Perspectivas macroeconómicas en 2025

El 2025 se vislumbra como un año con grandes retos: la reactivación del aparato productivo, el nuevo gobierno estadounidense, la implementación de la reforma pensional y la búsqueda de la aprobación de las reformas que no se aprobaron en 2024. Todo esto en un año preelectoral.

El año económico cerró con dos buenas noticias en materia macroeconómica. La inflación terminó en 5,2 % y el desempleo a noviembre fue del 8,2 %. En cuanto a los precios, el comercio internacional ya se ha venido normalizando, luego de la disrupción en las redes globales de suministros ocasionada por la pandemia, al impulsar a la baja precios de bienes primarios, de materias primas y en general de los productos que transitan por las vías del comercio internacional. En materia de empleo, el 8,2 % es una muy buena noticia pues muestra que la economía colombiana ha venido convergiendo a sus niveles de prepandemia.

Aunque aun falta el dato de crecimiento del producto interno bruto (PIB), se espera que exhiba una variación de entre el 1,8 % y el 2 %. Estas cifras, aunque positivas, son muy bajas para las necesidades sociales del país. Un crecimiento vigoroso mejora los ingresos fiscales, atados a la actividad económica, y así la financiación de la política social que se espera para mejorar los niveles de pobreza con mayor rapidez.

La gran sorpresa de 2024 fue la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que implicará un gran esfuerzo fiscal y gerencial de todos los órdenes de gobierno (nacional y territorial) y del poder legislativo, en medio de grandes afugias fiscales del gobierno nacional central (GNC).

Este 2025 se vislumbra como un año con grandes retos, como lo son la reactivación del aparato productivo, el viraje económico y de relaciones internacionales que implica el nuevo gobierno estadounidense, la implementación de la reforma pensional y la búsqueda por parte del Gobierno de la aprobación de las reformas laboral y de la salud, que no se aprobaron en 2024 pero que han venido avanzando en el Congreso. Todo esto en un año preelectoral.

El Gobierno mejoró la ejecución presupuestal respecto a 2023, que fue muy pobre, pero las cifras preliminares no muestran mayor eficiencia en materia de gasto público. Eso sin mencionar la eficacia de este. La ejecución presupuestal preliminar no es suficiente para afrontar los grandes retos económicos y sociales a los que se ha venido enfrentando el gobierno del presidente Petro.

¿De qué se hablará en 2025?

El GNC está pasando por grandes dificultades fiscales y esto se evidencia en: 1) bajo recaudo tributario respecto al esperado; 2) bajos niveles de caja; 3) grandes recortes, sobre todo en inversión; 4) la no aprobación de la ley de financiamiento (que esperaba recaudar doce billones a partir de 2025); 5) la aprobación de la reforma al SGP en un momento fiscal delicado y sin contar con la participación activa del Ministerio de Hacienda; 6) el riesgo del no cumplimiento de la regla fiscal.

La conversación nacional de cualquier tema estará mediada, como siempre, pero por la coyuntura fiscal ahora de manera más contundente, por el estado de las finanzas públicas. Pero en un año preelectoral, momento en el que los poderes ejecutivo y legislativo no están dispuestos a asumir costos políticos que pongan en riesgo la reelección de congresistas o que un aliado político no sea elegido.

Por otro lado, el Gobierno insistirá en la reforma laboral y la de la salud. Aunque los análisis disponibles de investigadores del Banco de la República y de Fedesarrollo, por mencionar unos pocos, plantean que la informalidad laboral puede aumentar, el Gobierno insiste en aprobar la reforma laboral. El partido de gobierno argumenta que la reforma incorpora al marco normativo colombiano los compromisos internacionales laborales firmados por Colombia y de ahí la necesidad de la actualización de las leyes laborales. Sin embargo, omite la posibilidad de que la informalidad laboral se incremente, justo ahora que lo que se debería buscar es bajarla.

En cuanto a la reforma a la salud, el Gobierno presentó un nuevo proyecto de ley en septiembre de 2024. Aunque hay consenso en que se debe reformar el sistema de salud, hay aún muchas voces en contra de la reforma planteada por el Gobierno, en parte porque busca una mayor estatización de la salud.

Como mencionaba en un artículo anterior en Razón Pública, es importante insistir en los costos sociales y económicos de la informalidad. Este fenómeno es transversal a todos los sectores del país y tiene enormes costos con implicaciones en los sistemas pensional, laboral y de salud, por mencionar los temas más mencionados durante el actual gobierno.

Perspectivas macroeconómicas

En el más reciente Informe de Política Monetaria del Banco de la República se presentan las proyecciones de las variables macroeconómicas por parte del equipo técnico del banco. Se espera que la inflación siga convergiendo a la meta de largo plazo, que es del 3 %. Esto implica que la Junta Directiva del Banco de la República mantendrá la senda de reducción de la tasa de interés de política. La pregunta será a qué velocidad, y todo dependerá, cómo no, del frente fiscal.

En cuanto a producción, se revisa al alza la estimación del crecimiento económico, al pasar del 2,7 % al 2,9%. Esta tasa es significativamente más alta que la actual, pero aún insuficiente para afrontar los grandes retos sociales del país. La OCDE y el FMI proyectan el 2,8 % y el 2,5 %, respectivamente. En suma, unos datos más alentadores que los de 2024, pero que deberían animar una discusión de más largo plazo en búsqueda de mejoras en la productividad.

El 2025 como un año preelectoral

Como mencionaba arriba, 2025 será un año en que la situación de las finanzas públicas estará permeando las conversaciones acerca de la política económica y de las políticas públicas. Para mencionar un ejemplo, la aprobación de la reforma al SGP pudo haber condicionado a que la Junta Directiva del Banco de la República haya desacelerado la reducción de su tasa de interés de política. La percepción de mayor riesgo país por parte de los mercados ha generado una mayor volatilidad cambiaria, que ha presionado al alza la tasa de cambio con riesgos inflacionarios. Asimismo, ha elevado la prima que el mercado cobra a los papeles de deuda pública colombiana, presionando al alza el servicio de la deuda, en medio de fragilidad fiscal.

Por tal razón, el foco estará en el Ministerio de Hacienda y la forma como disciplinará al Gobierno para cumplir la regla fiscal, aportar a la estabilidad macroeconómica sin abandonar los objetivos económicos y sociales que se propuso el Gobierno en su Plan de Desarrollo.

Ante la fragilidad de las finanzas públicas, el Gobierno podría disminuir la tensión que ha creado contra el sector privado e invitarlo a que contribuya con el logro de los objetivos propuestos sin afectar la sostenibilidad fiscal ni la estabilidad macro. Esta estrategia genera réditos positivos para el país.

El problema que se vislumbra es que si en el día a día las discusiones técnicas económicas deben tener en cuenta el componente político, en un año preelectoral esto cobra aún más vigencia, pues las decisiones políticas condicionan las económicas cuando está en riesgo la curul o el cargo de elección popular, a raíz del costo político que pueda implicar tomar una decisión impopular.

Si el Gobierno toma el liderazgo e invita a un gran acuerdo nacional con los actores públicos y privados, ese costo político se puede diluir y llevar a que todos vayan en la misma dirección y tomen decisiones pensando en el mediano y el largo plazo. Sin embargo, lo sucedido con la frustrada ley de financiamiento muestra que el Gobierno desea trasladarles a otros actores políticos los costos de un deficiente manejo de las finanzas públicas. Y esto puede aumentar la conflictividad política y retrasar la ejecución de la política fiscal que se requiere para afrontar los grandes desafíos sociales de Colombia.

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