de información y de acceso a la información pública del Estado.”
*Tomo la frase “Ni Duque se atrevió a tanto” de una conversación con un reconocido líder del Pacto Histórico, con una buena formación académica y experiencia en el sector, que además hizo parte de las mesas de empalme en lo concerniente a Telecomunicaciones y TIC.
