Angelica Duran
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Los cultivos de coca siguen en aumento, pero la erradicación por sí sola no resuelve el problema. Este es el panorama complejo de los cultivos, las acciones y omisiones del gobierno y las reacciones de Estados Unidos.

Angélica Durán Martínez*

El aumento de los cultivos

En una entrevista publicada el 22 de enero, el embajador de Estados Unidos en Colombia Francisco Palmieri sugirió que los cultivos de coca siguen siendo abundantes y que se necesita mantener la erradicación mientras el gobierno Petro pone en marcha proyectos específicos de sustitución y transición a cultivos legales.

Sus declaraciones invitan a preguntarse ¿cuál es el panorama de los cultivos de coca en Colombia?, ¿en qué van los esfuerzos del gobierno para reorientar las políticas frente a los cultivos y el narcotráfico? y ¿es necesario que el gobierno erradique más?

Según el último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), publicado en septiembre de 2023, en 2022 los cultivos de coca y la producción potencial de cocaína alcanzaron otro pico histórico, como se ve en el siguiente gráfico. Hubo un aumento de 12 % en el área cultivada en el país, lo cual es muy preocupante, aunque el aumento es menor del que se dio entre 2020 y 2021 (43 %).

El panorama de 2023 no será claro hasta el próximo informe, que generalmente se publica en la segunda mitad del año.

El objetivo de la Política de Drogas del gobierno es asfixiar las rentas y capacidades de los nodos más fuertes del narcotráfico. Eso implica combinar esfuerzos en lucha contra la corrupción, finanzas, infraestructura e interdicción.

Por lo demás, gran parte del aumento en el 2022 se dio en el Putumayo y Caquetá. Los cultivos también aumentaron pronunciadamente en algunos municipios de Antioquia, particularmente en el Urabá antioqueño, como Turbo y Apartadó. Esto preocupa por los altos niveles de violencia, por la cantidad de grupos armados que operan en estas zonas y por el aumento de cultivos en la frontera con Ecuador y Perú.

Muchos aumentos se dieron en áreas de cultivo relativamente pequeñas y desconcentradas. Por ejemplo, en Apartadó los cultivos aumentaron 80%, pero el total de hectáreas es solo 3,5%. En Turbo los cultivos aumentaron 96 %, pero el total cultivado son 84 hectáreas, una escala mucho menor que municipios como Tibú y Tumaco, donde hay más de 20.000 hectáreas de coca.

Los municipios que tradicionalmente han concentrado más cultivos estuvieron estables o se redujeron, particularmente en el Catatumbo, y esta reducción puede reflejar la ya reconocida tendencia a la baja de precios de la hoja de coca que ha llevado a los mismos grupos armados a instar a los campesinos a abstenerse de cultivar.

Sin embargo, en municipios como Tibú y Tumaco, en 2023 se redujeron los homicidios, lo cual podría dar esperanzas en que algunos de los esfuerzos de focalización en estas zonas puedan empezar a dar frutos, si bien lentos y en un contexto aún muy complejo.

Le recomendamos: La política mundial de drogas: ¿por fin hay un espacio para el cambio?

Las acciones del gobierno

Según la Política Nacional de Drogas, publicada el año pasado, la estrategia del gobierno es dar oxígeno a los cocaleros para sustituir cultivos y transitar hacia economías lícitas. La meta propuesta es reducir un total de 90.000 hectáreas de coca para el 2026, 69.000 voluntariamente y 23.000 a través de erradicación forzada en áreas de cultivo industrial.

Según el observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia, en el 2023 se erradicaron manualmente 20.324 hectáreas de coca, una reducción marcada respecto de 2021 (103.257 hc) y 2022 (68.893 hc), pero alineada con el cambio de política y las metas propuestas por el gobierno.

Como he sostenido en esta misma revista, enfocarse en eliminar cultivos no sirve para reducir el tamaño del mercado ilegal o mejorar las condiciones de los territorios afectados: erradicar más hectáreas simplemente para mostrar resultados no es una estrategia adecuada. Pero el aumento exponencial de cultivos sí es un problema grande.  Por esto, el gran desafío será que el gobierno logre mantener sus objetivos de erradicación voluntaria y focalizada, y sobre todo que logre mejorar condiciones de seguridad y económicas en zonas de cultivo.

Esto puede crear las bases para contener la expansión de cultivos y para una reducción sostenida, hasta donde sea posible en el contexto de una economía tan grande como el narcotráfico. Pero se necesita un gran esfuerzo de recursos y coordinación institucional. Focalizar y priorizar esfuerzos será importante para lograr resultados más tangibles.

Por su parte, la política de drogas del gobierno ya incluye una zonificación que considera no solo el nivel de cultivo de coca, sino también las condiciones socioeconómicas, geográficas y de orden público de los territorios para implementar mejor las estrategias.

Lo que se necesita entonces en el 2024 es que se determinen claramente las responsabilidades e indicadores de implementación. Así como tratar de rescatar lo que a trancas y sin apoyo institucional se logró con los acuerdos de sustitución derivados del acuerdo con las FARC.

El objetivo de la Política de Drogas del gobierno es asfixiar las rentas y capacidades de los nodos más fuertes del narcotráfico. Eso implica combinar esfuerzos en lucha contra la corrupción, finanzas, infraestructura e interdicción. En esta dirección, las incautaciones de clorhidrato de cocaína aumentaron en 2023, y las de pasta base se mantuvieron estables. En el 2023 también se desmantelaron más laboratorios de cocaína (230) que en el 2022 (186), a un nivel similar a 2020 y 2021. Según datos de la policía nacional, las capturas por distintos delitos relacionados con drogas han sido relativamente estables desde 2021, con una ligera reducción en 2023.

Narcotráfico y paz total

El gobierno enfrenta el gran desafío de alinear todos los objetivos de la política de drogas con la política de seguridad y con las propuestas de sometimiento y negociación que intenta adelantar dentro de la política de la Paz Total. El cambio de política de drogas que -correctamente- pone menos énfasis en indicadores de corto plazo, hace que las mejoras de seguridad se conviertan en un indicador central de avance.

La alineación es necesaria pero difícil, por la complicada situación de seguridad, la sensación creciente de inseguridad de la población y el apoyo decreciente al gobierno y a sus propuestas.

En el 2023 algunos indicadores de seguridad mejoraron respecto al 2022, como los combates entre grupos armados y el Estado, y la violencia de este último. Otros se mantuvieron estables, con una reducción muy ligera, como las masacres, las extorsiones, y los asesinatos a líderes sociales. Los homicidios aumentaron en el 2023, según datos de la Policía Nacional, y otros indicadores se deterioraron, como es el caso de los combates entre grupos y el secuestro.

Algunos análisis han señalado que este deterioro es un resultado indeseado de la política de la Paz Total. Pero considero que ese diagnóstico es inadecuado, porque parte del problema es precisamente que dicha política, como el gobierno la concibió, no ha despegado del todo. En cambio, esto es el resultado de varios factores:

  • La falta de una estrategia clara inicial de parte del gobierno sobre lo que la Paz Total implicaría, particularmente para los grupos que no tienen reconocimiento político.
  • Las dificultades políticas y jurídicas de determinar exactamente lo que los diálogos socio-jurídicos implicarían y de encontrar (y lograr la aprobación) del marco legal adecuado, sobre todo con los pocos precedentes de un esfuerzo de este tipo.
  • La falta de claridad y articulación de la política seguridad con la política de negociación.
  • La complejidad y diversidad de estructuras armadas e intereses que existen en distintas regiones del país.

En el 2023 el gobierno avanzó en diseñar de manera más clara su política de drogas y de seguridad y esto puede ayudar a concretar y avanzar algunos de los proyectos más ambiciosos e innovadores tanto en temas de seguridad como en temas de drogas.

En lo que queda del gobierno, será crucial que el “oxígeno” y la “asfixia” se alineen para lograr resultados más tangibles en términos de seguridad y paz, y mitigar los efectos del narcotráfico.

¿Y Estados Unidos?

Las declaraciones del embajador Palmieri son similares a las hechas en otras ocasiones, donde no ha rechazado abiertamente las propuestas más innovadoras del gobierno Petro, como la de incluir a organizaciones criminales y de narcotráfico en la Paz Total, o de reformular la política antidrogas, pero con frecuencia ha instado al gobierno a erradicar más, especialmente si los cultivos siguen aumentando.

Foto: Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz - El objetivo del gobierno es dar oxígeno a los cultivadores de coca para que puedan sustituir cultivos y transiten a economía lícitas.

Algunos análisis han señalado que este deterioro es un resultado indeseado de la política de la Paz Total. Pero considero que ese diagnóstico es inadecuado, porque parte del problema es precisamente que dicha política, como el gobierno la concibió, no ha despegado del todo.

En general el gobierno de Estados Unidos le ha dado cierto espacio a Petro para seguir adelante con un modelo distinto de control de cultivos.

Por otra parte, el año pasado, la administración Biden suspendió temporalmente el monitoreo de cultivos que hace la Oficina Nacional de Control de Política de Drogas (ONDCP por sus siglas en inglés).

Esta suspensión tiene algunas consecuencias negativas al eliminar datos que permiten comparar tendencias, aunque el monitoreo de UNODC se mantiene.  Pero también es positivo porque gran parte del problema de las políticas de drogas es su fijación en indicadores como la disminución de cultivos. Lo que refleja que la administración Biden, hasta cierto punto, también le apuesta a la política más integral propuesta por Petro.

Sin embargo, esto puede cambiar con la elección presidencial que se avecina en Estados Unidos. La posibilidad de que Trump llegue de nuevo al poder puede forzar una oposición más frontal a la política de Petro, con todas las consecuencias negativas que eso puede tener.

Pero hasta ahora, la sugerencia de un rechazo más fuerte de Estados Unidos a las políticas de Petro ha sido insinuada más por algunos medios colombianos que por el gobierno estadounidense. Y, en últimas, más allá de la disminución de erradicación forzada, y del aumento de cultivos que ya era un problema desde el gobierno anterior, no hay indicadores duros que obliguen tal rechazo.

Puede Leer: La política antidrogas de Petro: un vaso medio lleno

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Angélica Durán

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Angélica Durán

*Ph.D. en Ciencia Política de Brown University, profesora asociada de Ciencia Política y co-directora del Doctorado en Estudios Globales de la Universidad de Massachusetts-Lowell.

Foto: Policía Nacional

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Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia acordaron una nueva alianza en materia de drogas. ¿En qué consiste este acuerdo? ¿Será posible un cambio radical en la política mundial sobre la droga?

Angélica Durán Martínez*

La nueva alianza

Este 21 de noviembre el Ministerio de Justicia y la Agencia para el Desarrollo Internacional del Gobierno de Estados Unidos (USAID) firmaron una alianza con el fin de adoptar una política integral de drogas en territorios afectados por cultivos de uso ilícito.

El plan da prioridad a tres municipios: Cáceres (Antioquia), Tumaco (Nariño) y Sardinata (Norte de Santander); estos tres municipios ya estaban ejecutando el convenio de cooperación firmado en septiembre de 2021 por la administración Duque.

Este nuevo compromiso tiene tres propósitos que se conectan entre sí: reducir la oferta de drogas ilícitas, proponer un enfoque en el medio ambiente, y promover el desarrollo rural y la seguridad en los territorios.

El compromiso refleja la intención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de tener una política de drogas más integral: la Estrategia Holística contra las Drogas formulada por la Casa Blanca.

Lea en Razón Pública: El narcotráfico en 2021 —y en 2022—

Viejos y nuevos indicadores  

La alianza incluye los siguientes parámetros para evaluar sus resultados:

  • hectáreas de coca erradicadas;
  • cantidad incautada de clorhidrato de cocaína y de pasta base de coca;
  • número de policías capacitados con apoyo de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos;
  • tasa de imputación por lavado de activos en delitos asociados con el narcotráfico;
  • número y valor de los bienes con medidas cautelares de extinción del derecho de dominio;
  • número de personas con capturas legalizadas relacionadas con delitos ambientales;
  • número de hectáreas tituladas o con contratos de derechos de uso, y
  • número de hectáreas en mejora de su estado de conservación.

Ahora bien:

– Los primeros dos indicadores son tradicionales y se refieren a la disminución de oferta.

– Aquellos relacionados con la capacitación de policías y lavado de activos ya habían aparecido en documentos conjuntos, pero no es claro cómo fueron incorporados en  las estrategias en territorios con cultivos ilícitos durante el gobierno anterior.

– Los indicadores referentes a titulación y calidad de tierras reconocen la necesidad de evaluar los resultados a mediano y largo plazo sobre los cambios en la situación de los cultivadores.

Factores como el aumento de la demanda global de cocaína, la presencia de grupos armados, la vulnerabilidad histórica de los territorios y la pandemia hacen parte de la explicación del aumento de cultivos ilícitos. Pero no alcanzan a dar razón sobre el alza de 43 % en un año. Entender los motivos de este aumento es condición para adoptar estrategias más efectivas.

Pero harían falta indicadores más concretos en cuanto al desarrollo y la seguridad rural, sobre todo en lo que no ha funcionado en casos como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). En términos de erradicación y reducción de oferta, el enfoque en la medición de resultados de corto plazo ignora los daños directos e indirectos de las políticas antidrogas. Incluir un indicador de titulación es crucial, ya que la falta de claridad y problemas alrededores la propiedad de tierra son un obstáculo para ejecutar el PNIS.

Una rara coyuntura

El contexto histórico de 204.000 hectáreas de coca cultivadas que hace unos meses reportó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) hace aún más importante la ampliación de los criterios de seguimiento.

Factores como el aumento de la demanda global de cocaína, la presencia de grupos armados, la vulnerabilidad histórica de los territorios y la pandemia hacen parte de la explicación del aumento de cultivos ilícitos. Pero no alcanzan a dar razón sobre el alza de 43 % en un año. Entender los motivos de este aumento es condición para adoptar estrategias más efectivas.

Algunos reportes indican que parte de la cosecha de hoja de coca se está perdiendo y no hay compradores. Esto puede representar una oportunidad para que el gobierno reduzca estos cultivos mediante estrategias consultadas con las comunidades afectadas. De esta manera, la disposición del gobierno Petro para involucrar a las comunidades puede hacer que la alianza firmada con USAID represente un cambio más radical de lo que parece, si hay coordinación burocrática y dependiendo de los detalles de su ejecución.

¿Qué tan grande es el cambio?

Como se hizo evidente en la Asamblea de Naciones Unidas, el gobierno Petro es altamente crítico del prohibicionismo en materia de drogas. Y por su lado el gobierno de Biden no contempla ningún tipo de descriminalización de la cocaína y estableció que reducir la oferta es su principal propósito a corto plazo.

La alianza sin embargo demuestra, que, aunque existen diferencias, tanto el gobierno de Petro como el de Biden mantienen una relación bilateral sólida y saludable. Ambos comparten un interés en reconocer los errores y consecuencias negativas de la política de drogas.

Si bien no es un cambio radical en la política antidrogas, puede ser radical si su ejecución supera los problemas que existen en el PNIS.

¿Hasta dónde irá Petro?

Petro y su gabinete han anunciado cambios integrales en la política de drogas, pero la alianza con USAID recuerda las contradicciones de Colombia en su propuesta sobre la regulación de la hoja de coca y su mercado.

El nuevo enfoque del gobierno colombiano incluye la descriminalización del uso adulto, recreativo y medicinal de cannabis; el apoyo a una industria de usos legales de la hoja de coca, y la creación de una consejería que coordine a todas las agencias que participan en la política de drogas.

Incluso algunos ministros expresan ideas sobre la regulación del mercado de la cocaína, pero aún no se conoce una propuesta oficial. La mas concreta es el proyecto de ley presentado en 2020 por los senadores Iván Marulanda y Feliciano Valencia, que fue archivada en el Congreso después de pasar el primer debate. No es claro si Petro considera retomar esta propuesta.

La alianza sin embargo demuestra, que, aunque existen diferencias, tanto el gobierno de Petro como el de Biden mantienen una relación bilateral sólida y saludable. Ambos comparten un interés en reconocer los errores y consecuencias negativas de la política de drogas.

También se ha hablado sobre la descriminalización del uso de la cocaína, pero en la práctica no tiene mucho efecto pues el consumo personal ya está autorizado en Colombia.
Foto: Radio Nacional - Tumaco es uno de los municipios en los que se pondrá en marcha la nueva política de drogas, Estrategia Holística, entre el Ministerio de Justicia y USAID. También se adoptará en Sardinata y Cáceres.

Puede leer: La política de drogas: ¿sería posible legalizar también la cocaína?

En intervenciones nacionales e internacionales el presidente Petro sigue haciendo clara su posición sobre la necesidad de acabar con  la prohibición y la guerra contra las drogas. ¿Qué espacio hay para esto?

Los obstáculos para regular el mercado de la cocaína son varios:

  • El mercado transnacional es enorme y un cambio global para regular la cocaína es improbable.
  • Dados el tamaño del mercado y la necesidad de regulaciones estrictas, no es realista pensar que los mercados ilegales y sus sujetos desaparecerán por completo.
  • La opinión es más opuesta a regular la cocaína que a regular el cannabis.
  • Hay preocupaciones legítimas sobre lo que pueda significar la regulación para el uso problemático y los incentivos perversos para grupos ilegales.
  • El éxito de la regulación depende de políticas e instituciones coordinadas en muchas áreas: seguridad y policía, desarrollo rural, salud, justicia, educación.

Es claro que cualquier esfuerzo para reducir los cultivos de coca, como el que se expresa en la alianza con USAID, siempre va a chocar con la realidad de un mercado ilegal que genera grandes ganancias. Pero existen otros factores que juegan a favor de un experimento de regular la coca y la cocaína en Colombia.

  • Gobiernos de la región como Brasil, México, Perú y Bolivia están abiertos a discutir el tema. Los intereses e ideas son diversos, pero existe una base común que puede facilitar alianzas.
  • El gobierno Petro ha mostrado que puede y sabe negociar diplomática y domésticamente, aunque a veces existan errores de comunicación y descoordinación.
  • Internacionalmente la idea es mucho más popular de lo que se imagina. Revistas como The Economist y Foreign Policy han declarado abiertamente su apoyo a la legalización de la cocaína.

El gobierno actual ha abierto un espacio sin precedentes para discutir nacional e internacionalmente temas complicados como este. Debido a las tensiones entre los propósitos a corto y largo plazo, las difíciles relaciones entre economía licitas, inseguridad, desarrollo y corrupción, su ejecución es difícil. Pero la discusión y la reforma son necesarias.

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Angélica Durán

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Angélica Durán

*Ph.D. en Ciencia Política de Brown University, profesora asociada de Ciencia Política y co-directora del Doctorado en Estudios Globales de la Universidad de Massachusetts-Lowell.

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Negociar con organizaciones criminales asociadas al narcotráfico puede traer problemas. Para lograr la paz total, son cinco las lecciones de otros procesos de negociación en el mundo y en Colombia que se deberán tener en cuenta.

Angélica Durán Martínez*

La paz total

El presidente electo Gustavo Petro ha propuesto alcanzar una paz total, incluyendo a organizaciones armadas asociadas con el narcotráfico y sucesoras del paramilitarismo.

El Clan del Golfo, o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los Caparrapos y Los Rastrojos, entre otros grupos, enviaron una carta al gobierno entrante donde proponen beneficios judiciales a cambio de un cese al fuego, el desarme y la voluntad de proveer verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Otra carta, sin embargo, negó que las AGC hubiesen firmado ese documento.

La paz no será total si no se consideran los múltiples grupos armados criminales que existen y sus distintas motivaciones. Pero dialogar con ellos es una tarea llena de desafíos. La construcción de paz es algo más que desmantelar un grupo o desmovilizar a un cabecilla.

Cada proceso de paz en Colombia ha disminuido los índices de violencia, pero las guerras han tenido una capacidad enorme de reinventarse, tanto por las desigualdades socioeconómicas y políticas, como por los incentivos que proveen las economías ilícitas, que siguen articuladas al narcotráfico, pero van mucho más allá del mismo.

Criminales o políticos

Los principios de construcción de paz son necesarios para abordar el problema de los grupos criminales, dadas las múltiples afectaciones humanitarias que causan.

El gobierno de El Salvador promovió una tregua en 2012 entre las pandillas MS-13 y facciones del Barrio 18 que llevó a una reducción del 50 % en los homicidios en un año. Esta tregua avivó el debate sobre si es posible usar principios de negociación con grupos criminales.

Muchos grupos armados actuales, si bien no tienen agendas ideológicas, sí tienen conexiones políticas y ejercen control y gobernanza en los territorios donde operan. Además, cumplen distintas funciones que le corresponden al Estado.

El mayor desafío es que una paz total requiere ir más allá de un sometimiento de líderes, pero sin reconocerlos políticamente ni darles estatus jurídico. En otras palabras, hay que negociar sin negociar. Y hay que tener expectativas realistas.

El desafío es reconocer estas dimensiones políticas, sociales y económicas sin ignorar las diferencias que separan a bandas criminales y pandillas de insurgencias, por ejemplo. El desafío es más grande en el caso colombiano porque los límites entre unos y otros son más grises de lo quisiéramos y es más difícil proponer políticas diferenciadas.

Las dificultades

La propuesta de Petro consiste en un sometimiento colectivo que introduzca mayores garantías a las víctimas e introduzca principios de verdad, justicia y reparación. Este es un buen comienzo, pero tiene varias dificultades:

  • Si bien grupos criminales como las AGC no son lo mismo que las guerrillas o los paramilitares, tienen muchas conexiones históricas con ambos.
  • Los grupos criminales operan de maneras distintas en los territorios. Por ejemplo, las AGC tienen liderazgo y control claro en unas zonas, pero no en otras.
  • Incluso en lugares donde un cabecilla tiene el control territorial y la capacidad de imponer órdenes sobre sus tropas, el sometimiento del líder no garantiza que los niveles más bajos de los grupos desaparezcan.
  • En todo conflicto armado las motivaciones individuales son variadas, incluso en grupos con ideologías claras. Esto ha sido bien documentado en las FARC y en las Autodefensas. Si la motivación es económica, más grande es el riesgo de reincidencia. Hay que prestar mucha atención a quienes constituyen la mano de obra de los grupos criminales.
  • Hay muchas organizaciones criminales en Colombia, si bien el Clan del Golfo es la más grande.

Además de los desafíos jurídicos y políticos de iniciar un sometimiento colectivo, existen otros para que la reducción de conflicto sea real en el largo plazo. Las experiencias de sometimiento a la justicia y la negociación con grupos como las milicias urbanas en Medellín en los 90 pueden dar luces sobre las posibilidades y desafíos de reconocer y dialogar con estos grupos.

La Paz total en Colombia
Foto: Wikimedia Commons - El presidente electo Gustavo Petro ha propuesto alcanzar una paz total, incluyendo a estructuras armadas asociadas al narcotráfico y sucesoras del paramilitarismo.

Puede leer: El Acuerdo de Paz bajo Duque…y bajo Petro

Lecciones de otros procesos

Varios países de América Latina han tenido treguas con pandillas, que si bien pertenecen a contextos distintos, pueden darnos claves para pensar en los principios de construcción de paz que pueden ser llevados a cabo.

Los procesos que involucran el diálogo a lo largo de América Latina, y en Colombia, sugieren varias lecciones.

  1. El potencial de reducción de violencia letal en el corto plazo, sobre todo de homicidios, depende del nivel de control territorial que tenga un grupo.

En El Salvador a principios de los noventa, por ejemplo, iniciativas de negociación hechas por la sociedad civil, y con algún apoyo del gobierno, no redujeron la violencia porque las pandillas no tenían la capacidad de controlar el comportamiento de sus miembros. Pero, para la tregua de 2012, las pandillas se habían convertido en organizaciones jerárquicas que podían controlar lo que pasaba en la calle desde la cárcel. Por ello, la tregua redujo los homicidios de manera tan clara.

En Medellín, en los noventa, los gobiernos nacional y local apoyaron múltiples negociaciones y pactos apoyados por la Asesoría de Paz y Convivencia de la alcaldía y la Consejería Presidencial para Medellín. Esos procesos redujeron los homicidios, pero no contundentemente, porque en ese momento había muchos actores armados en Medellín.

  1. Los procesos de mediación local son más efectivos para transformar las motivaciones complejas que mantienen a los jóvenes en el conflicto, pero no tienen un impacto directo en tasas de violencia macro.

Desde Belice hasta Ecuador, Venezuela y Haití, existen muchas experiencias de mediación local con pandillas y grupos criminales. Muchos procesos son netamente comunitarios, pero en otros participa el Estado.

Cuando estas experiencias involucran las subjetividades de los jóvenes en conflicto, tienen una capacidad mayor de reconocer y transformar los incentivos que hacen de los grupos armados y de las actividades criminales una alternativa para los jóvenes marginalizados.

Cualquier proceso exitoso en el largo plazo requiere involucrar miembros de la sociedad civil con conocimiento, experiencia y capacidad de relacionarse personalmente con estos jóvenes.

En Medellín en los años noventa, los programas de la iglesia como No Matarás o los pactos de agresión promovidos por la alcaldía lograron cambiar la subjetividad de muchos jóvenes a través de un trabajo de acompañamiento constante.

Muchos jóvenes que participaron en esos procesos son hoy gestores de paz en la ciudad. Un efecto similar se ha documentado en Ecuador después de la decisión de legalizar pandillas en el 2007.

  1. Los procesos de diálogo más efectivos han sido acompañados por iniciativas socioeconómicas que crean alternativas para jóvenes miembros de esos grupos.

En Belice, por ejemplo, las treguas que han tenido un impacto más claro de largo plazo en reducir violencia, en 1995 y 2011, fueron acompañadas por programas de trabajo y capacitación.

Pero esto requiere un compromiso de recursos sustancial y sostenido, además de un trabajo con la comunidad, por obvias razones, puede percibir esto como una recompensa para los criminales.

En el caso de Medellín, se intentaron articular proyectos económicos para los jóvenes que participaban en bandas o combos a la par de los procesos de negociación. Pero esas iniciativas se abandonaron o no se articularon a los procesos de mediación.

  1. Los procesos de negociación pueden politizar a los actores armados y aumentar su poder si no se crean contrapesos, reglas claras y sanciones por violaciones.

Un riesgo importante de negociar o usar diálogo con grupos criminales es que, al reconocer su poder, el mismo puede aumentar y sofisticar. Aunque la corrupción y la represión indiscriminada tienen  el mismo efecto, este es un temor que se debe considerar seriamente.

Desde Medellín hasta El Salvador hay evidencia de que las negociaciones pueden producir procesos de aprendizaje y sofisticación en los grupos armados.

Pero también existe evidencia de que ese poder puede reducirse y dirigirse para construir paz. Para ello es necesario que estos procesos involucren a múltiples sectores de la sociedad civil, sobre todo a organizaciones locales con experiencia y conocimiento en el terreno.

También se requieren reglas claras cuando los compromisos no se mantienen. En El Salvador, la tregua se volvió más impopular después de algunos escándalos sobre fiestas dentro de las cárceles. Nuestro más célebre ejemplo es de la Catedral después del sometimiento de Pablo Escobar.

Por eso, un proceso de diálogo o sometimiento tiene que articularse de manera clara con una política de seguridad bien definida, que respete a quienes mantengan sus compromisos, pero persiga a quienes los violan o no se involucren en el proceso.

  1. Coordinación de autoridades

Un sometimiento o diálogo efectivo supone buena coordinación entre autoridades nacionales y locales. Aunque se necesita un proceso nacional, debe coordinarse cuidadosamente en lo local. También requiere coordinarse cuidadosamente con la acción policial y judicial.

Medellín es un ejemplo de muchas iniciativas innovadoras que naufragaron en medio de la descoordinación de estrategias y de conflictos políticos. La tregua en El Salvador se desmanteló cuando las alianzas políticas que la sostenían colapsaron.

Conclusión

Estas son sólo puntadas de los muchos elementos que hay que pensar. Queda en el tintero el espinoso tema de la extradición.

El mayor desafío es que una paz total requiere ir más allá de un sometimiento de líderes, pero sin reconocerlos políticamente ni darles estatus jurídico. En otras palabras, hay que negociar sin negociar. Y hay que tener expectativas realistas.

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Angélica Durán

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Angélica Durán

*Ph.D. en Ciencia Política de Brown University, profesora asociada de Ciencia Política y co-directora del Doctorado en Estudios Globales de la Universidad de Massachusetts-Lowell.

Foto: Radio Nacional de Colombia - El tema del narcotráfico no fue uno de los más sonados.

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¿Qué ha pasado con las drogas en este año, cuáles problemas enfrentará el próximo gobierno y cómo puede resolverlos?

Angélica Durán Martínez*

Coca, cocaína y sustitución de cultivos

El tema del narcotráfico no fue muy comentado durante este año, pero sigue atravesando la vida social, económica, política y la situación de seguridad del país.

En el 2021 la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reportó dos tendencias aparentemente contradictorias: la reducción de los cultivos de coca y el aumento de la producción de cocaína. Las cifras corresponden al 2020, pero es probable que este año las tendencias fueran similares. Esto sugiere que:

  • El aumento exponencial de los cultivos entre 2013 y 2017 se estabilizó como respuesta al mercado.
  • La adaptación a las políticas de erradicación forzada y el aumento de la intervención de los grupos criminales en la transformación de la hoja de coca resultó en una mayor productividad de los cultivos.
  • La demanda mundial de cocaína aumentó y se dispersó geográficamente. Los reportes de Europa muestran un aumento del consumo en los últimos tres años. Pero la última encuesta entre adolescentes en Estados Unidos sugiere una disminución en el uso de todas las drogas en el 2020, seguramente como efecto de la pandemia.

Otro tema importante es la interrupción de las políticas de sustitución voluntaria de cultivos. Desde el 2020 no se incorporaron más familias al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), porque el cuarto punto del Acuerdo con las FARC incluyó únicamente a las familias que cultivaron antes de la firma y excluía a potenciales cultivadores oportunistas.

Esto significa que no existe una política clara de sustitución voluntaria en un país con 143.000 hectáreas de coca sembradas. Aun así, el PNIS involucró a más de 99.000 familias en acuerdos colectivos que permitieron eliminar más de 40.000 hectáreas de coca.

La tasa de resiembra de estas hectáreas ha sido de 0,4 % (en algunos lugares es más alta, como en Tibú). Según la UNODC, la tasa de resiembra podría ser en realidad del 7 %, pero aun así sería menor que en los casos de erradicación forzada, donde se ubica entre el 50 % y el 60 %.

Según el balance del Instituto Kroc sobre el acuerdo con las FARC, el presupuesto de ejecución para lo convenido en materia de droga se recortó de manera drástica. Esta es una mala noticia si se quiere mantener el resultado del PNIS y aún peor si quiere mejorarse.

Le recomendamos: Aumento de la producción de cocaína en Colombia

Los grupos armados

El gobierno presentará este año un buen balance por lo tocante a cabecillas de los grupos criminales involucrados en el narcotráfico que han sido dados de baja, capturados o asesinados.

  • El 15 de agosto las autoridades dieron de baja en Nariño a Anderson Perlaza Caicedo, alias “Borojó”, líder de las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP).
  • En octubre las autoridades capturaron a Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, líder del Clan del Golfo.
  • El excomandante de las FARC, Jesús Santrich, fue asesinado en mayo y los excomandantes Romaña y El Paisa, el 8 de diciembre; los tres en territorio venezolano. El asesinato de Santrich aún es confuso, pero los de Romaña y El Paisa se atribuyeron a disputas entre narcotraficantes.

La captura de Otoniel y la baja de Borojó son buenas para el gobierno, pero el efecto de estas capturas en las redes del narcotráfico es muy limitado. La organización descentralizada del Clan del Golfo impedirá que la captura de Otoniel afecte al grupo armado. Y aun si se debilitara, siempre hay alguien dispuesto a llenar los vacíos de poder.

Foto: Radio Nacional de Colombia - Deben proponerse otros usos lícitos para los cultivos.

Puede leer: El narcotráfico después de Otoniel

Mercado ilícito

Aunque los fenómenos del crimen no son homogéneos, existe una mayor descentralización y fragmentación de las redes del narcotráfico que se agudizó desde la desmovilización de las FARC.

En el 2021 varios hechos mostraron una mayor dispersión geográfica y organizativa del narcotráfico, y una expansión hacia las fronteras. Esto convirtió a los países fronterizos en partícipes más directos de las cadenas del narcotráfico. Entre esos hechos se destacan:

  • Los arrestos en diciembre vinculados con el Clan del Golfo en Panamá. Estos arrestos incluyeron autoridades de alto nivel y reflejaron la expansión del grupo hacia esa zona.
  • El recrudecimiento de los combates en la frontera con Venezuela entre las fuerzas armadas y los grupos no estatales de ambos lados de la frontera.
  • Los grandes decomisos de drogas confirmaron la descentralización y fragmentación de las redes del narcotráfico hacia Europa, las cuales encontraron múltiples aliados en Colombia.

Las capturas o bajas de cabecillas son a corto plazo una divisa esencial para los gobiernos ávidos de resultados, pero a largo plazo no aportan mucho en la lucha contra el narcotráfico. Las actividades criminales son diversas y las redes se vuelven más resilientes.

La relación con Estados Unidos

El 2021 fue un buen año para la relación entre Estados Unidos y Colombia en temas de narcotráfico y seguridad. La salida de Donald Trump hizo más predecible la relación bilateral y permitió que Estados Unidos apoyara la ejecución del acuerdo de paz, pero la posición del gobierno Biden sobre el narcotráfico es tímida.

En marzo Biden le pidió a Colombia que reanudara la fumigación de cultivos ilícitos. Los miembros de su partido y una larga lista de organizaciones y académicos firmaron una carta contra esa petición. Desde entonces la administración Biden evita el tema de la fumigación.

Uno de los avances más significativos de Biden fue sacar a las FARC de la lista de las organizaciones terroristas, dejando incluidas a las disidencias. Esto fue un espaldarazo al acuerdo de paz que criticaron miembros del partido republicano y el gobierno colombiano.

De cualquier modo, Biden tiene una agenda complicada internamente y sus prioridades internacionales son la migración y los coletazos de la salida de Afganistán.

Políticas antidrogas en Colombia

Además de lo mencionado frente a los cultivos ilícitos, hay otros aspectos de la política antinarcóticos que conviene destacar:

  • En el 2019 se aprobó una resolución para crear el Sistema Nacional de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas. Sin duda alguna es importante mejorar las políticas de diagnóstico, prevención, tratamiento e investigación; pero esta política se ejecuta lentamente y con pocos recursos.
  • La discusión sobre el cannabis medicinal cambió radicalmente. Muchos precandidatos presidenciales quieren promover la industria e incluso el presidente la apoya. El gran desafío es lograr un beneficio para los pequeños productores y las comunidades. Seguramente los debates sobre el uso recreacional seguirán activos en el 2022, pero aquí las posiciones están divididas.
  • En agosto el gobierno aprobó una estrategia contra el crimen organizado que presta atención al lavado de activos y destina recursos para ejecutarla. Una buena intención, pero en Colombia hay mucho trecho entre la política y la práctica.

Con las elecciones presidenciales en el horizonte, este balance permite recordar los retos que enfrentará quien llegue a la Casa de Nariño. El problema no tiene una solución rápida. Por eso debe pensarse en propósitos a largo plazo, en vez de enfocarse en eliminar a las cabecillas de los grupos armados y criminales.

Para eso deben promoverse políticas sustitución y desarrollo alternativo y de desarrollo de los territorios, y deben proponerse otros usos lícitos para los cultivos. Hay que prestar más atención a los mandos medios criminales y a qué sucede cuando se elimina uno. También hay que trabajar conjuntamente con otros países que ahora inciden activamente en las cadenas del narcotráfico y restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela.

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Angélica Durán

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Angélica Durán

*Ph.D. en Ciencia Política de Brown University, profesora asociada de Ciencia Política y co-directora del Doctorado en Estudios Globales de la Universidad de Massachusetts-Lowell.

Foto: Radio Nacional de Colombia - Guerra contra las drogas

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A qué se debe el aumento de la producción de cocaína en Colombia y por qué las políticas prohibicionistas han seguido fracasando.

Angélica Durán-Martínez*

Los datos

A principios de junio, la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) publicó los resultados iniciales del monitoreo de cultivos en Colombia durante el año pasado.

Las cifras muestran una reducción por tercer año consecutivo en los cultivos de coca y, al mismo tiempo, un aumento sustancial en la producción de clorhidrato de cocaína pura. ¿Qué significan estos datos? ¿Qué nos dicen sobre las tendencias en los mercados ilegales y sobre las políticas de drogas?

La metodología

Para buscar las respuestas es necesario entender cómo se hacen los cálculos sobre producción de cocaína. Antes que nada, es importante señalar que la metodología que utiliza actualmente la UNDOC fue usada por primera vez en 2005. Por eso, es difícil comparar los datos actuales con los emitidos antes de esa fecha.

Las principales fuentes que utiliza la UNODC son:

  • Estimaciones satelitales de extensión y densidad de cultivos;
  • Encuestas y observaciones de campo que ayudan a determinar quién y cómo se hace la transformación de la hoja de coca en pasta base y luego en cocaína, cuánto cuesta la producción, qué métodos e insumos se usan, y los distintos tipos de planta cultivada.

Los estudios detallados de terreno se hacen una vez al año en una o dos de las ocho zonas donde se analizan los cultivos, porque son costosos y difíciles de realizar. Como tenemos información actualizada apenas cada cuatro años, el aumento de producción reportado no necesariamente refleja un cambio ocurrido durante el último año. También es posible que los estimativos cambien como sucedió en 2017, cuando la cifra de producción potencial se reajustó de 1.379 a 1.058 toneladas métricas.

Las cifras muestran una reducción por tercer año consecutivo en los cultivos de coca y, al mismo tiempo, un aumento sustancial en la producción de clorhidrato de cocaína pura.

También debe notarse que las estimaciones de potencial de producción se basan en cálculos de productividad sobre toda el área cultivada, pero no tienen en cuenta incautaciones ni productores que no comercializan todo lo que producen. Por consiguiente, estos estimativos revelan información importante sobre las tendencias del mercado, pero no siempre dan cuenta del tamaño real del mercado ilegal.

Principales tendencias

Como se observa en la gráfica 1, la tendencia de la producción potencial de cocaína es similar, pero no idéntica a la del cultivo de coca. Así pues, no es sorpresivo que el cultivo disminuya mientras que la producción aumenta, porque los mercados de la cocaína han mostrado una gran capacidad de adaptación.

Gráfica 1. Producción potencial de cocaína y cultivos de coca

Fuente: Datos de UNODC, elaboración propia
Desde el 2013 ha habido un aumento constante del potencial de producción de cocaína concentrado en el Pacífico y en el Catatumbo. Pero debido a la forma como la UNODC ha estratificado las regiones para el análisis, es posible que el aumento reciente esté relacionado con otro aumento grande de productividad en el Catatumbo. Sin embargo hay que esperar los demás datos para confirmar esta hipótesis.

Los datos disponibles permiten afirmar que:

  1. La productividad por hectárea cultivada ha aumentado. Uno de los efectos de la reducción de cultivos después del Plan Colombia fue la concentración geográfica de los mismos. Esto trajo consigo el aumento de la densidad de los cultivos y de la concentración del alcaloide, lo cual permitió que aumentara la productividad.
  2. Las políticas antinarcóticos han tenido efectos sumamente negativos. El gobierno y la UNODC argumentan que el aumento de cultivos y de productividad son el resultado de suspender de las fumigaciones y del cambio de políticas que tuvo lugar tras la firma del Acuerdo con las FARC.

Sin embargo, como he señalado anteriormente, estas tendencias son una prueba más de que las fumigaciones y la erradicación forzada no previenen la resiembra. Por ejemplo, la reducción de cultivos en el marco del Plan Colombia entre 2003 y 2007 ocurrió a la par de un aumento en la producción de cocaína. En síntesis, eliminar los cultivos no sirve para reducir el tamaño del mercado ilegal.

No es sorpresivo que el cultivo disminuya mientras que la producción aumenta, porque los mercados de la cocaína han mostrado una gran capacidad de adaptación.

Durante los últimos años, los grupos armados y narcotraficantes se han apoderado de una mayor parte del proceso de transformación de hoja a clorhidrato de cocaína y han sofisticado la producción para adaptarse a las políticas de control.

Es importante señalar que, por lo general, los campesinos cultivadores no participan en el proceso de sintetizar la cocaína. Según la UNODC, menos del 50% de los cultivadores transforman la hoja en pasta base de coca, y solo el 1% participa en el proceso de transformación de cocaína. Esta tendencia es más marcada en las regiones donde distintos actores armados se disputan el control territorial. El aumento de la productividad en el Pacífico y el Catatumbo son un reflejo de la competencia entre los grupos ilegales que se disputan la zona.

  1. El aumento de la demanda ha sido mayor en los mercados europeos. Si bien los datos no deben ser interpretados automáticamente como cambios en los mercados, sí podemos afirmar que el aumento observado se relaciona con la creciente demanda de cocaína en Europa (y en menor medida el crecimiento de los mercados de Australia, África y Asia).

Según el último Reporte Europeo de Drogas publicado por el Centro de Monitoreo para Drogas y Adicción en Europa (EMCDDA, por sus siglas en inglés), la disponibilidad y el consumo de cocaína pura, que ya venían en aumento, han seguido aumentando en Europa:

  • Entre el 2018 y 2020 la cantidad de cocaína incautada aumentó de manera pronunciada. En 2019 se registró un record de incautación de cocaína de 213 toneladas.
  • De los 15 países que ha realizado encuestas de consumo desde 2018, 8 reportaron un aumento en el uso de cocaína respecto de su encuesta anterior y 7 reportaron niveles estables.

Además, otras drogas sintéticas muestran una tendencia similar a la de la cocaína en Europa, lo cual sugiere que se trata de un fenómeno generalizado. Podemos afirmar entonces que el aumento en la producción de cocaína responde en parte a un aumento de la demanda.

Dado que los precios y por tanto las ganancias del mercado de la cocaína son mucho más altas en Europa que en Estados Unidos, las organizaciones colombianas tratan de expandir su mercado en el viejo continente como ha explicado Insight Crime. El precio promedio de venta al por mayor de un kilo de cocaína en Europa es 41.731 dólares y en Estados Unidos es apenas 28.000

Si bien el mercado de Estados Unidos sigue siendo grande y lucrativo, las estadísticas de la agencia de control de Drogas y Fronteras (CBP) muestran que las incautaciones de 2020 disminuyeron con respecto a las de 2019. Todo indica que esto se debió a las limitaciones de movilidad impuestas a causa de la pandemia, pues las incautaciones de este año ya superaron las de 2020. En todo caso, los datos sugieren que los mercados de la cocaína están expandiéndose más allá de Estados Unidos, aunque este siga siendo el mercado más grande e importante.

Foto: Policía Nacional de Colombia - Incautación de cocaína

Le recomendamos: Cifras falsas sobre cultivos de coca

Otras explicaciones

También es posible que el aumento de la producción esté relacionada con los esfuerzos de las organizaciones colombianas por mantener el dominio del mercado y hacerse más eficientes frente a la multiplicidad de actores involucrados en la producción y tráfico de cocaína dentro y fuera de Colombia.

Según la UNODC, en los últimos años el número de países que reportan laboratorios de procesamiento de cocaína ha aumentado, y existe evidencia de que durante la pandemia el transporte de cocaína se descentralizó, como sugiere la reactivación de rutas terrestres en Centro América -donde también han descubierto más laboratorios e incluso cultivos pequeños-. Por su parte, Europa ha reportado que nuevas organizaciones de distintas nacionalidades se han involucrado en el tráfico hacia la región.

Si bien los datos presentados son sumamente preocupantes, es importante resistir la tentación de caer en análisis cortoplacistas o simplistas, pues las estadísticas reflejan relaciones complejas de oferta y demanda e interacciones entre factores internos y externos. En últimas, nos recuerdan que los mercados de drogas han logrado reinventarse y adaptarse desde que Nixon declaró la inútil guerra contra las drogas hace 50 años.

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Angélica Durán

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Angélica Durán

*Ph.D. en Ciencia Política de Brown University, profesora asociada de Ciencia Política y co-directora del Doctorado en Estudios Globales de la Universidad de Massachusetts-Lowell.

Facebook Ministerio de Defensa Trasnochada política de seguridad

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La crisis de seguridad en Colombia exige políticas de largo aliento que combatan las causas de la violencia. Pero el gobierno propone todo lo contrario.

Angélica Durán Martínez*

Cambio sin cambio

La seguridad en Colombia se viene deteriorando de manera tan notable que algunas de las críticas al presidente Duque están siendo formuladas por los miembros de su propia coalición.

Con el nombramiento de Diego Molano como nuevo ministro de Defensa, otra vez comenzó el plazo para que gobierno presente resultados. Pero las políticas anunciadas en las últimas semanas no tienen nada de innovadoras ni presentan una estrategia clara.

Duque y Molano siguen considerando al narcotráfico como el principio y fin de todos los problemas de seguridad en Colombia. Justo después de su designación, Molano dejó muy claro cuál es su diagnóstico al decir que “todos los males del país tienen nombre propio: el narcotráfico, ese gran virus que carcome a Colombia, en campos y ciudades.”

El narcotráfico es, sin duda, un motor de la violencia y la presencia de grupos armados en Colombia. Pero la estrategia de eliminar grupos y cabecillas mediante acciones militares sigue ignorando cómo se reproducen el narcotráfico y los grupos armados en territorio colombiano. Esta estrategia ignora los problemas sociales y políticos que subyacen a estos fenómenos, así como otras fuentes de violencia y mercados ilegales como la minería, la trata de personas y el comercio de madera.

Le recomendamos: Narcotráfico y violencia: ¿por qué sigue el problema?

Tres medidas del gobierno

No hay una estrategia de seguridad clara. El gobierno anunció tres medidas que parecen ser el eje de su plan para los próximos meses: (1) crear un comando élite para luchar contra el narcotráfico, (2) combatir al microtráfico y (3) fumigación y erradicación forzada de cultivos ilícitos. Examinemos cada una de estas políticas:

1. Comando élite. A finales de febrero, Duque anunció la creación del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT). Este comando cuenta con 7.000 hombres y mujeres del Ejército. Su propósito, según el presidente, es ir “sin contemplación a desmantelar las estructuras (sic) del narcotráfico del ELN, de la ‘Narcotalia’, las disidencias de las Farc, la ‘Oliver Sinisterra’, la ‘Dagoberto Ramos’, de ‘Los Pelusos’, de ‘Los Caparros’, del ‘Clan del Golfo’, y de cualquier forma de criminalidad.”

En el lanzamiento del CONAT, Duque calificó la lucha contra el narcotráfico como moralmente necesaria. Pero, más allá de proponer la captura y “destrucción de todas las estructuras (sic) armadas” —algo que ya se ha propuesto muchas veces— no hay nada nuevo que rompa con la historia reiterada de las últimas décadas.

Por cada líder capturado o asesinado, hay uno nuevo; con cada organización que se desmantela, hay otras que se fragmentan y se vuelven a aliar, a veces de maneras sorpresivas. Más allá del énfasis militar, no hay una estrategia clara de judicialización o inteligencia. No hay un plan para asegurar, con resultados sostenibles, la presencia legítima del Estado en estos territorios. Tampoco es claro cómo enfrentarán con esta estrategia los problemas de legitimidad, corrupción y eficiencia que azotan a la fuerza pública.

2. Combatir el microtráfico. A mediados de febrero, Molano anunció el “Plan 100 contra el microtráfico” en conjunto con la Policía Nacional. El plan, también concertado con la Fiscalía General, tiene tres ejes: control y disuasión con énfasis en parques y entornos escolares, participación cívica y operaciones para la reducción del delito. Para finales de marzo, el gobierno reportaba 226 operaciones, 1.743 capturas y 68 demoliciones.

Es muy bueno que, supuestamente, el plan implique coordinación entre Fiscalía y policía. Pero ¿qué pasa después de los arrestos y “limpiezas”? ¿Cómo mantener la seguridad a largo plazo? Como han demostrado los casos del Bronx y el Cartucho en Bogotá, desmantelar ‘ollas’ no significa restablecer la seguridad. Por lo general, sin otras estrategias, estas acciones están condenadas a que las ‘ollas’ simplemente se muevan a otros lugares o vuelvan a surgir.

Duque y Molano siguen considerando al narcotráfico como el principio y fin de todos los problemas de seguridad en Colombia

3. Fumigación y erradicación forzada. A principios de marzo, el gobierno volvió a anunciar su plan de reanudar fumigaciones en abril. El anuncio parece haber sido políticamente facilitado por el último Reporte de Estrategia Internacional de Control Antinarcóticos (INCSR) del gobierno de Estados Unidos. Este le dio un espaldarazo a la fumigación de cultivos de uso ilícito, manifestando que “Colombia debe reanudar la erradicación aérea, que sigue siendo una herramienta irremplazable en el arsenal del gobierno, al lado de la erradicación manual y el desarrollo alternativo.”

El reporte ocasionó protestas desde la academia y desde organizaciones expertas en política antidrogas que han señalado, en muchas investigaciones rigurosas, la futilidad de la erradicación forzada y de la fumigación como estrategias de largo aliento para reducir los cultivos de uso ilícito. Algo que he discutido con frecuencia en Razón Pública.

El apoyo de Estados Unidos al plan de reanudar las fumigaciones es algo sorpresivo, considerando que el presidente Biden ha expresado su apoyo a medidas que el gobierno Duque desestima —como redirigir la política antidrogas y avanzar en la ejecución del acuerdo de paz—. También es sorpresivo si se tiene en cuenta el reporte del Congreso estadounidense publicado en noviembre, donde se criticaba el Plan Colombia y en el cual participó Juan González, ahora asesor para el Hemisferio Occidental del Departamento del Estado.

foto: Concejo de Cali Sufragista- feminismo

Puede leer: El fracaso del Plan Colombia según un informe oficial de Estados Unidos

Sin embargo, el espaldarazo a las fumigaciones coincide con la línea tradicional de la política antidrogas de Estados Unidos y con la necesidad del gobierno Biden de mantener a Colombia como aliado. Además, el gobierno colombiano sigue haciendo un lobby intenso a favor de la fumigación entre los políticos norteamericanos.

Aun así, el tono de la discusión antidrogas ha cambiado. Hay muchas voces en el Congreso estadounidense, en el gobierno Biden y en sectores políticos, académicos y de la sociedad civil en Colombia y en Estados Unidos, que se oponen frontalmente a la fumigación.

Además, el gobierno Duque ya ha sido varias veces incapaz de reanudar las fumigaciones al no poder cumplir las condiciones impuestas por la Corte Constitucional.

Con o sin fumigaciones, el gobierno seguirá empeñado en mostrar estadísticas de destrucción de cultivos como su único indicador de éxito. No le importa si esto es sostenible en el futuro y, de nuevo, ignora estrategias más duraderas como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).

Una seguridad deteriorada

Más allá de estas tres políticas, hay que preguntarse si la estrategia del gobierno reconoce la complejidad de nuevas y viejas tendencias de seguridad en el país.

En el 2020 se redujeron los homicidios en Colombia, lo cual refleja una tendencia que venía desde la firma de los acuerdos con las FARC. Además, esta disminución está posiblemente relacionada con las restricciones de movilidad debidas a la pandemia.

Por cada líder capturado o asesinado, hay uno nuevo; con cada organización que se desmantela, hay otras que se fragmentan y se vuelven a aliar,

Pero, más allá de la disminución de homicidios, la situación de orden público claramente se ha deteriorado. Esto se hace evidente por los desplazamientos masivos —por ejemplo, en El Charco, Nariño—, los ataques y amenazas en el Cauca, los enfrentamientos armados en la frontera con Venezuela, y muchos otros fenómenos de violencia que a diario dominan las noticias.

Además, muchos indicadores son preocupantes:

  • Según INDEPAZ, 41 líderes sociales han sido asesinados en 2021. Esto suma 926 durante la administración actual y 1.155 desde la firma del acuerdo de paz.
  • En el 2020 se contaron 91 masacres y en lo corrido del 2021 ya van 23.
  • Según CERAC, durante el 2020 las acciones ofensivas y combates también aumentaron, aunque siguen siendo muchas menos que las registradas antes del acuerdo de paz.
  • Los casos de corrupción y abuso de autoridad en la policía y el ejército siguen a la orden del día.

El deterioro de la seguridad que sugieren estos indicadores era predecible. Estos demuestran la incapacidad del Estado de ocupar los espacios dejados por las FARC y la falta de ejecución de aspectos claves del acuerdo de paz. También reflejan problemas que persisten en muchos territorios que ya venían siendo azotados por disputas antiguas entre grupos criminales. Aunque estos pueden haber cambiado de nombre, como es el caso en Buenaventura, responden a tradiciones armadas y criminales de vieja data y a problemas sociales y económicos persistentes.

A estos elementos predecibles se suman otros que eran inesperados: los problemas que trajo la crisis de la COVID-19. La pandemia facilitó la expansión del control social y territorial de varios grupos armados, aumentó el desempleo y la marginación, e hizo más vulnerables al reclutamiento forzado a miles de jóvenes en áreas rurales que tienen dificultad para acceder a la educación virtual.

Le recomendamos: La pandemia favoreció a los grupos armados ilegales

La crisis política en Venezuela y los conflictos diplomáticos con el país vecino son otro factor importante para entender los recientes combates entre el ejército venezolano y las disidencias de las FARC en el estado de Apure.

Pero ninguno de estos intrincados factores es considerado en la actual discusión sobre seguridad. Tampoco hay una estrategia clara que reconozca particularidades regionales.

Sería ingenuo descartar la importancia de controlar las rutas del narcotráfico en las disputas que se dan en todo el país. Tampoco podemos desconocer que, para la mayoría de los grupos armados, es esencial controlar mercados ilegales que incluyen —pero no se limitan— al narcotráfico.

Pero estas disputas no son nuevas. El narcotráfico, por sí solo, no puede explicar por qué los combates se han intensificado en toda Colombia. Reducir la solución al narcotráfico a eliminar cabecillas criminales, sin tener en cuenta otras estrategias de largo aliento, nos deja todavía sin un plan claro para cambiar la situación de los territorios de manera sostenible.

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Angélica Durán

Escrito por:

Angélica Durán

*Ph.D. en Ciencia Política de Brown University, profesora asociada de Ciencia Política y co-directora del Doctorado en Estudios Globales de la Universidad de Massachusetts-Lowell.

Portada: Policía Nacional Homicidios en Colombia

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Plan Colombia: un éxito contrainsurgente, un fracaso de política antinarcóticos. Este informe reconoce los fracasos de política exterior de Estados Unidos.

Angélica Durán Martínez*

Un cambio en la doctrina de Estados Unidos

El primero de diciembre, la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental (Western Hemisphere Drug Policy Commission [WHDPC]) publicó un informe que evalúa la política exterior de drogas de Estados Unidos. Este documento concluye, entre otras cosas, que el Plan Colombia fue un éxito contrainsurgente, pero un fracaso de política antinarcóticos.

Semejante afirmación pone en entredicho la imagen oficial del Plan Colombia, celebrado como un éxito por demócratas y por republicanos. Por ejemplo, en 2010, Hillary Clinton —entonces Secretaria de Estado— abogó por un “Plan Colombia” para enfrentar el narcotráfico en México.

En este artículo examino las implicaciones de este informe para la política exterior de Estados Unidos y de Colombia. Para hacerlo, es necesario entender qué es la Comisión, así como los aciertos y límites de sus conclusiones.

La Comisión

El Congreso de Estados Unidos creó la Comisión en 2017 para evaluar su política exterior antinarcóticos en el hemisferio occidental.

Es un órgano no partidista; lo conforman expertos, exfuncionarios y excongresistas. La cuota académica es más bien pequeña: Mary Speck (exdirectora regional del International Crisis Group) y Shannon O’Neill (Council of Foreign Relations). El informe se basa en estudios académicos, en entrevistas con expertos, diplomáticos y funcionarios gubernamentales, y en evaluaciones comisionadas a expertos.

Sus recomendaciones no tienen carácter vinculante; pero, cuando se posesione Joe Biden, este informe puede mover la política antidrogas de Estados Unidos hacia una dirección más deseable, dado su estatus y la relación de varios de sus comisionados con la administración Obama. Por ejemplo, Juan González, un miembro de la Comisión, fue subsecretario asistente de Estado bajo Obama

¿Qué dice el informe?

Algunas conclusiones del resumen ejecutivo dejan al lector pensando que no hay nada innovador en este documento, que comienza por ideas como estas:

  • el objetivo central de la política exterior de drogas de Estados Unidos debe ser reducir el flujo de narcóticos, especialmente los más peligrosos para la salud, y apoyar a otros países para atacar organizaciones criminales transnacionales;
  • se necesita una estrategia de “la totalidad del gobierno” de Estados Unidos, liderada por el Departamento de Estado, que incluya la transformación de la Oficina Nacional de Política Antidrogas (Office of National Drug Control Policy [ONDCP]).

Pero otras afirmaciones constituyen una crítica —aunque a veces velada— a la política exterior de Estados Unidos, incluyendo:

  • el proceso de certificación, que “ofende a aliados y hace poco para detener prácticas corruptas de naciones hostiles”;
  • el énfasis exclusivo en reducir la oferta, que ha tenido poco efecto sobre el flujo y disponibilidad de las drogas;
  • políticas como la erradicación de cultivos, la eliminación de blancos prioritarios (kingpin strategy) o, incluso, la interdicción han acarreado costos políticos, económicos y sociales.

Si bien el mandato de la Comisión era evaluar la política exterior, también reconoce que una estrategia integral supone controlar la demanda interna de drogas y que es imposible eliminar completamente el narcotráfico.

Estas conclusiones son notables, pues el gobierno de Estados Unidos no reconoce oficialmente las grandes contradicciones de su política exterior antidrogas o los problemas que ha causado.

Al evaluar la ayuda para Colombia, México y Centroamérica, también es notable lo que reconoce la Comisión:

  • El Plan Colombia fracasó —volveré a esto en un momento—.
  • La política apoyada por Estados Unidos de eliminar blancos prioritarios en México ha exacerbado la violencia, fragmentado y diversificado los cárteles y fracasado en reducir el narcotráfico.
  • Gran parte de las armas que circulan en México —que son gasolina para los conflictos del narcotráfico— provienen de Estados Unidos.
  • La violencia en Centroamérica ha alimentado flujos de migrantes que entran a Estados Unidos para buscar mejores oportunidades y seguridad.

¿Un informe revolucionario?

Estas conclusiones son fundamentales, porque señalan la necesidad de reorientar la política antidrogas; además, se alinean con la evidencia creciente sobre los fracasos de muchas políticas antidrogas tradicionales.

Pero el reporte no reconoce explícitamente que el diseño de las políticas desde Estados Unidos haya sido equivocado, ni que las agendas políticas contradigan con frecuencia los objetivos antidrogas. Sus conclusiones y evidencia son a veces superfluas, y muchos problemas se atribuyen a la falta de coordinación de los gobiernos receptores de ayuda.

Por ejemplo, el informe menciona un incidente como el arresto en Estados Unidos por cargos de narcotráfico del general mexicano y exministro de defensa Salvador Cienfuegos; algo así socava la confianza entre gobiernos. Aun así, no se reconoce que el problema comienza con las acciones unilaterales de Estados Unidos, ni que se agrava por su disposición a ignorar la corrupción y el narcotráfico cuando estos sirven a sus objetivos. En el caso de Cienfuegos, presuntamente, Estados Unidos retiró los cargos por temor a que el gobierno de López Obrador cerrara las oficinas de la DEA en México.

El reporte no reconoce explícitamente que el diseño de las políticas desde Estados Unidos haya sido equivocado

El informe reconoce la futilidad de la certificación, pero sigue presentando el problema como uno de apoyar a aliados y perseguir a enemigos. Esta línea queda clara en las primeras páginas del documento: pone a Venezuela como el ejemplo extremo de una democracia debilitada por el narcotráfico; más adelante señala que es imposible controlar el flujo de drogas ilícitas sin solucionar la debacle política de este país. Sin duda, la erosión democrática en Venezuela ha expandido las organizaciones y flujos criminales de manera extrema; lograr una transición política es vital para el país y la región. Pero este énfasis mitiga la responsabilidad de Estados Unidos y las dimensiones políticas de la conexión entre drogas y narcotráfico en otros países.

En otro ejemplo, el informe reconoce —afortunadamente— los lazos del presidente de Honduras con el narcotráfico o los peligrosos pasos de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, en contra de la democracia; pero no destaca el silencio de Estados Unidos ante semejantes prácticas.

Es posible que una crítica más abierta le quitara audiencia al documento, y que los comisionados hayan navegado delicados balances diplomáticos. Aun entonces —y precisamente por eso— es importante lo que el informe reconoce y lo que recomienda.

Foto: Wikimedia Commons El vacío de poder de las Farc y la falta de decisión del Estado para ocupar los territorios que dejaron explican la nueva ola de violencia.

Le recomendamos: La descertificación: una política obsoleta

El Plan Colombia

El informe concluye que el Plan Colombia, al que Estados Unidos aportó 10 billones de dólares desde el 2000, fue exitoso en su componente contrainsurgente: recuperó a un país que estaba cerca de convertirse en un “Estado fallido”.

Aun así, señala que el Plan fue un fracaso antinarcóticos por estos motivos:

  • Según la ONDCP, el número de hectáreas de coca alcanzó su pico histórico de 212.000 hectáreas en 2019; pero son distintas las cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (United Nations Office on Drugs and Crime) —como expliqué en un artículo anterior—.
  • Los defensores del Plan señalan que, entre 1999 y 2008, las hectáreas de coca se redujeron a la mitad. Es muy importante que el informe reconozca que los números actuales revelan que el problema nunca ha desaparecido.
  • Los precios de la cocaína en Estados Unidos han sido constantes, a pesar de los cambios en la oferta de coca en Colombia.
  • La fumigación aérea es costosa y sus ganancias son imposibles de sostener sin presencia militar o policial. La fumigación también socava la legitimidad del Estado y obliga a los cultivadores a adaptar técnicas que pueden ser aún más dañinas, como mover sus cultivos a áreas protegidas.
  • Algunos programas de desarrollo alternativo apoyados por el Plan Colombia no tuvieron ningún efecto en reducir los cultivos, como el programa Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible (MIDAS) o las Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal (ADAM).

Por otro lado, el informe señala que sí fueron efectivos otros en los que hubo mejor coordinación interagencial, como Familias Guardabosques o el Plan de Consolidación Integral de la Macarena.

Además, menciona otras amenazas a los éxitos contrainsurgentes del Plan: los ataques contra líderes sociales, las masacres del último año y la expansión de otros grupos armados y disidencias.

Este diagnóstico no reconoce que el éxito contrainsurgente es discutible, ya que el Plan Colombia ignoró el avance de los grupos paramilitares e, inclusive, los facilitó. Aún más, para cumplir sus objetivos, se violaron varios derechos humanos, como sucedió con los falsos positivos.

Puede leer: Un camino humanista en la política antidrogas

Y las propuestas

Pero las limitaciones que sí se reconocen y las recomendaciones pueden redireccionar la ayuda de Estados Unidos y la política antidrogas del país. La Comisión recomienda diversas acciones:

  • usar el diálogo de alto nivel entre Colombia y Estados Unidos para coordinar la ayuda futura, incluyendo al sector privado y a la comunidad internacional y usando indicadores claros de desempeño;
  • facilitar la asistencia a desmovilizados de las FARC, lo cual implica levantar la restricción que impide a agencias como USAID trabajar con exguerrilleros —este es un punto vital—;
  • enfocarse en la destrucción de laboratorios y en la interdicción, usando la erradicación forzada de manera selectiva en productores de gran escala;
  • promover la construcción de vías terciarias, la titulación de tierras, la inclusión financiera de cultivadores y el desarrollo alternativo;
  • proteger a los líderes locales.

El informe no recomienda opciones más radicales —como regular algunos cultivos de coca— y sus críticas a la fumigación aérea y a la erradicación forzada son a veces tímidas.

No obstante, las recomendaciones envían un mensaje sustancial sobre la necesidad de Estados Unidos de apoyar el cumplimiento del acuerdo de paz y de poner menos énfasis en el número de hectáreas por erradicar.

Si Biden adopta estas recomendaciones, la implementación del acuerdo —incluyendo el programa de sustitución de cultivos— puede recibir una inyección de energía política y financiera. Mucho seguirá dependiendo de la voluntad del gobierno colombiano; pero al menos la discusión avanza —lentamente— en la dirección correcta.

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Angélica Durán

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Angélica Durán

*Ph.D. en Ciencia Política de Brown University, profesora asociada de Ciencia Política y co-directora del Doctorado en Estudios Globales de la Universidad de Massachusetts-Lowell.

Foto: Orito Arte Sano Se imponen hoy las voces de quienes al defender pretendidas “formas” de periodismo solo defienden su lugar, su posición o su puesto.

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Angelica Duran, razón pública

El gobierno anunció la reanudación de las fumigaciones aéreas a los cultivos de coca para disminuir la violencia, pero el efecto real sería aumentarla. Esta es la explicación.

Angélica Durán Martínez*

Los motivos y argumentos del gobierno

El gobierno ha anunciado que volverá a comenzar las fumigaciones para erradicar los cultivos de hoja de coca. Este anuncio le sigue a la petición expresa del presidente Trump al presidente Duque para que Colombia cumpla sus metas de reducción de narcocultivos.

La puesta en marcha de esta medida ha estado retrasada por las exigencias establecidas por la Corte Constitucional en su sentencia T-236 de 2017. Específicamente: la Corte pide demostrar que las fumigaciones no dañarán el medio ambiente o la salud de las personas.

Sin embargo, el gobierno sostiene que fumigar es la forma más barata y efectiva de eliminar cultivos. A esto se ha sumado el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien sostiene que fumigar puede reducir las masacres que se han multiplicado a lo largo del país en las últimas semanas.

Según el ministro: “menos coca es menos violencia y menos plata para los masacradores. [..] Más coca es más violencia, más deforestación, más destrucción del medio ambiente, más asesinatos de líderes sociales y más consumo de droga para los jóvenes. Acabar con los cultivos lleva a más inversión, más creación de empresas agropecuarias e industriales y lleva más trabajo e ingresos para los campesinos”.

Es verdad que el narcotráfico es uno de los grandes obstáculos para una paz sostenible en Colombia, pero no es el único. Su persistencia es el resultado de problemas que siguen sin resolverse, como:

  • la presencia ambivalente del Estado en zonas de conflicto;
  • la desigualdad social; y
  • el enorme poder de grupos armados que controlan territorios y poblaciones, de modo que actúan a veces como las autoridades alternas ante la falta de Estado.

Las afirmaciones del presidente y el ministro siguen ignorando o subestimando el problema y las causas complejas de la violencia.

Foto: Facebook: Juan David Vélez Las fumigaciones con glifosato no son efectivas.

Le recomendamos: Las masacres no volvieron, porque nunca se fueron. Una semana muy violenta en Colombia

Herramienta que no sirve

Aunque la fumigación aérea puede reducir cultivos de manera inmediata, su relación costo-beneficio es negativa por estos motivos:

  • Fumigar no previene la resiembra. En el 2019 se erradicaron forzadamente 94.000 hectáreas de coca; en octubre pasado, Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz, reconoció que la tasa de resiembra está entre 50 y 67%.
  • Para que la fumigación fuera efectiva tendría entonces que ser constante, pero esto es insostenible. Entre 1999 y 2015 se fumigaron 1.742.140 hectáreas de coca. Los diez municipios con el número más alto de hectáreas sembradas en 2019 (Tibú, Tumaco, El Tambo, Puerto Asís, Sardinata, El Tarra, El Charco, Teorama, San Miguel, y Olaya Herrera) han sufrido aspersiones constantes desde el año 2000.
  • Fumigar afecta la salud, los cultivos legales, y la legitimidad del Estado.
  • Si el cultivo de coca y la producción de cocaína destruyen el medio ambiente, no tiene sentido atacarlas con métodos que causan aún más daños ambientales y no resuelven el problema de fondo.

Pero las cifras son la prueba más clara de este fracaso: entre 2017 y 2019 se erradicaron forzadamente 204.584 hectáreas sembradas de coca, y los cultivos disminuyeron apenas en 17.019 hectáreas. ¿Podemos decir entonces que esta estrategia de control es efectiva?

En contraste, la tasa de resiembra de la sustitución voluntaria es mucho más baja. Indepaz estima que esta tasa equivale al 0,6%. El éxito de la sustitución voluntaria depende del apoyo concreto a los proyectos productivos, y de mejorar las condiciones de desarrollo y seguridad en los territorios, de modo que sean viables esos proyectos. Esto es difícil actualmente por el bajo nivel de apoyo político y de las instituciones al Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS).

Foto: Facebook: Ministerio de Defensa Según Holmes, las masacres se reducirían con las fumigaciones.

Lea en Razón Pública: 2020: ¿cómo lograr la reducción de los cultivos ilícitos?

Pandemia e inseguridad

La pandemia ha agravado las desigualdades y la inseguridad, sobre todo para las poblaciones más vulnerables. Los cambios en mercados legales e ilegales, y los beneficios y riesgos que han enfrentado los grupos armados como efecto de la pandemia son claves para entender las trayectorias de violencia en los últimos meses.

En una ciudad como Medellín, donde he realizado entrevistas remotas en las últimas semanas, es claro que los grupos armados han aumentado su control sobre la población durante la cuarentena y han expandido sus actividades ilícitas, que no se reducen al narcotráfico.

Los grupos armados a veces ofrecen bienes o servicios a las poblaciones que carecen de ellos en mitad de una pandemia. Estos grupos aprovechan la vulnerabilidad mediante los créditos gota a gota, o expandiendo su control sobre mercados lícitos de productos de la canasta familiar.

Esto es posible porque el Estado no hace presencia más allá del control policial o militar en los sectores más vulnerables.
La situación de Medellín es muy distinta de la de otros lugares del país, pero muestra la compleja situación de seguridad.

Las cuarentenas y restricciones al comercio han dificultado el movimiento de insumos y el tráfico internacional del narcotráfico. Al mismo tiempo ha facilitado la oportunidad de controlar rutas y movimientos. En este contexto, las disputas son la consecuencia del intento de los grupos más poderosos de controlar territorios, poblaciones y mercados.

Los flujos del narcotráfico siguen siendo intensos. En puertos europeos como Antwerp en Bélgica las incautaciones de cocaína han aumentado desde enero. Así sigue la tendencia que ya venía desde 2016.

En Estados Unidos si bien las incautaciones de cocaína se redujeron en marzo y abril, en mayo fueron comparables a las de noviembre de 2019, de acuerdo a la Agencia de Aduanas y Control de Fronteras (CBP).

En este contexto es un sinsentido creer que fumigar puede resolver problemas de seguridad. Incluso si fuera posible eliminar toda la coca, eso no aseguraría a las comunidades las condiciones económicas necesarias, ni restablecería automáticamente la confianza en el Estado.

La coca y las masacres

¿Qué pensar de la tesis del ministro en el sentido de que la fumigación reduce la siembra de coca y esto a su vez reducirá las masacres?

En la gráfica siguiente presento un ejercicio estadístico entre 1995 y 2015 para saber si en efecto, ha habido menos masacres en los municipios que han sido fumigados. El ejercicio pregunta si el número de hectáreas de coca, la presencia de grupos armados, y el número de hectáreas asperjadas el año anterior, afectan el número de masacres y homicidios en un municipio.

Fuente: cálculos de la autora sobre la base de cifras oficiales

La diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho de la gráfica consiste en que este último la variable mide el número de hectáreas que fueron asperjadas en cada municipio.

Los resultados sugieren que, aunque la fumigación parecería disminuir las masacres, un mayor número de hectáreas asperjadas no reduce las masacres (mitad superior del gráfico) ni tampoco los homicidios (parte inferior del gráfico), sino que los aumenta.

Es más: en todos los casos, la variable que afecta de manera más clara las masacres y homicidios es la presencia de grupos armados.

Aunque el ejercicio anterior es simple, sus resultados indican con suficiente claridad que lo que ha dicho el gobierno no es cierto.

Puede leer: Cifras falsas sobre cultivos de coca

La nueva ola de violencia: ¿coca o errores del Estado?

El gráfico sugiere también que la presencia de cultivos en sí misma no explica los niveles de violencia, aunque los municipios con más hectáreas asperjadas y cultivadas tienden a tener más masacres y homicidios.

Hay que tener en cuenta la variación en los niveles y tipos de violencia que enfrentan los municipios con coca. Esto depende de la competencia entre grupos armados, las políticas de la fuerza pública, y la relación entre los civiles y los grupos armados.

Con frecuencia las masacres obedecen al intento de grupos armados de controlar a la población civil. Las masacres tienden a ocurrir donde o cuando hay más competencia territorial entre estos grupos armados.

Las masacres de las últimas semanas no son un completo regreso al pasado, pero tampoco son del todo nuevas. Aunque los homicidios y otras acciones violentas han disminuido como resultado del proceso de paz, los grupos armados no han desaparecido. Los desplazamientos forzados, el aumento del control territorial y el asesinato de líderes sociales son la manifestación constante de la inseguridad que viven muchas comunidades.

Las masacres son la extensión de inseguridades crónicas en muchos territorios. Y si bien el narcotráfico es el motor de muchas de las disputas, otras se deben a distintas industrias ilegales o a conflictos sociales diferentes. Es necesario investigar, en vez de suponer las causas, como parece hacer el ministro de Defensa.

Indudablemente, algunos asesinatos de líderes sociales reflejan las estrategias de grupos ligados al narcotráfico de silenciar a quienes se oponen a sus actividades, como ha sido evidente con la comunidad Awá en Llorente.

Pero las políticas del Estado también han sido el motor de conflictos recientes en zonas cocaleras. En abril, un líder Awa murió en medio de un conflicto entre un grupo de erradicación forzosa y la comunidad en Nariño. Esta erradicación sucedió en medio de la pandemia y sin consulta previa.

Según el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, entre 2016 y 2020 ha habido 95 incidentes entre campesinos y fuerzas del Estado en el marco de erradicaciones forzada. La mayoría de estos –51 en total– han ocurrido este año.

Estos conflictos reflejan que, aunque el gobierno dice que combina las estrategias en zonas cocaleras, hay una completa descoordinación, y sus políticas en sí mismas son un motor de conflicto.

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Angélica Durán

Escrito por:

Angélica Durán

*Ph.D. en Ciencia Política de Brown University, profesora asociada de Ciencia Política y co-directora del Doctorado en Estudios Globales de la Universidad de Massachusetts-Lowell.

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Angelica DuranLa relación bilateral ha vuelto a girar en torno a las drogas y a Venezuela, mientras que el proceso de paz es tratado con desdén. ¿Cambiará algo si Trump no gana las elecciones este año?

Angélica Durán Martínez* Continue reading «Estados Unidos, Colombia y la política antidrogas en el 2020»

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Angélica Durán

*Ph.D. en Ciencia Política de Brown University, profesora asociada de Ciencia Política y co-directora del Doctorado en Estudios Globales de la Universidad de Massachusetts-Lowell.

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Hay reparos frente a la quinta versión del proyecto de ley: ¿Por qué no hay un límite de hectáreas? ¿Podrán colarse narcotraficantes? ¿Los beneficios exceden lo pactado en La Habana?

Angélica Durán Martínez* Continue reading «Menos castigo para el pequeño cocalero: ¿en qué consiste la reforma?»

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Angélica Durán

*Ph.D. en Ciencia Política de Brown University, profesora asociada de Ciencia Política y co-directora del Doctorado en Estudios Globales de la Universidad de Massachusetts-Lowell.

ISSN 2145-0439

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