La desproporción de los castigos del procurador
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Entre los inquisidores y los cínicos, ninguno de los dos. El procurador sigue aferrado a su integrismo – ahora en relación con el uso de “sustancias prohibidas” por servidores del Estado- pero el consumo de drogas sigue siendo un problema.
Entre los inquisidores y los cínicos, ninguno de los dos. El procurador sigue aferrado a su integrismo – ahora en relación con el uso de “sustancias prohibidas” por servidores del Estado- pero el consumo de drogas sigue siendo un problema. Augusto Pérez Gómez*
El inquisidor
Si el procurador Alejandro Ordóñez pasa a la historia (y no hay muchas razones para que esto ocurra, pero en Colombia todo es posible), lo hará quizás como el “gran inquisidor” de la primera parte del siglo XXI.
Su fanático catolicismo, el convencimiento de que sus creencias personales están por encima de la ley, su tendencia a proponer castigos desproporcionados con respecto a la falta cometida, y su inclinación por definiciones personales de lo que está bien y de lo que está mal lo convierten en un personaje anacrónico: estamos en 2015, pero él cree que estamos en 1415.
Los grandes inquisidores de la historia habrían llevado a la hoguera a sus propias madres, pero Ordóñez es algo más moderno. Él solo lleva a la hoguera a sus enemigos. A sus amigos les hace un pase de “chicuelina” o una “verónica”, cómo dirían los aficionados a los toros, donde la bestia (en este caso la justicia) cornea un trapo cuyo color ni siquiera puede ver (como el procurador, que solo ve blanco o negro).
Los amigos de Ordóñez, una vez han cometido sus vergonzosos delitos (siempre relacionados con dinero o con poder), quedan en libertad de seguir haciendo lo mismo o, probablemente, cosas peores.
La falta y el castigo
 Planta de marihuana. Foto: eljoja |
La jurisprudencia contemporánea está basada sobre el concepto de proporcionalidad entre la falta y el castigo. Por supuesto, hay una dosis importante de subjetividad al definir la proporción, porque el mismo comportamiento puede ser visto de maneras muy distintas según los ojos que se empleen para analizarlos.
¿Tiene sentido cortarle una mano a quien se roba un pan? “Por supuesto que no”, dirán quienes la ven como una falta menor que no afecta el patrimonio de nadie, o que pudo ser causada por hambre y que es casi una chiquillada que apenas merece un reprensión verbal.
Dirán que sí quienes creen firmemente en el antiguo adagio árabe que asegura que quien se roba un pan se roba un camello, y que la severidad del castigo prevendrá el robo del camello y servirá de advertencia a otros.
El presidente salió a decir (con razón) que el procurador estaba asimilando fumar marihuana en un parque con cometer una masacre.
¿Tiene sentido lapidar a una mujer adúltera? “Por supuesto que no”, dirán unos: eso no es un problema de la sociedad, sino un asunto que deben resolver los miembros de la pareja. “Por supuesto que sí”, dirán los otros: se trata de un delito imperdonable que afecta a toda la organización social. Así podríamos seguir interminablemente sin llegar nunca a un acuerdo, pues se trata de visiones irreconciliables sobre lo que es y debe ser la vida en sociedad.
Limitemos el campo y reduzcámonos al mundo occidental. Las legislaciones, aun siendo bastante parecidas en lo que se refiere a delitos graves, no son iguales y reflejan esa subjetividad. Por ejemplo, aún existe la pena de muerte en algunas partes, así como la cadena perpetua, y la reincidencia puede ser castigada de una manera extraordinariamente dura en ciertos países.
Las normas no se aplican de manera idéntica y los jueces suelen tener un amplio campo de maniobra para decidir sobre la dureza de los castigos. No hay duda de que también existe arbitrariedad cuando la misma falta es sancionada de manera diferente dependiendo de la raza de quien la cometió, o de su nacionalidad (los colombianos sufrimos en carne propia estas arbitrariedades con delitos como el narcotráfico en Estados Unidos).
Sin embargo (o por lo menos en el plano intelectual), existe un amplio acuerdo sobre la necesidad de la proporcionalidad, y sobre el hecho de que los castigos excesivos no son educativos, ni le aportan nada a la sociedad. Esto es tan válido en la familia como en un país.
Siempre habrá aquí y allá libertarios y anarquistas para asegurarnos que la única forma decente de vida es aquella donde no hay normas ni sanciones; o habrá deterministas para explicarnos cómo, puesto que solamente somos unos autómatas víctimas de nuestros genes, nadie puede ser considerado responsable de nada.
Pero la gran mayoría de personas está de acuerdo en que la comisión de faltas debe tener consecuencias. Este es el pilar fundamental de toda la educación y constituye la estructura básica alrededor de la cual se teje la posibilidad de convivencia entre los humanos.
Y sin embargo el castigo no pude ser cualquiera: el empalamiento, el potro, el descuartizamiento con caballos o la hoguera han desparecido casi completamente de la faz de la tierra. Digo casi porque eventualmente aquí y allá ocurren, pero no por parte de Estados. Hoy en día los castigos oficiales están más asociados con la privación de libertad y las sanciones económicas directas o indirectas.
Los castigos del procurador
Este debate se reavivó debido a la reciente polémica entre el procurador Ordóñez y el presidente Santos por una de las cláusulas del Código Disciplinario, promovida por el primero y objetada por el segundo. En esta se prohíbe “Consumir, en el sitio de trabajo o en lugares públicos, sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o síquica, asistir al trabajo en tres o más ocasiones en estado de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes. Cuando la conducta no fuere reiterada conforme a la modalidad señalada (falta gravísima) será calificada como grave”.
El consumo de drogas, un asunto de decisión personal, pero esto es válido exclusivamente para los adultos.
Según el mismo Código, las faltas gravísimas son sancionables hasta con “destitución e inhabilidad para ocupar cargos públicos entre 10 y 20 años”.
El presidente salió a decir (con razón) que el procurador estaba asimilando fumar marihuana en un parque con cometer una masacre, y que eso no significaba que él (el presidente) quisiera que los funcionarios públicos fumaran marihuana en los parques. La aclaración era importante porque el presidente sabe que eso es exactamente lo que sus detractores de la oposición saldrían de inmediato a asegurar que él había dicho.
Consumir drogas en el trabajo o llegar al trabajo bajo el efecto de “sustancias prohibidas” no es de ninguna manera una conducta aceptable pues, evidentemente, en esas condiciones no es posible hacer bien el oficio, y el hecho puede llegar a representar un serio peligro para la persona o para quienes la rodean.
Pero la sanción propuesta por el procurador es exagerada. Mucho más razonable sería una amonestación escrita para la primera vez, una amonestación escrita con mención en la hoja de vida para la segunda, y la cancelación del contrato con motivo justificado para la tercera.
Y la mención en la hoja de vida es una sanción muy grave porque muchos empleadores potenciales descalificarán de inmediato al candidato en el futuro, o su decisión de contratarlo o promoverlo se verá afectada por ese hecho. En este caso, evitar exagerar las sanciones no implica laxitud.
Tampoco se justifica
 El Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado. Foto: Procuraduría General de la Nación |
Por otra parte, actuando de modo similar al procurador, pero a la inversa, hay personas que creen que el consumo de drogas no representa ningún problema, que usar drogas está bien, que es parte de la libertad individual y califican de caducos y represivos a quienes no comparten ese punto de vista.
Ellos se presentan a sí mismos como adalides progresistas y promueven sus puntos de vista como verdaderos, cuando en realidad no tienen evidencia para apoyar sus posiciones.
El consumo de drogas es, estrictamente, un asunto de decisión personal, y la Corte Constitucional lo aceptó así desde 1994. Pero esto es válido exclusivamente para los adultos.
Existe evidencia empírica desbordante acerca de los daños que en el cerebro de los menores producen el consumo de marihuana, del alcohol o de cualquiera de las “sustancias prohibidas” (nombre que deja por fuera una larga serie de sustancias legales, entre ellas la psilocibina, los pegantes, el dicloruro de metilo y otros solventes industriales).
No creo que estas personas que pretenden hacer “reducción de daño” con niños (concepto que se utiliza internacionalmente para un cierto número de medidas asociadas con el consumo en adultos) tengan “malas intenciones”. Pero es evidente su ignorancia e irresponsabilidad, porque están difundiendo mensajes falsos entre niños sin pensar en las consecuencias.
En este contexto, ser ignorante e irresponsable es peor que tratar de imponer castigos abusivos, pues se está poniendo en peligro el futuro de personas que carecen de criterio para evaluar lo que les están transmitiendo. Ser ignorante e irresponsable en este tema es más grave que tener “malas intenciones”.
* Ph.D, director de la Corporación Nuevos Rumbos
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