Y ahora, ¿a quién debemos creerle?

La salida del director del DANE reabre una vieja disputa: quién puede determinar cuáles son las cifras correctas y cómo proteger la independencia de las estadísticas oficiales.

Un director que duró tres semanas

El 14 de septiembre, mediante un comunicado de prensa, el presidente Abelardo de la Espriella declaró insubsistente al director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Ricardo Valencia. El Gobierno dio dos razones.

La primera fue que Valencia habría hecho caso omiso de la Directiva Presidencial 001 del 3 de septiembre, según la cual la información sobre la gestión del Gobierno nacional debe divulgarse principalmente por los canales institucionales oficiales y en coordinación con la Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia.

La segunda fue que el director manifestó no haber encontrado anomalías en los indicadores del DANE de julio de 2026 sin haber realizado lo que el Gobierno denomina “auditorías profundas”, un escrutinio de la información para detectar fraudes, errores o inconsistencias. 

El comunicado afirma que el Gobierno respeta y garantiza la independencia técnica del organismo, pero desautoriza al director de una entidad técnica para asumir posiciones políticas o actuar como “rueda suelta” dentro de la administración.

El problema de fondo va mucho más allá de este episodio. Es la vieja disputa sobre quién tiene autoridad para establecer cuáles son los datos correctos. La respuesta debería depender de procedimientos estadísticos sólidos, metodologías transparentes y mecanismos de verificación, sin importar quién sea el presidente de la República o el director del DANE. La independencia estadística es una condición de la confianza pública.

Una vieja disputa

Las diferencias entre el Ejecutivo y el director del DANE no son nuevas. Desde la creación del Departamento en 1953 han existido fricciones con el Gobierno, desacuerdos entre directores y sus predecesores, controversias con los gremios y cuestionamientos de los usuarios. Varias de esas disputas llegaron a la opinión pública durante este siglo, al mismo tiempo que el DANE desarrollaba su Sistema de Gestión de la Calidad.

En 2004, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe, el director César Caballero chocó con el Ejecutivo por los resultados de las encuestas sobre victimización, violencia e inseguridad. El Gobierno consideraba que las conclusiones debían ser conocidas primero por el Consejo de Seguridad, contrastadas con otras fuentes y examinadas antes de su publicación. Caballero sostuvo que esto restringía la divulgación de la información y ponía en cuestión la capacidad técnica y la independencia del DANE. “He recibido una orden que moralmente me siento incapaz de cumplir”, escribió en su carta de renuncia del 15 de septiembre de 2004.

En 2007, durante el segundo gobierno de Uribe, el desacuerdo enfrentó al director Ernesto Rojas con el Departamento Nacional de Planeación (DNP). El DNP cuestionó cifras sobre empleo, desempleo, inflación y pobreza, además de la metodología de las encuestas de hogares. Rojas acusó al DNP de intentar socavar la autonomía técnica y la credibilidad de la entidad. El Ejecutivo, en cambio, respaldó públicamente al DANE. Rojas renunció el 7 de septiembre de 2007.

Durante el primer gobierno de Juan Manuel Santos, el conflicto entre el Ejecutivo y el director del DANE, Jorge Bustamante, giró alrededor del III Censo Nacional Agropecuario. El Gobierno quería cumplir el cronograma previsto en el Plan Nacional de Desarrollo. Bustamante consideraba inconveniente realizar el censo durante el primer semestre de 2014 por coincidir con una intensa actividad electoral, que a su juicio podía afectar la recolección. Bustamante y el subdirector Juan Carlos Guataquí renunciaron en octubre de 2013.

En el gobierno de Iván Duque, el director Juan Daniel Oviedo cuestionó cifras producidas durante el segundo gobierno de Santos y la administración de Mauricio Perfetti en el DANE. Las discrepancias incluyeron el crecimiento del PIB, los datos departamentales y los censos agropecuario y de población. Oviedo sostuvo que los censos habían sido afectados por el ciclo político y por problemas de planeación presupuestal y operativa. Perfetti negó que hubiera sesgos o manejos políticos y defendió los resultados.

Piedad Urdinola dirigió el DANE durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro. Según el expresidente, el DANE mostró lo que hizo y no hizo su gobierno con “fidelidad a las técnicas estadísticas”. Las críticas vinieron entonces de la oposición y de los gremios. En diciembre de 2024, Bruce Mac Master, Luis Fernando Mejía y José Ignacio López pidieron al DANE revisar técnicamente los datos de productividad utilizados en la discusión del salario mínimo. Urdinola defendió las cifras y afirmó que cumplían criterios de independencia técnica, profesionalismo, coherencia, transparencia, exactitud, imparcialidad y pertinencia.

Las reglas también cambiaron

Estas polémicas ocurrieron mientras el sistema estadístico colombiano se hacía más complejo. Además del sistema de calidad adoptado en 2002, en 2012 el DANE publicó los “Lineamientos básicos para el desarrollo de una operación estadística”, primer modelo estándar para el Sistema Estadístico Nacional (SEN). En 2017 consolidó un modelo de cinco fases y 28 subprocesos. En 2020 adoptó otro, basado en el Modelo Genérico de Procesos de Negocios Estadísticos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, con ocho fases y 51 subprocesos.

Este proceso muestra un avance en los estándares de calidad, las capacidades técnicas, el intercambio de buenas prácticas y las reglas para producir información. Persistían, sin embargo, normas dispersas y la ausencia de un marco jurídico más sólido. La Ley 2335 de 2023, o Ley de Estadísticas Oficiales, buscó llenar parte de esos vacíos. La norma define reglas sobre organización, producción, calidad, difusión, censos, reserva estadística, metodologías, acceso a información y cooperación internacional, y busca consolidar al DANE como coordinador técnico e independiente del SEN.

El problema de la confianza

La salida de Ricardo Valencia se diferencia de los episodios anteriores por su rapidez. Habían transcurrido cinco semanas de gobierno y apenas tres desde su posesión como director del DANE. Valencia, que había sido subdirector de la entidad entre 2018 y 2022, no alcanzó a demostrar su capacidad administrativa y técnica.

Las razones expuestas por el Gobierno plantean además una pregunta sobre el grado de control que el Ejecutivo debe ejercer sobre la información producida por una entidad técnica. La exigencia de “auditorías profundas” debe examinarse frente a los procedimientos estadísticos existentes, la experiencia profesional de los funcionarios, la Ley 2335, la estructura del SEN y las auditorías de los organismos de vigilancia y control. 

También existen estándares y procesos de cooperación con organizaciones internacionales como la OCDE, la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, el FMI, el BID, la Cepal y la OIT.

La controversia, por tanto, no se resuelve decidiendo si debemos creerle al Gobierno o al director del DANE. Las cifras oficiales deben ser creíbles porque pueden ser verificadas mediante reglas conocidas, metodologías transparentes y controles independientes. El principal activo del DANE no es que sus cifras favorezcan o contradigan a un gobierno: es que la ciudadanía pueda confiar en la manera como se producen.

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