IA, corrupción y buen gobierno: la oportunidad, y el riesgo, para Colombia

La IA es, a la vez, una herramienta poderosa que puede ayudar a mejorar el gobierno o a degradarlo. Dependerá de cómo la usemos, de quién la controle y qué reglas pongamos desde ahora.

En Colombia, donde la corrupción no es un episodio aislado sino una traba persistente para el desarrollo, la Inteligencia Artificial (IA) podría marcar una diferencia real. Pero también podría volver más opaca, más técnica y difícil de detectar la vieja mezcla de favoritismo, discrecionalidad y captura institucional. La novedad tecnológica no elimina los problemas de siempre. A veces apenas les da un traje nuevo.

La IA no viene vestida de blanco. No es, por sí sola, una fuerza del bien. Tampoco es, como algunos temen, una máquina destinada de manera inevitable a reforzar el control, la desigualdad o el engaño. Es ambas cosas a la vez: una herramienta poderosa que puede ayudar a mejorar el gobierno o a degradarlo. Dependerá de cómo la usemos, de quién la controle y qué reglas pongamos desde ahora.

¿Qué es la corrupción? 

Conviene empezar por una idea sencilla. La corrupción es un problema ético, sí, pero también un problema de diseño institucional. Queremos servidores públicos honestos, y muchos lo son. Queremos ciudadanos comprometidos con el bien común, y muchos lo están. Pero un sistema de integridad no puede descansar solo en la virtud. Debe tomar en serio los incentivos, las oportunidades y los mecanismos de control.

Hace años propuse una fórmula esquemática para pensar la corrupción: C = M + D – A. 

Donde, C es corrupción, M monopolio y A accountability.

La corrupción crece cuando una persona o una institución tiene poder monopólico sobre algo que otros necesitan, amplia discrecionalidad para decidir cómo, cuándo o a quién se entrega, y escasa rendición de cuentas. Monopolio más discrecionalidad menos accountability. No es una ley física, pero ayuda a enfocar la mirada.

La IA puede incidir en esas tres variables. Y por eso puede ser parte de la solución o del problema.

Cuando puede la IA ayudar a prevenir, detectar y reducir la corrupción

Empecemos por la buena noticia. Bien usada, la IA puede fortalecer la capacidad del Estado para prevenir, detectar y reducir la corrupción. Puede revisar en poco tiempo millones de facturas, contratos, transferencias y registros; encontrar patrones extraños; identificar sobrecostos anómalos; señalar conflictos de interés; cruzar bases de datos que hoy viven aisladas unas de otras. Lo que antes requería semanas de trabajo manual y aun así dejaba zonas ciegas, ahora podría hacerse con mayor rapidez y precisión.

Esto vale no solo para los organismos de control. También para la ciudadanía. Una organización social pequeña, con conocimiento del territorio pero pocos recursos, podría usar herramientas de IA para analizar bases de datos de contratación, resumir documentos extensos, traducir información técnica o comparar promesas oficiales con resultados observables. La IA podría ampliar la capacidad de vigilancia de periodistas, de veedurías, de universidades y de organizaciones cívicas. Podría, en suma, democratizar el análisis.

Pensemos en ejemplos concretos. Un ciudadano en una zona rural podría recibir ayuda para entender un trámite, presentar una queja o seguir el rastro de un subsidio. Un periodista local podría detectar que varias licitaciones repiten el mismo lenguaje, el mismo proveedor de respaldo o las mismas condiciones amañadas. Un alcalde honesto podría usar sistemas de alerta temprana para identificar cuellos de botella, riesgos de captura o fallas de desempeño antes de que se conviertan en crisis. Una entidad pública podría evaluar mejor la calidad de sus servicios y vincular presupuestos, ascensos o incentivos con resultados verificables y no con favores. 

Todo esto suena promisorio. Y lo es. Pero hay un segundo filo.

Cuando puede la IA facilitar la corrupción

La IA también puede facilitar la corrupción. Puede concentrar el poder en pocas manos. Puede esconder decisiones arbitrarias dentro de algoritmos opacos. Puede dar una apariencia de neutralidad técnica a decisiones sesgadas o interesadas. Puede generar documentos, voces, videos o evidencias falsos con una facilidad inquietante. Puede incluso automatizar la manipulación.

Aquí aparece una ironía de nuestro tiempo: una tecnología capaz de aumentar la transparencia puede, si se diseña mal o se entrega sin control, profundizar la opacidad. Antes, la corrupción se escondía en archivadores, en llamadas privadas o en cláusulas enterradas en los contratos. Mañana puede esconderse en modelos propietarios, criterios de puntuación incomprensibles o sistemas automatizados que nadie sabe bien cómo auditar.

Cómo usar adecuadamente la IA para prevenir y reducir la corrupción

Por eso la pregunta central no es si Colombia debe usar IA en el sector público. Esa pregunta ya quedó atrás. La pregunta real es otra: ¿Bajo qué condiciones, con qué salvaguardas y con qué formas de control público?

Veo al menos tres frentes decisivos.

El primero es el monopolio. Si una sola empresa, una sola plataforma o un pequeño círculo de proveedores concentra la infraestructura, los datos o los modelos de IA con los que operan agencias públicas clave, el riesgo de captura aumenta. No solo por la corrupción en el sentido clásico, sino también por la dependencia tecnológica, las asimetrías de información y la pérdida de soberanía decisional. Conviene, por tanto, diversificar proveedores, evitar cierres innecesarios, promover estándares interoperables y, cuando sea posible, favorecer soluciones auditables. La competencia no resuelve todo, pero sí ayuda.

El segundo frente es la discrecionalidad. Muchos sistemas de IA prometen eficiencia precisamente porque sustituyen decisiones humanas dispersas por rutinas automatizadas. Eso puede ser útil. Pero si nadie entiende cómo funciona el sistema, qué variables pondera, qué umbrales aplica o cómo corrige errores, la discrecionalidad no desaparece: simplemente se desplaza y se oculta. La caja negra no elimina el poder arbitrario, lo recubre de prestigio técnico. Por eso, toda aplicación pública de IA que afecte derechos, recursos, sanciones, beneficios o prioridades de supervisión debería ser explicable, trazable y revisable.

El tercer frente es la rendición de cuentas. No basta con decir que un sistema “usa IA”. Hay que poder someterlo a prueba. ¿Con qué datos fue entrenado? ¿Qué errores comete y sobre quiénes recaen? ¿Quién responde cuando falla? ¿Qué instancia independiente puede auditarlo? ¿Qué canal tiene un ciudadano para apelar una decisión? La transparencia, en este campo, no es un adorno. Es una condición de legitimidad.

Esto exige medidas concretas: auditorías periódicas de algoritmos, registros de decisiones automatizadas, protección reforzada de datos sensibles, mecanismos de apelación accesibles y publicación de resultados agregados que permitan a periodistas, investigadores y ciudadanos examinar qué está ocurriendo. También exige algo menos técnico, pero igual de importante: el liderazgo ético. Un gobierno que utiliza IA sin reglas claras puede hacer cosas equivocadas con mayor eficiencia.

El debate, entonces, no debe dividirse entre optimistas ingenuos y apocalípticos profesionales. La tarea es más sobria y difícil. Se trata de diseñar instituciones capaces de aprovechar la IA para mejorar el desempeño del Estado y, al mismo tiempo, contener los nuevos riesgos de abuso, manipulación y concentración de poder.

Colombia tiene aquí una oportunidad especial. No porque parta de cero, sino precisamente porque conoce bien los costos de la corrupción: obras que no llegan, recursos que se evaporan, confianza pública que se erosiona, reglas que se aplican a unos sí y a otros no. En un país así, la IA no debería verse solo como una moda tecnológica ni como un lujo de modernización administrativa. Debería verse como una herramienta cuyo valor depende de si ayuda a reducir esas brechas o a agravarlas.

Conviene recordar algo más. Aprender a usar herramientas de IA es hoy mucho más fácil que aprender estadística avanzada o programación. Eso abre una posibilidad esperanzadora: no solo las élites tecnológicas pueden entrar en esta conversación. También pueden hacerlo funcionarios públicos, docentes, estudiantes, periodistas, veedores y ciudadanos curiosos. La lucha contra la corrupción ya no depende únicamente de expertos con acceso privilegiado a información compleja. Puede ampliarse, si así lo decidimos.

La IA no nos salvará. Pero sí puede ayudarnos a gobernar mejor. También puede ayudarnos a engañarnos mejor. Entre una cosa y otra no decidirá la tecnología. Decidirán las reglas, los incentivos, la vigilancia pública y la calidad de nuestro liderazgo.

La espada tiene dos filos. Conviene no olvidar cuál de ellos estamos afilando.

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