En las últimas semanas aumentaron los casos de violencia y abuso sexual contra las mujeres; por eso el Estado debe encontrar el modo de transformar la cruda realidad que viven.
Ana Patricia Pabón*
Siete.
Siete soldados.
Siete soldados uniformados.
Siete soldados uniformados y armados.
Una niña indígena de trece años.
Una niña indígena.
Una niña.
Una.
La violaron.
Siete y más veces.
Ellos.
Siete contra una.
Por ahora
ella
es la única condenada.
Los casos más visibles
Jineth Bedoya sufrió tortura y violencia sexual mientras ejercía su labor como periodista. Desafortunamente, ella tuvo que acudir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ante la ausencia de garantías judiciales en el Estado colombiano para sancionar a los responsables. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano después de 20 años de la denuncia.
El caso de Bedoya es una radiografía de lo que pasa con las personas sobrevivientes de violencia sexual en Colombia cuando acuden a buscar justicia, protección y restablecimiento de derechos.
Al revisar la literatura académica se puede observar el resultado de múltiples investigaciones en materia de violencia sexual. Se han estudiado sus causas y efectos dañinos, se ha evaluado la ineficacia del derecho penal en el marco de las instituciones, donde revictimizan y la impunidad está a la orden del día.
Se han evaluado las acciones emprendidas por parte del Estado para prevenir, sancionar y erradicar esta forma de violencia. Se han sugerido propuestas, diseñado estrategias, construido rutas y protocolos. Sin embargo, la pregunta no deja de ser por qué no han disminuido los casos de violencia.
Aunque existan desacuerdos frente a cifras, en especial por el subregistro y criminalidad oculta, las mujeres y niñas son las principales víctimas de violencia sexual en el mundo. Esta situación ha obligado a que los países intensifiquen las acciones a través de los mecanismos de control, pero las prácticas siguen siendo insuficientes.
La cosificación de la mujer
Para analizar la violencia sexual es necesario pensarla con la luz del enfoque de género. Si no se reconocen las relaciones asimétricas de poder que se originan en el sistema sexo-género, será muy difícil comprender lo que sucede alrededor de la violencia sexual.
La violencia sexual es un arma de guerra en los territorios donde se vive el conflicto armado, está presente en la esfera de lo doméstico, en las instituciones educativas y prestadoras de servicios de salud, en el lugar de culto religioso, en los escenarios deportivos, en las calles de las ciudades y en los caminos veredales.
Sin embargo, hay que entender que es perpetrada por personas, no por monstruos salidos de relatos de terror.
Muchas veces se construyen representaciones que culpan a las víctimas por el lugar en el que se encontraban, por no defenderse, por usar cierta ropa o actuar de alguna manera. Llegan al punto en el que algunas víctimas creen que son responsables de la violencia que padecieron.
La violencia sexual colonizó todos los espacios hasta el punto de permear también las instituciones encargadas de prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Cuando el Colectivo Las Tesis afirma “el Estado opresor es un macho violador” y “el violador eres tú” denuncia este hecho.
A través de este tipo de iniciativas, al igual que de movimientos como #cuéntalo o #metoo se configuró un gran llamado para sacar del silencio la violencia sexual. Hoy contamos con categorías de análisis precisas para cuestionar cómo tiene que juzgar un tribunal del Estado.
El caso de La manada, en España, es un buen ejemplo. En primera instancia el Estado determinó erróneamente que la violencia sexual de cinco hombres contra una mujer no era una violación sino un abuso sexual. Pero el mandato social obligó al Estado a revisar el caso.
Por el momento necesitamos más acciones para situar la discusión sobre las causas de la violencia y promover acciones para transformar el contexto reproductor de violencias.
En la actualidad vemos que cada vez que sucede un caso de violencia sexual y se hace visible, las páginas de los diarios, las imágenes en televisión y las voces en la radio se colman de rechazos a las violencias sexuales. Sin embargo, es difícil identificar cuáles acciones transformativas surgen cuando la marea informativa baja y se instaura nuevamente el silencio.
La semana pasada la violencia contra una estudiante universitaria nos recordó el caso de Rosa Elvira Cely. Empero, si recorriéramos las noticias podríamos encontrar infinidad de casos indignantes, en donde el abordaje a ellos arriesga que se naturalicen, neutralicen e insensibilicen cada una de estas agresiones.
Nuevas perspectivas
La pregunta es: ¿qué acciones emprenderá el Estado para prevenir y erradicar la violencia sexual? Primero, comenzar a entender que las acciones de prevención deben dejar de estar centradas en recomendaciones para las mujeres. Las mujeres no son las perpetradoras, por lo que no pueden evitar la violencia.
Claro, deben ser acciones que hagan cuestionar a todos los sistemas y personas sobre los imaginarios, expectativas y mandatos de género. Hoy el Estado debe entender que ya existen instrumentos legales que obligan a iniciar acciones transformativas, como es el caso del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, que emprende la formación para niñas, niños y adolescentes en el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos desde la equidad de género.
La discusión y formación sobre todo tipo de violencia, en especial la sexual, debe colonizar todos los espacios de la vida cotidiana por tratarse de un problema fundamental que viola los derechos humanos.
La violencia sexual es un arma de guerra en los territorios donde se vive el conflicto armado, está presente en la esfera de lo doméstico, en las instituciones educativas y prestadoras de servicios de salud, en el lugar de culto religioso, en los escenarios deportivos, en las calles de las ciudades y en los caminos veredales.
La violencia sexual debe ser abordada como un problema de salud pública y de formación en derechos humanos en todos los niveles sociales e institucionales.
El analfabetismo social en materia de violencia sexual permite su reproducción, del mismo modo que el analfabetismo social en materia de equidad de género es una barrera para erradicar las distintas formas de violencia que viven mujeres y niñas, hombres con masculinidades no hegemónicas, personas con identidades y expresiones de género no hegemónicas y con orientaciones sexuales diversas.
Las sanciones llegan cuando las violencias ya se han perpetrado, por eso la erradicación requiere invertir más esfuerzos en transformar creencias, en quemar el silencio frente a las violencias y en construir otras formas de relacionarnos en donde la violencia sexual no sea normal ni, peor aún, se minimice.
