Con la crisis de Tigo se reabre la discusión sobre el futuro de las empresas públicas de telecomunicaciones en Colombia. ¿Cómo abordar este desafío?
Sergio Martínez Medina*
La crisis de Tigo
Los colombianos observan con inquietud las noticias del sector de las comunicaciones.
Tigo, segundo operador móvil del país, con una facturación anual cercana a los 5 billones y cerca de 15 millones de clientes, es un actor fundamental del sistema. Pero la empresa ha tenido serias dificultades financieras en el último año y afronta una difícil situación de liquidez: en el ejercicio contable de 2022, las pérdidas se aproximan a los 473 mil millones de pesos.
Tigo es un proveedor de comunicaciones cuyos socios principales son Millicom, un operador multinacional privado, y las Empresas Públicas de Medellín (EPM).
Para enfrentar la crisis de Tigo, se propuso que los accionistas efectuaran una capitalización conjunta cercana a los 150 millones de dólares, para cubrir sus pasivos de corto plazo, que se vencen en los próximos meses, y para financiar las inversiones necesarias para continuar el ciclo del negocio.
La crisis de Tigo abre otra vez el debate sobre el papel del Estado en la prestación de los servicios de comunicaciones y sobre la necesidad de una agenda de política que enfrente esta difícil situación. No solo para garantizar el valor público que tienen estas empresas sino como un elemento clave para evitar que se consolide un monopolio en un servicio esencial para la sociedad colombiana.
El futuro de las comunicaciones
El gran reto que tendrán las autoridades nacionales y locales en los próximos meses es aumentar el valor de las operaciones de comunicaciones públicas. Además de representar el activo principal para el desarrollo de los territorios inteligentes en el país, será un elemento primordial para el cierre de la brecha digital que existe en varias zonas urbanas.
El otro factor para preservar el valor público es evitar destinar recursos públicos para capitalizar o apalancar proyectos de comunicaciones si las empresas no son sostenibles.
Por ejemplo, al capitalizar Tigo, EPM destinó recursos que pudo destinar a fortalecer su unidad energética, y ahora tendrá que invertir en un negocio con un perfil de riesgo mucho mayor que el de otros servicios públicos, con un agravante añadido: probablemente vendrán otras capitalizaciones en el futuro.
Sin duda, una nueva estrategia que oriente a las ciudades colombianas en la evolución tecnológica podrá poner las tecnologías emergentes al servicio de los ciudadanos.
Tampoco se ve en el panorama que EPM, y por ende Medellín, reciba dividendos o beneficios por participar en la prestación de un servicio que enfrenta una compleja situación causada de la difícil situación cambiaria, el pago de las obligaciones por el uso del espectro y la financiación de la inversión en las redes.
La consolidación de los territorios inteligentes
En materia sectorial, el gobierno Petro tendrá el gran reto de evitar que las operaciones de comunicaciones con capital público como Tigo, ETB o EMCALI entren en dificultades financieras.
Para avanzar en la generación de valor de estas compañías se necesita una nueva perspectiva sobre el papel de las empresas de comunicaciones públicas. Estrategia que el gobierno nacional debe liderar y enfocarse en diseñar y ejecutar un programa orientado a la transformación inteligente de las regiones y territorios del país.
En un contexto donde existe un plan robusto de transformación digital de los territorios, se podrá conectar la necesidad de avanzar en la formación de competencias digitales para la ciudadanía y cambiar el rumbo de las empresas dedicadas exclusivamente a proveer conectividad.
Además, las empresas de comunicaciones públicas pueden asumir el papel de canales o medios para adoptar tecnologías emergentes como el Internet de las cosas (IoT), el Internet Industrial, la analítica de datos, la gestión de la ciberseguridad y hasta la misma Inteligencia Artificial.
Sin duda, una nueva estrategia que oriente a las ciudades colombianas en la evolución tecnológica podrá poner las tecnologías emergentes al servicio de los ciudadanos. Quizá vaya a ser el reto más sensible que tendrán que enfrentar las alcaldías que comienzan el próximo 1 de enero de 2024.
El cierre de la brecha digital
Otro componente fundamental para las operaciones públicas de comunicaciones es redefinir su papel en el cierre de la brecha digital, que afecta varias zonas y regiones del país a nivel urbano y rural.
Este propósito social se logra mediante el diseño de una nueva agenda política que permita a las empresas públicas de comunicaciones expandir las redes de fibra óptica en las ciudades colombianas. Asimismo, este plan debe permitir que las empresas públicas puedan acceder a otras fuentes de recursos como regalías o presupuesto de índole territorial.
El programa debería habilitar mecanismos que favorezcan la compartición de redes, la habilitación de permisos por el uso del espectro para operaciones de comunicaciones locales y la posibilidad de cambiar impuestos por el desarrollo de proyectos de infraestructura de comunicaciones.
Adicionalmente, las operaciones públicas deben abandonar la dispersión en la oferta de servicios y enfocarse en los negocios locales con énfasis en el despliegue de redes de fibra óptica. Esto bajo un esquema gerencial eficiente que permita ahorrar costos y aumentar la inversión en este tipo de redes.
La competencia en el mercado de las comunicaciones
Es innegable que la posibilidad de generar valor para las empresas públicas de comunicaciones se debe acompañar de una política regulatoria que fomente efectivamente la competencia en los mercados de comunicaciones en Colombia.
Para lograr este objetivo es oportuno que las autoridades nacionales que lideran el sector TIC promuevan mecanismos que faciliten a las empresas públicas competir. Por ejemplo, la compartición de redes, el uso del espectro compartido y, eventualmente, pensar en la posibilidad de integrar las operaciones regionales para generar economías de escala que les permita a las empresas públicas enfrentar a los competidores privados.
El otro factor para preservar el valor público es evitar destinar recursos públicos para capitalizar o apalancar proyectos de comunicaciones si las empresas no son sostenibles.
En este sentido cobra especial relevancia la necesidad de afianzar la institucionalidad del sector TIC para que las intervenciones regulatorias efectivamente corrijan los desequilibrios competitivos y se promueva una efectiva competencia que beneficie a los colombianos al momento de adquirir sus servicios de comunicaciones.
Es entendible que para cerrar la brecha digital el gobierno nacional involucre a los operadores regionales pequeños, pero no es comprensible la ausencia de una agenda pública que promueva la participación de las empresas públicas en el desarrollo de la conectividad digital. Estas empresas conocen los mercados, tienen experiencia en el tendido de redes y salvaguardan recursos públicos de los colombianos.
Por lo tanto, es urgente que el gobierno nacional y los próximos alcaldes, especialmente de las grandes capitales del país, revisen el futuro de los operadores de comunicaciones y construyan un plan para garantizar su futuro y especialmente como el medio para transformar digitalmente los territorios.
La crisis de Tigo prendió una alarma que a todos nos debe hacer reflexionar porque el futuro digital del país dependerá de las decisiones que se tomen al respecto en los próximos meses.
9 Comentarios
El desarrollo de las telecomunicaciones en la nación
Nuestra nación en los últimos 5 años ha experimentado un serio retraso debido a la falta de apoyo por parte del estado, debido a la nefasta planeación del desarrollo de las nuevas tecnologías y la ampliación de este tipo de mercados, frente a un mundo que cada vez se ve mas impulsado por los mercados de la robótica tecnología y el desarrollo de IA, que permite una mayor eficiencia en el sector económico, con ello se ve que las empresas nacionales del país se ven en grandes dificultades, gracias al poco apoyo del estado y el pésimo proteccionismo que estos ofrecen respecto a las empresas internacionales, para ser concretos observamos varios casos como es el de Tigo, la segunda compañía mas influyente en el país en el sector de las telecomunicaciones, las cuales primero por la alta competitividad, además de una mala inversión tecnológica y el poco desarrollo tecnológico en nuevas tecnologías de internet e intercambio de datos en servidores, debido a que estas compañías no han apostado por nuevas tecnológicas mas eficientes como la fibra óptica han visto una seria disminución en sus números reportando perdidas históricas por mas de 400 mil millones de pesos , por lo cual han solicitado ayuda de inversionistas para mantenerse a flote, mientras estos hayan una estrategia para contrarrestar el fuerte impacto que han tenido las empresas internacionales, para ello se requiere la intervención del estado, el cual debe desarrollar de mejor manera un plan para el desarrollo de las telecomunicaciones en todo el país, con el cual inviertan en la infraestructura de datos y redes de fibra óptica, para que así haya una mejor competitividad, desde mi punto de vista las empresas nacionales son las principales causantes del problema, debido a una poca inversión en sus redes e infraestructura, las cuales los han hecho poco atractivas respecto a las empresas internacionales, las cuales ofrecen mejores servicios a menor precio, ya que las empresas han ignorado el detalle que estamos en una época en la cual la tecnología es la vanguardia frente a un mundo cambiante que es cada vez mas influenciado por la globalización.
La noticia sobre la crisis de Tigo y su impacto en las empresas públicas de telecomunicaciones en Colombia plantea cuestiones importantes sobre el papel del Estado en este sector y el futuro de la conectividad digital en el país. La situación de Tigo, un importante actor en el mercado de telecomunicaciones en Colombia, conlleva un debate fundamental sobre cómo abordar las dificultades financieras de una empresa con participación tanto privada como pública.
La propuesta de capitalización conjunta por parte de los accionistas, incluidas las Empresas Públicas de Medellín (EPM), para enfrentar la crisis de Tigo subraya la necesidad de una estrategia a largo plazo que garantice la sostenibilidad de las empresas públicas en este sector. La participación del Estado en la prestación de servicios de comunicaciones es crucial para garantizar que no se consolide un monopolio en un servicio esencial para la sociedad colombiana.
Además, la noticia destaca la importancia de que las empresas públicas de comunicaciones desempeñen un papel fundamental en el cierre de la brecha digital en Colombia, tanto en áreas urbanas como rurales. Esto implica la expansión de las redes de fibra óptica y la implementación de una nueva agenda política que permita a estas empresas acceder a recursos adicionales, como regalías o presupuesto territorial.
También se menciona la importancia de una política regulatoria efectiva que promueva la competencia en el mercado de las comunicaciones. La compartición de redes, el uso del espectro compartido y la integración de operaciones regionales son ejemplos de mecanismos que podrían fomentar la competencia en beneficio de los consumidores.
La noticia sobre la crisis de Tigo y su impacto en las empresas públicas de telecomunicaciones en Colombia plantea cuestiones importantes sobre el papel del Estado en este sector y el futuro de la conectividad digital en el país. La situación de Tigo, un importante actor en el mercado de telecomunicaciones en Colombia, conlleva un debate fundamental sobre cómo abordar las dificultades financieras de una empresa con participación tanto privada como pública.
La propuesta de capitalización conjunta por parte de los accionistas, incluidas las Empresas Públicas de Medellín (EPM), para enfrentar la crisis de Tigo subraya la necesidad de una estrategia a largo plazo que garantice la sostenibilidad de las empresas públicas en este sector. La participación del Estado en la prestación de servicios de comunicaciones es crucial para garantizar que no se consolide un monopolio en un servicio esencial para la sociedad colombiana.
Además, el artículo destaca la importancia de que las empresas públicas de comunicaciones desempeñen un papel fundamental en el cierre de la brecha digital en Colombia, tanto en áreas urbanas como rurales. Esto implica la expansión de las redes de fibra óptica y la implementación de una nueva agenda política que permita a estas empresas acceder a recursos adicionales, como regalías o presupuesto territorial.
También se menciona la importancia de una política regulatoria efectiva que promueva la competencia en el mercado de las comunicaciones. La compartición de redes, el uso del espectro compartido y la integración de operaciones regionales son ejemplos de mecanismos que podrían fomentar la competencia en beneficio de los consumidores.
El autor explica cómo las empresas públicas pueden aprovechar la transformación digital para mejorar su eficiencia, competitividad y sostenibilidad. Me parece que las partes más importantes son las que describen los beneficios de la digitalización, como la reducción de costos, la mejora de la calidad del servicio, la generación de valor social y ambiental, y la creación de oportunidades de empleo e innovación. También me llama la atención la propuesta de crear una plataforma digital única para las empresas públicas, que permitiría integrar sus procesos, datos y servicios, y facilitar la interacción con los ciudadanos y otros actores. Creo que este es un tema que debería ser prioritario para el gobierno y la sociedad, ya que las empresas públicas son fundamentales para el desarrollo del país.
Me parece que el gobierno tiene que cumplir demasiadas metas que dijieron y creo que una de las más difíciles es está, ya que es muy complicado lograr que Colombia esté conectada por completo, y logra hacer esta estrategia con la ayuda de las empresas públicas de comunicaciones, como lo son Tigo, etm y otras. Esto es complicado ya que tienen que también aumentar los ingresos de estás empresas para así poder conectar a Colombia por completo.
Esta es una muestra clara de la mala administracion de los privados y el estado en lq prestacion del servicio, y si bien el estado tiene una participacion en esto la culpa recae principalmente en la empresa al no poder presentar estrategias de innovacion y nuevas tecnologias para afrontar las nuevas necesidades de sus usuarios, una empresa que no innova y solo ve a sus usarios como un numero esta destinada al fracaso, al ser arrazada por la competencia quienes si suplan estas necesidades.
Como bien dice el artículo las telecomunicaciones son el futuro, si se le da la espalda al futuro se estaría condenando a la siguiente generacion a no recibir lo mismo que los demás, invertir en tecnología es imprescindible, es algo que no se hace y los atrasos en temas de tecnología han dejado huella y han dejado lugar para que se sigan estableciendo diferencias y brechas culturales que solo son propiciadas por gobiernos que dejan de lado comunidades, grupos y organizaciones, es importante avanzar y es un tema potencialmente individual pero sin un apoyo estatal esto se convierte en una tarea prácticamente imposible.
La situación crítica que Tigo enfrenta en Colombia plantea desafíos significativos en el ámbito de las comunicaciones y subraya la urgencia de desarrollar una estrategia integral para garantizar la sostenibilidad y el valor público de las empresas de comunicaciones públicas. Se hace necesario que el gobierno, en colaboración con los operadores y empresas estatales, diseñe políticas que estimulen la competencia, reduzcan la brecha digital y aprovechen las tecnologías emergentes en beneficio de la sociedad colombiana. La crisis de Tigo representa una señal de alarma que nos insta a reflexionar sobre el futuro digital del país y las decisiones que se tomarán para asegurar un acceso equitativo y eficaz a las comunicaciones en todo el territorio.
La situación financiera de Tigo, es motivo de preocupación, pues a pesar de ser un actor fundamental en el sector de las comunicaciones, la empresa ha enfrentado serias dificultades financieras con pérdidas significativas. Él futuro de las comunicaciones en Colombia es un desafío importante para las autoridades nacionales y locales pues aumentar el valor de las operaciones de comunicaciones públicas es esencial para el desarrollo de territorios inteligentes y cerrar la brecha digital en zonas urbanas, así que considero que es importante evitar destinar recursos públicos a empresas no sostenibles y buscar nuevas perspectivas .El cierre de la brecha digital también es fundamental, pues se debe redefinir el papel de las empresas públicas de comunicaciones en este aspecto, expandiendo las redes de fibra óptica y buscando fuentes adicionales de recursos. Además, se necesita una política regulatoria que fomente la competencia en el mercado de las comunicaciones, permitiendo a las empresas públicas competir y generar valor. De esta manera, es bueno involucrar a los operadores regionales pequeños en el cierre de la brecha digital, pero también se debe promover la participación de las empresas públicas en el desarrollo de la conectividad digital. Estas empresas tienen experiencia y conocimiento del mercado, y pueden salvaguardar los recursos públicos. El gobierno nacional y los próximos alcaldes deben revisar el futuro de los operadores de comunicaciones y construir un plan para garantizar su futuro y transformar digitalmente los territorios. La crisis de Tigo es una señal de alarma que nos debe hacer reflexionar sobre el futuro digital del país y las decisiones que se tomen al respecto en los próximos meses.