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Desarrollo rural: las propuestas del nuevo Acuerdo Final

Escrito por Jaime Eduardo Reyes

Desarrollo de la Reforma Tributario por parte del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Jaime Eduardo ReyesEn el Acuerdo Final no se puso en peligro la propiedad privada ni se instauró la expropiación arbitraria de tierras. Más bien se crearon algunos proyectos ambiciosos de desarrollo rural. Lo difícil, como siempre, es que se cumplan. 

Jaime Eduardo Reyes*

Universidad de IbaguéSembrar la paz

Mucho se ha hablado sobre la necesidad de estimular el desarrollo rural en los territorios que han vivido el conflicto armado como la mejor manera de asegurar la paz en Colombia. Por eso uno de los primeros puntos que se discutieron en las negociaciones de paz en La Habana fue el llamado: “Hacia un nuevo campo colombiano: reforma rural integral”.

Después de varias idas y venidas, y de la renegociación del Acuerdo Final, algunas de las propuestas que el gobierno ha mantenido son:

  • Crear un nuevo conjunto de instituciones para el desarrollo rural.
  • Liquidar el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder).
  • Crear tres nuevas Agencias para impulsar el desarrollo del campo.
  • Además, en el reciente proyecto de reforma tributaria se propuso la exención de impuestos para ciertas empresas que operen en zonas que han sido golpeadas por el conflicto.

Del viejo al nuevo Acuerdo

El nuevo Acuerdo de paz firmado por el gobierno y las FARC tuvo algunas precisiones y modificaciones que mejoraron el anterior Acuerdo Final. Uno de estos cambios fue la inclusión de un nuevo principio en el Punto 1, según el cual “El desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existente –agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala; de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo; y de la promoción y fomento en condiciones de equidad de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción, que podrán ser verticales u horizontales y en diferente escala. En todo caso se apoyará y protegerá la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento”.

El nuevo Acuerdo se ajusta a las garantías que existen en el país para la propiedad privada.

Como se ve, los postulados de la economía de mercado están claramente presentes en este principio: competitividad, promoción y fomento de la inversión privada, y encadenamientos productivos. Además, en él se reafirma el mandato constitucional de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos mediante el reconocimiento de la economía campesina, familiar y comunitaria.

Durante la campaña del plebiscito los promotores del No afirmaron que el Acuerdo Final proponía un enfoque “comunista” de la propiedad rural y de la producción agropecuaria. Pero el nuevo Acuerdo no dejó ninguna duda al respecto porque aclaró en su sección sobre “regularización de la propiedad” que: “nada de lo establecido en el Acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada”.

Es decir, el nuevo Acuerdo se ajusta a las garantías que existen en el país para la propiedad privada (artículo 58 de la Constitución) y a los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles que no pueden ser desconocidas ni vulneradas por leyes posteriores.

Otro tema sobre el que advirtieron los detractores del viejo Acuerdo fue la posibilidad de que se impulsara la expropiación de tierras improductivas. El nuevo Acuerdo también se ocupó de esta cuestión y estableció que este tipo de acciones se deberán hacer en conformidad con la Constitución y siguiendo los criterios establecidos por las leyes vigentes.

Nuestra Constitución establece que por motivos de utilidad pública o de interés social podrá haber expropiación mediante sentencia judicial y con una indemnización previa. La expropiación se hará consultando los intereses de la comunidad y del afectado y, en los casos que determine el legislador, podrá realizarse por vía administrativa que estará sujeta a posterior acción contencioso-administrativa.

Finalmente, el nuevo Acuerdo impuso la tarea de tramitar una ley en el Congreso para promover el acceso a tierras del Estado y la asignación de derechos de uso para pequeños y medianos productores, en forma individual o con asociaciones solidarias.

Las nuevas Agencias

Zonas rurales de Colombia, punto clave del conflicto.
Zonas rurales de Colombia, punto clave del conflicto. 
Foto: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El gobierno también ha puesto sobre la mesa algunas propuestas como liquidar el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y crear tres Agencias, dos Consejos y una Dirección en el Ministerio de Agricultura para impulsar el desarrollo rural.

Se sabe que uno de los grandes problemas del impulso al campo en Colombia ha sido que el diseño de las políticas públicas se hace desde Bogotá, desconociendo muchas veces la realidad territorial. Si esto se sigue haciendo así será muy difícil que se pueda cambiar la cruda realidad que hoy se vive en las zonas rurales de la Colombia profunda.  

¿Cuáles son los retos que tendrán que enfrentar estas nuevas Agencias?

  1. La Agencia de Desarrollo Rural, encargada de ejecutar planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario, tiene que instalarse en el territorio y concretar alianzas y apoyos con las Alcaldías y las Secretarías de agricultura y desarrollo rural.

Estas alianzas deben comprometerse a la elaboración de Planes de Desarrollo con enfoque territorial y que aseguren los presupuestos para las inversiones en servicios de asistencia técnica, comercialización y dotación de bienes públicos.

Un aspecto muy importante de esta Agencia es que será la responsable del banco de proyectos para el sector rural, así como del diseño de los esquemas de cofinanciación para los mismos. La experiencia le ha enseñado al país que para que este tipo de bancos y esquemas funcionen se necesita que los entes territoriales se vinculen directamente. Y es precisamente aquí donde aparece la necesidad de promover la cooperación universidad-empresa-Estado a escala regional.

  1. La Agencia Nacional de Tierras deberá ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad, gestionar el acceso a la tierra como factor productivo, buscar la seguridad jurídica de los derechos de propiedad y administrar las tierras de la Nación para garantizar su adecuado aprovechamiento.

No hay duda de que esta Agencia está llamada a realizar una importantísima labor en los territorios que han vivido el conflicto. A diferencia de la Agencia de Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras debe fortalecerse administrativamente en la capital para evitar la corrupción local y los favores políticos clientelistas.

  1. La Agencia de Renovación del Territorio deberá encargarse de atender los municipios declarados prioritarios por el gobierno, los cuales, por sus condiciones actuales en materia económica, social y de seguridad, tienen un nivel de desarrollo inferior al promedio nacional. Y muchos de los municipios ubicados en zonas de conflicto cumplen dicha condición.

Esta Agencia, de la que poco se ha hablado, deberá trabajar con las Alcaldías municipales para intervenir en el territorio de manera integral a través de planes construidos con los habitantes y con los gobiernos locales. Contará con recursos de fondos como Colombia en Paz y Colombia Sostenible y deberá planificar, estructurar y ejecutar proyectos productivos en buena parte del territorio.

Iniciativas para el territorio

Diálogos de Paz y Negociación entre el gobierno y las FARC-EP.
Diálogos de Paz y Negociación entre el gobierno y las FARC-EP.  
Foto: Equipo Paz Gobierno

También la nueva reforma tributaria trae algunas iniciativas pensadas para apoyar el desarrollo de las zonas que serán los principales escenarios del posconflicto.

Por ejemplo, los incentivos tributarios que propone la reforma para cerrar las brechas de desigualdad socio-económica en las zonas más afectadas por el conflicto armado podrían servir para alcanzar las condiciones básicas de vida en estos territorios.

Esta parte de la reforma tributaria busca fomentar el desarrollo económico y social, el empleo y las organizaciones de los campesinos y productores rurales en las zonas más afectadas por el conflicto armado, para cerrar así la brecha económica y social que existe entre ellas y el resto del país.

La condición clave para alcanzar el desarrollo rural en Colombia es la descentralización.

Para conseguir este objetivo es indispensable la articulación entre las Cámaras de Comercio, las Agencias de Promoción de Inversión, las Comisiones Regionales de Competitividad, las universidades y los gobiernos territoriales.

Además de esto, la reforma tributaria contempla estímulos para empresas que trabajen en zonas que han sido golpeadas por el conflicto:  

  • Las nuevas pequeñas empresas que desarrollen su actividad económica en estas zonas y cumplan los requisitos mínimos de inversión y de generación de empleo definidos por el gobierno no pagarán el impuesto sobre la renta (ni los tributos complementarios) entre 2017 y 2021.
  • La tarifa del impuesto sobre la renta de las nuevas sociedades medianas y grandes en estas zonas será solo el 50 por ciento.
  • Entre 2022 y 2024 la tarifa para pequeñas empresas será el 25 por ciento de la tarifa general del impuesto sobre la renta para personas jurídicas o asimiladas.
  • Entre 2025 a 2027 la tarifa para las pequeñas empresas será el 50 por ciento de la tarifa general. Después de esta fecha, estas tributarán con la tarifa general.
  • Por su parte, para las medianas y grandes empresas la tarifa será el 75 por ciento de la tarifa general.

Por último, la condición clave para alcanzar el desarrollo rural en Colombia es la descentralización. Si esta no se cumple, será muy difícil que los territorios en conflicto logren mejores condiciones económicas y sociales. Por eso, el gran reto para el gobierno nacional es diseñar e impulsar un sistema que sea realmente territorial.

 

*Razón Pública agradece el auspicio de la Universidad de Ibagué. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor

*Director del Instituto de Desarrollo Rural de la Universidad de Ibagué.

 

 

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