Mujeres y niñas: víctimas de las violencias de sexo-género
Foto: Gobernación de Antioquia

Mujeres y niñas: víctimas de las violencias de sexo-género

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El panorama sobre las violencias contra mujeres y niñas en Colombia sigue siendo alarmante ¿Cuáles son los retos y cuáles las medidas adecuadas para hacerles frente?

Ana Patricia Pabón*

Un punto de partida­

Proponer un balance sobre las violencias contra mujeres y niñas en Colombia durante el 2022 es una tarea difícil. Para su comprensión se deben revisar muchas dimensiones, pues no pueden quedarse en las cifras o en el diagnóstico de los errores que siempre se reproducen, y que parecen tolerar y normalizar este fenómeno global.

A riesgo de dejar muchos cabos sueltos, sugiero aquí elementos para este balance con la intención de plantear retos para el 2023. El punto de partida es el cierre de este año, pues durante estos doce meses aumentaron los casos de violencias contra mujeres y niñas.

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Los rostros de las víctimas

Los sistemas de creencias, mandatos, estereotipos y expectativas de rol marcan cómo se identifican las personas sobre la base de su sexo como condición biológica, su género y su orientación sexual y afectiva. No comportarse como se espera da lugar a prejuicios y valoraciones negativas que causan discriminación y violencias contra mujeres, niñas, personas con diversidad sexual y masculinidades no hegemónicas.

En el establecimiento de esos sistemas ligados al sexo-género se construyen las relaciones que dominan la sociedad capitalista, la racionalidad colonial que aún hoy persiste y que define condiciones de inequidad para cuerpos racializados, y la influencia de las relaciones de poder de origen patriarcal.

Estas construcciones hacen que las mujeres, sus cuerpos y las identidades femeninas vivan en desventajas basadas en el sistema sexo-género, además en su pertenencia a una etnia, grupo, clase social, origen nacional y familiar, ideología política o religiosa, rasgos identitarios, entre otras condiciones.

Foto: Alcaldía de Medellín - Este año el Ministerio de Educación ordenó a las Instituciones de Educación Superior la creación de protocolos para manejar las violencias basadas en género.

Los sistemas de creencias, mandatos, estereotipos y expectativas de rol marcan cómo se identifican las personas sobre la base de su sexo como condición biológica, su género y su orientación sexual y afectiva. No comportarse como se espera da lugar a prejuicios y valoraciones negativas que causan discriminación y violencias contra mujeres, niñas, personas con diversidad sexual y masculinidades no hegemónicas.

Bajo estos supuestos se puede comprender el estado de cosas ─que es una decisión que la Corte Constitucional adopta cuando hay una violación masiva y recurrente de los derechos fundamentales de cierta población─ de las distintas formas de violencias basadas en el sistema sexo-género.

Mujeres y niñas son las principales víctimas de violencia psicológica y física en todas sus manifestaciones, entre ellas la sexual, reproductiva y ginecobstétrica. Tienen lugar en espacios intrafamiliares e institucionales; a través de manifestaciones de acoso en el lugar de estudio y de trabajo; por medio de violencias económicas y políticas, entre otras, que las conducen a su muerte simbólica y física, como el feminicidio.

Todos estos tipos de violencia están marcados por un aumento en los casos frente al año anterior, además de demostrar la debilidad del sistema estatal y social para contrarrestarlos.

El Derecho Convencional y Nacional estableció medidas para corregir la violencia de género, y se demuestra que las victimas tienen nombres de mujeres y niñas. Así, La Convención de Belém do Pará identifica a las violencias basadas en el género como una violación de derechos humanos, que tiene una gran magnitud y que debe ser abordada como un problema de salud pública, de seguridad y de justicia.

Como se mencionó, las violencias basadas en género se establecen por la valoración social y simbólica hacia lo femenino. Esto se intensifica con las desventajas económicas y jurídicas que dan continuidad a la subordinación en distintas esferas de lo privado y lo público. El rechazo y representación negativa de lo femenino ha colonizado distintos espacios de la vida, esto agrava las situaciones de injusticia.

¿Qué se ha hecho en el 2022 respecto de la violencia?

Es responsabilidad del Estado Colombiano prevenir, castigar y eliminar la violencia en todas sus formas contra las mujeres y niñas. Las medidas adoptadas deben ser evaluadas en función de estas tres acciones; simplemente incluir medidas sancionatorias no es suficiente si no se mejora la prevención o si los índices de impunidad persisten.

Por ejemplo, durante el presente año se aprobó la Ley 2015 de 2022, que establece la creación de Casas de Refugio. Esta medida de protección y atención para mujeres víctimas de violencia y sus familias se propuso desde el 2008, pero hasta ahora no se había puesto en marcha. La finalidad de las Casas de Refugio es proteger a las mujeres víctimas de violencia y a las personas a su cargo.

Por su parte el Ministerio de Educación ha emitido la resolución 014466 del 25 de julio de 2022, que ordena a las Instituciones de Educación Superior a crear protocolos para prevenir, atender y sancionar las violencias basadas en género.

Estas medidas regulativas se añaden a las normas existentes que establecen acciones específicas para las autoridades del Estado. La entrega de subsidios de vivienda (Ley 2172 de 2021) o la creación de alertas tempranas (Ley 2137 de 2021) para atender a las sobrevivientes de violencia, entre otras.

En un país en el que el conflicto armado interno ha intensificado la violencia, y las condiciones socioeconomías la reproducen, sabemos que la regulación es apenas un paso para abordar su profundidad. Los resultados de las medidas con un enfoque de género diferencial acordadas en los acuerdos de paz demuestran un bajo nivel de implementación.

Retos para afrontar el aumento de violencias

Se pueden mencionar algunos desafíos en el panorama de este año frente al aumento en los niveles de violencias durante el confinamiento y la pandemia, pues contrario a lo que se esperaba, no disminuyeron.

Consolidación de cifras: hay subregistros y casos no denunciados. Es esencial contar con sistemas de registro y recopilación de información para entender el fenómeno de las violencias, identificar vacíos en los sistemas de atención, llamar la atención sobre los hechos y dar prioridad a la atención.

Un ejemplo de la importancia de este proceso es el de la violencia contra las mujeres en educación superior. Las denuncias de grupos de defensoras de derechos en las universidades y organizaciones de mujeres han llevado a la exigencia de caracterizar y registrar la violencia.

Así pues, la denuncia de un caso de violencia en la Universidad Nacional de Colombia inspiró a otras estudiantes de distintas instituciones a hacer denuncias. Uno de los principales desafíos es la falta de consolidación de cifras en feminicidios, lo que revela otros problemas.

Es responsabilidad del Estado Colombiano prevenir, castigar y eliminar la violencia en todas sus formas contra las mujeres y niñas. Las medidas adoptadas deben ser evaluadas en función de estas tres acciones; simplemente incluir medidas sancionatorias no es suficiente si no se mejora la prevención o si los índices de impunidad persisten.

Formación de funcionarios: pese a los esfuerzos para regular la prevención, atención y sanción de la violencia, la impunidad sigue siendo una plaga. Es necesario mejorar la formación de funcionarios en todos los niveles de atención.

Coordinación entre las autoridades responsables de la atención: muchas mujeres no llegan a denunciar o son enviadas de un lugar a otro sin recibir atención. El Estado tiene dependencias en diferentes órdenes territoriales, es necesario que las acciones de las instituciones estén coordinadas para no desalentar la denuncia, brindar respuestas efectivas y evitar la revictimización y la violencia institucional.

Voluntad política y económica para el cumplimiento de lo preceptuado por el ordenamiento jurídico: contamos con un sólido sistema de medidas regulativas, muchas de las cuales requieren la decidida acción de las autoridades y una financiación efectiva para llevarlas a cabo. El bajo cumplimiento de las medidas de género del acuerdo de paz lo demuestra.

La inclusión de la voz de las mujeres y las organizaciones sociales: en todos los procesos de diseño de políticas y medidas de atención y prevención de violencias es crucial contar con la experiencia de las mujeres para comprender los daños, mecanismos de reparación y prevención.

Educación y formación para la prevención, detección y transformación: para eliminar las violencias contra las mujeres, que se basan en sistemas de creencias, estereotipos, perjuicios y expectativas de rol, es necesario discutir y deconstruir dichos sistemas de valores. De lo contrario, cualquier otro esfuerzo será apenas paliativo: tratar de contener y atender la violencia en vez de transformarla.

Cumplir con el derecho de las mujeres y niñas a vivir libres de violencia no requiere únicamente medidas correctivas, implica incluir también acciones transformativas. Estas acciones no dependen solo del Estado, sino también de que la sociedad, los grupos e individuos hagan esfuerzos por relacionarnos de manera diferente.

Significa que ninguna niña tenga miedo de ser acosada en la escuela, que ninguna joven tenga temor de ser agredida en el pasillo de su universidad, que ninguna mujer tenga que huir de la oscuridad en la calle, que no querer seguir en una relación no nos cueste la vida o que el personal de salud no agreda a quienes buscan servicios de interrupción voluntaria del embarazo.

La sororidad, solidaridad, empatía y reconocimiento deben ser normas sociales que promuevan espacios de dignidad. Mientras tanto, la resistencia, la denuncia y la exigibilidad de los derechos deben mantenerse.

Le recomendamos: La agenda de mujeres, paz total y seguridad humana

Acerca del autor

Ana Patricia Pabón

*Abogada y filósofa, doctora en Derecho, magister en Hermenéutica Jurídica, especialista en Docencia Universitaria y miembro del grupo de investigación de Teoría del Derecho y Formación Jurídica y de la Red de mujeres constitucionalistas de América Latina.

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Ana Patricia Pabón

*Abogada y filósofa, doctora en Derecho, magister en Hermenéutica Jurídica, especialista en Docencia Universitaria y miembro del grupo de investigación de Teoría del Derecho y Formación Jurídica y de la Red de mujeres constitucionalistas de América Latina.

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