Por qué la autonomía del Banco

La Constitución de 1991 le otorgó autonomía al Banco de la República. Esto significa que no hace parte de ninguna de las ramas del poder público, pero sí le rinde cuentas a la sociedad mediante los informes al Congreso de la República. La Ley 31 de 1992 reglamentó estos principios de la Constitución.

Este cambio fue importante porque antes de 1991,  el Banco dependía directamente del Ejecutivo, es decir del presidente de la República. El banco nació como banco central en 1923, como resultado de las recomendaciones de la Misión Kemmerer. Sus funciones iniciales eran:

• emitir la moneda de curso legal,
• ser prestamista de última instancia,
• administrar las reservas internacionales, y
• ser el banquero del gobierno.

Para cumplir esas funciones, el Banco controlaba los sistemas monetarios, crediticio y cambiario.

En 1950 se aprobó una reforma que explica la tendencia creciente hacia una inflación moderada. Ese año se aprobó que el banco otorgara crédito de fomento. El gobierno quería orientar créditos de mediano y largo plazo hacia ciertas actividades productivas.

En 1963 se crea la Junta Monetaria (JM) compuesta por el ministro de Hacienda y Crédito Público, el ministro de Desarrollo, el ministro de Agricultura, el jefe del Departamento Nacional de Planeación y el gerente del Banco de la República. En 1976 se incorporó el director del Instituto de Comercio Exterior (INCOMEX). Con voz pero sin voto asistían el Secretario Económico de la Presidencia de la República y el Superintendente bancario, junto con dos asesores técnicos de la JM.

La consecuencia de esta junta de funcionarios del gobierno fue el aumento espectacular en los niveles de inflación, que pasaron de un solo dígito en la década de los cincuenta a niveles cercanos al 30% en los setenta. Una tasa inferior a la de la hiperinflación en América Latina, gracias quizás a la tradición tecnocrática del país.

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El gobierno y los gremios solicitan lo mismo

Lo anterior es importante para entender la polémica de hace unas semanas, cuando el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, junto con los presidentes de dos gremios, ANDI y Asobancaria, anunciaron un acuerdo por la recuperación económica, que incluía un llamado al Banco de la República para bajar la tasa de intervención, actualmente en el 13,25 %.

Esa rueda de prensa se llevó a cabo antes del anuncio de la inflación anual a agosto de 2023, la cual fue de 11,43 %. Al parecer este dato estuvo por encima de lo que se esperaba, pues el mismo ministro afirmó que la reducción en la tasa de interés del Banco iba a ser más lenta de lo pensado.

Más allá de si se debe o no bajar la tasa de interés, la rueda de prensa conjunta sienta un precedente acerca de la credibilidad y autonomía del Banco de la República.

Es normal que los presidentes de los gremios pidan tasas de interés más favorables    para las empresas que ellos representan. Lo inusual e conveniente consistió en que la rueda de prensa hubiera sido encabezada por el ministro de Hacienda, quien a la vez es presidente de la Junta Directiva (JD) del Banco de la República. Aunque cuenta con un voto, ese voto es el del representante del gobierno en la JD.

¿Controlar la inflación o estimular la economía?

La recuperación de la economía colombiana es por supuesto un propósito fundamental.

Pero entre las funciones de la JD figura sin duda alguna el mantener una inflación baja y estable. La Sentencia C-481/99 de la Corte Constitucional reitera que el propósito primordial del Banco es el de preservar la capacidad adquisitiva y para eso cuenta con autonomía —aunque esto “no significa ausencia de controles” ni “independencia absoluta»—.

Esta sentencia es vaga en el sentido de que no implica que el Banco tenga como función la búsqueda del pleno empleo o del crecimiento económico, como explícitamente lo establece, por ejemplo, la legislación sobre la Reserva Federal de Estados Unidos: la “FED”  debe intervenir para alcanzar las metas de estabilidad de precios, pleno empleo, crecimiento económico y estabilidad financiera.

La presión indebida

Nuevamente nos encontramos ante la disyuntiva de bajar las tasas de interés para incentivar la recuperación económica o mantenerlas, o incluso aumentarlas, para frenar la inflación de dos dígitos que estamos padeciendo.

Para algunos analistas, como Gonzalo Hernández, no hay tal disyuntiva. El Banco debe reducir la tasa de interés en 50 puntos básicos. Para otros, la decisión no es tan clara, e incluso indican que podría afectar su credibilidad.

Evaluar la conveniencia de bajar, subir o mantener la tasa de interés es la tarea principal de los técnicos del Banco. Y por su parte el equipo técnico del Ministerio de Hacienda incorpora esa variable en lo que le aconseja al ministro para sustentar en la reunión de la JD. Por lo tanto el problema no consiste en tomar una u otra postura:   estamos en una democracia y la deliberación hace parte de la misma.

El problema que veo se refiere a funcionamiento de la JD. Cuando su presidente sale al lado de dirigentes gremiales está enviando una señal a los demás miembros de la JD. Les está diciendo que aunque el suyo es un voto, no está solo y que hay otros grupos que están de acuerdo con su idea. Eso es una presión indebida que analistas como Salomón Kalmanovitz o Jorge Restrepo han identificado a raíz de la rueda de prensa.

Un golpe a la credibilidad del Banco

Anunciar una senda de tasas de interés no es un problema. Hace parte de lo que se conoce en la literatura como forward guidance, y no es nada distinto de anunciar medidas futuras sobre la base de la información presente, para que los agentes ajusten sus expectativas.

Que los gremios manifiesten su opinión acerca del curso de las tasas tampoco es un problema. La misma JD realiza reuniones y participa en eventos de los gremios, e inclusive con empresarios regionales.

Lo que afecta la credibilidad del Banco es la presión ejercida por el presidente de la JD junto con las cabezas de dos gremios:

• Si el Banco reduce la tasa de interés, será interpretado por algunos como que cedió a las presiones.
• Si el Banco las mantiene o las baja, podría ser interpretado como que tomó la decisión para no ceder a las presiones, sin importarle la recuperación económica, solo para sentar un precedente de autonomía.

Esto va contra la credibilidad que tanto ha costado construir y mantener y que es clave para que sus intervenciones sean efectivas y con el menor costo posible.

Cuidado con las expectativas

Bajo cualquier escenario, el Banco vería lesionada su credibilidad y por ende la incertidumbre podría aumentar en sus decisiones de corto, mediano y largo plazo.

Una de las variables más importantes en materia de política monetaria son las expectativas de inflación. Estas afectan la efectividad de las decisiones del Banco:

• Si las decisiones de la JD son creíbles, los agentes ajustarán sus expectativas y facilitarán el efecto de la decisión de la JD en la variable que se quiere alterar que es la inflación.
• Si las expectativas no son creíbles, no se ajustan y esto obligará al Banco a ser más contundente en materia antiinflacionaria con el consecuente efecto en la actividad económica.

Las expectativas de inflación son altas porque la inflación está alta, sin importar si es el resultado de fenómenos de demanda o de oferta. El Banco es más efectivo controlando las presiones inflacionarias de demanda que las de oferta. Pero en las expectativas no se distingue entre las dos, de modo que la credibilidad juega un papel fundamental en empujar a los agentes económicos a que ajusten lo que se espera de la inflación en el mediano y largo plazo.

Cuando estábamos en niveles de inflación de un solo dígito, los agentes económicos daban por descontado que las expectativas iban a ser bajas y la credibilidad del Banco era un intangible que se daba por sentado. Cuando la inflación es de dos dígitos, las expectativas reaccionan, los problemas de coordinación aumentan y la credibilidad empieza a jugar un papel fundamental. Un ejemplo de esto fue la discusión sobre el aumento de las matrículas de las instituciones de educación superior a finales de 2022.

Allí radica la inconveniencia de la intervención del ministro junto con dos dirigentes gremiales. Es una presión indebida que pone en duda la credibilidad del Banco y que cualquier movimiento en cualquier dirección puede afectarla.

Para contrarrestar el daño ya hecho, el gerente general del Banco, con la ayuda del ministro, deben ser muy transparentes y comunicar sus decisiones con mucha claridad. Aun entonces quedaría en el aire la inquietud de que sea la misma persona que presionó al Banco para bajar los intereses junto con dos dirigentes gremiales.

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