Balance del Ministerio de Agricultura sobre la reforma agraria y los proyectos productivos

Al terminar este año 2024 hacemos un breve balance sobre la situación de la tierra y la reforma agraria del último año en Colombia, además de la posición de los gremios del sector agropecuario frente a los temas que les preocupa.

El balance podría catalogarse como agridulce ya que, aunque tuvo cifras de crecimiento positivo en áreas sembradas y cantidades finales de productos agropecuarios, productividad, exportaciones de bienes agropecuarios, reducción de los costos de los insumos y un clima y condiciones climáticas favorable para varios sectores, el mercado está mostrando un comportamiento en donde la oferta de alimentos es mayor que la demanda, lo que podría implicar una baja de precios y por lo tanto una pérdida de rentabilidad. 

Y frente a las políticas públicas y la tarea del Estado, existe una gran incertidumbre en los proyectos de jurisdicción agraria, reforma laboral, además de los problemas de seguridad en el territorio, bloqueos de carreteras que encarecen los costos de producción, y la extorsión. Este último es uno de los flagelos de mayor impacto en la actualidad. Finalmente, los recortes presupuestales afectaron la inversión a cargo del Ministerio de agricultura. 

El informe del Ministerio de Agricultura

“Reforma agraria, revolución por la vida”, así llamó la ministra de agricultura, Marta Carvajalino, su informe de rendición de cuentas 2024. Durante su intervención en Yondó, municipio de Antioquia, la ministra indicó como un gran logro poner los proyectos productivos en manos de las organizaciones campesinas, además de haber permitido las actividades de pesca y fortalecido las “apuestas” del control sanitario y fitosanitario como una lógica de extensión agropecuaria que aún se debe fortalecer y poner en manos del campesinado. Su informe fue, como ya es costumbre en este gobierno, más ideológico que pragmático.  

La ministra se refirió también a la justicia transicional y al recordar que aún faltan los últimos debates en el Congreso para que sea aprobado el proyecto, reclamó el apoyo del campesinado para que solicite se debata y apruebe la jurisdicción como una deuda con la historia y la paz de Colombia. Finalmente hizo un llamado a que los campesinos apoyen al gobierno Petro. 

Frente al impulso de la reforma agraria, el enfoque de la rendición de cuentas se orientó, desde la reforma agraria, como cumplimiento del primer punto del acuerdo de paz. Recordemos que el compromiso del presidente fue 1,5 millones de hectáreas.  

Según el Ministerio, se gestionaron la adquisición de más de 440 000 hectáreas fértiles para el fondo de tierras, de las cuales 275 000 fueron compradas por oferta voluntaria; el 70 % de estas fueron compradas para campesinos(as) y “firmantes de paz” y 83 000 hectáreas para población étnica. 

El Ministerio también informó que se han legalizado más de 1 200 000 hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural, de los cuales un poco más de 971 000 hectáreas corresponden a títulos entregados durante un período de más de dos años. Y frente al fortalecimiento institucional, el Ministerio de Agricultura apoyó la creación de 418 comités municipales y quince comités departamentales de reforma agraria. 

El informe sobre los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario Rural indica que la inversión ha sido de 426 000l millones de pesos de cofinanciación de la Agencia de Desarrollo Rural destinados a 154 proyectos.

Jurisdicción agraria

La ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria, aprobada en junio por el Congreso, continúa en revisión en la Corte Constitucional. Las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto de ley ordinaria que busca establecer competencias, procesos y procedimientos de la jurisdicción agraria especializada, para atender los conflictos agrarios. 

La aprobación del proyecto de ley de jurisdicción agraria logró un acuerdo consensuado entre los diferentes actores involucrados, el Gobierno y el Congreso; sin embargo, aún existen ciertos temas que discutir, en particular la armonización con los intereses ambientales.

El más reciente aporte al debate de la jurisdicción agraria fue la carta abierta de líderes ambientales de Colombia frente a este proyecto de ley. Varios exministros de Ambiente y Desarrollo sostenible; rectores; profesores e investigadores universitarios; exdirectores de instituciones del sistema ambiental como Inderena, Ideam, Asocars, plantearon la alta inconveniencia ambiental del proyecto de ley de la jurisdicción agraria, que, aunque es necesaria, no reconoce la profunda interrelación entre la actividad agropecuaria y la ambiental.

Este colectivo denunció que el proyecto desconoce las obligaciones adquiridas por Colombia en las convenciones de biodiversidad y cambio climático. Los aspectos que preocupan a este colectivo y que deberían producir grandes cambios al proyecto de ley son: 

Justicia ambiental: Se dictan normas que contrarían las luchas de la constitución ecológica y el derecho ambiental. 

De la jurisdicción de lo público a lo agrario: El interés agrario no corresponde siempre al interés general.  

Una superjurisdicción: Conocerá de todos los asuntos que ocupan el 99 % del territorio continental colombiano.  

No todo lo rural es agrario: El proyecto de ley parte de un supuesto que desconoce el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación.

Los bienes comunes sometidos al interés agrario: Se someten el interés general propio del cuidado de la biodiversidad y de la protección del uso del agua, el suelo y otros elementos de la naturaleza a los intereses agrarios particulares.  

Protege la ocupación de tierras: Protege la invasión, inclusive de ecosistemas estratégicos.  

Pone en riesgo la integridad de los territorios de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas: El proyecto somete los territorios étnicos a una jurisdicción en donde todo es agrario. 

Áreas de conservación ambiental: Se ponen en riesgo las áreas protegidas y los ecosistemas estratégicos.  

Acceso a la justicia: El acuerdo de Escazú queda sometido a lo agrario.

El colectivo está solicitando se revise y ajuste el texto. Un breve resumen se podría entender en que no todo lo rural es agrario; lo agrario no puede prevalecer sobre lo ambiental, los conflictos ambientales no deben ser resueltos por jueces agrarios y no se debe permitir la ocupación de baldíos inadjudicables. El colectivo solicita ajustar el texto para permitir avanzar en hacer efectivos los derechos de las colectividades rurales.

Cómo les fue a los gremios del sector

A los gremios del sector agropecuario les preocupa el deterioro de la seguridad en el campo, según algunos representantes del sector como el gerente de Fedearroz, Rafael Hernández, que ven con perplejidad que los violentos siguen azotando las actividades de los empresarios agropecuarios empezando a tejer un manto de incertidumbre sobre el futuro inmediato. Según los gremios agropecuarios, todos los esfuerzos y avances logrados por ellos se ven amenazados por una inseguridad creciente y un menoscabo de capacidades operativas de las Fuerzas Militares y de Policía. Existe una crítica muy fuerte a la llamada paz total. 

Otra preocupación de los gremios del sector agropecuario es la falta de mano de obra en el campo, para los líderes gremiales, que es uno de los retos que tiene el sector. Mucha de la población rural ha migrado a los centros poblados y se ha perdido esa posibilidad de tener mano de obra en las regiones rurales.

El 2024 termina con buenas noticias para el sector cafetero, que ha tenido un crecimiento de 33,6 %, gracias a la productividad de las 842 000 hectáreas que se encuentran cosechadas en el país, y se espera terminar el año de cosecha con más de trece millones de sacos. El sector arrocero finalizó el año solicitando restablecer el Incentivo al Almacenamiento en bien de la estabilidad de su sector y la seguridad alimentaria de los colombianos.

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