Ya entró en vigencia la ley que acabó con la desacreditada Comisión Nacional de Televisión. Hay algunos avances, pero el sistema nuevo tiene demasiados actores, la Junta Nacional podría reeditar el clientelismo, no se asegura la autonomía del medio frente al gobierno y la televisión pública sigue desfinanciada. Mucho ha cambiado en el mundo y en la TV en estos años, pero esta ley cambia todo para que no cambie nada.
Germán Rey *
Cómo desmembrar un engendro, o ¡como crear uno nuevo!
Con alguna frecuencia se habla de los días “muertos” de Enero. A medio camino entre el recuerdo de las fiestas y la cuesta preocupante de los gastos, pueden ocurrir muchas cosas: en estos días ha habido paro armado de los Urabeños, nuevos ministros, cambios en Planeación, posesiones de alcaldes y gobernadores y sanción presidencial de leyes.
Una de ellas se firmó el 10 de Enero y cambia el panorama de la autoridad televisiva en Colombia. Decir “cambia” puede ser un canto al optimismo, porque también puede leerse usando la famosa regla de “Cambiar todo para que nada cambie”.
Lo primero que llama la atención es el nombre de la ley 1507: “Por la cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del estado en materia de televisión y se dictan otras disposiciones”.
Es exactamente lo que he llamado el “síndrome del Comunero”. Recuérdese que al Galán de la Revolución de los Comuneros se le despedazó para amedrentar a los ciudadanos de los diferentes pueblos de la región sublevada. Se puso con escarnio su cabeza en Guaduas, su mano derecha en la plaza del Socorro, la izquierda en San Gil, el pie izquierdo en Mogotes y el pie derecho en Charalá, según sentencia de muerte del 30 de Enero de 1782. Esa metáfora terrible atraviesa la historia de Colombia.
Ahora le corresponde el turno a la televisión de formar parte del famoso síndrome. No es una ley para transformar a la televisión, ni para reconsiderar sus trasformaciones sociales, culturales y tecnológicas, ni siquiera para promover su industria, que hace un aporte significativo a las industrias creativas del país. No. Es una ley para acabar con la Comisión Nacional de Televisión. O mejor: para volver a barajar y tratar de proponer nuevas reglas de juego.
La Comisión Nacional de Televisión se recordará como una de las entidades más justamente criticadas del paisaje institucional colombiano. Ganó todos los premios del escarmiento: a la ineficiencia, la corrupción, la falta de imaginación, las trapisondas. El arqueólogo social que se encargue -con el debido tapabocas y bombona de oxígeno- de meterse en los entresijos de todos los años de su existencia, para hacer una valoración pausada y analítica de su funcionamiento, seguramente se encontrará con funcionarios probos, algunas ideas interesantes, ciertas acciones destacadas. Pero no serán la mayoría. Dejémosle entonces esa tarea al valiente – ¿o al suicida?- que se arriesgue a semejante odisea descriptiva e interpretativa.
Muchas manos, el mismo pastel
El primer gran problema de la nueva ley es el aumento de las manos metidas en el pastel. Son muchas las entidades que tomarán las decisiones sobre la televisión. Entre ellas estarán:
- la nueva Autoridad Nacional de Televisión (ANTV),
- la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC),
- el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación,
- la Superintendencia de Industria y Comercio,
- la nueva Agencia Nacional de Espectro (ANE),
- el Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FONTIC),
- la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (CAPRECOM), a la vez Empresa Promotora de Salud (EP) y Administradora del Sistema General de Pensiones (AFP),
- y hasta la propia Comisión Nacional de Televisión en liquidación.
Es decir se trata de un verdadero Frankenstein con fantasma incluido. El fantasma es la propia Comisión, porque se sabe de entidades que durante largos años arrastran su liquidación como alma en pena.
El aumento de entidades involucradas se puede defender afirmando que cada uno de los temas que atraviesa la gestión de la televisión estará mejor tratado en sus respectivas instituciones. Pero se puede criticar diciendo que las decisiones tienen el riesgo de diluirse y sobre todo de llenarse de posibles incomprensiones y de lentas negociaciones. No suele ser fácil lograr la articulación de entidades del Estado.
Es verdadero el argumento que señala que el diseño de la televisión para los 90 ya tiene muy poco que ver con la televisión contemporánea. Eso es bastante cierto. La llamada televisión abierta está en trance de desaparecer, el modelo duopólico es una vergüenza, se avecina la transformación de la televisión analógica en digital con todas las consecuencias que eso tiene, los consumos televisivos se han diversificado y las tecnologías revolucionan el perfil televisivo de manera radical.
Pero casi todo lo anterior depende más de la voluntad política y de las acciones concretas sobre lo que el país quiere hacer con la televisión, que de una nueva arquitectura institucional.
Feria de vanidades y de intereses
El segundo gran problema es la estructura y selección de los integrantes de la nueva Junta Nacional de la Televisión. Si hubo un espectáculo bochornoso y corrupto fue el sistema de elección de los Comisionados en la anterior legislación: organizaciones de papel fundadas a las carreras, clientelismo interno, deseos de perpetuarse, muñequeo de tinterillos para retrasar o apresurar votaciones, elección de amigos, novias y demás, fueron algunos de los malos ejemplos de un procedimiento que no permitió una conformación adecuada de la máxima autoridad de la televisión y que puso en ridículo la idea original de los Constituyentes del 91.
El nuevo sistema suena más simple pero puede volverse igualmente engorroso. Sobre todo en lo que tiene que ver con los representantes designados por la sociedad civil, las universidades y los gobernadores. Será como para alquilar balcón ver a 32 gobernadores eligiendo cada uno a su candidato, seguramente político. Puede resultar una actividad penosa para las universidades tener que ponerse de acuerdo, en medio de pujas que las obligan a hacer aquello para lo que no están llamadas. Y un glorioso representante de la evanescente sociedad civil – quien supuestamente nos representa a todos y realmente a nadie – ¡puede meterle goles olímpicos a la nueva Autoridad!
Está bien que hayan desaparecido los fantasmas de los periodistas de televisión, hoy convertidos en divulgadores de la farándula, de los técnicos que trabajan en empresas y de las ligas y asociaciones de consumidores que se creaban días antes de la votación y que funcionaban perfectamente…. en el papel. Pero lo que era malo antes, puede convertirse en lo que será malo también ahora. Este puede ser uno de los desagües de la nueva Autoridad de la Televisión.
Pregonar la independencia y soportar el yugo El tercer gran problema se refiere a una de las bases constitucionales de las normas sobre la televisión: la autonomía. La antológica frase del presidente Turbay Ayala de “reducir la corrupción a sus justas proporciones”, puede tener un nuevo hijo putativo: reducir la autonomía a sus justas proporciones.
Porque el gobierno formará parte de la Junta a través del Ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación, del representante nombrado por el Presidente de la República, pero también y muy seguramente, del representante de los gobernadores y del representante de la nebulosa sociedad civil.
Es claro que la Junta se ha politizado completamente y tiene un riesgo inmenso de perder su independencia. Cuando se contrasta lo anterior con el artículo 6 de la nueva ley, donde se definen todas las funciones de la nueva Junta, el temor arrecia. Parece un listado de buenas intenciones que navega en un barco a punto de hacer agua por la fragilidad de su propio casco.
Ya es hora de que se tracen políticas serias sobre la televisión, de que se promueva una industria de contenidos más democrática, abierta y competitiva, de que se ponga coto a los monopolios, de que se abra espacio a las nuevas expresiones creativas aprovechando el arranque de la televisión digital, de que se estimule una opinión pública informada a punta de más pluralismo, de que se combata esa televisión depredadora hecha de noticieros sensacionalistas y de entretenimiento facilón, de que se fortalezcan la televisión pública y las experiencias regionales y locales.
Todos estos propósitos se los puede llevar el viento ante los peligros que acechan a la nueva ley.
¿Y dónde está la platica? Un cuarto problema es la financiación de la televisión pública. La ley sancionada contempla algunas medidas como el apoyo que prestará a la Autoridad el nuevo Fondo para el desarrollo de la televisión y los contenidos (FONTV), que asumirá el patrimonio actual en manos de la Comisión.
Sería fundamental que uno de los primeros pasos de la Junta sea contarle al país cómo quedan las cuentas, cómo está su patrimonio, cuáles son las acreencias vigentes, qué cambios habrá en las prioridades de asignación de los dineros y cómo se manejará la papa caliente del pasivo pensional de los ex trabajadores de Inravisión, que según la ley, asumirán Caprecom y el Fondo.
Es imprescindible que el país sepa claramente, con cálculos creíbles a la mano, en cuánto impactará este pasivo al Fondo, porque así se sabrá cuánto es el dinero que habrá realmente para la televisión pública. La reciente reglamentación dispone que el 60 por ciento del Fondo sea invertido en el fortalecimiento de los operadores públicos, sin que estos dineros se orienten a gastos de funcionamiento (de ello se excluye la RTVC).
Es importante la limitación porcentual de los gastos de la nueva Autoridad para que no haya peligro de excesos y es clave conocer los planes económicos para convertir a la televisión digital en una tecnología donde quepan muchos más que los actuales protagonistas de la televisión, sobre todo, canales locales y regionales, universidades, organizaciones sociales y grupos de creadores independientes.
Algunas de las últimas disposiciones de la moribunda Comisión Nacional de Televisión hicieron todo lo contrario, restringiendo aún más las posibilidades técnicas de los canales no comerciales.
Las señales de alerta ya están prendidas Ninguna ley es perfecta. Ningún país es de ángeles. Pero desde ya se prenden las luces de alerta sobre la nueva legislación de televisión.
La sociedad tendrá que hacerle un seguimiento juicioso y estar pendiente de lo que viene de aquí en adelante en cuanto a la selección de Consejeros, las políticas que defina la Junta, el manejo de los dineros públicos, las medidas anti-monopolio, la ampliación de los jugadores televisivos, el apoyo a la televisión pública, la promoción de talento y de la creatividad independiente, el interés por la calidad de los contenidos.
Menuda agenda. Ojalá no vuelvan los estragos del “síndrome del comunero”.
* Investigador y profesor de la Universidad Javeriana.
