El presidente anunció que las juntas de acción comunal instalarán redes de fibra óptica, pero esta no es la solución a los problemas de conectividad en las regiones apartadas. Estos son los motivos.
Sergio Martínez Medina*
Cerrar las brechas de conectividad
El presidente Petro anunció que llevará acabo la instalación de la fibra óptica a través de las juntas de acción comunal (JAC).
Es probable que este pronunciamiento responda a las demandas de las comunidades que no tienen acceso a Internet y se integra con la visión de dotar a la población con herramientas para que pueda construir vías o energía eléctrica. Esto sería un elemento importante en la llamada “economía popular”, componente esencial del Plan Nacional de Desarrollo.
Sin embargo, estos datos constatan que el avance no ha sido uniforme y persiste una seria desigualdad digital en el territorio. Es evidente la brecha entre las zonas urbanas y las rurales, que se amplifica en la medida en que estas regiones se encuentran en territorios de difícil acceso como los departamentos insulares o los que se encuentran ubicados en las zonas del Pacífico, Amazonía y Caribe.
De forma complementaria, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) quiere cerrar la brecha digital con el apoyo de los operadores comunitarios para que desplieguen la fibra óptica que las empresas privadas no han instalado en algunos territorios de Colombia.
Para analizar esta propuesta, es necesario revisar:
- El estado de la conectividad en el país;
- Las restricciones que enfrentan los operadores de comunicaciones, y
- Si el camino que el gobierno nacional plantea es el ideal para cerrar la brecha digital.
Estado actual de la conectividad
Los servicios de comunicaciones avanzaron de manera notable durante los últimos 30 años. Esto se explica por la entrada de la libre competencia en la prestación de los servicios públicos, la regulación expedida por las autoridades sectoriales y la confianza que los inversionistas públicos y privados depositaron en el modelo institucional soportado en las diversas leyes que se han expedido al amparo de la Constitución de 1991.
Este avance se refleja en las cifras de penetración del Internet en el país. Según el DANE, el 60,5 % de los hogares colombianos tenía conexión a Internet a finales de 2021, de los cuales el 70 % se ubicó en las cabeceras municipales y el 28,8 % en los centros poblados y rurales. Asimismo, se destaca que Bogotá es líder del servicio de Internet, con el 81, 5 % de cobertura Vichada es el departamento con menor penetración, 4,6 %.
Sin embargo, estos datos constatan que el avance no ha sido uniforme y persiste una seria desigualdad digital en el territorio. Es evidente la brecha entre las zonas urbanas y las rurales, que se amplifica en la medida en que estas regiones se encuentran en territorios de difícil acceso como los departamentos insulares o los que se encuentran ubicados en las zonas del Pacífico, Amazonía y Caribe.
Esta situación es similar a la que ocurre en otros países tanto desarrollados como en vía de desarrollo, en donde el gran desafío para los Estados es conectar con redes de alta velocidad a los habitantes de las zonas rurales.
Los obstáculos
Son varios los obstáculos que explican por qué los operadores de los servicios de comunicaciones no han llevado la cobertura a las zonas alejadas de los centros urbanos.
El primero es la escasa capacidad de pago de los colombianos que habitan estas zonas. El segundo es la precariedad o ausencia de condiciones técnicas para llevar el servicio a esas regiones, como decir:
- la falta de energía eléctrica,
- la lentitud en la ejecución de los proyectos de infraestructura debida a los trámites sobre el uso del suelo, o
- la tardanza o bloqueo de las obras que suelen resultar de las consultas previas.
Estos factores, en conjunto con la dispersión geográfica o las licencias medioambientales, retrasan la construcción y operación de las redes de comunicaciones en varias regiones del país.
Por otra parte, los costos que deben asumir los operadores cuando llevan la red a estos territorios, son superiores a los que deben asumir en las ciudades; esto se debe a que el componente de transmisión es elevado, especialmente en las regiones apartadas como el Amazonas o San Andrés, y a que no existe suficiente competencia u oferta de ese servicio de transmisión.
En conclusión, para cerrar la brecha digital, se necesitan estrategias que resuelvan los problemas subyacentes de demanda y de oferta.
Bajo esas circunstancias, entregar la instalación de las redes de fibra óptica a las comunidades no ayudaría mucho a resolver el problema de conectividad de las poblaciones rurales.
Los riesgos de esta estrategia
Involucrar a las JAC o a otros operadores comunitarios en la instalación de redes de fibra óptica podría dificultar en lugar de mejorar el desarrollo de la conectividad digital del país.
El principal riesgo es el efecto que tendría esta medida sobre la calidad, la confiabilidad y la estabilidad del servicio esencial de Internet, porque las asociaciones o empresas comunales no tienen el conocimiento, la experiencia, ni el recorrido técnico que supone operar las redes de comunicaciones. Por eso, si el gobierno decide llevar a cabo este proyecto con recursos públicos, será fundamental analizar la capacidad financiera y técnica de las JAC que van a recibir esos recursos, pues de otro modo se estarían desperdiciado.
De la misma manera, el sector de las comunicaciones puede aprender de la experiencia de otros servicios de red, como el de acueducto, donde la proliferación de agentes prestadores ocasionó la atomización de los mercados y no permitió obtener economías de escala. Esto hizo imposible recuperar las inversiones y poner en marcha los proyectos de manera eficaz, lo cual acabó por aumentar la frustración de las comunidades.
En síntesis, es clave que el MinTIC detalle el plan de ejecución, los recursos y los programas de conectividad social que se van a usar en los próximos cuatro años con el concurso de los operadores comunitarios, los pequeños proveedores de Internet o con las mismas Juntas de Acción Comunal.
Cómo llegar a las comunidades
La incorporación directa de las comunidades en la construcción de proyectos de conectividad no es nueva, y se ha adelantado en los últimos años a través de operadores comunitarios o pequeños proveedores de Internet en diversas regiones del país. En este sentido, es importante trabajar con las comunidades para identificar las zonas en donde se necesita con más urgencia la instalación de la infraestructura necesaria para proveer el servicio de Internet.
El principal riesgo es el efecto que tendría esta medida sobre la calidad, la confiabilidad y la estabilidad del servicio esencial de Internet, porque las asociaciones o empresas comunales no tienen el conocimiento, la experiencia, ni el recorrido técnico que supone operar las redes de comunicaciones.
Las políticas de conectividad deben estimular el despliegue de redes de fibra óptica por parte de los operadores privados, públicos, pequeños o grandes y, para lograr ese propósito, se deben eliminar las restricciones normativas al desarrollo de estos proyectos, intervenir a través de la regulación los componentes de la cadena de valor que obstaculizan los proyectos y seguir con el modelo de promoción efectiva de la competencia que tanto ha beneficiado al país.
En el frente de la demanda, es urgente que el gobierno nacional revise la cadena de valor para disminuir los tributos que hoy recaen sobre los servicios de comunicaciones y así facilitar el acceso a Internet para los colombianos más pobres. También, se debe analizar la posibilidad de crear algún tipo de subsidio focalizado en los hogares rurales que alivie el pago de estos servicios para estas comunidades que merecen contar con las mismas oportunidades digitales que tiene los colombianos que habitan los centros urbanos.
