La verdad incómoda detrás de la reforma política

La reforma política presentada por el gobierno Petro ha encendido el debate nacional. Mientras la oposición la tacha de peligrosa se esconden tras bastidores los verdaderos intereses que defienden.

La lucha de Paloma Valencia

El gobierno de Gustavo Petro acaba de presentar un nuevo intento de reforma política al Congreso de la República. Inmediatamente, desde las diferentes facetas de la oposición —sea mediática o partidaria— surgieron calificativos que tildan la propuesta de desastrosa para el país.

Una de las principales portavoces es la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien alega que la financiación estatal de las campañas electorales someterá a los partidos al Ministerio de Hacienda, coartando su libertad.

Al revisar, en lo reportado oficialmente por la senadora al CNE, quiénes financiaron la última campaña de Valencia al Congreso de la República, destaca una donación cuantiosa de RCN. Con sus 50 millones de pesos, aseguran que Valencia se vea inclinada aparentemente a defender los intereses de la familia Ardila Lulle. Esto incluye sectores como el acaparamiento de tierras en el Valle del Cauca para la agroindustria de la caña, la oposición a impuestos a las bebidas azucaradas, y el control de la pauta oficial y del monopolio del espectro y la opinión publicada. No solo con el noticiero sino con canales deportivos y emisoras angulares de la oposición, como la que dirige Luis Carlos Vélez sin ninguna clase de parámetro periodístico serio.

Otro de los financiadores de la senadora fue Juan Guillermo González Rodríguez, quien le donó $9 000 000, siendo socio y representante legal de CNG SAS, presuntamente le devolvió el favor a la senadora, ya que en el periodo anterior su empresa tuvo un contrato de $40 000 000 con el Congreso de la República para brindar apoyo a la Comisión de Instrucción de la que ella hacia parte, junto a otros dos congresistas del Centro Democrático. (Ver “Paloma Valencia: la carta actual de una familia con tradición política) 

La Fundación de la familia Echavarría, dueña de la Organización Corona, también aportó $15 000 000. Esta fundación ha financiado campañas de figuras que hoy son oposición al gobierno Petro, como Carlos Fernando Galán, Enrique Peñalosa y Angélica Lozano.

Esa es la libertad que Paloma quiere defender, la de los verdaderos dueños del país, teniendo en cuenta también que ella es una hija de esa elite y por eso le podría dar pavor la idea de que la financiación de las campañas sea 100 % publica.

Lo que cambiaría la reforma

La reforma propone crear un registro nacional de proveedores electorales que obligará a que las campañas adquieran sus necesidades logísticas solo de proveedores registrados, lo que dificultará muchísimo la entrada de dineros de las mafias del multicrimen que, como sabemos, en muchos casos están articuladas con las de los contratistas, que terminan en el círculo vicioso del clientelismo autoritario.

Esto ocurre hoy con la triada Char-Daes-Gerlein en el Atlántico, caso que se replica en cada región del país, donde diversos estudios han identificado las tristemente llamadas “casas políticas”. La misma senadora Valencia hace parte de una que ha dominado la discusión pública en el departamento del Cauca, prácticamente desde el periodo colonial.

La composición actual del Congreso

De 14 curules obtenidas en el Senado por el Centro Democrático, solo 5 son mujeres, lo que tiene sentido cuando uno revisa la lista que compitió en las elecciones y más del 60 % eran hombres que habían ocupado algún cargo público o de representación en el Estado. 

En contraste, la bancada mayoritaria, que es la del Pacto Histórico, tiene 10 senadores y 10 senadoras, garantizando la representación paritaria. Esto se da porque tomaron la decisión política coherente con sus ideas y programa de que su lista no solo fuera cerrada sino también cremallera, permitiendo jalonar para todo el Congreso una mayor presencia de mujeres, jóvenes, afros e indígenas.

Esta es la primera vez que el Centro Democrático usa el mecanismo de lista abierta, ya que no tenían la opción de tener a la cabeza al “amado líder” para que, con su capital electoral, empujara la lista y metiera a muchos que sin su sombra nunca hubieran ocupado estos espacios. 

La reforma política propuesta por el gobierno busca precisamente que los partidos sean organizaciones que expresen cohesión programática más allá de liderazgos particulares, lo cual es una necesidad pedida a gritos para quienes creemos en las bondades de la democracia liberal. Parte de esta pretensión se logra al hacer obligatoria las listas cerradas y cremallera como la que presento el Pacto Histórico en las últimas elecciones.

El CNE en la reforma

Otra cosa que hizo el Centro Democrático es usar su peso en el Congreso para definir que Álvaro Hernán Prada, que había sido congresista de ese partido en el periodo anterior, terminara como uno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) que hoy está adelantando investigaciones que rayan con las fronteras de sus funciones frente a la campaña presidencial de Gustavo Petro (Ver  “Conclave del uribismo para definir si Prada va al CNE)

Esta también fue una jugada para protegerlo de la resolución de acusación que ya había expedido la Corte Suprema de Justicia, en donde se le investiga por manipulación de testigos, en el mismo proceso que se le adelanta a Álvaro Uribe Vélez, por instrucción de este amado líder.

Es interesante cómo el magistrado Prada solo ha fallado a favor de la revocatoria de mandato en el 10 % de los casos, cuando los procesos son de candidatos del Centro Democrático, mientras que, cuando le asignaron casos del Pacto Histórico, falló a favor de la revocatoria en el 66 % de los casos. Dato para quienes siguen creyendo en la objetividad y los fallos en derecho del actual CNE (Revisar el trabajo de investigación de Cuestión Pública “Angelitos de la guarda en el CNE).

Lo que propone la reforma política no es un capricho del gobierno Petro, sino que responde a recomendaciones dadas por la Misión de Observación Electoral desde el 2017, a propósito de lo discutido desde la Habana entre el gobierno Santos y las FARC en su momento. Esto es que el CNE sea una institución autónoma del poder legislativo y su correlación de fuerzas. 

Que sus magistrados los escojan las otras cortes a partir de una lista de preseleccionados que lleguen ahí por sus méritos y que sus periodos sean de 6 años para que no respondan a los ciclos electorales del gobierno-congreso. 

Todo lo anterior impediría que se repitieran jugadas como las que hizo el Centro Democrático con Álvaro Hernán Prada, permitiendo que las investigaciones del CNE se den con total autonomía a las campañas de todos los partidos, sin preferencias o sesgos como los que ha demostrado Prada hasta ahora.

Es muy probable que esta reforma política se hunda en el filibusterismo parlamentario que ha caracterizado a la oposición al gobierno de Petro en los últimos dos años. 

Apelarán a los mismos argumentos de siempre, atentando a la democracia y a la libertad, pero detrás de eso están, como no podría ser de otra manera, los intereses que defienden y que hoy están amenazados porque perdieron la institución más importante del andamiaje estatal: la presidencia. La cual creen que recuperarán en el 2026 si continúan su plan de hacer inviable la república.

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