Este es el decreto que promueve la movilización y organización campesinas por la reforma agraria. ¿Cuál es su lógica política, cuáles son sus lagunas, qué opinan sus detractores?
Jaime Eduardo Reyes*
Una estrategia política
En la lógica del gobierno Petro, para sacar adelante las iniciativas legislativas se necesita del apoyo popular porque las propuestas pueden no salir del Congreso tal y como se les ocurren a los técnicos y políticos afines al Pacto Histórico. En esta lógica apelar a las bases del pueblo debería ser suficiente para presionar a los congresistas o para contrarrestar las posiciones de los gremios económicos.
Pero en un Estado de Derecho no es fácil concretar esta lógica. Más aún: el éxito de las movilizaciones populares depende de que sean independientes de cualquier gobierno.
La última iniciativa que apela a esta lógica es la del decreto que promueve “la movilización y organización campesinas por la reforma agraria” una iniciativa que deja muchas dudas, como las que plantea la Procuraduría General de la República.
Por lo demás, según la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN) y otros varios gremios del sector agropecuario, esta movilización de campesinos es innecesaria porque ellos están de acuerdo con la reforma agraria.
Los comités
El decreto promueve la movilización y organización campesina a través de Comités Municipales para la Reforma Agraria, cuya composición y funciones son detalladas por el articulado.
si el interés del gobierno es apoyar estas movilizaciones, el decreto se queda corto en el apoyo presupuestal y deja en cabeza de los propios campesinos el financiamiento de los comités y de sus movilizaciones.
Los comités se proponen como mecanismos de democracia participativa directa del campesinado en la defensa de la reforma agraria, el fomento y defensa de la producción agroalimentaria, el acceso a la tierra y el cuidado de las territorialidades bioculturales de la ruralidad.
Son espacios para la participación, concertación, planeación, gestión, evaluación y escalamiento territorial de los procesos de reforma agraria, conducentes al acceso a la tierra, agua y activos de la producción por parte de los campesinos y comunidades étnicas, así como a los procesos de ordenamiento comunitario de la producción, transformación, comercialización, innovación e investigación agroalimentaria.
¿Es inconstitucional?
El borrador del decreto ha despertado las discusiones propias de este tipo de iniciativas.
Tal vez la crítica más clara, y con un alto grado de razón, es la advertencia de la Procuraduría en el sentido de que el decreto no alude al derecho fundamental de reunión y protesta pacífica previstos en la Constitución. Tampoco se hace referencia a la libre asociación contemplada en el artículo 38, que establece el derecho de los ciudadanos para constituir asociaciones de forma libre para realizar proyectos de interés común.
La Procuraduría advierte entonces que al expedir este decreto se excedería la potestad reglamentaria del Ejecutivo: el gobierno estaría regulando, para un sector específico de la población, derechos cuya naturaleza implica su ejercicio autónomo y respecto de los cuales la función del Estado se limita a garantizar su ejercicio.
En otras palabras, para la Procuraduría este decreto está limitando el libre ejercicio que la Constitución les ofrece a los campesinos. En lugar de promover y garantizar las libertades, el decreto promueve la iniciativa popular de libre movilización y asociación, pero bajo el amparo del gobierno, lo que es un contrasentido.
Es evidente que el decreto tiene la intención política de promover la defensa del proyecto de reforma agraria mediante movilizaciones sociales.
¿Cuáles apoyos del Estado?
Desde el otro lado, si el interés del gobierno es apoyar estas movilizaciones, el decreto se queda corto en el apoyo presupuestal y deja en cabeza de los propios campesinos el financiamiento de los comités y de sus movilizaciones.
Además del contrasentido anterior, el texto del decreto es muy ambiguo respecto del apoyo que deban recibir los comités de las distintas entidades públicas, como secretarías de agricultura, seccionales de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) y otros estamentos nacionales, locales o regionales.
El texto indica que “todas las entidades de todos los Sectores Administrativos de la Administración Pública promoverán la movilización y organización de las ‘Asambleas Campesinas por la Tierra’, mediante los mecanismos de ejecución presupuestal vigentes”.
La administración pública tiene tres niveles, en cada uno de estos existen un gran número de actores vinculados con el desarrollo rural y campesino. Otra falla del decreto es no establecer ningún mecanismo de concertación entre tantos actores y entidades. Aunque ya existe el sistema para la reforma agraria, los comités como tales quedarían a la deriva o sin ninguna claridad sobre quién y cómo debe soportarlos.
Esta situación agravaría la ya excesiva proliferación de espacios que desbordan la capacidad de respuesta efectiva y el cumplimiento de los acuerdos
La reacción de los gremios
El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, explicó su oposición de la siguiente manera: «Si la movilización, como mecanismo de participación, es un derecho colectivo para manifestarse en forma pacífica, generalmente ante el Gobierno, ¿para qué promoverla desde el Gobierno, para ‘la defensa de la reforma agraria’, si nadie la está atacando y si el éxito de una verdadera reforma, con integralidad, depende, hoy más que nunca, del gobierno mismo.”
el gobierno estaría regulando, para un sector específico de la población, derechos cuya naturaleza implica su ejercicio autónomo y respecto de los cuales la función del Estado se limita a garantizar su ejercicio.
Un elemento adicional que advierte el gerente de Fedegán, es el riesgo que correrían los campesinos ante las olas de violencia que se viven en ciertas regiones del país; “¿Para qué promover la movilización campesina, cuando se conocen los riesgos de su instrumentalización por parte de grupos armados ilegales que detentan el control territorial y social en muchas regiones?».
Por su parte la Unión Nacional de Asociaciones Ganadera Colombianas (UNAGA) sostuvo que “Fragmentar el mecanismo conciliador y articulador de la reforma agraria con un decreto que promueve las movilizaciones campesinas y la ocupación de tierras, es una amenaza para la paz en las regiones y para avanzar hacia una sociedad justa en la que todos los ciudadanos sean protegidos por el Estado”. También rechazaron el proyecto del gobierno nacional ya que existe la voluntad de negociar terrenos por parte de los actores involucrados. Los ganaderos expresaron su rechazo a la promoción y fomento a las movilizaciones de la población campesina para acceder a las tierras como quiera que incumplen los términos del Acuerdo de Tierras firmado con el gobierno nacional.
Por ahora el borrador de decreto está en revisión y los diálogos entre el Ministerio de Agricultura y Fedegan dan cuenta de querer sacar adelante la reforma agraria en Colombia.
