Jaime Eduardo Reyes, autor en Razón Pública
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La Cámara de Representantes aprobó la ley estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural. ¿En qué consiste y por qué causa preocupación?

Jaime Eduardo Reyes*

El problema del sector rural 

Durante décadas el sector rural colombiano ha vivido fenómenos como el desplazamiento forzado y el despojo de tierras, disputas en las que el campesinado y las comunidades étnicas han estado involucradas, por lo que ameritan una garantía de derechos especiales. 

Algunos ejemplos de estas disputas en el mundo rural son el uso y tenencia de la tierra; contratos de aparcería y otros contratos agrarios; lanzamientos por ocupaciones de hecho; uso de recursos comunales en predios agrarios; posesión de predios rurales privados; servidumbres agrarias, y actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras.

Actualmente, el campesinado colombiano enfrenta grandes obstáculos para acceder a la justicia y defender sus derechos, tales como la falta de recursos económicos para contratar abogados y financiar los largos procesos judiciales.

Esta situación fue uno de los temas sobre los que se dialogó y negoció en La Habana entre el gobierno y la guerrilla de las Farc-EP. Se consignó el compromiso por parte del Estado de crear una jurisdicción agraria, con el fin de permitir que la población rural accediera de manera ágil a la justicia para resolver sus conflictos con temas de tierras.

En concreto, el Acuerdo establece:

“Además, pondrá en marcha con igual propósito, una nueva jurisdicción agraria que tenga una adecuada cobertura y capacidad en el territorio, con énfasis en las zonas priorizadas, y con mecanismos que garanticen un acceso a la justicia que sea ágil y oportuno para la población rural en situación de pobreza, con asesoría legal y formación especial para las mujeres sobre sus derechos y el acceso a la justicia y con medidas específicas para superar las barreras que dificultan el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sobre la tierra. Se promoverá la participación de las mujeres y sus organizaciones en los diferentes espacios que se creen para la conciliación y resolución de conflictos sobre uso y tenencia de la tierra.” (Punto 1.1.8., pág. 18)

La creación de esta Jurisdicción debe entenderse y llevarse a cabo como parte de un grupo de medidas que pretenden mejorar las condiciones de los habitantes de las zonas rurales, a través del acceso a bienes y servicios ofrecidos y garantizados por el Estado.

Foto: Cámara de Representantes - El siguiente paso del gobierno en cabeza del Ministerio de Justicia fue radicar ante el Congreso de la República los dos proyectos de ley estatutaria y ordinaria que permitirían la reglamentación de la Jurisdicción Agraria y Rural.

La Jurisdicción Agraria y Rural

El primer paso para lograr este compromiso fue modificar la constitución política de Colombia mediante una reforma constitucional aprobada en el Congreso de la República y con la que se creó la Jurisdicción Agraria y Rural.

De acuerdo con esta reforma, la creación de una jurisdicción agraria contribuye a fomentar la presencia del Estado en todo el territorio colombiano, en particular en las zonas rurales. La creación de esta Jurisdicción debe entenderse y llevarse a cabo como parte de un grupo de medidas que pretenden mejorar las condiciones de los habitantes de las zonas rurales, a través del acceso a bienes y servicios ofrecidos y garantizados por el Estado.

Además se estableció que el Congreso debía aprobar una ley estatutaria que determinaría su competencia y funcionamiento, así como el procedimiento especial agrario y rural con base en los principios y criterios del derecho agrario señalados en la ley. Todo esto con la garantía del acceso efectivo a la justicia y la protección a los campesinos, a los grupos étnicos y a las víctimas del conflicto armado.

El siguiente paso del gobierno en cabeza del Ministerio de Justicia fue radicar ante el Congreso de la República los dos proyectos de ley estatutaria y ordinaria que permitirían la reglamentación de la Jurisdicción Agraria y Rural. La creación de una Jurisdicción Agraria fue justificada por el ministro Néstor Osuna como una apuesta de Paz para resolver de modo civilizado, razonable y con justicia esos conflictos que tienen tanta sangre y muertos.

Sonaron las alarmas

El exvicepresidente German Vargas Lleras fue uno de los dirigentes políticos que planteó alarmas sobre los proyectos que se estaban estudiando en el Senado y la Cámara de Representantes. 

A su juicio, los proyectos ponían en riesgo el derecho a la propiedad privada, pues desconocen los derechos ya adquiridos y promueven la invasión de tierras al dejar a los propietarios sin herramientas eficaces de protección. Además, el conjunto de las nuevas reglas estaría diseñado para afectar la seguridad jurídica de la propiedad privada rural y también urbana porque crea un desbalance que afecta la defensa, el debido proceso e incluso el acceso a la justicia.  

La oposición política liderada por el Centro Democrático también advirtió sobre estos temas. Durante el debate parlamentario, la senadora Paloma Valencia, entre otros, advirtió sobre la viabilidad fiscal necesaria y las consecuencias de este tipo de modificaciones al sistema estatal, y su inquietud acerca de un supuesto “modelo de expropiación judicial” que intentaría ejecutar el gobierno Petro.

¿Qué se aprobó en la Cámara?

La Cámara aprobó una ley estatutaria. Las leyes estatutarias desarrollan el texto constitucional que reconoce y garantiza los derechos fundamentales. Se trata del marco general o, en palabras sencillas, la arquitectura de una reforma constitucional que fue aprobada el año pasado y que promete ser la salida a los conflictos por la propiedad de la tierra que han aquejado por décadas a los colombianos; líos de pertenencia, por delimitación de linderos o por propiedad de animales, entre otros. 

La ley aprobada modifica la Ley 270 de 1996,  determina la integración y la organización de la Jurisdicción Agraria y Rural, y se adoptan otras disposiciones. El objeto de la ley estatutaria es establecer la integración y estructura de la Jurisdicción Agraria y Rural, en armonía con la Ley Estatutaria 270 de 1995 y en cumplimiento de lo dispuesto en el Acto legislativo 03 de 2023

Con la aprobación de esta Ley, la organización jurisdiccional colombiana está integrada por la jurisdicción ordinaria, la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, la Jurisdicción Constitucional y la Jurisdicción Especial para la Paz. A partir de ahora, esta organización se complementará con la Jurisdicción Agraria y Rural.

¿Qué dice esta ley?

La Jurisdicción Agraria y Rural es el nuevo poder que la Constitución le otorga a los jueces y magistrados para resolver los conflictos agrarios y rurales en el país de manera pacífica y especializada.

Las decisiones judiciales de la Jurisdicción Agraria y Rural deberán orientarse por principios como justicia social agraria; protección del más débil en las relaciones de tenencia y producción agropecuaria; bienestar y el buen vivir; función social y ecológica de la propiedad; protección de la producción agrícola, y la asociatividad y propiedad agrícola familiar.

Además, estos principios deben llevarse a la práctica a través de un procedimiento judicial que se caracterice por

  • la celeridad para que la justicia llegue rápido y sin dilaciones;
  • la oralidad para facilitar el acceso y la comprensión de los procedimientos judiciales;
  • la oficiosidad para que los jueces adelanten todas las acciones necesarias para resolver de fondo los conflictos;
  • la itinerancia para que los jueces puedan desplazarse en los territorios sobre los que imparten justicia a fin de recaudar pruebas, conocer los contextos y realizar audiencias;
  • las decisiones integradoras, es decir, que los jueces decidan y resuelvan de fondo y en un mismo proceso la totalidad de conflictos que afecten un mismo predio independiente si se trata de conflictos entre personas y/o aquellos en los que esté involucrado el Estado.

La Jurisdicción Agraria tendrá jueces dedicados a resolver los conflictos agrarios en todo el país. Los campesinos y las campesinas contarán con garantías para resolver los conflictos relacionados con la tenencia de tierras. 

La Ley aspira a que en Colombia haya un acceso más equitativo y eficiente a la justicia para los campesinos y comunidades rurales, a que se proteja la propiedad rural y a que se construya un sistema integrado por jueces especializados que resuelvan pleitos y apliquen el derecho vigente, que establece y protege la propiedad. Además, crea tribunales y juzgados dedicados exclusivamente a resolver conflictos agrarios y/o rurales.

Se crean centros de servicios judiciales y administrativos de apoyo técnico agrario y rural que ofrecerán soporte pericial a jueces y magistrados con un enfoque étnico y cultural. Así mismo, los usuarios de la justicia contarán con facilitadores agrarios y rurales, profesionales que orientarán a la ciudadanía sobre el acceso a la justicia en estos temas.

La Jurisdicción Agraria y Rural se enfoca en la defensa técnica gratuita para que cualquier sujeto de especial protección, perteneciente a comunidades campesinas y grupos étnicos, o quien no cuente con los recursos suficientes pueda tener la representación de un abogado que le asesore y represente en todas las diligencias judiciales. Permitirá que exista un proceso ágil y rápido en el que los jueces actúen de forma proactiva en la recolección de las pruebas necesarias para administrar justicia bajo los principios del Derecho Agrario.

La ley no pone en riesgo el derecho a la propiedad privada al no modificar las reglas jurídicas para asignar derechos de propiedad. No promueve la invasión de tierras ya que respeta la propiedad legítimamente adquirida.

Qué no permite la ley 

La ley no pone en riesgo el derecho a la propiedad privada al no modificar las reglas jurídicas para asignar derechos de propiedad. No promueve la invasión de tierras ya que respeta la propiedad legítimamente adquirida.

Tampoco otorga poderes excesivos a los jueces agrarios —puesto que mantienen las facultades existentes en la legislación actual—, quienes no podrán fallar sin práctica de pruebas. La ley incorpora la figura de sentencia anticipada vigente en el Código General del Proceso para acelerar los procesos judiciales. Los jueces agrarios conocerán todos los asuntos relacionados con predios rurales y actividades agrícolas, conforme al Acto Legislativo de la Jurisdicción Agraria y Rural.

La iniciativa aprobada en la Cámara deberá ser conciliada antes del 20 de junio, para pasar a sanción presidencial por parte del presidente Gustavo Petro.

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Jaime Eduardo Reyes

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Jaime Eduardo Reyes

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Peleas con los gremios, escasa ejecución del presupuesto del Ministerio de Agricultura, retraso en cumplir las metas de la reforma agraria, avance lento del catastro multipropósito y anuncios promisorios. Es el balance del gobierno Petro hasta este momento.

Jaime Eduardo Reyes*

La pelea del momento

La Federación Nacional de Cafeteros es una entidad representativa de todos los productores de café, que ha trabajado por los productores y para los productores cafeteros, que en su gran mayoría son relativamente pequeños.

Esta entidad ha contribuido al progreso y al desarrollo rural. Hay ejemplos numerosos de colaboración público-privada entre los comités departamentales de cafeteros y las gobernaciones que apoyan la caficultura. En el Tolima he sido testigo de la participación democrática de miles de familias cafeteras que apoyan el Comité Departamental, y también conozco de primera mano cómo la Gobernación del departamento ha impulsado en conjunto con el Comité la inversión pública en esta actividad.

Desde el año pasado el presidente Petro está pidiendo que la Federación de Cafeteros se reestructure y anunciando que, si no lo hace, pondría fin al contrato para administrar el Fondo Nacional del Café. Recordemos que el Fondo fue creado a mediados del siglo pasado, que proporciona los recursos para estabilizar los ingresos del campesino, un fondo que la Federación ha administrado durante décadas y en desarrollo de mandatos legales.

Decir que el gremio no representa a todas las familias cafeteras porque no todas participan en las elecciones de los Comités o porque no están de acuerdo con las directivas, es lo mismo que decir que el presidente no representa a todos los colombianos porque no todos votan en las elecciones presidenciales.

Pues bien: la semana pasada el Ministerio de Agricultura convocó una asamblea nacional cafetera donde el presidente volvería a proponer cambios en la Federación; la asamblea se reunió en Bogotá, y el gobierno financió el desplazamiento de los asistentes. El bajo precio del café en este momento sirvió para promover la asamblea y presionar así la gestión del gerente de la Federación, Germán Bahamón.

En este debate, el presidente Petro parte del principio de que los recursos del fondo del café son públicos, que él entiende como recursos del gobierno nacional. Así, el presidente afirma que los recursos son del pueblo colombiano y da a entender que el Ministerio de Agricultura debería ser su ejecutor. Evidentemente los recursos son del pueblo colombiano cafetero, en particular de quienes aportan al fondo.

El gerente Bahamón, con razón, respondió que la Federación es un ente privado y por tanto acudirá a las instancias previstas en los estatutos de la entidad. Y acerca de la propiedad de los recursos, añadió que claramente son de los cafeteros, quienes producen el café y aportan sus cuotas al fondo.

La Federación durante varias décadas ejecutó gran parte de las inversiones en bienes públicos de las regiones cafeteras, pero el descenso sostenido de los precios del grano la llevó a limitarse a su tarea prioritaria de estabilizar el ingreso de las familias cafeteras; por eso el gremio solicita al gobierno nacional mayores inversiones en renovación, fertilización, centrales de beneficio y facilidades financieras para los caficultore.

Por eso importa recordar, como lo hizo el exministro Juan Camilo Restrepo, que la Federación es el fruto del trabajo de casi cien años y el esfuerzo de 550 mil familias cafeteras. “La manera injusta y descomedida como la viene tratando el presidente Petro muestra un desconocimiento total de lo que ha sido la historia del café que construyó la nacionalidad colombiana.” Otras personas, como el exministro Mauricio Cárdenas, han sido aún más duras con el gobierno.

Es evidente que el presidente y su ministra pretenden aprovechar la inconformidad de algunos cafeteros y subvaloran la representatividad y legitimidad de la Federación. Decir que el gremio no representa a todas las familias cafeteras porque no todas participan en las elecciones de los Comités o porque no están de acuerdo con las directivas, es lo mismo que decir que el presidente no representa a todos los colombianos porque no todos votan en las elecciones presidenciales.

Mal desempeño y buenos anuncios

A finales del año pasado las cifras de ejecución presupuestal dejaban mal parado al Ministerio de Agricultura: se había comprometido apenas el 46,9% del total disponible y se había girado apenas el 24,3%.

En el modelo alternativo de desarrollo que abandera este gobierno, la inversión pública es el motor o un motor de primer orden para impulsar el crecimiento. Y sin embargo las cifras anteriores significan que el Ministerio ha hecho poco para generar nuevos empleos, desarrollar la infraestructura, o reactivar de alguna otra manera la actividad agropecuaria.

Sin embargo, el anuncio del gobierno nacional para este año es muy alentador: el Ministerio dispondrá de 9,1 billones de pesos, que servirán para comprar terrenos y avanzar en la reforma rural; es la suma más alta que haya invertido el Estado colombiano en la defensa de los campesinos y mejoraría de la agricultura en todo el país.

También se anunció una nueva línea de crédito con beneficios en tasas de interés para pequeños, medianos y grandes agricultores. Uno de los planes es otorgar más dinero para préstamos a través del Banco Agrario y Finagro. Se espera entregar hasta 26 billones de pesos en 2024 para producir más comida y elevar la productividad del sector.

Además, se anunció la construcción de molinos y plantas donde se procesa la comida para que que los campesinos puedan trabajar mejor y conseguir más beneficios de sus cosechas.

También se anunciaron más recursos para el Incentivo a la Capitalización Rural, un beneficio que disminuye la deuda cuando los campesinos piden préstamos para ciertos proyectos; un campesino con pocos recursos puede descontar hasta el 40% de la deuda, un campesino normal hasta el 30% y uno más grande hasta el 25%.

Pero los buenos anuncios anteriores no parecen estar siendo convertidos en realidades en lo que va de 2024.  El informe del Ministerio de Hacienda para el 31 de marzo indica que el Ministerio de Agricultura ha comprometido apenas el 21,3% de los de 9,2 billones que le fueron asignados y ha girado tan solo el 9% de ese total.

La reforma agraria

Colombia necesita una reforma agraria que contribuya a la paz. Esto va más allá de comprar tierras —lo cual ya es bien difícil — porque implica además construir bienes públicos, brindar asistencia técnica, transferir tecnología, impulsar la asociatividad y mejorar los canales de comercialización. Por eso es preferible hablar de una reforma que transforme el mundo rural en su conjunto.

Con el propósito de impulsar esa reforma, el gobierno logró aprobar en el Plan Nacional de Desarrollo varios artículos, entre los cuales se destaca el acuerdo con la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) para comprar tierras y entregarlas a los campesinos.

El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, informó que hasta el 7 de marzo de este año se habían ofrecido a la Agencia Nacional de Tierras 1.365 predios con un total de 587.089 hectáreas, de los cuales, sólo se han comprado 58 que suman 24.109 hectáreas. Tan solo el 4,1% del total de las hectáreas ofrecidas.

Se sabe que el gobierno realizó otras compras y que además dispone de las tierras de la Sociedad de Activos Especiales. Pero no hay evidencia de que en ninguno de estos predios se estén financiando proyectos productivos, ni de servicios de asistencia técnica por parte de la Agencia de Desarrollo Rural, ni de inversiones en las vías terciarias aledañas a estos predios o en nuevos pequeños distritos de riego que creen capacidades competitivas.

Por otro lado, en mayo de 2023, el Ministerio de Agricultura y Fedegan anunciaron una misión para que buena parte del sector ganadero hiciera la reconversión productiva hacia la ganadería sostenible. Esta se llevaría a la práctica principalmente en los núcleos de la reforma agraria en el Caribe y el Magdalena Medio.

Al propietario de predios de más de cien hectáreas se le haría una oferta de compra de alrededor de la mitad de su terreno que se habilitaría para la reforma agraria. En la otra mitad, se apalancan la reconversión hacia la ganadería sostenible. La compra voluntaria se hará a valor comercial. Con este programa la productividad aumentaría de 0,52 cabezas de ganado por hectárea a 1,6 cabeza.

Lafaurie afirmó que Fedegan ofreció proyectos de ganadería sostenible con Sistemas Silvopastoriles, pero no han obtenido respuesta de parte del Ministerio.

Así las cosas, en términos prácticos la oportunidad de avanzar en una reforma agraria concertada con los propietarios de predios se hace más lejana, perdiendo la oportunidad de cumplir la promesa de reformar la estructura productiva del mundo rural mediante el emprendimiento de pequeños productores y campesinos.

foto: X: J.Mojica - El gobierno anunció una línea de crédito a través del Banco Agrario para pequeños, medianos y grandes agricultores que buscan producir más y mejor comida.

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El catastro

El catastro multipropósito serviría a grandes o pequeños productores para tomar decisiones de inversión, y a los gobiernos locales para recaudar más impuestos   y así invertir en productividad y competitividad. Este catastro se definió como estrategia para la reforma agraria en el marco del acuerdo de La Habana. Los gobiernos Santos y Duque elaboraron los documentos CONPES 3859 de 2016 y el 3958 de 2018 y expidieren normas para facilitar el proceso de descentralización catastral.

Pero no hay evidencia de que en ninguno de estos predios se estén financiando proyectos productivos, ni de servicios de asistencia técnica por parte de la Agencia de Desarrollo Rural, ni de inversiones en las vías terciarias aledañas a estos predios o en nuevos pequeños distritos de riego que creen capacidades competitivas.

Como explicó Jorge Iván González,  director del DNP, “La revolución y modernización en el sector agropecuario pasa por el tema del catastro multipropósito y es el cambio sustantivo donde realmente tenemos las posibilidades de una transformación de la actividad agropecuaria».  Según el Plan Nacional de Desarrollo, en 2022 había 10,9 millones de hectáreas con formación catastral, y para 2026 deberíamos tener 90,2 millones de hectáreas, distribuidas en 34,9 millones para 2023, 26,1 millones para 2024, 23,1 millones para 2025, y 5,9 millones para 2026.

Pero el informe reciente del director del IGAC al Senado de la República da cuenta que el programa tiene un retraso considerable. De los 47 gestores catastrales actuales, apenas el 19% están entregando información de calidad.

El director reconoció que el IGAC y los gestores catastrales no tienen capacidades suficientes para cumplir las metas establecidas en el PND.  La revolución y modernización en el sector agropecuario basada en el catastro multipropósito, necesaria para el desarrollo rural, planteada con mucha claridad por el anterior director del DNP, está a años luz de lograrse.

Lea en Razón Pública: El decreto para la movilización campesina

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Jaime Eduardo Reyes

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Jaime Eduardo Reyes

Foto: Agencia Nacional de Tierras

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Este es el decreto que promueve la movilización y organización campesinas por la reforma agraria. ¿Cuál es su lógica política, cuáles son sus lagunas, qué opinan sus detractores?

Jaime Eduardo Reyes*

Una estrategia política

En la lógica del gobierno Petro, para sacar adelante las iniciativas legislativas se necesita del apoyo popular porque las propuestas pueden no salir del Congreso tal y como se les ocurren a los técnicos y políticos afines al Pacto Histórico. En esta lógica apelar a las bases del pueblo debería ser suficiente para presionar a los congresistas o para contrarrestar las posiciones de los gremios económicos.

Pero en un Estado de Derecho no es fácil concretar esta lógica. Más aún: el éxito de las movilizaciones populares depende de que sean independientes de cualquier gobierno.

La última iniciativa que apela a esta lógica es la del decreto que promueve “la movilización y organización campesinas por la reforma agraria” una iniciativa que deja muchas dudas, como las que plantea la Procuraduría General de la República.

Por lo demás, según la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y otros varios gremios del sector agropecuario, esta movilización de campesinos es innecesaria porque ellos están de acuerdo con la reforma agraria.

Puede leer: ¿Paz total o estable y duradera?: Catastro y reforma rural integral

Los comités

El decreto promueve la movilización y organización campesina a través de Comités Municipales para la Reforma Agraria, cuya composición y funciones son detalladas por el articulado.

si el interés del gobierno es apoyar estas movilizaciones, el decreto se queda corto en el apoyo presupuestal y deja en cabeza de los propios campesinos el financiamiento de los comités y de sus movilizaciones.

Foto: Ministerio de Agricultura - José Félix Lafaurie ha advertido que la movilización campesina podría ser instrumentalizada por grupos armados ilegales.
Los comités se proponen como mecanismos de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria, el fomento y defensa de la producción agroalimentaria, el acceso a la tierra y el cuidado de las territorialidades bioculturales de la ruralidad.

Son espacios para la participación, concertación, planeación, gestión, evaluación y escalamiento territorial de los procesos de reforma agraria, conducentes al acceso a la tierra, agua y activos de la producción por parte de los campesinos y comunidades étnicas, así como a los procesos de ordenamiento comunitario de la producción, transformación, comercialización, innovación e investigación agroalimentaria.

¿Es inconstitucional?  

El borrador del decreto ha despertado las discusiones propias de este tipo de iniciativas.

Tal vez la crítica más clara, y con un alto grado de razón, es la advertencia de la Procuraduría en el sentido de que el decreto no alude al derecho fundamental de reunión y protesta pacífica previstos en la Constitución. Tampoco se hace referencia a la libre asociación contemplada en el artículo 38, que establece el derecho de los ciudadanos para constituir asociaciones de forma libre para realizar proyectos de interés común.

La Procuraduría advierte entonces que al expedir este decreto se excedería la potestad reglamentaria del Ejecutivo: el gobierno estaría regulando,  para un sector específico de la población, derechos cuya naturaleza implica su ejercicio autónomo y respecto de los cuales la función del Estado se limita a garantizar su ejercicio.

En otras palabras, para la Procuraduría este decreto está limitando el libre ejercicio que la Constitución les ofrece a los campesinos. En lugar de promover y garantizar las libertades, el decreto promueve la iniciativa popular de libre movilización y asociación, pero bajo el amparo del gobierno, lo que es un contrasentido.

Es evidente que el decreto tiene la intención política de promover la defensa del proyecto de reforma agraria mediante movilizaciones sociales.

¿Cuáles apoyos del Estado?

Desde el otro lado, si el interés del gobierno es apoyar estas movilizaciones, el decreto se queda corto en el apoyo presupuestal y deja en cabeza de los propios campesinos el financiamiento de los comités y de sus movilizaciones.

Además del contrasentido anterior, el texto del decreto es muy ambiguo respecto del apoyo que deban recibir los comités de las distintas entidades públicas, como secretarías de agricultura, seccionales de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y otros estamentos nacionales, locales o regionales.

El texto indica que “todas las entidades de todos los Sectores Administrativos de la Administración Pública promoverán la movilización y organización de las ‘Asambleas Campesinas por la Tierra’, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes”.

La administración pública tiene tres niveles, en cada uno de estos existen un gran número de actores vinculados con el desarrollo rural y campesino. Otra falla del decreto es no establecer ningún mecanismo de concertación entre tantos actores y entidades. Aunque ya existe el sistema para la reforma agraria, los comités como tales quedarían a la deriva o sin ninguna claridad sobre quién y cómo debe soportarlos.

Esta situación agravaría la ya excesiva proliferación de espacios que desbordan la capacidad de respuesta efectiva y el cumplimiento de los acuerdos

La reacción de los gremios

El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, explicó su oposición de la siguiente manera: «Si la movilización, como mecanismo de participación, es un derecho colectivo para manifestarse en forma pacífica, generalmente ante el Gobierno, ¿para qué promoverla desde el Gobierno, para ‘la defensa de la reforma agraria’, si nadie la está atacando y si el éxito de una verdadera reforma, con integralidad, depende, hoy más que nunca, del gobierno mismo.”

el gobierno estaría regulando, para un sector específico de la población, derechos cuya naturaleza implica su ejercicio autónomo y respecto de los cuales la función del Estado se limita a garantizar su ejercicio.

Un elemento adicional que advierte el gerente de Fedegán, es el riesgo que correrían los campesinos ante las olas de violencia que se viven en ciertas regiones del país; “¿Para qué promover la movilización campesina, cuando se conocen los riesgos de su instrumentalización por parte de grupos armados ilegales que detentan el control territorial y social en muchas regiones?».

Por su parte la Unión Nacional de Asociaciones Ganadera Colombianas (UNAGA)  sostuvo que “Fragmentar el mecanismo conciliador y articulador de la reforma agraria con un decreto que promueve las movilizaciones campesinas y la ocupación de tierras, es una amenaza para la paz en las regiones y para avanzar hacia una sociedad justa en la que todos los ciudadanos sean protegidos por el Estado”. También rechazaron el proyecto del gobierno nacional ya que existe la voluntad de negociar terrenos por parte de los actores involucrados. Los ganaderos expresaron su rechazo a la promoción y fomento a las movilizaciones de la población campesina para acceder a las tierras como quiera que incumplen los términos del Acuerdo de Tierras firmado con el gobierno nacional.

Por ahora el borrador de decreto está en revisión y los diálogos entre el Ministerio de Agricultura y Fedegan dan cuenta de querer sacar adelante la reforma agraria en Colombia.

Lea en Razón Pública: Reforma agraria ¿y expropiación de tierra exprés?

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Jaime Eduardo Reyes

Foto: Gobernación Quindío

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Qué fue lo que pasó en el Congreso, qué ha hecho el gobierno y en qué consiste el lio de la expropiación exprés —que es diferente de la expropiación permitida en Colombia desde 1936—.

Jaime Eduardo Reyes*

Artículos confusos

El trámite del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026 será recordado como uno más en cuanto al uso de maquinarias, el escaso debate de las proposiciones y el poco rigor en la conciliación. El Congreso, a pesar de estar abanderado con la insignia del cambio, hizo lo que tiene por costumbre.

Al final, como era de esperarse, el gobierno sacó adelante las propuestas que deseaba. Hay que añadir que ninguna iniciativa puede ser estudiada y aprobada en el Congreso si no tiene el aval del gobierno.

La oposición, encabezada por el Centro Democrático, advirtió que demandará el PND aprobado.

Hubo un par de artículos que fueron muy polémicos y que acabaron siendo aprobados bajo un manto de dudas:

  1. Primero, el artículo 55 que establece mecanismos para facilitar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria y que, en opinión de algunos permitiría la expropiación de tierras. Pero el texto del artículo aprobado nunca fue leído para el conocimiento de la plenaria.
  2. Segundo, el artículo 56, que permite hacerlo de forma rápida o exprés.

Puede leer: La frontera agrícola nacional está enferma

Maniobras y controversia

La polémica comenzó cuando la ministra de Agricultura, Cecilia López, amenazó con renunciar para frenar la propuesta de expropiación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).  En respuesta a esta actitud de la ministra, el gobierno anunció que se iba a eliminar el artículo.

Pero al salir la ministra, el gobierno retomó el debate. Y aun así la iniciativa nadó en un mar de dudas e imprecisiones técnicas.

Primero, el artículo 55 que establece mecanismos para facilitar los procesos de compra de tierras por oferta voluntaria y que, en opinión de algunos permitiría la expropiación de tierras. Pero el texto del artículo aprobado nunca fue leído para el conocimiento de la plenaria.

Foto: Twitter: Luis Fernando Velasco - La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, afirmó que la aprobación del artículo 61 del PND facilitará la reforma agraria y los procesos de avalúo y procesamiento de bienes.
Inicialmente la senadora Paloma Valencia expresó sus preocupaciones porque  «Ahora aparece el nuevo orangután de la expropiación exprés. Una proposición para derogar el decreto ley 912/17. Derogan artículos que entre otras dicen que no se puede aplicar el procedimiento de “forma que menoscabe, disminuya o desconozca el derecho a la propiedad privada”».

En esa misma línea, la representante Katherine Miranda, a quién buscaron para que presentara la proposición, se negó a hacerlo por creerlo inconveniente.

Durante la aprobación final, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda se sumó a las opiniones de la senadora Valencia y la representante Miranda, y le pidió a la Corte Constitucional revisar con lupa el artículo 55 convertido en 61 en la ponencia del PND.

Cepeda  dijo que “allí podría existir una figura de expropiación que pondría en riesgo la propiedad privada en nuestro campo colombiano”. Finalmente, El Partido Conservador anunció en su cuenta oficial de Twitter que demandará ante la Corte Constitucional el artículo 61 del PND aprobado.

Además, muchos en el país consideran que con la aprobación de este artículo el presidente Petro incumple su palabra de no expropiar. “Ante notario y en documento público bajo gravedad de juramento, si incumplo sería delito, me comprometo ante el pueblo que, respetando la constitución y la ley, no habrá ningún acto de expropiación contra ningún bien de los colombianos en mi gobierno”.

Por otro lado, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, afirmó que la aprobación del artículo le da un espaldarazo a la reforma agraria y permitirá procesos de avalúo y procesamiento de bienes.

Expropiación y expropiación exprés

Evidentemente Colombia necesita una real reforma agraria y para cumplir el acuerdo de paz se necesita tierra: el gobierno se comprometió a distribuir 3 millones de hectáreas. Ceca del 50 % más de lo que parceló y distribuyó durante medio siglo.

En 1936 se creó la figura de la extinción de dominio para las tierras ociosas. Esto se debe a que la tierra cumple una función social, produce agua y alimentos, no puede ser desaprovechada y, si lo está siendo, el Estado está en el derecho de extinguir el dominio.

El problema para avanzar hacia ese uso social radica en que los terratenientes tienen mucha fuerza política, económica y mediática. Otra situación, que no se ha logrado resolver por parte del Estado, es recuperar los terrenos baldíos de los que se han apropiado ilegalmente algunos latifundistas.

Por eso el presidente Petro afirmó que “con venta voluntaria jamás se logrará ni un camino, ni una autopista, ni el metro de Bogotá ni el cumplimiento de la constitución en el acceso de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra. Por eso hay dos mecanismos en la ley: compra voluntaria y expropiación”.

Es decir, la figura de la expropiación existe desde hace muchos años; el problema radica en hacerlo sin estudios serios y verídicos, ni en tiempos que garanticen técnicamente la decisión en vez de hacerlo a las carreras. También es un problema hacerlo sin evaluar adecuadamente el nivel de productividad del predio o el uso adecuado de la vocación de la tierra.

El mecanismo de “expropiación exprés” no existe y es una creación al aprobar la modificación del artículo 55. La expropiación acelerada de predios se usa en las ciudades para la ejecución de obras públicas de interés general. La Constitución solo permite que el Estado expropie con fines de utilidad pública mediante sentencia judicial e indemnización previa.

¿Cómo quedó el artículo?

El numeral 3, “Compra directa de tierras al Fondo para la Reparación de las víctimas”, establece un mecanismo de adquisición temprana a cargo de la Unidad Administrativa del Fondo para la reparación de las víctimas.

El Numeral 5, “Identificación, priorización y compra de predios para la reforma rural integral”, establece que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con el apoyo de la Unidad de Planeación Rural y Agropecuaria (UPRA), realizará los análisis e identificaciones de los predios con áreas superiores a dos unidades agrícolas familiares. Después la ANT adelantará el procedimiento de compra por oferta voluntaria.

Es decir, la figura de la expropiación existe desde hace muchos años; el problema radica en hacerlo sin estudios serios y verídicos, ni en tiempos que garanticen técnicamente la decisión en vez de hacerlo a las carreras. También es un problema hacerlo sin evaluar adecuadamente el nivel de productividad del predio o el uso adecuado de la vocación de la tierra.

El párrafo que indica el espíritu del artículo establece que: “En aquellos casos en los que los propietarios no procedan a la venta, la ANT adelantará el análisis de la explotación económica del predio, requiriendo a su propietario por una única vez, para que proceda a la enajenación de aquellas áreas que no se encuentren bajo aprovechamiento económico y que excedan la extensión de la UAF. Cuando el propietario no acceda a la enajenación, la ANT aplicará los procedimientos a los que haya lugar”.

Todavía no es claro qué sucederá a raíz de los cambios del PND. Sin embargo, no parece muy alentador que el Congreso siga aprobando artículos tan polémicos de manera solapada.

Lea en Razón Pública: La reforma agraria de Petro

*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Universidad de Ibagué. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.

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Jaime Eduardo Reyes

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Jaime Eduardo Reyes

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Jaime ReyesEl posconflicto es la ocasión ideal para cambiar las relaciones tradicionales del gobierno central con el campo colombiano. ¿Podrán las instituciones creadas con este propósito revertir años de desidia y abandono?* 

Jaime Eduardo Reyes**

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Desarrollo de la Reforma Tributario por parte del Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.

Jaime Eduardo ReyesEn el Acuerdo Final no se puso en peligro la propiedad privada ni se instauró la expropiación arbitraria de tierras. Más bien se crearon algunos proyectos ambiciosos de desarrollo rural. Lo difícil, como siempre, es que se cumplan. 

Jaime Eduardo Reyes*

Continue reading «Desarrollo rural: las propuestas del nuevo Acuerdo Final»

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Jaime Eduardo ReyesUna cosa es el plan desde Bogotá, y otra cosa es el plan desde la geografía viviente de Colombia. Esto se ve muy bien en un departamento que hace diez años venía haciendo planeación participativa y que de pronto es declarado parte de la “región” que no era.*  

Jaime Eduardo Reyes Martínez**

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ISSN 2145-0439

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