El gran mito económico

En el bestseller El Mito del Défict de Stephanie Kelton, hay un capítulo sumamente relevante para la discusión sobre la reforma tributaria presentada por el gobierno de Duque bajo el eufemismo “Ley de Solidaridad Sostenible”.

“Los déficits que importan”, el capítulo al que me refiero trata de los déficits de recursos reales que sufren los países. Muchos análisis de la fallida reforma se basan en el mito según el cual la economía de los Estados funciona como la economía de los hogares: ambos tienen que recaudar dinero (impuestos) para poder pagar sus obligaciones (en el c aso del Estado hablamos de pago de funcionarios, seguridad social, etc.).

La realidad dista bastante de ese mito, pues un Estado con soberanía monetaria como Colombia –que cuenta con una moneda de circulación obligatoria y una tasa de cambio flexible– no tiene las mismas limitaciones presupuestales que una familia cuando debe pagar deudas denominadas en su propia moneda.

La verdadera limitación que tienen los Estados es la falta de recursos reales para atender el gasto público.

La teoría llamada “chartalista” del dinero que Keynes acuñó hace más de 90 años en el Tratado sobre la moneda postula que, además de establecer los impuestos que la población debe pagar, los Estados pueden determinar en qué unidad de cuenta deben ser pagados, es decir, que los Estados pueden decidir en qué moneda se pagan los impuestos.

En ese orden de ideas, el Estado no pretende financiar sus gastos con la moneda que él define, sino generar demanda para su moneda. En otras palabras, el Estado no recoge impuestos para financiar sus gastos. Los impuestos recogidos cumplen otras funciones.

En la década de 1940, durante la guerra, los economistas aprendieron dos lecciones que muchos de sus colegas colombianos han olvidado:

• Los impuestos no son la principal fuente de financiación para los Estados con soberanía monetaria;
• El déficit fiscal estimula el crecimiento de la economía.

En 1942, Alvin Hansen señaló que los impuestos cumplían dos funciones: (a) controlar la inflación atribuible a los excesos de demanda y (b) regular la distribución del ingreso. Cuatro años después, Beardsley Ruml propuso dos razones más para justificar los impuestos: se necesitan para incentivar o desincentivar actividades o comportamientos sociales y para expresar el valor de las inversiones realizadas por el Estado.

Ninguna de estas razones tiene que ver con la financiación del gasto público, pues únicamente los “Estados locales” -como gobernaciones de ciudades y municipios- necesitan impuestos para financiar sus gastos porque no emiten su propia moneda.

El miedo injustificado al déficit fiscal

La perspectiva ortodoxa supone que todo déficit fiscal es indeseable excepto en algunas situaciones de crisis. Así mismo propone que los Estados deben aspirar a un balance fiscal, es decir procurar que el gasto público (G) sea equivalente a los impuestos recogidos (T) o, de ser posible, que los impuestos superen el gasto público (superávit).

Esos postulados olvidan que:

• Los impuestos son producto de la situación económica y no al revés;
• La ecuación básica de la macroeconomía es una identidad contable donde la suma de los balances de los tres sectores que la componen (sector público, sector privado y sector externo) debe ser cero.

Por consiguiente, es imposible que todos los sectores tengan un superávit al mismo tiempo: si un sector cuenta con un superávit, al menos uno de los otros dos debe estar en déficit. Se trata de un principio fundamental que demostró Winey Godley en 1970—y que también ha sido olvidado por muchos economistas colombianos-.

Para entender lo anterior, la profesora Kelton usa el ejemplo del sube y baja que divierte a los niños en un parque: cuando sus pesos son iguales, el sube y baja debería permanecer en posición completamente horizontal.

Si se siguen las “finanzas sanas”, gasto público igual a impuestos recaudados, para que el sector privado tenga un superávit, la ecuación básica implica que sector externo se encuentre en déficit (Grafica 1).

El problema radica en que el sector externo está fuera del control del gobierno colombiano, y un gobierno que depende de las decisiones de otros países para garantizar el bienestar de su población no es más que una colonia.

Gráfica 1

Inclusive si aceptamos que debemos perseguir unas “finanzas sanas” como dice la ortodoxia, el miedo al déficit fiscal hace evidente que muchos economistas no entienden cómo funciona la contabilidad estatal. Olvidan que las inversiones de los Estados se descuentan apenas se realizan, pero las empresas del sector privado distribuyen el costo de las inversiones durante varios meses o incluso años, pues de lo contrario serían inviables.

En The Debt and the Deficit , Robert Heilbroner y Peter Bernstein proponen que el déficit del sector público debería verse como un activo para el gobierno y muestran que, en realidad, no es pagado por las futuras generaciones que se benefician de las inversiones (déficits) realizadas por el Estado.

La forma como muchos economistas contabilizan el gasto del Estado en bienes de capital hace que sobreestimemos el peso del déficit en la economía. En realidad, el déficit público puede ser visto como un activo que beneficia al sector público y a las generaciones venideras.

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Los déficits que importan

La pandemia ha puesto en evidencia que, como muchos países, Colombia presenta déficits que, a diferencia del déficit fiscal, son verdaderamente preocupantes.

En el sector de la salud hay un déficit severo y además exacerbado por las políticas pro-mercado. También tenemos déficits en materia ambiental, de educación, de empleo, de infraestructura vial, de acueductos, de viviendas dignas (Cuadro 1).

Cuadro 1

Durante décadas, el gobierno ha optado por políticas austeras que, según la perspectiva ortodoxa, serían suficientes para superar estos déficits.

La realidad muestra que no lo han sido. Es hora de tomar otro camino.

Como si fuera poco, Colombia tiene un déficit de ahorro en el sector privado desde 2002, cuando Uribe llegó a la presidencia. Este déficit podría desembocar en una crisis del sistema financiero.

Grafica 2.

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La reforma que no fue

La reforma presentada por el gobierno Duque se basaba en el mito de que los impuestos financian al Estado, y en la idea de que las políticas de austeridad siempre son la mejor alternativa. Además, aspectos fundamentales como la simplificación del sistema impositivo y la necesidad de mejorar el sistema de recaudo eran abordados de forma confusa.

En últimas, el principal objetivo de la reforma era recaudar ingresos bajo supuestos equivocados que difícilmente llevarán al país a crecer más, reducir la pobreza y el déficit fiscal, pues como vimos, es imposible que haya un superávit en los tres sectores económicos al mismo tiempo.

Para lograrlo, la reforma proponía aumentar los impuestos regresivos de la canasta de consumo y mejorar la distribución a través de una renta básica “financiada” por los impuestos recaudados. Estas propuestas ignoran que el gobierno colombiano no tiene ninguna limitación presupuestaria para sus gastos en pesos. Lo verdaderamente importante es saber cómo se está destinando el presupuesto nacional, algo que pocos políticos y economistas han solicitado.

En síntesis, la reforma le daba la bienvenida a la austeridad y le decía adiós a la recuperación económica, ecológica y social de la nación. Sin duda es una buena noticia que el paro la haya tumbado.