La democracia ultra presidencial y elitista es la fuente de muchos de nuestros problemas. Cómo funciona esa democracia y cómo podríamos tener una que sea ciudadana.
Shameel Thahir Silva*
¿Quién es Roy Barreras?
Roy Barreras es un politiquero profesional. Una expresión viva del sistema político colombiano.
Su figura ilustra el por qué resulta tan difícil cambiar ese sistema. Barreras fue el autor de una propuesta de reforma política que el presidente Petro rechazó, precisamente por la audacia y sagacidad que Barreras demostró al maniobrar en las difíciles aguas de la política colombiana.
Barreras tiene la mira puesta en suceder a Gustavo Petro en la presidencia. Fue más astuto que otros al anticipar la posibilidad de convertirse en presidente, y rápidamente consolidó una alianza política. Petro sabía ─y aún sabe─ que no podía alcanzar la Presidencia sin recurrir a la politiquería tradicional.
Existe un obvio acuerdo tácito entre Roy y Petro: Roy, como presidente del Congreso, se comprometió a impulsar las reformas estratégicas de Petro durante el primer año, y Petro no se opondrá a que Barreras se convierta en un sucesor viable dentro de las reglas del Pacto Histórico. Hasta ahora, Roy ha cumplido con su parte en el acuerdo al apoyar la reforma tributaria.
El principal obstáculo para Barreras es que Petro tiene líneas rojas relacionadas con su legado histórico, líneas que no está dispuesto a ceder, pese a su pragmatismo político y a sus alianzas poco convencionales.
En un esfuerzo por diferenciarse del presidente, en 2023 Barreras propició una campaña mediática de críticas tempranas contra el proyecto de reforma de la salud, una bandera central para el gobierno.
Barreras tiene la mira puesta en suceder a Gustavo Petro en la presidencia. Fue más astuto que otros al anticipar la posibilidad de convertirse en presidente, y rápidamente consolidó una alianza política. Petro sabía ─y aún sabe─ que no podía alcanzar la Presidencia sin recurrir a la politiquería tradicional.
En una entrevista con Coronell, Petro expresó abiertamente su disgusto con Barreras. Poco después retiró su apoyo a la reforma política que Roy había impulsado en el Congreso y que pretendía consolidar su propia fuerza electoral de cara a las elecciones regionales de este año y establecer una base sólida para su eventual candidatura presidencial.
La idea era ganar una representación alta en las elecciones y obtener un puesto como ministro de Estado sin perder la posibilidad de volver a ocupar un escaño en el Congreso. Desde allí planeaba organizarse para suceder a Petro en las presidenciales de 2026.
Sin embargo, Gustavo le dejó claro que de no comprometerse con las reformas que deben ser aprobadas este año en el Congreso, no dudará en obstaculizar sus ambiciones personales de llegar a la Presidencia.

¿Qué democracia? ¿Qué política?
Durante su campaña presidencial, Petro fue criticado por afirmar que en Colombia no existe una verdadera democracia. Esta crítica se basa en que el poder mediático ha impuesto la idea de que la democracia se limita a celebrar elecciones regulares, pese al conflicto armado, el clientelismo, la corrupción, las mafias y la falta de legitimidad de las instituciones de representación y del poder del Estado.
En la Ciencia Política no existe una definición única de democracia, así como no hay una definición única de política. Para las discusiones sobre la reforma política necesaria en Colombia, es importante diferenciar entre aquello que se conoce en la academia como democracia sustantiva y democracia procedimental, tomando en cuenta las tensiones entre representatividad y participación.
Para explicarlo de forma sencilla, la democracia procedimental es exactamente lo que el poder mediático en Colombia ha impuesto a la opinión como la definición de democracia: las elecciones regulares, sin importar los resultados prácticos, políticos, sociales y culturales para las personas que habitan en Colombia.
Por otro lado, la democracia sustantiva toma en cuenta los resultados que esos procedimientos tienen para la sociedad. Un país es verdaderamente democrático si, a través de procedimientos democráticos, se logra una sociedad más justa, digna y equitativa.
Como ocurre con cualquier diseño institucional que crea en la promesa de la soberanía del pueblo, el propósito es facilitar las conversaciones públicas importantes que cada sociedad debe tener. Lamentablemente, aún no estamos viendo que eso suceda con el sistema que tenemos actualmente.
En este debate sobre la democracia y la política, es fundamental entender que los partidos políticos han sido históricamente las organizaciones que representan los intereses ideológicos, económicos, culturales, sociales y de poder de los distintos sectores sociales.
Los partidos políticos deben ser un reflejo de las sociedades que pretenden representar. Sin embargo, en la actualidad, las sociedades son tan diversas y fragmentadas que están evolucionando hacia partidos-movimiento que no se adhieren a ideologías fijas o intereses fácilmente atribuibles a sectores con una identidad de clase clara.
Debido a este problema con los partidos políticos, algunos creen que debemos acentuar los mecanismos de democracia participativa (referendos, consultas populares…), y así dar legitimidad en las instituciones. Pero esto no es conveniente para quienes han monopolizado la representación política, como se ve por ejemplo en las críticas de Germán Vargas Lleras al mecanismo de las consultas previas.
La Constitución de 1991 y las reformas posteriores
Durante gran parte de nuestra historia republicana, los dos partidos predominantes han sido el Liberal y el Conservador. Debido a las influencias culturales de las elites hispánicas y a las herencias de las guerras de independencia, estos partidos siempre han considerado la violencia como un medio legítimo para resolver diferencias políticas.
Estos partidos han construido un sistema político muy excluyente y ultra presidencialista que les ha permitido, a través de sistemas como el Frente Nacional (1958-1974), repartirse el poder del Estado, y consolidar sus privilegios económicos, sociales y culturales.
Si estoy de acuerdo con aquellos que defienden la Constitución de 1991, es porque fue el primer modelo constitucional en nuestra historia republicana que fue consensuado por la mayoría de los sujetos políticos de la sociedad de esa época.
Gracias a la Constitución de 1991, los partidos políticos tradicionales reconocieron la circunscripción nacional para el Senado de la República. Esto permitió romper los dominios regionales de ciertos cacicazgos que se habían consolidado desde los tiempos del Frente Nacional.
Esto a su vez catapultó a ciertos líderes de opinión en la escena político electoral, sin importar el clientelismo que aún nos afecta. Sin embargo, a la Constitución le faltó énfasis en los escenarios regionales y locales, dejando promesas inconclusas que solo fueron resueltas con el impulso del Acuerdo de La Habana, como fue el caso del Estatuto de la Oposición.
Después de 1991, el gobierno de Uribe (2002-2010) llevo a a cabo una serie de reformas que logaron resolver un problema clásico de ingobernabilidad: la multiplicidad de partidos políticos que para 2003 alcanzaba los 63. Esta premisa falsa, en un escenario clientelista y corrupto, sostenía que, a mayor cantidad de partidos, mayor diversidad representativa y participativa.
Impulsado por el Partido Conservador, que pretendía retomar, se adoptó una reforma política que condicionó la personería jurídica de los partidos a conseguir un cierto número de votos en relación con el censo electoral del momento. En un principio fue del 2%, y posteriormente se elevó al actual 3%.
Es importante destacar que esta reforma hizo que la Unión Patriótica perdiera su personería jurídica, no porque no convenciera al electorado, sino debido al genocidio del que fue víctima.
La exigencia del umbral disminuyó el número de partidos y permitió que reaparecieran los partidos Conservador, Liberal y de la U, creado por Uribe para consolidar su legado. Este último partido recibió el apoyo de caciques regionales como Roy Barreras y Dilian Francisca Toro, así como de representantes de las familias que han controlado el poder del Estado, como Juan Manuel Santos.
También surgieron nuevos partidos, como Cambio Radical, que siguiendo las claves del Partido de la U, hoy en día es liderado por Germán Vargas Lleras y la familia Char.
Durante los últimos años, como fruto de sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado colombiano fue obligado a restablecer la personería jurídica de la Unión Patriótica.
Es particularmente importante exigir a los partidos la adopción de procedimientos democráticos internos para escoger sus candidatos a cargos de representación. Sin embargo, lamentablemente, la mayoría de los partidos, ya sean de izquierda o de derecha, no parecen estar dispuestos a aceptar esta obligación.
Sin embargo, a raíz de esta decisión judicial y como consecuencia de la victoria de Petro en las presidenciales, se está llevando a cabo una reforma política «por la puerta de atrás», a través del Consejo Nacional Electoral, una institución que está capturada por la politiquería tradicional.
Esta reforma ha resultado en la existencia de casi 40 personerías jurídicas diferentes, las cuales no responden a criterios de umbral, pero que sí dividen los esfuerzos populares para conseguir espacios de representación. Esto ha llevado a ejercicios de unidad similares al Pacto Histórico.
Conclusiones
No hay un modelo perfecto de reforma política, ya que los sistemas políticos están en constante evolución en respuesta a las luchas de poder de las sociedades.
Lo notable de la victoria de Gustavo Petro y Francia Márquez, junto a su bancada mayoritaria en el Congreso, es que lograron competir y triunfar bajo las reglas establecidas por las élites. Sin embargo, ahora el reto será cambiar esas reglas desde una posición de poder.
Es particularmente importante exigir a los partidos la adopción de procedimientos democráticos internos para escoger sus candidatos a cargos de representación. Sin embargo, lamentablemente, la mayoría de los partidos, ya sean de izquierda o de derecha, no parecen estar dispuestos a aceptar esta obligación.
Así, hay que entender que más allá de modificar las normas ─que es importante, pero no suficiente─, lo crucial es una cultura de participación y democracia. Deben ser las fuerzas vivas de la sociedad quienes moldeen las instituciones en vez de las elites. Se deben tomar las medidas necesarias para eliminar la violencia como medio para resolver los conflictos, y esa sería una reforma política histórica.