Jorge Armando Rodríguez, autor en Razón Pública
Foto: Gobernación de Antioquia

Compartir:

Mucho se ha hablado de una recesión en el año que comienza. ¿Qué tan crítica es la situación?

Jorge Armando Rodríguez Alarcón*

¿Qué ha pasado después de la pandemia?

Todavía afectada como todo el mundo por los coletazos del cataclismo económico y social del covid-19, Colombia comienza el 2024 en medio de fuentes de incertidumbre nuevas y viejas, empezando por las de creación humana, como las guerras de fuera y las violencias de dentro. Avivados a nivel global por la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania, la inflación y el desempleo con los años han ido cediendo terreno.

Sin embargo, el aumento del costo de vida en 2023, del orden de 9,6%-9,8%, aún está lejos de la meta del 3 % fijada por el Banco de República, mientras que el desempleo, de alrededor de 10%, tampoco da pie para declarar misión cumplida. 

Sin entrar en tecnicismos, puede decirse que el sufrimiento macroeconómico sigue siendo más agudo que en 2019, justo antes del covid-19. 

En el 2023 el crecimiento económico del país apenas compensó o superó por algún tanto el crecimiento de la población, cercano del 1%, de acuerdo con estimaciones preliminares. Una desaceleración económica marcada en el segundo semestre del año ha enturbiado el panorama. 

Le recomendamos: ¿Un próspero año?: la economía colombiana en 2023 y 2024

Altibajos de la coyuntura

La preocupación por una eventual recesión económica ha llegado ya a editorialistas y caricaturistas. Vista en conjunto, la evidencia disponible apunta a que la economía colombiana pasa por una fase contractiva, pese a que es muy temprano para saber su duración y profundidad. Teniendo en cuenta lo errático de la actividad económica en el corto plazo, no es aconsejable ponerles mucho énfasis a sus fluctuaciones puntuales.

la decisión de diciembre pasado de reducir la tasa de intervención a 13%, 25 puntos básicos por debajo de la vigente previamente, está bien encaminada. Es una señal, supone uno, de que el Emisor quiere llevar gradualmente la inflación hacia la meta, propiciando en el entretanto la reactivación económica.

Foto: Área Metropolitana Valle de Aburrá - Aunque se han liberado recursos mediante la eliminación de los subsidios al consumo de la gasolina, se tendrán que hacer más ajustes de gasto para cumplir con el objetivo de déficit que establece la regla fiscal.
Entre los aspectos de la coyuntura que terminarán definiendo si ha habido o habrá o no recesión figuran los siguientes: 

  • Advirtiendo que no me parece una buena idea centrarse exclusivamente en ese criterio, según la convención internacional una “recesión técnica” se configura cuando el PIB registra crecimientos negativos durante dos o más trimestres consecutivos (removidos los efectos estacionales).

El PIB del tercer trimestre de 2023 cayó 0,3% con respecto al mismo trimestre de 2022, pero aumentó 0,2% con respecto al segundo trimestre de 2023. Según la convención internacional, la comparación apropiada sería frente al trimestre inmediatamente anterior, no frente al año anterior.

En estas condiciones, hasta el momento se habría esquivado por poco la “recesión técnica”. De cualquier modo, ¿tales ritmos de crecimiento deberían ser motivo de complacencia? 

  • El mercado laboral ha dado muestras de debilitamiento, con cierto rezago, ante el deterioro de la actividad económica. La tasa de desempleo (desestacionalizada) ha subido por tres meses seguidos, pasando de 9,4% en agosto a 10,2% en noviembre de 2023. Con todo, estos resultados son mejores que los registrados en 2022. 
  • La inversión en capital fijo (fábricas, maquinaria, tecnología, etc.) es clave en la ampliación de la capacidad productiva y suele marcar las fluctuaciones de corto plazo de la actividad económica y el empleo. 

Esta variable salió lesionada de la pandemia:  ha rondado el 19% del PIB desde el 2021, frente al 22% del mismo agregado en el periodo 2010-2019. 

Lo llamativo ahora es que la inversión, en su serie desestacionalizada, lleva cuatro trimestres consecutivos de decrecimiento, contando hasta octubre de 2023, una tendencia sin antecedentes al menos desde el 2005, excluido el periodo de pandemia. 

  • Es importante mirar cómo evoluciona en el 2024 la correlación de fuerzas entre los sectores en contracción y en expansión. 

La industria manufacturera, la construcción y el comercio, que dan cuenta de la tercera parte de la generación de valor agregado nacional, han sido los más afectados por la contracción reciente; en contraste, el sector financiero y la minería han crecido. 

Al contrario de estas tendencias, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente propugna por la reindustrialización y “la disminución de la dependencia de los hidrocarburos y la minería”. 

Conviene mantener en el radar estas variables agregadas y sectoriales en el año que comienza.

La CEPAL y el Fondo Monetario Internacional pronostican que en 2024 la economía colombiana experimentará una leve recuperación, con un crecimiento de o cercano al 2%, por debajo del desempeño de América Latina y el Caribe y del conjunto de países en desarrollo. La proyección de la OCDE es de 1,4%. 

A nivel local, el PND se basa en una proyección más optimista (2,8%); si esta previsión gubernamental resulta exagerada, las expectativas de recaudo tributario del Gobierno Petro sufrirían un revés y sus planes de gasto se verían trastocados. 

Contratiempos fiscales

Varios acontecimientos obligan a revisar las cuentas del fisco, aparte de la desaceleración económica. 

El Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2024 se aprobó con la expectativa de que los ingresos tributarios del Gobierno nacional alcanzarán “un máximo histórico de 18,6% del PIB”, pero montos significativos de esos recursos seguramente no se van a materializar. 

Tal es el caso de los recaudos previstos allí por “arbitramento de litigios” entre la DIAN y los contribuyentes ($15 billones, equivalentes a casi 1% del PIB), procedimiento que requiere una ley cuyo trámite no se ha iniciado. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha calificado ese rubro como incierto y ha cuestionado su carácter permanente. 

En la misma dirección operará el reciente fallo de la Corte Constitucional en contra de la prohibición de deducir las regalías de la base gravable de impuesto sobre la renta: unos $3 billones menos (0,2% del PIB), según el Ministerio de Hacienda.  

Puesto que la regla fiscal exige que los nuevos gastos permanentes se cubran con ingresos adicionales también permanentes, la merma de los recaudos tributarios frente a los anticipados pone en aprietos a los planes de gasto del Gobierno nacional para el 2024. 

A pesar de que se han liberado recursos para otros fines mediante la disminución de los subsidios al consumo de gasolina, según estimaciones del CARF “se tendrán que realizar ajustes de gasto de alrededor de 1,4% del PIB ($23 billones) para cumplir con el objetivo de déficit establecido por la ley de la regla fiscal”. 

El efecto lo resentirían los programas de gobierno. Para que no se afecten más, de llevarse a cabo la reforma tributaria que se discute por estos días, la pérdida de recaudo que ocasionaría el recorte de la tarifa nominal del impuesto de renta de las sociedades tendría que compensarse con recursos derivados de otras fuentes. 

Autoridades económicas al tablero

Para contribuir a la reactivación económica, la política fiscal debería ser mesuradamente expansiva, o por lo menos no contractiva. Con los ajustes de gastos e ingresos que se requerirían para cumplir con la regla fiscal, es dudoso que tal cosa se pueda conseguir. Y como cambiar las reglas de juego en medio del partido tendría sus bemoles, resolver el acertijo no luce nada fácil. 

Lo llamativo ahora es que la inversión, en su serie desestacionalizada, lleva cuatro trimestres consecutivos de decrecimiento, contando hasta octubre de 2023, una tendencia sin antecedentes al menos desde el 2005, excluido el periodo de pandemia.

Mejorar la ejecución de la inversión pública ayudaría, pero parece insuficiente. Políticas sectoriales que favorecerían la reactivación, como la de reindustrialización, están en las fases iniciales de adopción o implementación. 

La deuda neta del Gobierno nacional ha disminuido y ahora ronda el nivel que la regla fiscal considera prudencial (55% del PIB). Cabe preguntarse si ello no debería abrir algún espacio para el manejo contracíclico de la deuda pública, en particular en lo relativo a la financiación de gastos de inversión.

Aunque la Junta Directiva del Banco de la República advirtió que no necesariamente debería esperarse “el inicio de un ciclo continuo de recortes a la tasa de interés de política”, la decisión de diciembre pasado de reducir la tasa de intervención a 13%, 25 puntos básicos por debajo de la vigente previamente, está bien encaminada. Es una señal, supone uno, de que el Emisor quiere llevar gradualmente la inflación hacia la meta, propiciando en el entretanto la reactivación económica. 

Es cierto que varias de las críticas a los proyectos de reforma laboral, pensional y de la salud que cursan en el Congreso son en realidad defensas de un statu quo reprobable y de intereses particulares que se lucran de él. Pero también lo es que las iniciativas gubernamentales a menudo desaprovechan los avances en el conocimiento sobre regulación económica y diseño institucional (p.ej., ADRES, AFP, gobernanza y asignación de recursos del sistema de salud), confiando demasiado el logro de propósitos colectivos a las prescripciones y las buenas intenciones. 

Más allá de lo que hagan las autoridades monetarias y fiscales, la suerte que corra la agenda legislativa en el 2024 moldeará el ambiente para los negocios, incluidos los de la economía popular, para no hablar de otros factores que influyen sobre la inversión y el empleo, como la seguridad física de empleadores y trabajadores. 

Puede leer: Diversificar la economía colombiana

0 comentarios

Jorge Armando Rodríguez

Escrito por:

Jorge Armando Rodríguez

*Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.

Foto: Ministerio del Interior

Compartir:

Estamos asistiendo a un diálogo entre sordos. Por eso hay que mirar lo que hay debajo de cada posición, para después confirmar quién tiene o quién tendría la razón sobre el impacto de la reforma laboral.

Jorge Armando Rodríguez Alarcón*

Discusión entre sordos

Partidarios y críticos de la reforma laboral propuesta por el gobierno Petro han dado muestras de vivir en mundos distintos, casi paralelos, al menos en sus cabezas.

Hay una forma sencilla de ilustrarlo: el texto de la iniciativa gubernamental menciona la palabra “derechos” en 145 oportunidades y la palabra “costos” en 12 oportunidades. En cambio, en el documento Estabilidad en el mercado laboral y análisis cuantitativo de algunos impactos del proyecto de ley, elaborado por el Grupo de Análisis del Mercado Laboral (GAMLA) del Banco de la República y que los opositores del proyecto de Ley han recibido con beneplácito, no figura la palabra “derechos” ni una sola vez, en tanto que la palabra “costos” aparece en 75 ocasiones.

El lío aquí no consiste en que haya bandos opuestos —al fin y al cabo, de eso se trata el pluralismo—, sino en que los dos bandos estén enfrascados en debates diferentes, acerca del trabajo, ignorando o minimizando las preocupaciones de la contraparte.

Por eso es necesario que los unos y los otros se refieran tanto al “derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”, como dice la Constitución (artículo 25), como al costo de satisfacer esos derechos.

Le recomendamos: ¿Queremos la reforma laboral o queremos el trabajo productivo?

La reforma y el nivel de empleo

Tanto el Gobierno como los investigadores del Banco suponen que adoptar el proyecto de Ley no incidiría sobre el nivel de empleo total, o al menos no consideran expresamente esta clase de efecto.

“El objetivo de la reforma laboral no es generar empleo, sino mejorar las condiciones laborales”, ha señalado el Ministerio de Trabajo. El Gobierno ha sugerido que el nivel de empleo depende de la demanda agregada —compuesta por los gastos de consumo e inversión, principalmente—, pero que no depende de las políticas de protección laboral.

Por eso es necesario que los unos y los otros se refieran tanto al “derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”, como dice la Constitución (artículo 25), como al costo de satisfacer esos derechos.

Foto: MinTIC - Si la reforma laboral llegara a aprobarse, tendría dificultades pues las innovaciones y cambios tecnológicos —como el trabajo remoto— exigirían una ampliación en la capacidad estatal para que el marco legal realmente se cumpla.
La idea subyacente es que el nivel de ocupación tiende a situarse por debajo del nivel que correspondería al pleno empleo. Este planteamiento está inspirado en el economista John Maynard Keynes.

Mientras tanto, el grupo de investigadores del Banco utiliza un “modelo de equilibrio general” y este tipo de modelo implica que la economía tiende al pleno empleo, o a la “tasa natural de desempleo”, como la denominó el economista Milton Friedman. Quizás por esta razón, el estudio del GAMLA no aborda los efectos del proyecto sobre el nivel de ocupación total.

En Colombia, entre 1991 y 2022, la tasa de desempleo anual promedio se situó en 11,5 %, alcanzando un máximo de 20,1 % y un mínimo de 7,8 %. No es analíticamente creíble ni socialmente aceptable que tasas de desempleo tan elevadas sean vistas como tasas “naturales” correspondientes al pleno empleo.

Es seguro que parte significativa de ese desempleo ha sido causado por la insuficiencia de demanda agregada, sobre todo durante los periodos recesivos, pero es muy probable que factores tales como las deficiencias en la cobertura y calidad de la educación, la desindustrialización y las malas leyes y políticas laborales también hayan jugado su parte.

La reforma y la composición del empleo

Partidarios y críticos del proyecto de reforma laboral concuerdan en que esta modificaría la composición del empleo, entre trabajo con derechos y trabajo sin derechos —en el lenguaje del proyecto de Ley—, o entre empleo formal e informal, —en el lenguaje del GAMLA—. Sin embargo, las partes difieren en cuanto a la dirección del cambio que implicaría la reforma.

El proyecto de Ley, entre otras cosas, convertiría el contrato a término indefinido en la regla general, haría que las empresas que tercerizan sean solidariamente responsables por las obligaciones salariales y de seguridad social con los trabajadores tercerizados, redefiniría la duración de la jornada laboral semanal y diurna (esta última iría hasta las 6 p. m., frente a las 9 p. m. de la actualidad), haría más restrictivas las condiciones para terminar el contrato con justa causa y aumentaría  la indemnización por despido injustificado.

De esta manera, la reforma se propone fortalecer la cobertura de las instituciones de protección laboral. Pero en la exposición de motivos del proyecto de Ley se echan de menos las estimaciones de los efectos cuantitativos y cualitativos en este campo. Hace falta también un análisis sobre cómo se implementaría la reforma y sus consecuencias económicas.

¿Qué tanto tiene en cuenta el proyecto de Ley que las empresas tienen un ciclo de vida, que nacen y mueren? Es difícil evitar la impresión de que no mucho. Para garantizar los derechos sindicales que el proyecto quiere ampliar o reforzar, sería preciso que las fases de crecimiento y maduración de las sociedades sean duraderas. ¿Reconoce la propuesta de reforma que la supervivencia de las empresas puede ser de interés propio de los trabajadores? Y si sí, ¿cómo lo hace?

Vamos por partes

Hasta el momento, la discusión pública de la iniciativa gubernamental ha tendido a plantearse en términos de todo o nada, cuando debería analizarse medida por medida, sin perder de vista el conjunto.

Para eso es particularmente útil el enfoque contable del estudio del GAMLA de estimar los efectos de las medidas individuales. Por ejemplo, así puede sopesarse la conveniencia “de modificar de manera progresiva la jornada nocturna y el incremento del recargo dominical en un 85 %”, como propone un documento del Observatorio Laboral y del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Costos laborales y aumento del desempleo  

El estudio del GAMLA muestra que el proyecto de Ley aumentaría los costos laborales y presenta estimaciones de en cuánto lo haría.

Según el documento del GAMLA, en el escenario de impacto medio, el aumento de los costos salariales producto de la reforma en curso equivaldría al 6,8 % de la masa salarial. Con base en estimaciones del impacto de la reforma tributaria de la Ley 1607 de 2012, el estudio pronostica que dicho “incremento de los costos salariales recortaría 454.000 empleos formales”, presumiblemente con un aumento concomitante en el empleo informal.

“Los anteriores resultados están en línea con estudios basados en modelos de equilibrio general”, afirma el documento.

La evidencia apunta a que la reducción, entre otros, de los gravámenes parafiscales a favor del SENA y el ICBF, que tuvo lugar mediante la reforma tributaria de 2012, favoreció la formalización laboral; el exceso de gravámenes sobre la nómina es, en verdad, contraproducente.

Los investigadores del GAMLA consideran que el proyecto de Ley tendría efectos en sentido contrario de los de la Ley 1607, pero tácitamente suponen que la alta tributación sobre la nómina es equiparable a medidas de protección laboral como el recorte de la duración de la jornada laboral semanal ordinaria a 42 horas.

Esa equiparación merecería una explicación. No basta con decir que se trata de costos, pasando por alto la dimensión del “trabajo en condiciones dignas y justas”.

Por lo demás, los modelos de equilibrio general son herramientas útiles para analizar las interacciones entre los agentes económicos, pero sus usuarios a menudo se olvidan de preguntarse qué sucede cuando supuestos tan extremos como la competencia perfecta no se cumplen. Los investigadores del GAMLA reconocen que estos modelos no suelen tener en cuenta “características idiosincráticas de los mercados laborales” de los países en desarrollo.

Violación de derechos de los trabajadores

Hay razones para pensar que la legislación actual fomenta el arbitraje —incluso la manipulación— entre distintos tipos de contratos (a término fijo, de obra, de prestación de servicios, etc.) para eludir obligaciones salariales y de seguridad social.

Muestra de que el Estado no ha hecho bien la tarea es que, en años recientes, alrededor del 37 % de los trabajadores ocupados hayan recibido remuneraciones inferiores al salario mínimo legal.

El problema no consiste en que las empresas contraten a terceros para producir bienes o prestar servicios, sino en que la tercerización laboral ampare el desconocimiento de derechos de los trabajadores. Cabe esperar que la adopción de un piso de protección laboral a la vez asequible y digno desestimule tal tipo de arbitraje predatorio.

En todo caso, la reforma laboral propuesta no las tendría fácil: el cambio tecnológico y la capacidad estatal hacen difícil que funcionen las medidas.

Innovaciones como la inteligencia artificial, las plataformas digitales y los trabajos remotos hacen difusa la relación capital-trabajo y el Estado tendría que multiplicar su capacidad para hacer cumplir el nuevo marco legal, por lo general, más exigente que la legislación vigente.

Muestra de que el Estado no ha hecho bien la tarea es que, en años recientes, alrededor del 37 % de los trabajadores ocupados hayan recibido remuneraciones inferiores al salario mínimo legal.

Tal capacidad estatal se forja con política, economía, administración y método. No   es una cuestión voluntarista.

No sobraría, ni mucho menos, que el marco legal quede bien diseñado, en términos de la protección laboral y de los incentivos a trabajadores y empresarios para que contribuyan a mejorar las condiciones socioeconómicas del país.

Lea en Razón Pública: La reforma laboral y sus críticos

0 comentarios

Jorge Armando Rodríguez

Escrito por:

Jorge Armando Rodríguez

*Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.

Foto: Twitter: Vicepresidencia Colombia

Compartir:

Este Plan Nacional de Desarrollo es el más ambicioso de la historia, pero ¿cuál es la capacidad del sector público para cumplir esas metas? ¿De dónde saldrá la plata? Aquí un balance de sus luces y sus sombras.

Jorge Armando Rodríguez Alarcón*

Un plan ambicioso

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) del presidente Petro será el noveno bajo la Constitución de 1991. No es el primero en tener objetivos ambiciosos —recuérdense “La prosperidad para todos”, “El salto social” y “La revolución pacífica” de los presidentes Santos, Samper y Gaviria, respectivamente—.

Pero aun así se diría que el Plan de la administración Petro es el más ambicioso de todos. “Colombia, potencia mundial de la vida”, como se llama el Plan puesto a consideración del Congreso, pretende cinco grandes transformaciones, consistentes en:

  • “Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental”,
  • «Derecho humano a la alimentación»,
  • «Transformación productiva, internacionalización y acción climática»,
  • “Seguridad humana y justicia social”, y
  • “Convergencia regional”.

Según el documento, se quiere construir “un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas”.

Es entendible que la actual administración aspire a lograr transformaciones sustantivas. Si el PND propuesto no fuera tan ambicioso, seguramente se le reclamaría por no serlo. Las demandas sociales y las expectativas son particularmente altas en el caso del gobierno Petro, que debe estar a la altura de la reputación de ser el primer gobierno de izquierda progresista de Colombia.

La proliferación de políticas con enfoques diferenciales puede desembocar en un exceso de programas gubernamentales pequeños y reñir con la intención de establecer un “sistema de protección social universal”, por ejemplo, poniendo en entredicho las posibilidades de reducir las desigualdades socioeconómicas del país.

Además, los grandes propósitos pueden servir de guía para la acción gubernamental. Si en verdad un gobierno es tan bueno como sus intenciones, entonces el proyecto de PND iría por buen camino. Sin embargo, también hay riesgos en las ambiciones desmedidas.

Le recomendamos: El crecimiento económico del país está en riesgo

Foto: Secretaría de Integración Social - Para fijar algunas de las metas se planteó como línea base cifras de la pandemia, lo cual servirá para magnificar los posibles logros.

El riesgo de dispersión

Incluso si se aprueba, la actual administración tendría apenas algo más de tres años para ejecutarlo. La gran multiplicidad de objetivos y alcances puede llevar a la dispersión de esfuerzos y a un trajinar poco efectivo.

A modo de ilustración, el documento prevé que, entre otras, las siguientes políticas tendrán enfoques diferenciales:

  • prestación de justicia y “en todo el Sector Defensa”;
  • uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones;
  • renta ciudadana;
  • desarrollo empresarial;
  • vivienda;
  • sistemas de transporte público de pasajeros.

La proliferación de políticas con enfoques diferenciales puede desembocar en un exceso de programas gubernamentales pequeños y reñir con la intención de establecer un “sistema de protección social universal”, por ejemplo, poniendo en entredicho las posibilidades de reducir las desigualdades socioeconómicas del país.

El sector público es un conjunto complejo de organizaciones y su limitada capacidad para lograr metas es una de las mayores limitaciones que debe sortear el PND.

Capacidad dispareja y bases de comparación

Aunque en general es limitada, la capacidad del Estado no es homogénea.

Así, dado el diverso grado de conocimiento y experiencia institucional acumulados en la elaboración de políticas en una u otra área, cabe esperar que la eficacia de las instituciones sea mayor en la reducción de la pobreza que en el “impulso a la economía popular” y la “reindustrialización intensiva en conocimiento y tecnología”, por ejemplo.

Pese a lo ambicioso del Plan, llama la atención que en varios casos se hayan escogido años del período de emergencia sanitaria por COVID-19 como línea base para fijar metas específicas. Así ocurre, por ejemplo, con la pobreza monetaria extrema, que se intentará reducir de 12,2 % en 2021 a 9,6 % en 2026. Teniendo en cuenta que, en 2019, justo antes de la pandemia, la pobreza extrema era de 9,6 %, el análisis de los resultados se vería afectado por la escogencia de un punto de comparación tan singular. Esto magnificaría los logros que eventualmente se alcancen.

Metas difusas

A veces, la conexión entre objetivos generales y metas específicas es difusa. En tanto que se especifican metas sobre vivienda y suministro de agua potable a cargo del ministerio del ramo, las metas de protección de las fuentes de agua son genéricas.

Las metas principales que se proponen en el área de ordenamiento territorial alrededor del agua, aunque son factibles —como la entrega de tierras o acelerar el catastro multipropósito—, tienen una relación indirecta o incluso lejana con aquel propósito de protección.

En el terreno de la conservación del agua, los cambios organizacionales reciben especial atención: creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y de los Consejos Territoriales del Agua.

La plata de las regiones

La Constitución prescribe que el PND compromete ante todo a “las entidades públicas del orden nacional” y concierne a la política económica, social y ambiental y a las inversiones a cargo del gobierno nacional.

Las entidades territoriales suelen incluirse en los planes nacionales de desarrollo y, si bien tiene sentido proceder así, no siempre se ha hecho con la debida consideración del balance entre la autonomía territorial y la descentralización, de una parte, y la dimensión unitaria del Estado, de otra. La preservación de este balance es una responsabilidad del Congreso, y en general los congresistas suelen velar por sus regiones.

Ahora bien, según el proyecto de Ley de la administración Petro, las fuentes de financiación nacionales, departamentales y locales “deberían converger hacia programas estratégicos”.  Concretar ese llamado tiene distintos retos, como el hecho de que los gobernadores y alcaldes que se elegirán en octubre de 2023 no necesariamente tendrán las mismas prioridades de un PND aprobado varios meses antes.

El plan de inversiones públicas del período 2023-2026 asciende, según el proyecto de ley del PND, a 1154,8 billones de pesos de 2022. El 36 % de este valor provendría del Sistema General de Participaciones (SGP) y de los ingresos tributarios departamentales y locales. El Sistema General de Regalías (SGR) —de cuyos recursos son beneficiarias principales las entidades territoriales— aportaría el 4,1 % de la financiación de dichas inversiones.

Lo anterior implica que la suerte de las inversiones del PND depende de manera significativa de las entidades territoriales, dada su condición de titulares o beneficiarias de tales fuentes de financiación.

Además, conviene tener en cuenta que el grueso de los recursos del SGP tiene por ley destinaciones específicas —por ejemplo, 56 % a educación y 23,5 % a salud— y que varios de los rubros que conforman esas destinaciones son bastante inflexibles, como sucede con la nómina docente.

Reforma tributaria, recomposición del gasto… y aumento del gasto

El Presupuesto General de la Nación (PGN) cubriría el 50 % del valor de las inversiones públicas contempladas en el proyecto del PND.

Según las proyecciones fiscales incluidas en el documento, la financiación de esas inversiones y, en general, de los programas propuestos por el presidente Petro dependería de manera crucial de los recaudos tributarios adicionales que resulten de la reforma tributaria de 2022 y de los excedentes financieros de Ecopetrol transferidos al Gobierno Nacional Central (GNC).

El efecto favorable de la reforma tributaria se sentiría especialmente en 2023, cuando el recaudo alcanzaría el 18,1 % del PIB, esto es, 3,3 puntos porcentuales por encima del nivel observado en 2022.

Ahora bien, según el proyecto de Ley de la administración Petro, las fuentes de financiación nacionales, departamentales y locales “deberían converger hacia programas estratégicos”. Concretar ese llamado tiene distintos retos, como el hecho de que los gobernadores y alcaldes que se elegirán en octubre de 2023 no necesariamente tendrán las mismas prioridades de un PND aprobado varios meses antes.

Aunque los anuncios durante la campaña sugerían lo contrario, bajo la administración Petro habría un aumento temporal y limitado del gasto público del orden nacional, si se cumplen las proyecciones fiscales del PND, ajustadas a la regla fiscal. Tras alcanzar el 24,4 % del PIB en 2023, el gasto del GNC empezaría a descender hasta situarse en 22,3 % en 2026, prácticamente el mismo nivel observado en 2022, cuando finalizó la administración Duque.

¿Cómo financiar entonces la gran variedad de programas que se incluyen en el PND?  La respuesta del gobierno consistiría sobre todo en la recomposición del gasto, acompañada por un aumento temporal en el volumen del mismo.

Según las proyecciones oficiales, tanto el pago de intereses de la deuda del GNC como los subsidios al consumo interno de combustibles, otorgados a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), tenderán a disminuir durante el cuatrienio. Esto abriría un espacio importante para la financiación de los programas aludidos. Pero ¿está incluido allí el costo fiscal resultado de la reforma a la salud, por ejemplo?

Nótese que la reducción del pago de intereses depende en parte de un factor no sujeto a control del GNC: la política antinflacionaria de los bancos centrales y su efecto sobre las tasas de interés. Además, la reducción de los subsidios al consumo de combustibles depende de la voluntad política del gobierno y al menos de otro factor no sujeto a su control: la reacción de los consumidores.

Puede leer: La reindustrialización: una meta central del Plan de Desarrollo

0 comentarios

Jorge Armando Rodríguez

Escrito por:

Jorge Armando Rodríguez

*Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.

Foto: Congreso de la República

Compartir:

Ya se definió cómo se repartirá el Presupuesto General de la Nación en el próximo año. ¿Hasta dónde se reflejan las prioridades del nuevo gobierno en este presupuesto?

Jorge Armando Rodríguez Alarcón*

Gracias a los contribuyentes

Tras un proceso que se vio opacado por el trámite simultáneo de la reforma tributaria, a mediados de octubre el Congreso aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2023, la ley más importante de asignación de los dineros públicos.

El asunto tal vez hubiera pasado desapercibido si no fuera por un mensaje personalizado del director de la DIAN, en el que agradecía a los contribuyentes por cumplir la obligación de declarar y pagar el impuesto sobre la renta, e informaba sobre la distribución de sus aportes “entre todos los rubros del presupuesto”.

El mensaje fue recibido con sentimientos encontrados por la opinión. “Es extraño que una entidad del Estado le agradezca a uno por algo”, anotó un usuario de las redes sociales, mientras que otros expresaron preocupación por la destinación de los recursos, especialmente por “el hecho de que buena parte de nuestros impuestos se van al pago de deuda pública”, como escribió el autor de un blog.

Cabría esperar que el PGN del año entrante, por ser el primero aprobado bajo la administración Petro, recogiera los programas del nuevo gobierno. Pero el asunto no es tan sencillo: el PGN de 2023 es, en realidad, producto de las administraciones Duque y Petro, los constituyentes del 91 y los congresistas actuales y anteriores, combinados en distintas proporciones.

Unos culparon por ello al presidente Petro, otros al expresidente Duque; y no faltaron las alusiones al neoliberalismo y al populismo. Pero ¿qué pasa con el presupuesto del año entrante?, ¿cuáles son sus características principales?, ¿qué tan fundadas son dichas preocupaciones? y ¿qué tan bien repartidas están las culpas?

Entre Petro y Duque

El PGN de 2023 asciende a un valor de 405,6 billones de pesos, equivalentes ―según las proyecciones oficiales― al 27,7 % del PIB, con un aumento de 2,4 % del PIB respecto del 2022.

Cabría esperar que el PGN del año entrante, por ser el primero aprobado bajo la administración Petro, recogiera los programas del nuevo gobierno. Pero el asunto no es tan sencillo: el PGN de 2023 es, en realidad, producto de las administraciones Duque y Petro, los constituyentes del 91 y los congresistas actuales y anteriores, combinados en distintas proporciones.

Por disposición constitucional, el gobierno saliente debe presentar al Congreso, dentro de los diez primeros días de la legislatura que comienza el 20 de julio, el proyecto de presupuesto de rentas y ley de apropiaciones que, una vez aprobado, debe ejecutar el gobierno entrante. Eso vale para todos los gobiernos e implica que Petro debe ejecutar en el 2023 un presupuesto preparado en gran parte por Duque.

Así, por ejemplo, los subsidios al consumo de combustibles, que hasta entonces no se incluían en las cuentas del gobierno central, fueron incorporados en el proyecto de presupuesto inicial por un monto de 19 billones de pesos (1,3 % del PIB), elevando el déficit fiscal formalmente reconocido y pasándole a la administración Petro la “papa caliente” de subir los precios de los combustibles para reducir los subsidios y liberar recursos para otros fines.

Si bien la idea del constituyente de 1991 fue propiciar cierta continuidad en las funciones a cargo del Estado, surge ahí una fuente de tensiones, en especial cuando son opuestas las orientaciones ideológicas de los gobiernos saliente y entrante.

¿Cómo quedó repartido el presupuesto?

Usando la clasificación funcional del presupuesto, el principal rubro al que se destinarán los recursos del Gobierno Nacional Central (GNC) en 2023 no es el servicio de la deuda, sino los gastos de funcionamiento (62,5 % del total).

El nombre ‘gastos de funcionamiento’ no suele gustar mucho y hay quienes a priori los consideran un desperdicio. Pero estas generalizaciones no les hacen justicia. Ahí están incluidos desde los pagos a los maestros, pasando por los del personal de defensa y seguridad, hasta los de las ‘corbatas’ y los nombrados en cargos públicos por nepotismo. Su necesidad y conveniencia debe, pues, examinarse caso por caso.

Más que el servicio de la deuda en general, lo problemático hoy en día es el pago de los intereses (4 % del PIB en 2022). El crédito se ha encarecido con la inflación mundial y con el aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales en su intento por combatirla.

Así se repartirá el Presupuesto General de la Nación
Foto: Biblored - En la adición presupuestal que presentará el Gobierno al Congreso se espera que se incluyan las promesas hechas, tales como el ingreso básico para adultos mayores sin pensión y para madres cabeza de hogar en situación de vulnerabilidad.
Pero la administración Duque tampoco contaba con total discrecionalidad para determinar el contenido del proyecto de presupuesto que le dejó a Petro. También por disposición legal, hay partidas presupuestales que deben incluirse y sobre las cuales el gobierno de turno tiene una injerencia limitada, a veces ninguna.

Tal es el caso, por ejemplo, del Sistema General de Participaciones de los departamentos y municipios, que financia la educación y la atención en salud básicas.

Lo anterior da lugar a las llamadas inflexibilidades presupuestales, de las que se quejan algunos economistas— y no siempre con razón porque algunas ‘inflexibilidades’ resultan convenientes—: ¿qué tan bueno sería que los recursos para pagar a los médicos dependieran enteramente de la capacidad de cabildeo que cada gobernador y alcalde desplegara cada año en los despachos ministeriales en Bogotá?

El servicio de la deuda pública, que comprende las amortizaciones y los intereses, absorberá el 19,2 % del presupuesto de gastos en el 2023 ($78 billones) o, desde otra perspectiva, el 5,3 % del PIB. No es una bicoca; las preocupaciones de los contribuyentes, por el peso de este rubro, tienen su razón de ser.

No obstante, hay que tener en cuenta que el Gobierno Nacional, además de pagar las amortizaciones, recibe los desembolsos de los nuevos créditos contratados. Por eso, lo que importa en últimas es el efecto neto de las amortizaciones y desembolsos sobre el saldo de la deuda. En 2023, según el PGN, los desembolsos superarán a las amortizaciones por $36 billones (2,4 % del PIB).

El endeudamiento, que ha registrado una tendencia creciente desde 2012, alcanzó durante la pandemia un nivel sin precedentes en el último siglo (59,5 % del PIB en 2021), y ayudó a amortiguar el golpe del desempleo y el empobrecimiento de la población, cumpliendo así un papel anticíclico.

Más que el servicio de la deuda en general, lo problemático hoy en día es el pago de los intereses (4 % del PIB en 2022). El crédito se ha encarecido con la inflación mundial y con el aumento de las tasas de interés por parte de los bancos centrales en su intento por combatirla.

Según el calendario fijado por la Constitución, cuando el gobierno saliente deja la presidencia el PGN todavía está en trámite en el Congreso. Por esta razón, al igual que todos los nuevos gobiernos bajo la Constitución de 1991, el gobierno Petro tuvo la oportunidad de incidir en la definición del presupuesto de 2023 y, en efecto, así lo hizo, aunque los cambios que promovió y logró son parciales, pues no podía, dada la inercia presupuestal, hacer borrón y cuenta nueva.

El cambio más cuantioso se produjo en el rubro de inversión. La administración Duque había propuesto un recorte de la inversión pública de 5,1 % del PIB en 2022 a 4,1 % en 2023. Contrariando el recorte propuesto por Duque, ese rubro se adicionó en algo más de $11 billones.

Esta adición presupuestal, financiada primordialmente con recursos provenientes de Ecopetrol y de la DIAN, puede considerarse la primera expresión contante y sonante de las prioridades del gobierno Petro.

Los tres sectores más beneficiados con los nuevos recursos son Agricultura ($1,9 billones), Minas y Energía ($1,5 billones), y Paz ($1,3 billones), según los datos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

El cambio que viene en el 2023

Se prevé que la reforma tributaria recién aprobada arroje en 2023 recaudos adicionales del orden de $20 billones (1,3 % del PIB). Puesto que estos recursos no están todavía incorporados en el PGN, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que en la siguiente legislatura presentará al Congreso un proyecto de adición presupuestal para determinar su destinación.

La adición presupuestal relacionada con la reforma tributaria permitirá vislumbrar qué clase de transformación habrá bajo el “Gobierno del cambio”.

Le recomendamos: Reforma tributaria: aciertos y tropiezos

Por ahora, el rompecabezas consiste en que hay muchas promesas y propuestas de campaña y de gobierno ―entre ellas, el ingreso básico para adultos en edad de jubilación carentes de pensión, la asignación para madres cabezas de hogar vulnerables y la compra de tierras para distribuir entre los campesinos, para no hablar de la reducción del valor del SOAT para motos y taxis― rivalizando entre sí por un presupuesto de ingresos aliviado por los dividendos de Ecopetrol y los recaudos de la DIAN, pero aun así limitado frente a la magnitud de las demandas.

El ministro de Hacienda ha dicho que el propósito de los recaudos de la reforma tributaria es “reducir la deuda social histórica con la población más vulnerable”. Se trata de un propósito manifiestamente encomiable.

Para conseguirlo, está por verse no solo cómo se resuelve el rompecabezas presupuestal, en términos de prioridades, programas y asignación de fuentes de financiación, sino cómo todos estos desafíos se hacen compatibles con el cumplimiento de la regla fiscal, en medio de la desaceleración económica mundial.

Puede leer: La reforma tributaria de Petro: ¿cambios reales o vicios de siempre?

0 comentarios

Jorge Armando Rodríguez

Escrito por:

Jorge Armando Rodríguez

*Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.

Foto: .Pixabay - Reforma pensional a la vista

Compartir:

Jorge_Armando_Rodriguez_RazonPublica

Para afrontar los estragos ocasionados por la pandemia, Fedesarrollo propuso una drástica reforma pensional. Pero ¿qué tan conveniente y factible es la propuesta?

Jorge Armando Rodríguez*

La propuesta de Fedesarrollo

En un documento titulado Reformas para una Colombia post-Covid-19, Fedesarrollo propuso un nuevo plan de reforma pensional.

La propuesta pretende reemplazar el sistema actual por otro de tres “pilares”: un primer pilar de cobertura universal, no contributivo, que proporcionaría un ingreso básico; un segundo pilar de ahorro individual organizado por empresa, empleador o por rama de actividad económica, de membresía cuasi obligatoria; y un tercer pilar de ahorro individual voluntario.

La propuesta de Fedesarrollo ayudaría a combatir la pobreza monetaria en la vejez, a través del primer pilar y gracias a los aportes del presupuesto nacional. Pero, debido a las características y limitaciones del segundo pilar y a los rasgos de la economía colombiana, probablemente no se asegurarían la continuidad y la estabilidad en los niveles de ingreso y consumo de los jubilados.

Existen alternativas más promisorias: cualquier régimen pensional del segundo pilar debería proveer beneficios definidos, o un nivel de pensión más o menos cierto, usualmente liquidado sobre la base del historial de remuneraciones del trabajador.

Foto: Pixabay - Un piso de protección que sea tres veces la línea de la pobreza es la propuesta de Fedesarrollo.

Lea en Razón Pública: La reforma pensional que Duque dijo que no, pero al fin sí

Los tres pilares

Según la propuesta de Fedesarrollo, el primer pilar entregaría un ingreso básico a todos los adultos de 65 o más años equivalente a “3 veces la línea de pobreza extrema (aproximadamente medio salario mínimo)”. Dejando de lado algunos tecnicismos jurídicos, esa sería la pensión mínima.

Al tenor de la Constitución, la universalidad en la cobertura debería ser un propósito central de cualquier reforma pensional. Por eso este proyecto de ingreso básico iría en la dirección correcta; la única condición de elegibilidad es un criterio de residencia en el país (mínimo treinta años), un ingrediente que ya está presente en los sistemas pensionales de países como Nueva Zelanda.

La propuesta pretende reemplazar el sistema actual por otro de tres “pilares”

Pero un punto de grandes implicaciones socioeconómicas es cuál debe ser la cuantía del ingreso básico, en términos de suficiencia del beneficio, de racionalidad económica y de sostenibilidad fiscal.

Por encima del ingreso de subsistencia que ofrecería el primer pilar, se ubicaría un segundo pilar que tendría un carácter contributivo. Sin embargo, las contribuciones no se canalizarían hacia un fondo colectivo que asegure una pensión fija (como hoy hace Colpensiones), sino que operarían bajo el sistema de “capitalización individual”, en el que cada trabajador ahorra para su propia pensión.

En este segundo pilar “las empresas y trabajadores quedarían en libertad de escoger un programa de ahorro para la vejez ofrecido por una entidad financiera autorizada”. Los nuevos trabajadores de la empresa quedarían adscritos al programa de ahorro, aunque anualmente podrían pedir ser excluidos del mismo.

El tercer pilar ya no dependería de la empresa, sino que las personas podrían cotizar una suma adicional para obtener una pensión superior a la que le darían los dos pilares anteriores. Es un seguro privado, voluntario y sin ningún elemento de solidaridad o de financiamiento colectivo.

El modelo holandés

Aunque Holanda sirve de referente para la propuesta de Fedesarrollo, su proyecto deja de lado un par de rasgos cruciales del sistema holandés que podrían resultar provechosos para Colombia.

La mayoría de los trabajadores holandeses (cerca al 95 % en 2019) están afiliados a los fondos de pensiones ocupacionales, con frecuencia organizados por actividad económica. Esos fondos ofrecen beneficios predefinidos a los jubilados con “una tasa neta de reemplazo del 80 % del salario promedio del trabajador a lo largo de su vida laboral”, según la OCDE. Dicho de modo más simple: la pensión asegurada cubre el 80% del salario o ingreso promedio que tenía el trabajador.

En contraste, los fondos de pensiones privados colombianos ofrecen beneficios no definidos, mucho más inciertos, en donde el monto de la pensión depende del manejo del portafolio financiero por parte de sus administradores, de los vaivenes de las tasas de retorno y de los costos de administración.

Además, en Holanda las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son entidades sin ánimo de lucro, mientras que sus contrapartes colombianas son sociedades anónimas con ánimo de lucro.

Debido en parte a la longevidad de los holandeses, está en curso allí una reforma pensional que podría dar al traste con la preponderancia de los beneficios definidos en favor de las contribuciones definidas (o sea que la gente sigue cotizando, pero el valor de su pensión futura sería más incierto).

Los fondos de pensiones privados colombianos ofrecen beneficios no definidos, mucho más inciertos que los holandeses, en donde el monto de la pensión depende del manejo del portafolio financiero

Con todo, cabe preguntarse por qué las propuestas de establecer un régimen de ahorro individual como segundo pilar del sistema pensional colombiano no abogan también por otorgar beneficios definidos a los jubilados, diseñados para ser sostenibles y suficientes.

Si las tasas de retorno obtenidas por los Fondos Privados de Pensiones son tan altas y duraderas (se habla de 8 % real en promedio anual) y si en verdad los costos de administración son moderados o bajos, como pregona Asofondos (el gremio de las AFP), deberían poder garantizarse los beneficios sin la necesidad de subsidios estatales. En la actualidad, tanto el régimen público como el privado reciben subsidios del Estado.

Una razón de ser del sistema pensional es permitir a los trabajadores sufragar un nivel de consumo estable a lo largo de su vida. De ahí que son los promotores del régimen de capitalización individual quienes deben demostrar el porqué no es conveniente garantizar pensiones definidas.

Bemoles del ingreso básico

Un punto crítico que debe discutirse es la cuantía del ingreso básico.

Hoy en día, el programa Colombia Mayor otorga un subsidio magro de apenas media línea de pobreza extrema. Asofondos defiende un subsidio equivalente a 2,4 líneas de pobreza extrema, para ponerlo en términos comparables con la propuesta de Fedesarrollo.

Según Asofondos, este subsidio haría las veces de pensión mínima y sería financiado por los afiliados al sistema pensional con cierta capacidad de pago (Fondo de Solidaridad Pensional) y por el presupuesto nacional.

El ingreso básico propuesto por Fedesarrollo implicaría una mejora significativa con respecto al de Colombia Mayor y sería algo más alto que el de la propuesta de Asofondos.

Además de consagrar la seguridad social como un derecho, la Constitución colombiana prescribe que “ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal (…)”. Pero en la práctica la mayoría de los trabajadores no se pensiona.

Debido a que recibe ingresos inferiores al mínimo legal en empleos inestables, la mayoría de los trabajadores en Colombia no puede satisfacer los requisitos mínimos de cuantía y duración de las cotizaciones

Para remediar la situación, Fedesarrollo recomienda ajustar a la baja la aspiración constitucional atinente al piso pensional, desligando el ingreso básico del salario mínimo legal. De cualquier modo, no luce suficiente esperar a que el Estado haga cumplir la legislación actual sobre el salario mínimo o a que los empleos estables sean la regla.

Le recomendamos: Renta básica universal: aprendizajes de la COVID-19

Costos de la reforma

Además de su efecto en términos de reducción de la pobreza, el ingreso básico tendría un efecto positivo sobre la demanda agregada que contribuiría a reactivar la economía después de la pandemia.

“El ingreso básico universal para los adultos mayores tiene un costo inicial equivalente a 1,9 % del PIB”, estima Fedesarrollo.

En principio, el ingreso básico podría ser más generoso (un grupo de senadores propone un monto igual al salario mínimo) o tacaño (como los $ 80.000 que hoy otorga Colombia Mayor), pero no debe perderse de vista que cada propuesta encierra una valoración sobre cuánto deben aportar los contribuyentes a través del presupuesto nacional para universalizar un piso pensional determinado.

Tampoco deben perderse de vista las consecuencias eventuales del ingreso básico sobre la contratación laboral. Si dicho ingreso es equivalente al salario mínimo legal, ¿cuál sería el incentivo para que las personas busquen empleos donde solo obtendrían ese salario mínimo?

La propuesta de Fedesarrollo implica marchitar el régimen de reparto, administrado por Colpensiones. Con ello se perdería su ventaja principal: las pensiones o beneficios definidos. Por esta razón, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Banco Mundial son partidarios de preservar el régimen de reparto como segundo pilar del sistema pensional.

En el caso colombiano, la concesión de subsidios regresivos a través de Colpensiones y los regímenes especiales es injusta y no se puede mantener debido a su alto costo para el fisco.

Además de corregir este problema, la sostenibilidad del sistema pensional implicará aumentar la edad de jubilación debido al aumento de la esperanza de vida en Colombia, así como ajustar algunos otros parámetros.

La propuesta de Fedesarrollo implica marchitar el régimen de reparto, administrado por Colpensiones

Una reforma alternativa consistiría en que, como regla general del sistema pensional, los beneficios o pensiones definidas se otorgaran de manera automática, si el afiliado no elige otra opción. Incluso en el régimen de capitalización individual, propiciar que los jubilados mantengan un ingreso y consumo suficientes y estables durante su vida debe ser un propósito prioritario.

De otra manera, en lo concerniente al segundo pilar, ¿conviene pagar los costos asociados a la reforma, entre ellos el costo fiscal resultante del marchitamiento del régimen de reparto administrado por Colpensiones? Hay buenas razones para dudarlo.

0 comentarios

Jorge Armando Rodríguez

Escrito por:

Jorge Armando Rodríguez

*Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.

Compartir:

Firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP.

Jorge Armando RodríguezEl gobierno excluyó de su proyecto la propuesta principal de la Misión Electoral, y por eso hay que insistir en su importancia. El hecho es innegable: muchos departamentos carecen de una voz en el Congreso. ¿Por qué y cómo remediar el desbalance? 

Jorge Armando Rodríguez*

Continue reading «La representación territorial en el Congreso, clave para la paz y la descentralización»

0 comentarios

Jorge Armando Rodríguez

Escrito por:

Jorge Armando Rodríguez

*Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.

Compartir:

Firma de los Acuerdos de Paz con las FARC-EP.

Jorge Armando RodríguezEl gobierno excluyó de su proyecto la propuesta principal de la Misión Electoral, y por eso hay que insistir en su importancia. El hecho es innegable: muchos departamentos carecen de una voz en el Congreso. ¿Por qué y cómo remediar el desbalance? 

Jorge Armando Rodríguez*

Continue reading «La representación territorial en el Congreso, clave para la paz y la descentralización»

0 comentarios

Jorge Armando Rodríguez

Escrito por:

Jorge Armando Rodríguez

*Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.

Compartir:

Miembros de la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad Tributaria.

Jorge Armando RodriguezJavier AvilaParece haber consenso sobre la necesidad de la reforma. ¿Pero son convenientes las propuestas de la Comisión de Expertos? ¿Es este el momento adecuado para hacer estos cambios?

Jorge Armando Rodríguez* –     Javier Ávila Mahecha **

Continue reading «Reforma tributaria estructural: propuestas al banquillo»

0 comentarios

Jorge Armando Rodríguez

Escrito por:

Jorge Armando Rodríguez

*Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.

Compartir:

Jorge_Armando_Rodriguez_RazonPublicaEl proyecto de reforma tributaria olvida corregir las desigualdades existentes entre los trabajadores y los propietarios de capital.

Jorge Armando Rodríguez *

Continue reading «El impuesto sobre la renta: cargas mal repartidas»

0 comentarios

Jorge Armando Rodríguez

Escrito por:

Jorge Armando Rodríguez

*Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.

Compartir:

Jorge Armando RodrguezLa presión estudiantil logró que el Gobierno retirara, en principio, el proyecto de reforma radicado ante el Congreso. Mejor el régimen actual que adoptar la propuesta del gobierno, y mejor todavía un sistema que evite el despilfarro pero nos asegure cobertura, calidad y claridad.

Jorge Armando Rodríguez*

Continue reading «Educación superior pública: alternativas de financiación frente a la Ley 30 y al proyecto Santos»

0 comentarios

Jorge Armando Rodríguez

Escrito por:

Jorge Armando Rodríguez

*Profesor de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.

ISSN 2145-0439

Razonpublica.com se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported. Basada en una obra en razonpublica.com.