Andrés López Restrepo, autor en Razón Pública
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La Comisión Global de Drogas ha abanderado la lucha contra el prohibicionismo, pero su informe sobre Colombia es muy poco convincente. Cómo entonces avanzar en el proceso.

Andrés López Restrepo*

La Comisión y su informe

Hace unos días la Comisión Global de Política de Drogas presentó el informe “La política de drogas en Colombia: El camino a una regulación justa”.

Esta Comisión existe desde 2011 y está integrada por 26 personalidades de la política mundial, entre ellos dos expresidentes colombianos: César Gaviria y Juan Manuel Santos. Su propósito es defender políticas distintas del prohibicionismo imperante en materia de drogas, basadas en evidencia científica y que consideren los derechos humanos, la salud pública y la seguridad.

Su último informe se ocupa del caso colombiano, la segunda vez que se concentra en la situación de un único país, después de su informe de 2017 sobre la crisis de los opioides en Estados Unidos.

Es de aplaudir la intervención de la Comisión Global en el momento que vive Colombia. Durante cuatro años, entre 2018 y 2022, el gobierno Duque adelantó una política represiva cuyo centro fue la erradicación forzosa de cultivos. El resultado fue un fracaso rotundo: los cultivos de coca llegaron a las 204 mil hectáreas en el 2021, un 43 % más que en el año inmediatamente anterior.

Se impone concluir entonces que la coca legal debe ser consumida de manera directa o ser usada en la elaboración de productos legales. Un hecho que tampoco es viable, pues como no parece posible que de un momento a otro un gran número de colombianos se dedique a mascar coca, habría que emplear la hoja como insumo de productos legales.

El gobierno Petro ha demostrado desde el primer día su intención de cambiar la política de las drogas, y el informe ve la luz en el momento más oportuno para influir sobre esa política. Pero los argumentos de la Comisión dependen de la ocurrencia de un hecho muy poco factible, lo cual condena toda su propuesta a la irrelevancia.
Foto: Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias - Aunque las alternativas económicas no son tan rentables como el cultivo de hoja de coca, la paz debería ser un argumento disuasivo.

Le recomendamos: ¿Cómo resolver el problema de las drogas en Colombia?

Las propuestas

Tras criticar las políticas colombianas de drogas desde la década de 1970, la Comisión hace cinco recomendaciones, en su orden:

  • regulación legal de las drogas;
  • fundamentar la política de drogas en los derechos humanos;
  • despenalización de todas las actividades no violentas relacionadas con las drogas;
  • independizar la política de drogas de la agenda de seguridad, y
  • mejorar las instituciones nacionales encargadas de la política de drogas.

Las recomendaciones 2, 3, 4 y 5 son razonables y proporcionan elementos para una política de drogas racional y efectiva. En cambio, la primera es improbable y puede dar lugar a diversos problemas.

Las falacias

El informe de la Comisión define la regulación como un conjunto de normas jurídicas que rigen la producción, los productos, la disponibilidad y el mercadeo de determinada droga, según los riegos y necesidades del entorno.

También explica cuál debe ser el contenido de esa regulación en el caso de la coca: acabar con su prohibición de tal forma que se legalice la producción y comercialización de los productos que la usen como insumo.

El informe no plantea límites a la producción de coca, o sea que pretende que toda la hoja cultivada por los campesinos colombianos se destine a usos lícitos. Pero es bien sabido que la casi totalidad de la coca en Colombia sirve de insumo para producir cocaína con usos recreativos.

Existe un mercado legal de la cocaína con fines médicos, pero es pequeño y está muy regulado. A diferencia de lo que ocurre con el cannabis, no existe ningún movimiento social significativo que defienda la legalización de la cocaína recreativa. El tema no está presente en la agenda internacional, y si bien es deseable que Colombia auspicie alternativas a la prohibición en Naciones Unidas, su política de drogas no puede depender de esa contingencia.

Se impone concluir entonces que la coca legal debe ser consumida de manera directa o ser usada en la elaboración de productos legales. Un hecho que tampoco es viable, pues como no parece posible que de un momento a otro un gran número de colombianos se dedique a mascar coca, habría que emplear la hoja como insumo de productos legales. Existen esfuerzos muy loables de varios cocineros que han incorporado en sus recetas la hoja, pero en el mejor de los casos emplearían una parte muy pequeña de las 1.130.000 toneladas de hoja que Naciones Unidas estima se produjeron en Colombia el último año. Otra alternativa sería su uso como insumo en la fabricación de otros productos.

Es importante considerar el caso de Perú y Bolivia, que tienen una mayor experiencia en la exploración de usos legales de la hoja. Por un lado, pese a sus esfuerzos, el 95 % de la hoja peruana se destina a la producción de cocaína ilegal. En Bolivia, donde existe una tradición muy sólida de consumo de la hoja de coca y controles comunitarios sobre su producción, alrededor de la mitad de la hoja sirve de insumo para la industria ilegal de cocaína.

Aunque pusiese todo su empeño, lo más probable es que Colombia, donde el consumo de la hoja tiene poco arraigo, consiga un resultado más parecido al caso peruano que al boliviano.

Una opción que alguna vez sugirió Petro, antes de llegar a la presidencia, era comprar toda la producción de la hoja. Pero esto, además de convertirse en un estímulo no solo para mantener, sino aumentar los cultivos de coca a un costo fiscal que podría ser muy elevado, deja en manos del Estado colombiano cantidades crecientes de hoja que no tendrían uso alguno.

Todos los esfuerzos que se hagan por encontrar usos legales a la coca son valiosos. Sin embargo, es necesario reconocer que la legalización de la cocaína no es factible en el presente y es absurdo fundar una política sobre la esperanza de que ocurra en un futuro próximo. Tampoco es posible destinar a usos legales la coca y el Estado no puede comprometerse a adquirir toda la producción de la hoja.

Por otra parte, los colombianos sabemos muy bien que la mayor parte de la coca es usada por la industria de la cocaína, que hace parte de los mercados ilegales que alimentan las organizaciones criminales y generan violencia. En Colombia, esa violencia afecta incluso a los líderes locales y a los campesinos que defienden la sustitución de cultivos, por lo que es imperioso afrontar el problema de qué hacer con la coca.

Alterativas para una transición clave

En un artículo para el número actual de la revista El malpensante propongo un camino que evita los problemas de la propuesta de la Comisión Global y que recojo aquí en sus líneas principales.

Todos los esfuerzos que se hagan por encontrar usos legales a la coca son valiosos. Sin embargo, es necesario reconocer que la legalización de la cocaína no es factible en el presente y es absurdo fundar una política sobre la esperanza de que ocurra en un futuro próximo. Tampoco es posible destinar a usos legales la coca y el Estado no puede comprometerse a adquirir toda la producción de la hoja.

Lamentablemente, no existe alternativa a la eliminación de los cultivos de coca para romper el vínculo entre su cultivo y la violencia. No obstante, esta debe hacerse bajo dos condiciones:

1) su eliminación no debe producir más violencia ni violar los derechos humanos de los productores, y

2) es necesario apoyar a los cultivadores para que encuentren una forma de vida productiva y segura que no los tiente a volver a la coca.

El orden en que se realice la transición es clave. La eliminación de la coca sin alternativas económicas está condenada al fracaso. La objeción frente a esta idea es que no existe una actividad productiva legal que sea tan rentable como la coca. Sin embargo, la utilidad no es lo único que motiva al ser humano: la vida en paz y legalidad, aunque menos rentable, debe ser un disuasivo suficiente para hacer que muchos campesinos abandonen la coca.

Por otra parte, los grupos armados amenazan y asesinan a líderes sociales que han impulsado la sustitución de cultivos, haciendo muy difícil construir economías legales en zonas controladas por grupos armados y criminales.

Aunque la cuarta recomendación de la Comisión Global dice que la política de drogas debe ser independiente de la agenda de seguridad, esta debe ser precondición de la sustitución de cultivos y la iniciativa de Paz Total del gobierno apunta en este sentido. La paz y el desarrollo son lógicamente anteriores al fin de los cultivos. Conseguidas esas dos condiciones, la coca desaparecerá de muerte natural.

Es un proceso que tomará años, pero el país ya ha intentado erradicar la coca sin éxito durante décadas y puede darse el lujo de apostar a un proyecto distinto que incorpore efectivamente a los cultivadores a la legalidad y lo haga más productivo y democrático.

No es descartable que en un futuro la comunidad internacional decida legalizar la cocaína, lo que abriría nuevas oportunidades a los países productores. Pero, hasta entonces, Colombia debe actuar en el marco de las limitaciones que impone el régimen prohibicionista.

Puede leer: Elementos para una nueva política antidrogas

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Andrés López Restrepo

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Andrés López Restrepo

Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.

Foto: Librería FESCOL - Catálogo de pequeñas soluciones, escrito por Andrés Bemúdez y Juan Carlos Garzón.

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Andres Lopez Restrepo

El libro es un homenaje a la imaginación y empuje de las comunidades que dejan los cultivos ilícitos y descubren alternativas a la erradicación forzada.

Andrés López Restrepo *

Coca: «para un gran problema, pequeñas soluciones»

Colombia lleva décadas como el principal productor mundial de hoja de coca y de cocaína lista para exportar, y durante casi el mismo tiempo ha intentado sin éxito acabar con este cultivo, ya mediante campañas de sustitución voluntaria o erradicación forzada.

Como explica este libro recién publicado, después del café (932.000 ha), la coca es el cultivo que más tierra ocupa en Colombia (169.000 ha) y proporciona al menos parte del sustento de medio millón de colombianos. El catálogo de las pequeñas soluciones describe procesos adelantados por comunidades campesinas o étnicas y por empresas rurales que han intentado reemplazar los cultivos ilícitos por actividades económicas legales.

De entre cientos de historias comparables, los autores decidieron resaltar diez, que ya habían sido publicadas por Pacifista: «las experiencias publicadas en este libro forman parte del Proyecto Coca, un proyecto periodístico del medio digital Pacifista, y fueron publicadas entre 2017 y 2019».

Erradicación forzada y sustitución voluntaria: soluciones masivas

Colombia cuenta con dos herramientas para eliminar los cultivos ilícitos: la erradicación forzada —manual o aérea— y la sustitución voluntaria concertada con las comunidades.

La erradicación forzada es un instrumento puramente represivo; produce resultados inmediatos, pero su efecto desaparece una vez que los erradicadores abandonan la zona cocalera: los campesinos, sin opciones económicas, vuelven a sembrar coca. Por consiguiente, la erradicación forzada solo produce resultados duraderos mediante una represión intensa y sostenida sobre los cultivadores.

Pero es difícil mantener esa represión debido a que es incompatible con las instituciones democráticas y a que sus costos económicos aumentan hasta ser insostenibles. Además, como método de erradicación forzada, la aspersión aérea es nociva para la salud de los cultivadores, daña sus animales, cultivos legales y fuentes de agua.

La sustitución voluntaria también es costosa: se necesitan grandes inversiones para que los cultivadores tengan otras fuentes de ingreso. A diferencia de la erradicación forzada, sus costos disminuyen con el tiempo, a medida que se consolida un modelo económico distinto en las regiones donde antes se cultivaba coca.

Las dificultades con la sustitución concertada son de otro orden:

• El Estado debe estar presente en las regiones cultivadoras para ofrecer bienes públicos que sostengan una economía diferente.
• La construcción de un nuevo modelo económico toma tiempo, del que no siempre se dispone en un contexto donde la oposición política y las presiones internacionales reclaman resultados antes del próximo ciclo electoral.

Foto: Portal Posconflicto - Soluciones agrícolas de las comunidades son una de las pequeñas soluciones.

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Estrategias demasiado ambiciosas (y autoritarias) ante cultivos ilícitos

Para los regímenes autoritarios es más fácil erradicar los cultivos ilícitos. En el caso de la sustitución voluntaria, no están sometidos al calendario electoral, por lo que pueden tomarse el tiempo necesario para cambiar las economías de las zonas donde haya cultivos ilícitos.

Si, en cambio, optan por la erradicación, pueden usar todo un repertorio represivo para obligar a los cultivadores a abandonar la amapola o la coca; también podrían fumigar con glifosato impunemente. Por eso mismo resultan tan llamativo el hecho de que Colombia sea hoy el único país del mundo que utiliza este instrumento.

Los gobiernos colombianos, carentes de la flexibilidad de los gobiernos autoritarios para acabar con los cultivos ilícitos, han usado dos estrategias diferentes:

• Promueven esfuerzos inconsistentes y poco diligentes de sustitución voluntaria. Cuando constatan que muy pocos campesinos pasan a una economía legal, los gobiernos culpan a los grupos armados o a los mismos campesinos del fracaso de sus políticas.
• Queda la erradicación forzosa. Algunos países —la mayoría de ellos reconocidamente autoritarios— erradican de manera manual. En Colombia, las minas antipersonales que han puesto los grupos armados para impedir la erradicación han matado y herido a muchas personas. La fumigación, por su parte, presenta tantos problemas que ningún otro país la usa.

Guerra total, cuando se trata al pueblo como enemigo

Para justificar la erradicación, Colombia ha mezclado dos problemas diferentes hasta hacerlos casi indisolubles: el narcotráfico y el conflicto. Si el narcotráfico es una dimensión más del conflicto colombiano, entonces quienes participan en él se enfrentan al Estado colombiano y podrían ser tratados como enemigos, incluyendo la posibilidad de envenenarlos desde el aire. Es decir, el Estado colombiano ha decidido tratar así a los 500.000 colombianos que tienen cultivos ilícitos. La erradicación no tiene cabida en un país que vea a esos campesinos como ciudadanos.

En suma, el Gobierno ha caído en su propia trampa; en consecuencia, fracasarán sus intentos por promover la sustitución o erradicar forzosamente. Para escapar de este dilema, Bermúdez y Garzón decidieron ver los cultivos ilícitos desde otra perspectiva. Dado que sería inútil esperar una solución desde el Estado, los autores examinan algunos ejemplos muy notorios de los cientos de comunidades que han intentado abandonar los cultivos ilícitos con su propio esfuerzo.

En muchas ocasiones, han fracasado los intentos de sustitución apoyados por el gobierno nacional, a causa de su carácter jerárquico. Se dan estímulos a los campesinos para que se dediquen a cierta actividad económica; pero muchas veces no existen otras condiciones necesarias, como bienes públicos o circuitos de mercadeo para que la nueva actividad sea sostenible.

El gobierno ni siquiera ha sido capaz de crear las condiciones mínimas de seguridad para que los campesinos puedan dedicarse a otras actividades sin temor a desafiar a los grupos armados que ejercen el control local.

Foto: Portal del posconflicto - El cacao es uno de los productos que puede servir para impulsar la sustitución de la hoja de coca.

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Conocimientos del territorio: «la conversación sobre lo posible»

Por su conocimiento de la situación económica y de la seguridad local, las comunidades de campesinos estarían en mejores condiciones para decidir cuáles alternativas son posibles en su territorio; del mismo modo, podrían determinar las estrategias más adecuadas para construir una economía diferente.

El catálogo de las pequeñas soluciones reúne ejemplos de comunidades que, con apoyo del Estado, agencias de cooperación y empresarios privados, han desarrollado economías distintas en lugares donde antes dominaban los cultivos ilícitos.

Los ejemplos citados son de naturaleza muy diversa: recuperación de memoria cultural, emprendimientos comerciales y de construcción de infraestructura, proyectos de conservación y de turismo, programas de investigación, cadenas de comercialización, etc. Estas experiencias revelan la imaginación y el empuje de las comunidades rurales que salen de la economía ilegal, valores a los cuales este libro hace un justo homenaje.

Los autores entienden estos proyectos como alternativas en pequeña escala a las grandes estrategias de erradicación o sustitución que han pretendido resolver el problema de los cultivos ilícitos; estas innovaciones de origen local se oponen por completo a la erradicación forzosa y reclaman unos niveles de participación mayores de los que permitían los programas de sustitución.

Una política razonable frente a los cultivos ilícitos no puede admitir la erradicación; necesita abrirse más a la participación de las comunidades rurales, que conocen de manera directa lo que puede o no funcionar en el campo. El Estado debe estar atento a las innovaciones que puedan surgir desde lo local, así como a ampliar el alcance de las más prometedoras. Aún falta una política nacional frente a los cultivos ilícitos, una política que a la vez fomente las soluciones en pequeña escala y piense en las alternativas de alcance nacional.Bermúdez Liévano, Andrés & Garzón Vergara, Juan Carlos. (2020). El catálogo de las pequeñas soluciones. Alternativas para sustituir los cultivos de coca en Colombia. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz & Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol), 2020.

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/16314.pdf

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Andrés López Restrepo

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Andrés López Restrepo

Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.

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Andres Lopez Restrepo¿Petro tiene razón cuando afirma que el azúcar es una droga más nociva que la marihuana y la cocaína? ¿Cuál es el trasfondo político de su afirmación?

Andrés López Restrepo*

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Andrés López Restrepo

Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.

ISSN 2145-0439

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