De las buenas intenciones a las buenas decisiones

Un poco más de dos meses es el tiempo que la izquierda en cabeza de Gustavo Petro lleva gobernando a Colombia, y, sin embargo, por la cantidad de sucesos se han sentido como mucho más. Los anuncios no han parado de aparecer, sin duda el más importante de ellos la negociación a la que habría llegado el ministerio de Agricultura con los ganaderos para comprarles tres millones de hectáreas de tierra e intentar -de nuevo- resolver el problema sobre la propiedad rural en Colombia.

A la par, Petro y su comisionado de paz, Danilo Rueda, están empeñados en avanzar en negociaciones con el ELN y en un extenso plan de sometimiento a la justicia con los otros tres grandes grupos armados que existen hoy en Colombia: el Clan del Golfo, las disidencias de las Farc comandadas por Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia, cuya cabeza sigue siendo Iván Márquez. A pesar de que estos acercamientos aún no tienen piso jurídico, pues las modificaciones a la Ley 418 conocida como Ley de Orden Público apenas superaron el primer debate en comisiones conjuntas constitucionales de Senado y Cámara la semana anterior, lo cierto es que la apuesta por lo que Petro ha llamado “la Paz Total” es muy decidida.

En estos dos meses también ha habido tiempo para escándalos —como la compra de televisores, sábanas y cubrecamas costosísimos, la agenda de viajes de la primera dama que no se pierde funeral, o las embajadas de nuevo ocupadas por amigos y no por profesionales de carrera diplomática— y para contradicciones entre algunos de los ministros.

Las altísimas expectativas con las que Petro logró mover las bases sociales de departamentos como el Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca y sumar hasta las últimas monedas en la Costa Atlántica para vencer a Rodolfo Hernández han empezado a pasar factura, como era previsible, especialmente en los diálogos regionales vinculantes que hacen parte de la lista de anuncios que ha hecho este gobierno, más cuando se aseguró que podría participar el que llegara.

Solo el fin de semana hubo un extendido descontento entre las organizaciones sociales y los asistentes al diálogo regional programado en el Valle del Cauca, pues los problemas de logística fueron evidentes y la asistencia de Petro, como ya ha pasado en otras ocasiones, fue tardía. La construcción de un Plan Nacional de Desarrollo (PND) que incluya múltiples voces suena tentadora para quien cree en la democracia de base como el presidente, pero correr contra el reloj de los cien días que tienen para presentar el PND sin una metodología clara y cuando todos los ministros tienen aparte sus propias agendas y problemas por resolver ya está visto que no es una tarea fácil.

Estos dos meses han sido el inicio de la transición entre la oposición y el gobierno de gentes que siempre habían estado del otro lado, y claramente las dificultades de gobernar no se parecen en nada a las de criticar a quien está en el poder. La primera de ellas podría ser la de la comunicación, pues a pesar de los cónclaves, retiros y reuniones que se han hecho entre la bancada del Pacto Histórico, los ministros y los funcionarios de alto nivel, es notorio que algunos tiran para un lado y otros para otro, pese a los jalones de orejas que según los medios de comunicación Petro ha hecho privadamente.

 “Eso no se puede”

Los primeros contrapunteos han aparecido por cuenta de la transición energética, una bandera que Petro ha levantado desde hace años y que hace parte de la columna vertebral de su programa de gobierno. Su elección de una ministra de Minas que bien podría haber ocupado la cartera de Medio Ambiente es perfectamente coherente con las ideas esbozadas en el plan de gobierno, en el que se anunció la prohibición del fracking, la suspensión de las operaciones de exploración y explotación de petróleo y el freno de la minería a cielo abierto.

La ministra Irene Vélez ha entendido que ese es el propósito de Petro y que es una “promesa de campaña” dejar atrás la economía extractiva, sin embargo, como las buenas intenciones deben recorrer un camino espinoso y a veces conducen al infierno, el primer pero lo ha puesto el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo.

La ministra y una de sus viceministras han sugerido reiterativamente que no habrá más exploración ni nuevos contratos de explotación petrolera, y se han contradicho alrededor de la explotación de gas natural, algo que Ocampo ha sostenido que debe mantenerse si el país quiere tener una transición energética tranquila con la macroeconomía nacional.

Ya parece un modelo usual aquel según el cual se dicen cosas desde el ministerio de Minas que sale a desmentir el ministro de Hacienda, pero lo preocupante de esto por supuesto es la falta de una línea clara sobre los objetivos que persigue el gobierno, qué es factible en un momento de turbulencia mundial que golpea a Colombia y qué tanto de lo que estaba en el papel del plan de gobierno, que no tenía una “hoja de ruta” o un paso a paso de cómo hacerlo realidad, debería quedarse en promesas de campaña.

Solo por mencionar un ejemplo, buena parte de la ambiciosa reforma tributaria que está transitando en el Congreso depende de que las mineras y petroleras no puedan descontar de sus impuestos de renta las regalías, y si estos sectores se apagan ¿de dónde saldrá el dinero para sostener la agenda social del gobierno?

Ante estas contradicciones el presidente ha optado por el silencio, aunque los medios de comunicación hayan sugerido que sus declaraciones sobre “el enemigo interno” iban para Ocampo. Creo, más bien, que Petro juega a la lógica del “policía bueno” y el “policía malo” sin intervenir públicamente en las contradicciones entre sus ministros, porque sabe que Ocampo no solo es independiente, que su trayectoria lo avala para decir y hacer lo que le parezca así no se alinee con el plan de gobierno, sino que justo por eso lo puso al frente de la cartera más importante, la que maneja la chequera nacional.

Encuentra en él una pared que le sirve, por un lado, para decir por qué esas altísimas expectativas no pueden cumplirse, y, por otro, como una perfecta justificación para decir que lo intentó y que son factores ajenos a él y a sus decisiones los que no le permiten avanzar en su agenda del cambio.

Mantener a Ocampo en Hacienda le permite a Petro seguir diciendo en plaza pública que el problema es que los ricos no quieren tributar, manteniendo coherencia con su discurso de campaña como lo hizo la semana pasada en Caldono, mientras el ministro negocia a puerta cerrada con congresistas, lobbistas y gremios para que pasen una tributaria que sea un poco más progresiva que la infinidad de tributarias no “estructurales” que ha tenido Colombia en los últimos años, aunque esté muy lejos de la que presentaron el 7 de agosto.

Para Ocampo es apenas obvio que deben hacerse concesiones y que en toda negociación uno arranca siendo muy ambicioso para ir aflojando la cuerda con el objetivo de sacar un poco más de beneficios que los que había al principio.

Lo mismo pasa frente al anuncio sobre las tierras, pues si después de firmado el compromiso con Fedegán no llega a conseguirse el dinero para comprarlas, porque la ley no lo permite mediante la emisión de bonos de deuda como Ocampo dijo, o porque se calcula el valor total en casi tres reformas tributarias como la actual, podrá decirse que se hizo el intento, que se compró lo que podía comprarse con la plata disponible y que las finanzas nacionales no dan para adquirir todo. Habría que buscar otro camino o dejar así. Petro podría refugiarse en el logo de “lo importante fue que se intentó”.

La presencia de Ocampo le permite a Petro vociferar sus ideas que a veces cambian de un día para otro, que son parte de su capital político y que tensionan la confianza de los inversionistas y tenedores de bonos de deuda colombianos, por solo mencionar unos casos, porque es un hombre que dentro del entorno económico tiene una alta reputación y su presencia en el ministerio es una especie de garantía frente algunas ideas polémicas o incluso descabelladas que se quedan solo en Twitter o en la plaza pública, pero que suenan populares.

Ocampo se ha vuelto el bastión de la confianza de un gobierno que apenas está aprendiendo a gobernar. A diferencia de sus compañeros, es un hombre curtido, y su serenidad y firmeza lo han hecho el capitán de un barco que adentro está agitado y que navega en medio de una tormenta internacional en la que la peor idea sería aventurarse a soluciones inventadas.

Petro sabe bien que podrá seguir sacando provecho de su presencia porque ese “paraguas” le sirve para probar caminos, para ver qué tanto puede avanzar con sus propias ambiciones y deseos. Las contradicciones no van a acabarse porque son apenas normales en un grupo de personas que no se conocían, que vienen de escuelas de pensamiento y trayectorias muy diversas y que aparte tienen el reto de traducir qué es lo que quiere Petro, y si eso que quiere, que al parecer está en el plan de gobierno, es siquiera posible, o mejor, deseable.

Personas como Ocampo, López o Velásquez tienen tanto trasegar sobre sus hombros que pueden contradecir al propio presidente o a sus compañeros sin apenas sonrojarse, y la libertad de irse cuando algo definitivamente no les parezca.

Así el escenario deja en el aire la pregunta de hasta cuándo será Ocampo el policía malo, el apaga-incendios sobre el que reposa la estabilidad y la confianza en un gobierno que por su propia naturaleza desafiante del orden conservador causa mucha animadversión. Más allá, cabe preguntarse si esto es una estrategia consensuada o apenas una consecuencia de que Ocampo no venga de la entraña de Petro, ni sea su amigo de toda la vida, y que esa sea su principal virtud pues los buenos ministros de Hacienda suelen ser tremendamente impopulares.

Algunos rumores indican que Ocampo no duraría más de un año frente al ministerio de Hacienda, pero si se va ¿quién podría inspirar la seguridad y credibilidad que él inspira cuando muchos de sus compañeros de gabinete son jóvenes y apenas están enfrentándose a las dificultades de gobernar? Parece que es un buen momento para lanzar los dados.