En varias columnas, la periodista Claudia Palacios ha argumentado que los pobres no deberían tener hijos. ¿Por qué es peligrosa esta posición?
Ana Patricia Pabón*
Discursos de odio
Hace un mes, en una polémica columna titulada Paren de parir, Claudia Palacios afirmó que el Gobierno debía controlar la natalidad de las venezolanas que llegan a Colombia con un “futuro absolutamente incierto”.
Sin considerar las condiciones de vulnerabilidad que afectan a la mayoría de las inmigrantes, Palacios deja casi toda la responsabilidad en las mujeres venezolanas, y les advierte que “si ustedes se siguen reproduciendo como lo están haciendo, sería aún más difícil verlos como una oportunidad para el desarrollo que como problema”.
Dos años antes, la misma periodista había publicado una columna titulada Vasectomía para machitos. Aunque Palacios presenta sus ideas como un asunto de planificación familiar y responsabilidad masculina en materia de anticoncepción, uno de sus principales argumentos es abiertamente clasista.
Según Palacios, los colombianos deberían pensar en la vasectomía como una posibilidad, pues es muy costoso “subsidiar a los 3.408 bebés que nacieron en 2016” en el municipio de Tumaco. Lo que no tiene en cuenta Palacios es, justamente, que Tumaco es uno de los municipios del país con menos inversión y presencia estatal.
Este tipo de discursos siembran una semilla de odio que puede derivar en otro tipo de violencias discriminatorias.
Y aunque al final de su columna, la periodista dice tímidamente que no habla solo “de los pobres de Tumaco”, sino de todos los hombres, al comienzo advierte que no deben traer “más hijos al mundo quienes no pueden mantenerlos”.
Sospecho que en ambas columnas Palacios no está hablando de planificación familiar o de responsabilidad parental, ni está pensando en las personas como sujetos de dignidad y autonomía. Al contrario, siempre habla de costos, recursos y capacidad de financiación como criterio determinante para decidir sobre la vida y el cuerpo de las demás.
Aunque en principio parezcan inofensivos, este tipo de discursos siembran una semilla de odio que puede derivar en otro tipo de violencias discriminatorias, machistas, clasistas, aporófobas y xenófobas. Entonces, ¿cuál debe ser la responsabilidad de los periodistas al expresar este tipo de ideas?
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Los límites de la libertad de expresión
La libertad de expresión y de opinión son derechos fundamentales que permiten el disfrute de otros derechos y la consolidación de la democracia.
Su importancia obliga al Estado a disponer de todos los mecanismos que estén a su alcance para protegerlos. Con el fin de garantizar su ejercicio, se debe garantizar el acceso a medios para expresarse y se deben proteger los contenidos. Por eso, nuestra Constitución prohíbe la censura. Además, se deben evitar los monopolios en los medios de comunicación para garantizar a todos un ejercicio real de la libre expresión.
Foto: Alcaldía de Bogotá |
Sin embargo, estos derechos no son absolutos, sino que tienen límites. Así, por ejemplo, existen sanciones penales para expresiones que configuren una calumnia o una apología al genocidio.
Además, el mismo artículo constitucional que consagra la libertad de expresión afirma que los medios de comunicación “tienen responsabilidad social” y, podría agregarse, responsabilidad ética y moral, entendida como un límite impuesto por la razonabilidad y la justicia con que se trata a los otros en nuestra expresión y opinión.
Por lo anterior, se ha considerado que no están legalmente protegidas aquellas expresiones:
- Que atenten contra la dignidad humana;
- Que causen daño;
- Que comprometan el buen nombre o la imagen de las personas a quienes se dirigen;
- O que, dependiendo de ciertos contextos de violencia o intolerancia, puedan ser susceptibles de convertirse en una amenaza real y efectiva contra la integridad personal o la vida.
Palabras creadoras
Aunque en muchos casos el abuso de la libertad de expresión u opinión no desemboque en una sanción legal, vale la pena reflexionar sobre las implicaciones morales de la opinión y sobre la responsabilidad de quienes difunden o promueven expresiones y discursos sospechosos de discriminación y de atentar contra la dignidad humana.
Ninguna persona puede abusar de sus derechos. Esa máxima es suficiente para comprender que el derecho a la libre expresión del propio pensamiento no legitima la manifestación de expresiones y opiniones que causen daño.
El lenguaje crea y constituye la vida cotidiana. Las palabras tienen un inmenso poder que puede llevar a la acción a los receptores de ciertos mensajes. En el derecho legislado existen muchos ejemplos al respecto.
En nuestro Código Civil, redactado en el siglo XIX y heredero de la concepción napoleónica según la cual “el Estado no tiene necesidad de bastardos”, se hizo una distinción entre hijos, clasificándolos entre legítimos e ilegítimos, lo que produjo consecuencias jurídicas y sociales negativas para los nacidos fuera del matrimonio.
La ley reconocía que los “hijos de nadie” valían menos, y los situaba con sus palabras en una categoría distinta. A su vez, eso perpetuaba una carga de discriminación social contra los hijos nacidos fuera del matrimonio. Por eso, la Constitución de 1991 corrigió ese discurso e incluyó el derecho a la igualdad “sin distinción de origen familiar”.
El reconocimiento de que “se hacen cosas con palabras” ha hecho que se preste especial cuidado al lenguaje. En efecto, las palabras pueden causar daño psicológico y social, y pueden traducirse en acciones violentas. Los discursos de odio pueden conducir al exterminio de poblaciones por razones de raza, género, religión u origen. Son ejemplo de esto los discursos de jefes de Estado que han alentado letales acciones de exterminio.
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La responsabilidad del periodista
En la historia de la humanidad, se ha discriminado a otras personas por distintos motivos: por su raza, su orientación sexual, su nacionalidad, su expresión de género o su clase. Eso ha dado lugar a categorías de análisis para nombrar dichas discriminaciones: racismo, homofobia, xenofobia, transfobia o aporofobia.
Esta última categoría fue introducida por la filósofa Adela Cortina, quien denunció una horrible realidad: en muchos lugares del mundo la discriminación contra los extranjeros migrantes depende de los recursos económicos con los que cuenten.
Mientras que los migrantes pobres no son bienvenidos, los migrantes con recursos son llamados turistas o empresarios y son aceptados con hospitalidad. La aporofobia es la aversión, el miedo, la repugnancia y hostilidad que se expresa contra las personas con pocos recursos económicos.
¿Qué subyace a este comportamiento? Aunque no se trata de un comportamiento nuevo, parece que en las sociedades contemporáneas incomoda más la pobreza que la nacionalidad, la raza o la orientación sexual. Por eso, Claudia Palacios escribe sobre los problemas de que los pobres tengan hijos, que no participen del mercado y que demanden prestaciones sociales que se pagarán con recursos estatales provenientes del recaudo de impuestos.
Las palabras pueden causar daño psicológico y social, y pueden traducirse en acciones violentas.
Susan Benesch, quien investiga sobre la violencia y el lenguaje, acuñó el término “discurso peligroso”. Con este término, Benesch advierte que un mensaje puede producir violencia o constituir violencia en sí mismo. Por eso, para establecer su potencial amenaza y tomar las medidas pertinentes, es necesario analizar cada discurso en su contexto.
Un discurso que incluye mensajes de discriminación o que la fomenta puede ser valorado como peligroso. En un contexto como el nuestro, en el que el miedo a la diferencia, la violencia y la intolerancia han acentuado años de conflictos internos, afirmar que los pobres deben dejar de tener hijos para no convertirse “en un problema” es violento y puede producir con facilidad acciones violentas.
En Europa, por ejemplo, se han observado crecientes agresiones físicas y verbales en contra de las personas sin recursos económicos. El siglo pasado, en Perú, el Estado sometió a esterilización forzada a cientos de personas —algunas fuentes reconocen que fueron esterilizados 370.000 hombres y mujeres—, muchas de ellas pertenecientes a grupos étnicos. Todas las víctimas coincidían en un aspecto: sus condiciones de extrema pobreza.
Foto: Agencia Presidencial de Cooperación Internacional |
Los medios de comunicación y los profesionales de la comunicación tienen una gran responsabilidad social y ética. En las sociedades altamente mediatizadas, los grandes medios canalizan la opinión y la forman.
Por eso, es importante que los periodistas asuman posturas responsables para evitar que el odio se propague y para evitar que con los mensajes que se difunden por los medios masivos se induzcan actuaciones violentas o que atenten contra la dignidad de las personas.
En el contexto del posacuerdo y ante la crisis migratoria mundial, ¿no sería más responsable adoptar un discurso empático? Si Claudia Palacios está tan preocupada por la anticoncepción responsable y la planificación familiar, ¿no es mejor difundir información y promover alternativas, así como desmentir prejuicios y combatir estereotipos?
* Abogada y filósofa, magister en Hermenéutica Jurídica, especialista en Docencia Universitaria y miembro del grupo de investigación de Teoría del Derecho y Formación Jurídica.
