Estrategia digital del gobierno Petro: de la euforia a la desilusión

Al culminar 2024 surgen dudas e incertidumbre sobre el futuro del sector de las comunicaciones en Colombia. El anhelado propósito de cerrar la brecha digital e incorporar las tecnologías emergentes se vislumbra difícil de alcanzar.

La pandemia del Covid19 demostró la urgencia de cerrar la brecha digital

La pandemia del Covid19 demostró la importancia de los medios y servicios digitales. Evidenció de manera cruda la existencia de personas vulnerables que, al no tener acceso a la internet o a las comunicaciones, no pudieron acceder a la educación, a los servicios sociales, al empleo o, inclusive, a los servicios básicos de salud.

En varios países del mundo la evidencia de la desigualdad digital motivó el avance decidido en la ejecución de políticas y planes para cerrar la brecha digital. Por ejemplo, en Estados Unidos, bajo la administración del presidente Biden, se combinó un ambicioso programa de desarrollo de infraestructura de conectividad con subsidios a la demanda para que los norteamericanos más pobres pudiesen acceder a los servicios de internet. En la Unión Europea, los Estados destinaron recursos públicos y privados para ampliar la cobertura de las redes de fibra óptica o focalizar las ayudas sociales a las zonas rurales para equilibrar el acceso a internet entre las zonas urbanas y las periféricas.

Colombia no fue la excepción en la generación de normas tendientes a promover el acceso universal a internet, y en efecto, el Congreso de la República expidió la Ley 2108 de 2021, que definió internet como un servicio público esencial para, bajo el mandato de esta ley, garantizar la prestación de este servicio a todos los habitantes del país, con especial énfasis en la población vulnerable, ubicada en zonas rurales y apartadas de la geografía nacional.

Al cabo de tres años de sancionada la Ley 2108 de 2021, se observa que esta iniciativa legislativa no generó impactos significativos en materia de conectividad digital y, como ocurre a menudo en Colombia con otras leyes, se convirtió en un manual de buenas intenciones sin impacto real para los colombianos más vulnerables.

La ausencia de una hoja de ruta para desarrollar la conectividad en el país

Con la llegada del gobierno del presidente Petro, en agosto de 2022, se pensaba que el país iba a tener una nueva visión en cuanto a las políticas públicas de conectividad, en la que primara el carácter social de internet, la protección del patrimonio público y la generación de instrumentos sociales que facilitaran a los colombianos más pobres acceder a la Red.

Sin embargo, estas expectativas se apagaron en el momento de expedir el Plan Nacional de Desarrollo, en donde el programa de conectividad social se limitó a promover la participación de las juntas de acción comunal en la instalación de redes de comunicaciones e, irónicamente, en soportar el incremento de la cobertura de las redes móviles en el esfuerzo que realizaran los operadores privados de comunicaciones. 

A pesar de contar con varios estudios realizados y donados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Andina de Fomento (CAF), el gobierno nacional no planteó desde el inicio de la administración una hoja de ruta suficientemente explícita, integral y focalizada para atender los retos que tienen los territorios en materia de conectividad digital.

La ausencia de una estrategia organizada se refleja en la ejecución dispersa y atomizada de los proyectos que adelanta el MinTIC, que van desde instalar fibra óptica en algunas regiones del país con el concurso de algunos operadores de comunicaciones públicos, entregar recursos públicos a las juntas de acción comunal y a pequeñas empresas para que desarrollen redes, hasta sostener el crecimiento de internet en los servicios móviles que prestan los operadores privados, que son los reales impulsores de la Internet en Colombia.

Al finalizar 2024 surgen dudas que ameritan una reflexión sobre si destinar recursos públicos a empresas u organizaciones que no tienen experiencia ni conocimiento técnico para el desarrollo de proyectos de comunicaciones es un mecanismo eficiente para llevar el servicio de internet a los hogares colombianos más pobres. 

El lánguido avance de las tecnologías emergentes en Colombia

Hace un año el MinTIC asignaba las licencias del espectro móvil de 5G y cumplía con la promesa de traer esta tecnología emergente a Colombia. Sin lugar a duda, adelantar el proyecto del 5G fue un gran logro del gobierno nacional, varias veces paralizado y necesario para el desarrollo del sector de las comunicaciones en el país.

Un año después, el avance de la tecnología 5G es lánguido. Ha perdido interés en la opinión pública y los beneficios de esta tecnología no son tangibles para la mayoría de la población. Adicionalmente, es necesario recordar que la instalación de la infraestructura de 5G es realizada por los operadores Claro, Movistar y Tigo, pero no se conocen resultados ni avances de los otros operadores (Wom y Telecall), que también recibieron permisos para prestar 5G en el país, lo cual genera incertidumbre sobre el cumplimiento de las obligaciones que adquirieron estos operadores móviles frente al Estado colombiano. 

En varios países del mundo el desarrollo del 5G se enfoca en el sector productivo, que es uno de los principales impulsores para las tecnologías emergentes de Internet de las Cosas, transmisión de datos a alta velocidad, aplicativos para ciudades inteligentes y soporte para el crecimiento de la inteligencia artificial, entre otros.

Sin embargo, en Colombia no se construyó una agenda productiva para el 5G, a partir de los pilotos que el mismo gobierno nacional realizó en años anteriores, por lo que es una tecnología desperdiciada que no ha podido desplegar todo su potencial en las diferentes ciudades y regiones del país.

La oportunidad perdida para Colombia en la cadena de valor mundial de los bienes y servicios digitales

A pesar de la constante publicidad gubernamental asociada con los avances de la inteligencia artificial en Colombia, la realidad es que nuestro país se está rezagando de la transformación digital a nivel mundial.

En los últimos meses, las tensiones entre China y Estados Unidos motivaron al gobierno norteamericano a trasladar las cadenas de producción de los bienes digitales a países latinoamericanos. Particularmente, la industria de los semiconductores, que es esencial para el procesamiento de los datos que requiere la inteligencia artificial, comienza a estudiar la posibilidad de instalar sus plantas en México, Panamá o Costa Rica.

Colombia, al no contar con una estrategia industrial robusta, unas políticas públicas orientadas hacia la promoción de la inversión privada y una elevada incertidumbre fiscal y tributaria, no será elegida por parte de los inversionistas internacionales para desarrollar proyectos de fabricación de semiconductores. Por lo tanto, el país pierde un elemento importante para su desarrollo digital. 

El ejemplo de los semiconductores refleja la ausencia de un plan de transformación digital que promueva el desarrollo de las tecnologías emergentes en el país. Particularmente, en lo que respecta a la inteligencia artificial, el esfuerzo se concentró en una serie de iniciativas dispersas y aisladas del MinTIC, que no se integraron con la academia o con el ecosistema digital, por lo que probablemente no tendrán resultados tangibles ni sostenibilidad en el tiempo.

Por lo tanto, será muy complejo que en Colombia se desarrollen con todo su potencial las tecnologías emergentes, si no existe una política industrial digital que abarque toda la cadena de valor, que incentive la instalación de proyectos a gran escala, que incluya la generación de habilidades digitales especializadas y que tenga una visión de mediano y largo plazo para que se pueda consolidar un ecosistema digital robusto.

La parálisis institucional del sector TIC y el reto del financiamiento de la conectividad social

El sector de las comunicaciones en Colombia enfrenta grandes retos y dificultades que requieren contar con una activa intervención institucional regulatoria y con unas políticas públicas que apunten al crecimiento del sector en los próximos años.

En 2024, se mantienen los desequilibrios en la competencia de los mercados de comunicaciones, existen serios interrogantes sobre el futuro de las operaciones de comunicaciones públicas y la situación financiera para varios operadores privados es crítica. 

Adicionalmente, se vislumbran dificultades para financiar los proyectos de conectividad social en el futuro, debido a que el Fondo de Comunicaciones del MinTIC tiene compromisos presupuestales futuros que limitan su flexibilidad, dificultades en las fuentes financiación derivadas del menor crecimiento de la industria TIC y elevadas cargas de financiación de proyectos, como es la televisión, ajenas a los servicios de comunicaciones. 

Sin embargo, la respuesta del MinTIC y de sus entidades adscritas es elevar las cargas regulatorias, dejar que el mercado solucione los problemas y limitarse a tener una posición pasiva en lugar de tomar acciones que promuevan una reorganización de la institucionalidad TIC del país.

La parálisis del gobierno nacional en los últimos meses se refleja en la pérdida de iniciativa en materia digital. No volvió a haber noticias sobre el proyecto de Ley que buscaba crear la Agencia de Ciberseguridad; tampoco existe una visión sobre el uso del espectro electromagnético para el desarrollo de tecnologías emergentes, y en cuanto a la regulación, se evidencia que no hay plan estratégico para superar las dificultades que tiene el sector de las comunicaciones en el país.

En cuanto a la Inteligencia Artificial, esperemos que el Documento CONPES que tanto ha anunciado el gobierno nacional sea de verdad una herramienta tangible y concreta que movilice los recursos financieros y humanos para que los colombianos reciban los beneficios de estas tecnologías.

A diferencia de lo que ocurre en el sector eléctrico, el sector de las comunicaciones en Colombia mantiene su fortaleza institucional, pero es el momento de iniciar la reflexión sobre si esta institucionalidad es capaz de enfrentar los retos de los próximos años y, por fin, logre cerrar la brecha digital en nuestro país, para insertar a la sociedad colombiana en la economía digital.

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