Durmiendo con el enemigo

Explotación sexual de NNA en la prostitución, trata con fines de explotación sexual en la prostitución, violencia intrafamiliar, violencia sexual, reclutamiento forzado violencia vicaria y feminicidios ¿Qué conmemoramos el 20N y el 25N?

Escribo este artículo el 20 de noviembre, Día internacional de la infancia, 23 años después de que el Estado colombiano suscribió la Convención Internacional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Se publica el 25 de noviembre, el día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Y me repito, una y mil veces: “los derechos superiores de los NNA”, “el interés superior de los menores de edad”, “los/as niños/as como sujetos de derechos y no como objetos”, “la perspectiva de derechos humanos de la infancia”, “la protección integral y el restablecimiento de derechos de la infancia”, “el enfoque de género en el desarrollo de la infancia”… 

Podría seguir enumerando principios y garantías que les hemos ganado a pulso a legislaciones adultocentristas, patriarcales y normalizadoras de las violencias contra niñas/os y adolescentes. Yo misma fui corredactora del Código de infancia y adolescencia, Ley 1098 de 2006, siendo defensora delegada para derechos de infancia, juventud y mujeres de la Defensoría del Pueblo.

Las cifras de la infamia

El ICBF realizó, hace pocos días, la Primera Conferencia Ministerial Mundial para poner fin a la violencia contra la niñez, con participación de más de 140 representantes y expertos/as del mundo, como una COP 16 de la Infancia, a la cual fui invitada en un evento satélite a analizar la responsabilidad ética y deontológica de los medios de comunicación en el cubrimiento de las noticias relacionadas con violencias contra NNA. 

Las cifras sobre violencia sexual contra niñas y adolescentes son infames y desesperanzadoras para “el país de la belleza”. Según informes de exámenes médicos producidos por Medicina Legal, por presunto delito sexual se practicó el 41 % a niñas en el rango entre 10 y 14 años, seguido del rango entre 5 y 9 años, con 18,46 %. En 2024, cuando se han hecho 11 871 exámenes de este tipo, las principales víctimas, el 85 %, son niñas y adolescentes mujeres, lo que confirma que la violencia sexual tiene un impacto por género y generacional. 

Adicionalmente, del 82 % al 87 % de los presuntos agresores son varones que tienen algún grado de cercanía con la víctima, al ser familiares (43,93 % padres, padrastros, hermanos, primos, tíos, abuelos, etc.), conocidos por la víctima (22 % al 77 %), pareja o expareja (11,43 %) o amigo (9,74 %).

Vale la pena resaltar que la mayoría de las víctimas son mujeres menores de 18 años, agredidas por hombres adultos cercanos como familiares, amigos, conocidos, en un lugar que debería darles protección y cuidado, el “nido sagrado”, el “océano de mermelada sagrada de la familia”, el hogar. 

Entre 2016 y 2023, el 85 % de los exámenes medicolegales realizados por presunto delito sexual se practicó a menores de 18 años. Según la encuesta de violencia contra niños/as y adolescentes del Ministerio de Salud y Protección social (2019), siete de cada diez casos ocurrieron en el lugar de residencia de la víctima.

De otro lado, las principales víctimas de la trata con fines de explotación sexual en la prostitución y de la explotación en la prostitución son niñas y adolescentes. Miles de hombres colombianos y extranjeros compran, erotizan y explotan los cuerpos de niñas, adolescentes y mujeres, en un negocio multinacional y neoliberal que deja dividendos millonarios y que está basado en la explotación sexual de las mujeres al servicio del deseo de los varones, en la cosificación y la pérdida de la dignidad disfrazada de “voluntad”, como rezan los reguetoneros del +57 que cada vez las quieren más niñas, y más borrachas, drogadas y “empoderadas”. 

Así se moldean los imaginarios y las prácticas sobre la infancia y la adolescencia

Los medios de comunicación, la música y las diferentes expresiones culturales moldean nuestra concepción del mundo, nuestros imaginarios y prácticas, e históricamente, esta construcción simbólica ha tenido un fuerte contenido machista, adultocéntrico y pedófilo. Son estos mismos medios y redes sociales los que utilizan las fotos y videos de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, feminicidio y explotación sexual y que critican su forma de vestir, el haberse involucrado con extranjeros con fines económicos; que hacen el recuento de su pasado sexual y consumo de sustancias; que ponen en duda su salud mental y no la de sus agresores o explotadores; que justifican a los agresores por circunstancias externas o características personales del perpetrador, tales como pobreza, alcoholismo, pérdida del empleo, consumo de sustancias sicoactivas o enfermedad mental; que convierten los mal llamados “abusos sexuales”, que son violencia sexual agravada, o los feminicidios, en problemas domésticos, pasionales, o en expresión del amor a través de la celotipia, cuando en realidad son una expresión de violencia misógina, poder y control por parte de los varones.

Durante los últimos cincuenta años, las mujeres hemos trabajado para desarrollar tipos penales y crear normas que nombren lo que el derecho patriarcal no había querido nombrar: el feminicidio; la violencia sexual en el marco del conflicto armado (violación, aborto forzado, embarazo forzado, contagio de infecciones de transmisión sexual, etc.); la violencia intrafamiliar; la trata y el tráfico de niñas, adolescentes y mujeres con fines de explotación sexual en la prostitución; la prohibición del matrimonio infantil y las uniones tempranas…, y cada vez que se recrudece la violencia misógina tenemos que crear nuevos tipos penales, más protocolos de atención, más líneas técnicas, más derechos para las víctimas; exigir más institucionalidad y luchar contra la histórica impunidad del 95 %.

Algunos varones, ante el acto de autonomía e independencia de las mujeres al querer acabar con el círculo de violencia contra ellas y sus hijos y pelear la custodia, las visitas y el cuidado personal de sus hijos/as y denunciarlos, convierten este acto de valentía en un corredor de la muerte que termina, en muchas ocasiones, en un feminicidio, o desencadena la violencia vicaria, donde el agresor, en un último acto de venganza contra la mujer, mata a sus hijos/as, situaciones que en nuestro país están agravadas y que esta semana dejaron una niña víctima de 5 años, quien fue arrojada por su padre desde un tercer piso en Jamundí, como una forma de retaliación contra su esposa. Ante estos eventos cursa un proyecto de ley en el Congreso para crear el delito de violencia vicaria como una forma de violencia de género y contra la niñez.

Esta tensión entre el cambio cultural de los varones, los principales agresores, y la penalización, censura y castigo de sus conductas, nos pone como sociedad, Estado y cultura ante nuevos retos. 

Si bien necesitamos un derecho penal fuerte, que deje claro que el bien jurídico superior tutelable de los derechos de la infancia lo es en la realidad y no solo en la norma, y que se traduzca en la disminución de la impunidad y el fortalecimiento de una justicia oportuna y eficiente que produzca sentencias ejemplarizantes, que manden un mensaje pedagógico a la sociedad sobre el interés superior de la infancia, es también necesaria e inaplazable  la remoción de imaginarios y prácticas misóginas y violentas moldeadas por años de repetir: “mátala, mátala, mátala, no tiene corazón, mala mujer”, “colegiala de mi amor”, “lolita, me excitas, pequeña piel de melocotón”, “quince años tenía Martina cuando su amor me entregó…”, “amor de mi vida, no te vayas pal colegio, di que estas enferma y quédate un rato conmigo”, “una mamacita desde los fourteen… aquí lo que hay es exotic, pepa, guaro, hipnotiq”, o la ronda infantil que aprendí en el colegio y les cito a mis estudiantes en la Universidad Nacional como un ejemplo de apología del feminicidio: “Simón el del taller mató a su mujer, con un cuchillito más grande que él; sacó las tripitas, las puso a vender y con esa platica compró otra mujer”.

Justicia pronta, eficiente y cambio cultural

Ni el derecho penal ni la ley por sí sola cambian lo que no hayamos cambiado en la cultura, pero necesitamos legislación garantista y con enfoque de sexo-género y derechos humanos de la infancia y la adolescencia; cambio cultural y desactivación de la bomba patriarcal violenta; construcción desde los procesos de crianza y socialización temprana, escuela, trabajo universidad… de una conciencia autocrítica por parte de los varones, así no se consideren violentos, y denuncia y cuestionamiento de las violencias simbólicas y prácticas de sus congéneres (socialización de varones y niñas sin consumo de pornografía e hipersexualización, hombres que no compren el cuerpo de niñas y mujeres para convertirlas en cosas transables y consumibles, seres humanos que no compren seres humanos), y un Estado responsable que asuma la prevención, el cambio cultural, la atención, la sanción y las garantías de no repetición en las violencias contra las/os niñas/os y adolescentes y mujeres.

Por último, este es un país que considera víctimas de explotación sexual en la prostitución a las niñas y adolescentes hasta cumplir 18 años, de ahí en adelante las considera “trabajadoras sexuales”, lo que ya configura una profunda ruptura ética pues ninguna mujer nació para la prostitución y la trata, y el Estado tiene la responsabilidad de encontrar salidas y ocupaciones dignas y productivas para las mujeres, que refuercen y protejan su dignidad. 

La ONU alerta un “asombroso aumento del 50 % de la violencia machista en el mundo: “El aumento de los feminicidios que se ha registrado es la evidencia máxima de ello”. “Casi una de cada tres mujeres y niñas en el planeta sufrirá violencia física o sexual” (El Periódico, 2023). Depende de todas y todos, de la familia, la sociedad y el Estado que esta tendencia funesta permanezca, se invierta o desaparezca.

Le recomendamos: ¿Cómo nos ha ido a las mujeres en el gobierno del cambio?