¿MinTIC: financiar el cine o la conectividad?

El Gobierno financió película sobre José Prudencio Padilla con recursos del Fondo de Comunicaciones del MinTIC. Más allá de la polémica por las fotos del presidente, urge debatir si es conveniente desviar fondos de conectividad social hacia otros usos.

En días pasados, en varios medios de comunicación circuló la noticia sobre el rodaje de una película sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla, héroe de la Independencia. En algunos medios el debate se centró sobre las capacidades actorales del presidente de la República, sobre la elección de un actor extranjero para protagonizar la vida de un patriota o sobre que la película, financiada con recursos de los colombianos, se rodara en inglés y no en español. La exposición presidencial en la película, lamentablemente, no permitió que la opinión pública pudiera analizar otros aspectos, quizá más relevantes, sobre la producción de la cinta, en particular el uso de recursos públicos en la producción cinematográfica, el papel de los medios públicos (RTVC) en este proyecto, o los criterios de selección objetiva de los socios privados que tuvo el gobierno nacional para producir la película.

En este contexto, trascendió en los medios de comunicación que el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (MinTIC) destinó más de $8.104 millones del Fondo Único de Comunicaciones (FuTIC) para financiar la película sobre el héroe de la batalla del lago de Maracaibo. Esto demuestra que el Ministerio encontró un uso adicional de los recursos de este fondo justificado en la promoción de contenidos audiovisuales que tiene la entidad bajo los principios establecidos en la Ley 1978 de 2019. Pero, más allá de su legalidad, persiste la pregunta sobre si esta es una destinación prioritaria y relevante para estos dineros públicos. 

El papel del FuTIC en el cierre de la brecha digital en Colombia

La nueva iniciativa cultural del MinTIC revela un problema estructural del diseño del FuTIC, que, si bien se originó en gobiernos anteriores, se ha profundizado en la actual administración. El caso de la película muestra la dispersión de recursos y la ausencia de focalización en el cumplimiento del objetivo esencial del fondo: propiciar el cierre de la brecha digital a través de la promoción de una conectividad social real, que lleve la internet a todos los colombianos, independientemente de su condición social y su ubicación geográfica. 

Al margen del papel que tiene el MinTIC en la financiación de películas o contenidos audiovisuales, es evidente que existe una fragmentación de los recursos del FuTIC. En la última vigencia presupuestal de 2025, los recursos alcanzaron los $2,1 billones, originalmente previstos para financiar el desarrollo de las telecomunicaciones sociales en el país.

En efecto, cuando en el país se liberalizaron las comunicaciones a finales de la década de 1990, el Estado colombiano, de manera similar a lo que se hizo en Europa y en Estados Unidos, estableció un fondo de servicio universal para financiar las comunicaciones sociales. Entonces la premisa era clara. En lugares como las zonas rurales dispersas, por ejemplo, en donde el sector privado no pudiese llegar a prestar los servicios de comunicaciones, el Estado financiaría los programas de conectividad social con los recursos de dicho fondo, que a su vez estaría financiado por las contribuciones de los operadores, los pagos por el uso del espectro electromagnético y las tasas de operación que las empresas privadas o públicas asumían en el momento de prestar los servicios de comunicaciones en el país.

En este contexto, la idea de contar con un fondo de comunicaciones se orientaba de manera exclusiva a financiar la conectividad social, para, de esta forma, garantizar que los colombianos más pobres o vulnerables no fuesen excluidos del acceso a la sociedad de la información.

Los problemas institucionales que tiene el FuTIC para cumplir el objetivo social de cerrar la brecha digital

Con el paso del tiempo y con las reformas legales que transformaron el sector de las comunicaciones en Colombia, adoptadas en la Ley 1341 de 2009 y, en especial, en la Ley 1978 de 2019, se habilitó al FuTIC la capacidad de financiar otro tipo de proyectos diferentes al acceso a los servicios de comunicaciones o la Internet. Al día de hoy, estas reformas permiten al MinTIC, a través del FuTIC, financiar compras de tabletas, contenidos audiovisuales, programas de capacitación en competencias digitales, proyectos de innovación digital en microempresas, planes de gobierno digital, programas de emprendimiento digital, promoción de la televisión pública o, inclusive, pagar la operación de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), entre otros.

El FuTIC tiene pues una gran amplitud en la selección de proyectos para financiar. El problema es que la diversidad de enfoques en las iniciativas genera una distracción institucional en el MinTIC. Muestra de ello es, por ejemplo, la rivalidad institucional que sostiene con el MinCiencias a la hora de liderar la estrategia de Inteligencia Artificial (IA), lo que ha impedido que Colombia tenga una hoja de ruta organizada para implementar en el sector público esta tecnología emergente. De esta manera, producto de esta disputa institucional, el MinCiencias lanza convocatorias de IA y, al mismo tiempo, el MinTIC financia centros para el desarrollo de IA, sin que ambos programas se conecten entre ellos y con las necesidades que tienen los sectores sociales de apropiar esta tecnología revolucionaria. Asimismo, el MinTIC financia una serie de programas dirigidos, supuestamente, a mejorar las competencias digitales de los colombianos mediante programas de formación orientados a certificar este tipo de competencias, cuando esta tarea debería recaer en las instituciones educativas, tanto nacionales como territoriales. A la postre, los recursos del Fondo de Comunicaciones no están financiando suficientemente los programas para llevar la conectividad de internet a los colombianos más pobres, vulnerables y que habitan en las zonas rurales.

La Contraloría General de la República (CGR), en su Evaluación de Política Pública de Conectividad Digital en Colombia 2018-2024, concluyó que en el país existe una brecha digital persistente. Según el ente de control, la brecha rural es del 86% frente al 66% urbano. Esto se debe a que existe un diseño débil de política, sin metas explícitas de reducción de brecha digital, con baja eficiencia presupuestal, que no superó el 60% del gasto de inversión para 2024, lo que imposibilita contar con un plan de acción robusto y orientado a resultados. Por su parte, la OECD, en su informe sobre la conectividad en Colombia publicado en marzo de 2026, cita un estudio de la Universidad Nacional de Colombia (2024) que concluye que la proporción de recursos del FuTIC dirigidos a programas de cierre de brecha digital pasó del 42,2% en 2022 al 26,6% en 2023, y al 16,2% en el primer trimestre de 2024. Estos datos sólo pueden leerse como una señal del poco interés en avanzar en el cierre de la brecha digital que muestra el presente gobierno.

La ausencia de una estrategia de conectividad digital para mejorar el acceso a Internet en el país

El deterioro de las políticas públicas de conectividad digital se debe a que no existió en la administración del presidente Petro una política digital articulada, robusta y con sustento técnico. Partiendo del mismo diseño del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno nacional no estableció un plan digital que involucrara de manera activa a las empresas públicas y privadas, al regulador sectorial, y al MinTIC en la estructuración de programas enfocados a conectar a los colombianos mas pobres o vulnerables. De manera similar a lo que ocurrió en otros sectores de infraestructura, el Gobierno desconfió del papel del sector privado, no se apoyó en los operadores públicos de comunicaciones y se limitó a tener un papel marginal en el diseño de políticas públicas de conectividad.

Esta inanición institucional generó que el MinTIC de manera inusual publicara el plan de conectividad apenas en 2024, ¡dos años después de iniciado el Gobierno! Una muestra más de la falta de orden en la estructuración de las políticas públicas, la ausencia de una hoja de ruta de conectividad y la falta de liderazgo que han caracterizado el papel del Ministerio a lo largo del presente cuatrienio. En este contexto, el cierre de la brecha digital luce como un objetivo aún más lejano.

La necesidad de una transformación institucional del sector de las comunicaciones en el país

Desde inicios del año, diversos estudios públicos y privados han recomendado al gobierno nacional que reforme de manera estructural la organización institucional de las entidades que dirigen la política pública de comunicaciones en Colombia. La realidad es que el país se estancó en el avance digital, debido a que las políticas de Estado que se diseñaron con relativo éxito desde 2009, que les permitieron a los colombianos avanzar de manera notable en su bienestar a través del acceso a la telefonía móvil y la internet, no responden ya a los desafíos que tiene un mercado concentrado, el auge de tecnologías emergentes como la IA, o el mismo desafío de lograr la cobertura plena de internet en toda la geografía nacional. Adicionalmente, el sector de comunicaciones acusa un creciente gigantismo burocrático, soportado por un MinTIC, que en los últimos cuatro años no encontró un norte estratégico para ejecutar los recursos públicos de manera eficiente, arrancando por la cabeza misma del MinTIC, que estuvo a cargo de cuatro ministros desde 2022.

Pero ya la opinión pública está pensando en el próximo cuatrienio. La tarea para ese próximo gobierno recaerá en volver a contar con el sector privado, principio que estableció la Constitución de 1991, en el desarrollo de los servicios de comunicaciones en Colombia. Asimismo, será necesario reformar la institucionalidad del sector de las comunicaciones y diseñar un MinTIC ágil y eficiente, como tienen países de la región como Brasil y Chile, que han demostrado que entidades públicas eficaces pueden estructurar y ejecutar políticas públicas de primer nivel y con resultados tangibles en materia de apropiación digital.

El cierre de la brecha digital debe ser un propósito nacional, independientemente del matiz político que tenga el próximo gobierno, pues hoy más que nunca es urgente garantizar que todos los colombianos accedan a internet, así sea para deleitarse con la película del prócer José Prudencio Padilla, hablada en inglés y financiada con recursos que bien podrían haber sido destinados a aquello para lo cual fueron recaudados.

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