Los campesinos tienen cinco razones de peso para protestar, y sin embargo el gobierno que negocia con las guerrilleras se niega a dialogar de veras con los sectores sociales que él dice representar.
Gabriel Tobón*
De nuevo a paro
Desde el pasado 30 de mayo el país se ha sacudido de nuevo por la movilización de sectores campesinos, indígenas y afrodescendientes. Esta nueva protesta se originó por los incumplimientos de los acuerdos pactados por los representantes de la Cumbre Nacional Agraria y el gobierno de Juan Manuel Santos en 2013 y 2014.
Ante los continuos aplazamientos de las soluciones prometidas por el gobierno, la pregunta que hoy muchos se hacen es: ¿qué podrán esperar las organizaciones y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en el futuro?
En esta nueva jornada de lucha y protesta social hay dos elementos especiales:
- La amplia participación de los pueblos indígenas de varias regiones del país,
- La crítica de la política minero-energética y el señalamiento de sus impactos sociales, ambientales y económicos sobre los territorios étnicos y campesinos.
Por eso en esta ocasión la convocatoria ha tenido como guías la lucha por el buen vivir, por una reforma agraria estructural y por una ciudad digna.
Las razones
 Varios miembros de la Marcha Patriótica han sido asesinados durante los últimos dos años. Foto: Agencia Prensa Rural |
-La decisión de lanzarse a un nuevo paro obedece en primer lugar al incumplimiento por parte del gobierno nacional de los acuerdos pactados en años anteriores, particularmente en lo atinente a las reformas “estructurales” y entre ellas la de
- Tierras y ordenamiento territorial,
- Derechos humanos,
- Cultivos de uso ilícito,
- Política minero-energética, e
- Impactos de la minería sobre la vida local, el medio ambiente y los territorios donde habitan indígenas, campesinos y afrodescendientes.
El incumplimiento de lo acordado fue reconocido de manera insuficiente por el propio presidente Santos, quien declaró: “Yo sé que hace falta mucho, que hay muchas necesidades en el campo, hay gente inconforme. En este momento muchos están protestando en varias regiones del país, y están en todo su derecho. A ellos les pido excusas si no les han llegado los recursos que necesitan”.
En solo cuatro días de marchas, protestas y bloqueos han sido asesinadas tres personas.
Pero declaraciones como estas desnaturalizan y reducen el alcance y el contenido político de los reclamos que debieron haberse discutido con los representantes campesinos y étnicos en la Mesa Única Nacional y en las mesas regionales – mesas estas que fueron creadas por el propio gobierno nacional y en virtud de decretos expedidos por el Ministerio del Interior-
-En segundo lugar, la violencia contra miembros de las organizaciones de la Cumbre Agraria, militantes de izquierda y defensores de derechos humanos se ha recrudecido durante los últimos meses. En lo que va de 2016 han asesinado casi a un centenar de activistas y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reportó en 2015 que 63 defensores de derechos humanos fueron asesinados y 885 fueron víctimas de persecuciones y hostigamientos.
Del mismo modo, los voceros del movimiento político Marcha Patriótica han denunciado que desde su creación en 2012 han asesinado a 117 de sus militantes.
En el paro agrario de 2103 hubo 20 muertos (el gobierno todavía no ha dado con los responsables de estos crímenes) y en el actual paro las organizaciones de la Minga Nacional Agraria han denunciado que en solo cuatro días de marchas, protestas y bloqueos han sido asesinadas tres personas.
-En tercer lugar el 29 de enero de este año el presidente Santos anunció la sanción de la Ley 1776 que establece las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES).
Esta Ley le da vía libre a las grandes inversiones del capital nacional y trasnacional para explotar lo que el gobierno llama “la última despensa agrícola de Colombia”, sin medir ni discutir los altos costos sociales y ambientales que esa decisión tendrá sobre uno de los ecosistemas más importantes del país, cuyo suelos no son aptos para el tipo de proyectos y cultivos que se establecerán.
-En cuarto lugar y al mismo tiempo, el gobierno se niega a discutir los temas de tierras, el establecimiento de las Zonas de Reserva Campesina y la concesión de licencias ambientales para la explotación minera y petrolera.
-Como si fuera poco, sigue el avance de la ultraderecha, representada por el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe y el procurador Alejandro Ordoñez, quienes se oponen radicalmente a los acuerdos de La Habana y especialmente al cumplimiento de la Ley de Victimas y Restitución de Tierras, promoviendo públicamente su rechazo a las medidas tomadas en este sentido.
Estos factores acabaron por exacerbar los ánimos de las organizaciones de la Cumbre Agraria, después de casi dos años de soportar las estrategias dilatorias del gobierno, las contradicciones o reversazos en su política agraria, la nueva ola de violencia y el endurecimiento de la derecha política.
¿Sin voluntad de negociación?
 El Procurador General Alejandro Ordóñez Maldonado. Foto: Procuraduría General de la Nación |
El gobierno justifica y disfraza su incumplimiento. Primero intentó negarlo, diciendo a los cuatro vientos que sí había cumplido los acuerdos. Después dijo que el paro es injusto porque se habían invertido 1.100 horas de conversaciones, en 18 reuniones nacionales y 75 regionales. Todo esto como si los resultados de dos años de negociaciones (desde el 8 mayo de 2014, cuando se expidió el Decreto 870 que creó la Mesa Única Nacional) fueran suficientes para resolver los temas de tierras, restitución, Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y política minero energética. Con razón dijo Víctor Currea Lugo que “mil horas de reunión entre la Cumbre Agraria y el gobierno no es una solución. Son solo mil reuniones”.
Se esperaría que el gobierno Santos, tan cerca de firmar los acuerdos con las FARC, cambie el tratamiento represivo y la estigmatización de la Minga por una verdadera voluntad para reconocer a la Cumbre Agraria y a sus organizaciones como interlocutores válidos en materia de obvio interés paraos campesinos, indígenas y afrodescendientes de Colombia. Y mucho más cuando la mayoría de los puntos de este pliego también están presentes en los acuerdos de La Habana en sus capítulos sobre “reforma rural integral” y sobre “cultivos de uso ilícito”.
Si el gobierno se ufana de que estamos en tiempos de paz, y dice que debemos cambiar la manera de tratar las diferencias y a los contradictores, no se entiende cómo después de promover en diciembre de 2102 un foro nacional sobre reforma rural integral, para que todos los sectores sociales, comunitarios y gremiales agrarios presentaran sus propuestas con destino a la mesa de La Habana, ahora desconozca de plano estas propuestas.
Tampoco se entiende por qué si las ZRC hacen parte del ordenamiento contemplado en la Ley 160 de 1994 y el presidente las promovió durante 2010 y 2011, el gobierno ahora suspende, congela y estigmatiza todas las iniciativas que el movimiento agrario tiene sobre ellas.
El gobierno justifica y disfraza su incumplimiento.
Si de veras el gobierno quiere cumplir sus acuerdos, debe empezar obviamente por reconocer como interlocutores válidos a los movimientos agrarios, étnicos y populares. Especialmente, si se tienen en cuenta las grandes transformaciones que requiere el mundo rural colombiano y si de verdad se quiere pagar la gran deuda social, política y económica que las élites tienen con los pobres y excluídos del campo.
* Profesor e investigador de la Universidad Javeriana
