Una nueva hoja de ruta digital al servicio de todos los colombianos

Los desafíos digitales que enfrentará el próximo gobierno serán enormes. Reformar la institucionalidad del sector TIC, contar con políticas públicas que transformen de verdad el gobierno digital y cerrar la brecha digital son los principales retos que deberá gestionar el gobierno nacional a partir del 7 de agosto de 2026.

Concluido el ciclo electoral, es momento de analizar y definir la hoja de ruta que deberá seguir el nuevo gobierno nacional para liderar, a partir del 7 de agosto, la agenda digital del país.

De manera similar a lo que ocurre en otros sectores de la economía nacional, en materia digital se requerirá que la administración entrante trabaje en varios frentes simultáneos que van desde reponer los recursos y el tiempo perdidos en los últimos cuatro años, hasta adelantar las reformas estructurales que requiere el desarrollo del sector de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el futuro cercano. Se trata de recuperar la importancia de los servicios y medios digitales para el bienestar de los colombianos.

El cierre de la brecha digital debe ser un propósito nacional 

Al cierre de otra administración, los colombianos observan que el tan anhelado objetivo social de cerrar la brecha digital en el país sigue sin cumplirse. Diversas entidades públicas como la Contraloría General de la República, y organismos internacionales como la OCDE, confirman los datos de las Autoridades Sectoriales de Comunicaciones (MinTic y CRC) que muestran la existencia de dos países digitales. 

Por un lado, las zonas urbanas y densamente pobladas del país, en donde se observa una creciente penetración de servicios de conectividad de alta velocidad soportada por la expansión de redes de fibra óptica. En las grandes capitales departamentales la creciente ampliación de los servicios móviles de quinta generación (5G) y la cobertura completa de la Internet Móvil, que se ha convertido en el medio masivo de acceso por parte de los usuarios a las redes sociales, aplicaciones e Internet. 

De otro lado, en las zonas rurales y periféricas del país el panorama no es alentador, debido a que persisten bajos niveles de calidad de Internet. En departamentos como Chocó y Amazonas, el MinTIC no ha logrado encontrar soluciones estructurales que garanticen la prestación confiable de los servicios de comunicaciones. Asimismo, los departamentos fronterizos presentan niveles de conectividad que, en algunos casos, no superan el 15% o el 20% de penetración.

Según las diversas encuestas realizadas por el DANE, existe, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, una restricción al acceso a Internet, a pesar del avance que tuvo el país en la materia como resultado del modelo de competencia entre empresas públicas y privadas impulsado desde la Constitución de 1991. Esta brecha se explica por la falta de capacidad de pago para acceder a los servicios de comunicaciones de algunos sectores de la población, lo que también impide que los colombianos más pobres o vulnerables accedan de manera continua a Internet desde sus hogares.

En conclusión, para cerrar la brecha digital en los próximos cuatro años se requiere utilizar diversos instrumentos de política pública y pasar, de manera decidida, del diagnóstico, los estudios y las consultorías a la implementación real y efectiva de una hoja de ruta factible y aplicable.

Cómo avanzar en los próximos cuatro años 

El marco institucional es fundamental para el desarrollo del sector TIC. Define las reglas, instrumentos y herramientas para que los agentes privados y públicos inviertan en redes de comunicaciones; promueve la competencia y mejora el bienestar de los consumidores mediante servicios óptimos, tarifas razonables y una calidad adecuada.

En efecto, el marco institucional del sector TIC, diseñado bajo los principios que rigen la prestación de los servicios públicos en la Constitución de 1991 y ordenado en las diferentes leyes sectoriales, permitió desarrollar las comunicaciones móviles y fijas en Colombia en los últimos treinta años.

En este contexto, es necesario que el próximo gobierno adelante una revisión a fondo del marco legal que rige los servicios digitales en Colombia, dado que la institucionalidad que enmarca el diseño de políticas públicas y la regulación no responde adecuadamente a los retos del sector TIC en el país.

El marco legal establecido en las Leyes 1341 de 2009 y 1978 de 2019 debe ser revisado en los siguientes frentes institucionales:

En primera instancia, deben evaluarse el papel, la configuración y el alcance del MinTIC. Debe orientarse su estructura hacia un órgano que se enfoque en solucionar la conectividad digital, orientar de nuevo el desarrollo del gobierno digital y articular de manera eficaz con las otras entidades del Estado la apropiación en la gestión pública de las tecnologías emergentes, con especial énfasis en la inteligencia artificial.

Desde 2018, varios estudios del Departamento Nacional de Planeación (DNP) constataban la dispersión de recursos, programas, planes e iniciativas del MinTIC: se financiaban desde proyectos de conectividad, compras de tabletas, programas de innovación digital, hasta contenidos de televisión pública, el servicio postal universal y la formación en competencias digitales, entre otros. Esta tendencia a gastar recursos en una diversidad de proyectos se acentuó en los últimos cuatro años, en los que incluso se financiaron películas con recursos del Fondo TIC que administra el MinTIC.

Por lo tanto, el diseño de un nuevo MinTIC debe acompañarse, necesariamente, de una reorganización estratégica del uso de los recursos del Fondo TIC, para que se oriente en su razón de ser: llevar la Internet a los colombianos más pobres y no continuar financiando una serie de programas que deben estar a cargo de los sectores de educación, cultura o industria.

La reorganización institucional del sector TIC requiere una revisión a fondo de la relevancia y la oportunidad de asignar sus recursos, especialmente los que no generan impacto en el sector. Particularmente, es hora de reorganizar las autoridades regulatorias y de espectro y revisar la pertinencia de mantener varias direcciones del MinTIC y otras entidades adscritas al Ministerio, cuyo ciclo institucional ya no se corresponde con las realidades del sector TIC.

En este contexto, es urgente que el próximo gobierno devuelva a los colombianos su televisión pública (RTVC) como medio de acceso a contenidos educativos y culturales de gran calidad, como merece la ciudadanía, para no repetir la historia de los últimos cuatro años, en los que los medios públicos de televisión se usaron con fines políticos.

Tecnologías emergentes y una nueva política pública digital 

El diseño de la hoja de ruta digital del próximo gobierno debe estructurarse en torno a dos verbos: priorizar y focalizar. Priorizar programas orientados a mejorar la conectividad del país y poner fin a la dispersión de proyectos que, en algunos casos, solo generaron desperdicio de recursos sin retornos ni beneficios sociales significativos. Focalizar los recursos de conectividad hacia las zonas rurales o periféricas donde los colombianos más pobres no tienen acceso a Internet, y transformar el gobierno digital (Govtech) mediante la Inteligencia Artificial (IA) en los sectores que requieren intervenciones urgentes, como salud, energía, seguridad, etc.

Bajo esta perspectiva, la hoja de ruta digital debe incorporar indicadores y parámetros de éxito con énfasis territorial. En lo que concierne a la brecha digital, es momento de contar en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) con una batería de metas que permitan medir el avance de la conectividad en las regiones y no solo a nivel nacional, como tradicionalmente se ha hecho en los últimos cuatrienios.

La nueva política pública digital debe necesariamente acompañarse de una revisión a fondo del marco regulatorio de los servicios de comunicaciones y de televisión, para promover de manera efectiva la inversión privada, pilar esencial para que el país retome el desarrollo de nuevos proyectos de conectividad. 

Asimismo, la regulación debe sustentarse en el marco de una política pública que oriente las señales regulatorias hacia la salvaguarda de la competencia y que apunte a eliminar las distorsiones regulatorias que persisten en los servicios de televisión. Particularmente, es momento de que el MinTIC y el Regulador evalúen el diseño de nuevos enfoques para promover el desarrollo de los servicios de alta velocidad basados en fibra óptica, y se revalúe la idea de que el único camino a seguir para que en las regiones o zonas rurales se desarrolle la Internet sea imponer cargas a los operadores que realizaron el esfuerzo de llevar los servicios a las regiones.

Estas acciones se deben complementar con: una revisión de la cadena de valor del sector de comunicaciones, para eliminar o disminuir tributos, y así trasladar estos ajustes al consumidor final; incorporar a los territorios en la estructuración de los planes de conectividad a cargo del gobierno nacional, y estimular una revisión de los programas en ejecución que tiene el MinTIC soportados en tecnologías que probablemente son obsoletas y que, por ende, deben migrar a nuevas tecnologías más eficientes, como las satelitales.

Finalmente, la hoja de ruta digital que implemente el próximo gobierno debe priorizarse desde la propia oficina presidencial. En este sentido, es importante que se retome la Oficina del consejero Presidencial para que articule a las entidades del gobierno nacional en la implementación de los proyectos de transformación digital.

Los desafíos en materia digital son enormes para el país. Para solucionarlos, probablemente se requiera tramitar reformas legales e institucionales que impliquen un trabajo conjunto entre el Gobierno, el Congreso, los gremios y la sociedad civil. Lo importante es que este esfuerzo colectivo se traduzca en contar con un solo país digital para el fin del próximo cuatrienio, y en alcanzar una efectiva inclusión digital, que debe ser la principal motivación del próximo gobierno nacional.

Le recomendamos: La medida equivocada