Colombia prohibió la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzoso. Pero la cosa no será tan sencilla. Esta es la experiencia internacional, y estos son los desafíos para aplicar la prohibición en Colombia.

Una prohibición difícil de aplicar

El pasado 28 de septiembre, el gobierno colombiano expidió el Decreto 1444 de 2026, mediante el cual prohíbe importar a Colombia mercancías producidas total o parcialmente con trabajo forzoso. 

Esta medida abordará un problema señalado con frecuencia en foros dedicados al análisis de la relación entre el comercio internacional y la protección de los derechos humanos. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por ejemplo, encontró que, para el 2024, 27,6 millones de personas estaban sometidas a esta práctica y que esta generaba unos US$236.000 millones en beneficios ilícitos anuales.

A pesar de su importancia, la prohibición plantea una pregunta decisiva: ¿cómo proteger los derechos humanos sin convertir estos esfuerzos en una barrera proteccionista o en un obstáculo para el comercio? El desafío es especialmente complejo, dadas las dificultades prácticas para demostrar que una mercancía está efectivamente vinculada al trabajo forzoso. A continuación, se analizarán los problemas que plantea la medida y se señalarán los retos para el país. 

¿Competencia legítima o dumping social?

Durante buena parte del siglo XX el modelo comercial dominante mantuvo cierta separación entre el comercio y las condiciones laborales. La lógica de la ventaja comparativa implicaba aceptar que los países producen con estructuras de costos, niveles de productividad y salarios distintos.

No obstante, a lo largo del siglo XX surgieron dudas crecientes sobre si el comercio debía ignorar las condiciones en las que se producían los bienes. Las diferencias salariales y laborales podían reflejar ventajas legítimas, pero también prácticas abusivas que reducían artificialmente los costos. Lo que configuraría un «dumping social»: competir mediante el deterioro o el incumplimiento de los derechos laborales.

Sin embargo, este debate también generó dudas sobre si la defensa de los derechos laborales podía utilizarse como medida proteccionista para limitar la competencia de países con salarios más bajos.

Esa preocupación quedó reflejada en la Declaración Ministerial de Singapur de 1996 (párrafo 4), en la que la OMC reafirmó la protección de las normas laborales fundamentales, pero rechazó su uso con fines proteccionistas y defendió la ventaja comparativa de los países con salarios bajos.

No obstante, el trabajo forzoso es distinto. Una empresa puede competir legítimamente pagando salarios más bajos, pero no puede reducir sus costos mediante amenazas, deudas, retención de documentos, violencia o impedimentos para que los trabajadores abandonen su empleo.

La idea subyacente es que el trabajo forzoso genera una ventaja artificial.  Quien no asume el costo real del trabajo puede vender a un precio más bajo. Por ello, excluir esas mercancías no contraviene la libre competencia. Así lo han entendido varios países. Estados Unidos, por ejemplo, prohibió en la Sección 307 de la Ley Arancelaria de 1930 la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso; Canadá, adoptó una prohibición similar en 2020; y la Unión Europea, prohíbe en el Reglamento 2024/3015 comercializar e importar dichos productos al mercado europeo.

Esta distinción encontró respaldo en el artículo XX del GATT de 1947, que permite a los países adoptar medidas restrictivas para proteger la moral pública o, en el caso de bienes producidos mediante trabajo penitenciario, siempre que dichas medidas no discriminen arbitrariamente ni encubran una restricción comercial.

El cambio de enfoque: de las características del producto a la historia de su elaboración 

En paralelo, en la segunda mitad del siglo XX, la narrativa y la práctica del comercio comenzaron a considerar no solo las características del producto, sino también cómo se elaboró, pues dos bienes idénticos pueden provenir de prácticas muy distintas, como el trabajo libre o el forzado.

La jurisprudencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) evolucionó hasta admitir que las restricciones comerciales basadas en métodos de producción o en valores como el bienestar animal pueden justificarse en virtud del artículo XX del GATT, como lo demostraron los casos US v. Shrimp y EC—Seal Products. 

Sin embargo, ambas medidas también enfrentaron objeciones por su carácter discriminatorio. Un Estado puede incorporar valores no comerciales a su política comercial, pero debe demostrar la necesidad, la proporcionalidad, la coherencia y la ausencia de discriminación arbitraria.

El Decreto 1444 recoge esa evolución.  Invoca las excepciones del artículo XX del GATT y exige evitar la discriminación arbitraria o las restricciones encubiertas al comercio. Aunque aclara que no es un reglamento técnico sobre métodos de producción, adopta la lógica de estos al preguntar cómo se produjo la mercancía y al extender el análisis a toda su cadena de suministro.

Seguir el rastro: el desafío de la cadena global

Al extender el análisis a toda la cadena de suministro, el Decreto 1444 enfrenta el reto central del comercio global: una mercancía puede incorporar insumos provenientes de múltiples países y empresas. Por ello, ya no basta con identificar su origen; es necesario rastrear cada etapa para determinar dónde y cómo fue producida. El problema pasó de la procedencia del bien a su trazabilidad. 

Estados Unidos y la Unión Europea, por ejemplo, han reforzado sus medidas contra el trabajo forzoso con un enfoque centrado en toda la cadena de valor. Estados Unidos eliminó en 2016 una excepción a la prohibición de importar estos bienes y, mediante la Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), estableció presunciones de que ciertas mercancías vinculadas a Xinjiang y determinadas entidades están vinculadas al trabajo forzado. 

Por su parte, el Reglamento 2024/3015 de la Unión Europea exige identificar y concentrar las investigaciones en el punto de la cadena en el que probablemente se realizó el trabajo forzoso, con base en el riesgo, el volumen comercial y la proporción del componente afectado.

El decreto colombiano adopta claramente esa nueva filosofía. Permite utilizar información sobre trazabilidad, auditorías, certificaciones y debida diligencia; crea listas indicativas de riesgo relacionadas no solo con países, sino también con bienes, sectores, productores, exportadores, entidades y cadenas de suministro; y ordena que dichas listas se basen en información objetiva, verificable y suficiente.

Por tanto, el Decreto 1444 no es simplemente una prohibición para ser aplicada en las aduanas, sino un instrumento de gobernanza de las cadenas globales de valor; de ahí su importancia, pero también sus riesgos.

El verdadero problema comienza ahora: probar el trabajo forzoso

Precisamente porque el decreto pretende gobernar cadenas globales de valor, su verdadero reto es de carácter probatorio. Aprobar la prohibición es sencillo, pero determinar si un cargamento concreto está vinculado al trabajo forzoso es mucho más difícil y exige una arquitectura institucional capaz de investigarlo. 

El siguiente gráfico muestra cómo se distribuyen estas funciones entre la DIAN, el Ministerio del Trabajo y MinCIT, y por qué su coordinación es esencial para probar el vínculo entre el trabajo forzoso y una mercancía concreta.

La separación tiene lógica jurídica, pero plantea un enorme desafío práctico. Pensemos en una prenda importada. Una organización internacional documenta el trabajo forzoso en determinadas plantaciones de algodón. Eso todavía no demuestra que el algodón de esa prenda provenga de ellas.

Habría que reconstruir algo parecido a lo siguiente:

Y si el algodón se mezcló con el de otros productores, la prueba se vuelve aún más difícil.

Estados Unidos lleva décadas desarrollando esa capacidad. Su modelo combina Withhold Release Orders, investigaciones de Customs and Border Protection (CBP), información del Departamento de Trabajo, trazabilidad presentada por los importadores y, bajo la UFLPA, reglas probatorias particularmente estrictas. El Departamento de Trabajo mantiene, además, una lista que actualmente comprende 204 bienes provenientes de 82 países y territorios asociados con trabajo infantil o forzoso, que van desde materias primas hasta productos fabricados con insumos vinculados a dichas prácticas. Pero incluso allí la aplicación es compleja.

Ese dato debería moderar cualquier expectativa de que Colombia pueda simplemente elaborar una lista y comenzar a decomisar mercancías.

Las listas: necesarias y peligrosas

Ante esa complejidad, el artículo 9 del Decreto 1444 prevé listas indicativas de riesgo sobre bienes, sectores, empresas y cadenas de suministro, que deberán actualizarse al menos cada tres meses. Para evitar decisiones arbitrarias, una investigación en curso no bastará para incluir a alguien y deberán garantizarse la transparencia, la defensa y la contradicción.

Las listas de riesgo tienen la clara ventaja de permitir focalizar la vigilancia y actuar antes de que ingresen mercancías vinculadas al trabajo forzoso. Pero su poder también entraña riesgos. Una inclusión puede aislar comercialmente a una empresa antes de cualquier decomiso, incentivar denuncias entre competidores y convertirse en una barrera proteccionista si no se basa en criterios precisos, transparentes y verificables.

Por ello Colombia debería evitar listas excesivamente generales del tipo: «textiles de China: alto riesgo». Sería mucho más adecuado trabajar con combinaciones precisas: producto, región, productor, proveedor, insumo y evidencia disponible.

La experiencia de la Unión Europea apunta precisamente a una administración basada en el riesgo y focalizada en los puntos de la cadena en los que existe una mayor probabilidad de trabajo forzoso.

¿Quién debe demostrar qué?

El riesgo de las listas conduce a un problema aún más difícil: definir quién debe probar qué. Aunque el decreto aclara que la inclusión en una lista no invierte por sí sola la carga de la prueba —a diferencia de la UFLPA estadounidense—, en la práctica, el importador investigado tendrá que acreditar el origen y la trazabilidad de la mercancía para defender su ingreso.

El problema es determinar qué prueba basta. Una declaración del proveedor, una auditoría privada o un certificado de origen pueden aportar información, pero ninguno de ellos demuestra por sí solo las condiciones laborales. Un expediente sólido puede requerir facturas, contratos, registros de producción, lotes, documentos de transporte e información sobre proveedores de distintos niveles.

Ese estándar afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas, que tienen menor capacidad para reconstruir sus complejas cadenas de suministro. Si es demasiado exigente, favorecerá a los grandes importadores con sistemas sofisticados de cumplimiento; si es demasiado débil, una simple declaración privada podría vaciar de contenido la prohibición.

El reto colombiano

El Decreto 1444 incorpora garantías importantes —debido proceso, información objetiva, cooperación, confidencialidad y revisión de las listas—, pero su aplicación aún debe desarrollarse. Aunque la prohibición ya está vigente, la DIAN, el MinCIT y el Ministerio del Trabajo deben definir los procedimientos para evaluar riesgos, verificar las cadenas y valorar las pruebas.

El reto tiene cuatro dimensiones: institucional, porque la aduana deberá investigar hechos ocurridos en cadenas internacionales; probatoria, porque debe determinarse qué evidencia permite el decomiso sin generar presunciones irrefutables; económica, porque los recursos deben concentrarse en sectores de alto riesgo y con trazabilidad posible; y comercial y jurídica, porque una finalidad legítima no justifica una aplicación arbitraria o proteccionista.

En definitiva, estos cuatro retos definirán el alcance real del Decreto 1444. El éxito de la medida dependerá de que Colombia pueda distinguir, con pruebas sólidas y sin arbitrariedad, entre una cadena vinculada al trabajo forzoso y un competidor legítimamente más eficiente. De esa distinción dependerá que el decreto sea una herramienta de derechos humanos y no una nueva forma de proteccionismo.

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